La ex-jueza mientras participaba en la Comisión de Postulación que eligió a Thelma Aldana. Fuente: Roderico Díaz (CMI-G)

Desde mayo de 2013 se tuvo noticia de una estrategia orquestada para copar puestos estratégicos del sistema de justicia guatemalteco. Acababa de anularse la sentencia por genocidio en contra de Efraín Ríos Montt y varios grupos de poder debían protegerse de casos futuros. En esa dinámica de ocupar puestos para propiciar impunidad, varios jueces salieron a relucir como operadores de esa estrategia. Entre ellos estaba Jisela Yadel Reinoso Trujillo. Dos años después, Reinoso finalmente fue capturada junto a Erick León y Marta Sierra de Stalling. Un avance en la depuración de la justicia guatemalteca.

Por Rodrigo Véliz

El auge de Reinoso Trujillo

Según información de la CICIG al momento de hacer las capturas, «A la jueza se le sindica por el presunto incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente». Por esos motivos se le sindica de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito; e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal.

Las acusaciones de la CICIG no causan sorpresa, tomando en cuenta el tumultuoso pasado de Reinoso Trujillo, y las anteriores acusaciones que se habían realizado en su contra.

En 2009 se tiene constancia que Reinoso Trujillo llegó como Juez de Paz Penal del municipio de Mixco del departamento de Guatemala y realizó su práctica penal tutelada con Jorge Aparicio Almengor Velásquez, Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de Mixco del departamento de Guatemala. En 2010 ya figuró como Juez de primera instancia penal de Mixco. Y a partir de 2013 era Juez Cuarta de Primera Instancia Penal.

Y desde entonces las tachas parecen la regla en su carrera:

• La CICIG acusó a la jueza de dar beneficio a unos detenidos en la zona 10 de la ciudad de Guatemala que fueron encontrados con US$ 500 mil 90 (Q4 millones 720). Eran sindicados de lavado de dinero y conspiración, pero Reinoso les cambió los delitos por el de encubrimiento propio y recobraron su libertad con una fianza de Q5 mil.

• Fue también señalada de haber favorecido a José Manuel Cifuentes a finales de 2011. Cifuentes fue capturado en el Aeropuerto La Aurora a mediados de julio de ese año con casi medio millón de dólares que no declaró en su viaje rumbo a Panamá. Cifuentes era sindicado de lavado de dinero, perjurio y falsedad ideológica. También recibió medidas sustitutivas por decisión de Reinoso Trujillo.

• Fue acusada de retardo malicioso en el caso de la desaparición forzada del estudiante y sindicalista Edgar Fernando García. El retardo se debió a que Héctor Bol de la Cruz, militar acusado de la desaparición, fue beneficiado con arresto domiciliario otorgado por la jueza Reinoso, situación que fue apelada por la organización GAM y el Ministerio Público, pero la jueza lo elevó a la Sala Tercera de apelaciones seis meses después. Dicha sala dio con lugar la apelación, por lo que a Bol de la Cruz se le retiró el arresto domiciliario.

• En noviembre de 2012 le otorgó medidas sustitutivas a Ana Sofía Castañeda Deras, alias “La Sirenita”, y a Luis Arturo Méndez Martínez, investigados por el MP por lavado de dinero y tráfico de drogas. Asimismo «se les acusaba de estar vinculados con el narcotraficante Ramón Yánez y con Óscar Guzmán Berreondo, capitán de fragata del Ejército asesinado en 2011», según el diario Siglo 21.

• En abril de 2013, la CICIG acusó a Reinoso de prevaricatoa. Sin embargo, Mynor Franco, entonces Presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ, informó que se decretó sin lugar el antejuicio, argumentando que la CICIG no contaba con suficientes fundamentos legales.

• En agosto de 2013, el MP la demandó por falta de imparcialidad ante la Junta Disciplinaria por un proceso que llevaba contra Edwar Napoleón Morales Guillén y Héctor Rodolfo Estrada Carrera, acusados como responsables del asesinato de Cristiofan Martínez. Reinoso los ligó a proceso por encubrimiento propio en lugar de homicidio. Finalmente, el 14 de agosto de 2013 se excusó de seguir conociendo el proceso.

Su papel en la elección de puestos estratégicos

Pero el daño de Reinoso Trujillo no solo fue a través de sus resoluciones. Lo hizo también como operadora de grupos políticos y académicos oscuros en dos comisiones de postulación para elegir a Fiscal General, primero en 2010 y luego en 2014. Lo hizo como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Rural.

Tomó posesión como Decana en 2010 luego de que el anterior decano, Mario García, se inhibiera de conocer la repetición de la elección a Fiscal General tras la solicitud de la Corte de Constitucionalidad de anularlo. Tras anular la elección de Conrado Reyes, Reinoso Trujillo llegó a la Secretaría de la Comisión, que derivó en la elección de Claudia Paz y Paz.

Según un informe del Movimiento ProJusticia sobre la ocasión, Reinoso:

«Al momento de las votaciones, unificó su voto en mayoría con el de los comisionados de la Universidad de San Carlos (USAC), Universidad Panamericana (UP), Universidad Mariano Gálvez (UMG), Presidente del Colegio de Abogados (CANG) y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados (THCANG). En algunos casos con la Universidad Mesoamericana (UM) y el titular del OJ.»

Lo que significaba que a Reinoso se le vinculaba con poderes contrarios a los que representaban a la cúpula empresarial, pero cercanas a abogados vinculados a operadores como Roberto López Villatoro, el rey del Tenis, y los abogados de la Universidad de San Carlos.

Durante la primera sesión de la Comisión de Postulación el 25 de febrero de 2014, Reinoso fue increpada por miembros de la Universidad Rural que aseguraron que Fidel Reyes Lee, actual rector de la UR, tomó posesión bajo procedimientos ilegales y que por tanto la decanatura de Reinoso era ilegítima.

En esa segunda ocasión, Reinoso mantuvo exactamente los mismos apoyos, y se unificó para votar en contra de la reelección de Claudia Paz y Paz, y a favor de la actual Fiscal General, Thelma Aldana.

Sobre Erick de León y Marta Sierra de Stalling

Sobre las otras dos capturas, la CICIG también venía por meses tras las pistas de Erick de León y Marta Sierra de Stalling. Sobre el primero, actual Presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de Quiché, está sindicado de «cohecho pasivo por pretender cobrar una comisión de unos Q10 millones a cambio de una resolución favorable para una empresa».

El caso no causó mucha noticia en su momento. Se dio en 2014, cuando en octubre la CICIG pidió a la Corte Suprema retirar la inmunidad de De León. Lo acusaba por haberse aliado con dos personas para ofrecerle a una empresa reducirle una sanción de Q.93 millones a cambio de recibir Q.16 millones. Santiago de León, quien estudió en la Escuela Politécnica, había recibido el apoyo del Partido Patriota en el Congreso para ser reelecto. En la Comisión de Postulación para escoger a magistrados de Salas de Apelación, recibió el voto de los 34 comisionados para ser nominado, a pesar de haber obtenido 63 puntos de calificación en la tabla de gradación. La nueva Corte Suprema lo designó presidente de la Sala Regional mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché.

La historia de Sierra de Stalling es más conocida. Hermana del ex presidente de la Corte Suprema, José Sierra, fue acusada de haber otorgado medidas sustitutivas a cinco miembros de la estructura criminal de la La Línea. Lo hizo cinco días después de las capturas del 16 de abril, y según la CICIG lo hizo por sobornos coordinados por el empresario, ahora prófugo, Luis Mendizabal.

Las capturas son un llamado a los jueces que con anterioridad la CICIG ha señalado de corromper al Organismo Judicial.

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