Juicio a ex-Kaibil Santos López Alonzo por masacre de Las Dos Erres
0El juicio del ex-Kaibil Santos López Alonzo por su participación en la masacre de Las Dos Erres, sucedida en 1982, empezó la semana pasada, unas semanas después de que se anunciara un retraso inusualmente largo para dicho inicio.
Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
Originalmente, el juicio estaba programado para empezar el 20 de agosto de 2018, cuando el Tribunal de Alto Riesgo “C” notificó a las partes que tenían que encontrar a un juez que reemplazara a Pablo Xitumul, presidente del tribunal. Xitumul se había excusado de participar en el juicio porque ya había escuchado el caso, con otros hechores, en 2011. No es raro que el inicio de los juicios en Guatemala se retrase, lo inusual fue la nueva fecha de inicio dos años y medio más tarde: en mayo de 2021.
Sin embargo, el defensor público de López Alonzo presentó una petición ante la Corte Suprema de Justicia, en la que declaraba que el retraso violaba el derecho a su cliente a un juicio pronto e imparcial. Como resultado, la fecha de inicio del juicio volvió a cambiarse para el 1 de octubre de 2018.
López Alonzo es acusado de crímenes contra la humanidad por su papel en la masacre de Las Dos Erres, en la que más de 200 personas fueron asesinadas, incluyendo mujeres, niños y ancianos. López Alonzo era un Kaibil, una unidad de operaciones especiales del ejército de Guatemala especializada en guerra contrainsurgente, tristemente célebre por su papel en las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1960-1996). También se le acusa de falsificar la identidad de Ramiro Osorio Cristales y de cometer maltrato contra él. Osorio Cristales tenía cinco años cuando su familia perdió la vida en la masacre, y fue obligado a vivir con López Alonzo hasta que cumplió 18 años. López Alonzo fue deportado de los Estados Unidos a Guatemala en agosto de 2016. (Para más detalles sobre el caso, ver Juicio de la Masacre de Dos Erres Pospuesto de agosto de 2018 a mayo de 2021.)
El tribunal sostuvo una audiencia el 5 de septiembre para determinar si aceptaba como evidencia el testimonio de cinco testigos ancianos, aunque al final sólo tres de ellos llegaron a testificar debido a restricciones de tiempo.
Justicia Demorada
La justicia para las víctimas de la masacre de Las Dos Erres ha tardado en llegar. La organización Familiares de los Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) fue la primera en presentar cargos contra miembros del ejército que se creía eran responsables de la masacre. Luego de años sin que los tribunales guatemaltecos tomaran acciones al respecto, FAMDEGUA llevó el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Guatemala responsable de la masacre y le ordenó que investigara, juzgara y castigara a los responsables.
Desde entonces, cinco ex–soldados han sido condenados por el caso. En 2011, un tribunal guatemalteco condenó a un teniente del ejército a 6,066 años de cárcel, y a tres instructores Kaibiles a 6,060 años cada uno como autores materiales, y en 2012 un instructor kaibil fue sentenciado a 6,060 años de cárcel como autor material por otro tribunal. Tres oficiales retirados del ejército acusados del caso han sido condenados en tribunales estadounidenses por violaciones a las leyes migratorias; cuando cumplan sus condenas serán deportados a Guatemala, donde podrían enfrentar otros cargos.
A la fecha, los autores intelectuales de la masacre de Las Dos Erres han eludido el castigo. Efraín Ríos Montt, jefe de estado de facto en el momento de la masacre, y que había sido acusado por este caso, murió sin haber llegado a juicio. Otros dos altos oficiales del ejército murieron antes de enfrentar a la justicia por la masacre de Las Dos Erres: Oscar Humberto Mejía Víctores, Ministro de Defensa de Ríos Montt, y Héctor Mauricio López Fuentes, Jefe del Estado Mayor del Ejército. Otros diez oficiales del ejército acusados por el caso aún no han sido capturados por las autoridades guatemaltecas, y se encuentran prófugos.
Jo-Marie Burt es Profesora Asociada de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason. También es Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de arqueología en la Universidad de San Carlos y es una de las partes civiles en el caso del Diario Militar. Este artículo fue publicado por primera vez en el Monitor Internacional de Justicia y traducido por José Alejandro Arriaza Ibarra.
