Otro caso de corrupción de consecuencias imprevisibles. En la picota está el proyecto de generación eléctrica a base de carbón más grande de Centroamérica. Le tocó el turno a una transnacional, no cualquiera, una clave dentro del sector eléctrico: Jaguar Energy. Se busca ahora al gerente general, Ernesto Córdova, estadounidense, presuntamente prófugo por negocios ilegales tramados conjuntamente con el entonces Secretario Privado de la Presidencia y yerno del Presidente de la República, Gustavo Martínez, para favorecer a la transnacional. Esto es lo que está revelando el Caso Redes, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP). Un caso que apenas comienza.

Por Luis Solano

Jaguar Energy y su planta de generación

Jaguar Energy es una empresa propietaria de la planta de generación eléctrica a base de carbón mineral, localizada en Tierra Colorada, Masagua, Escuintla, contigua a la comunidad de San Miguel Las Flores y a 25 kilómetros del Puerto de San José. Es subsidiaria de la estadounidense Ashmore Energy International Ltd. (AEI). Fue registrada en Guatemala a principios de 2008. La planta, con un costo estimado de US$750 millones, producirá 300 megavatios. La energía producida se venderá a Energuate, la distribuidora de electricidad más grande en Guatemala, subsidiaria del británico fondo de inversiones ACTIS.

En noviembre de 2007, DEORSA y DEOCSA lanzaron una licitación internacional con la intervención de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE, por medio de la Resolución CNEE-126-2007, que aprobó las Bases de Licitación). El 5 de mayo de 2008, las distribuidoras celebraron un Contrato de abastecimiento de Potencia con Opción de Compra de Energía Eléctrica, por un plazo de 15 años, a partir del 1 de mayo de 2012, con la transnacional Jaguar Energy LLC, que resultó ganadora de ese contrato y para el cual se había constituido un par de meses antes.

Cuando se celebró el contrato ambas distribuidoras pertenecía aún a la española Unión Fenosa (ese mismo año, 2008, Unión Fenosa fue adquirida por otra española, Gas Natural). En 2011, el fondo ACTIS adquirió los activos de Gas Natural Fenosa en Guatemala. Para operar en Guatemala, constituyó una subsidiaria: Energuate, hoy propietaria de DEORSA y DEOCSA, y que controla la distribución de energía eléctrica en 20 de los 22 departamentos del país.

Si bien el proyecto es producir 300 MW, el acuerdo de fondo sería que Jaguar Energy venda 225 MW a Energuate, y los restantes 75 MW se distribuirían en 25 MW para consumo interno de Jaguar Energy y 75 MW para comercializarlo con empresas privadas o para exportarlo por la red regional a Centroamérica. Esta comercialización con empresas privadas, que se supone también son comercializadoras que compran y venden en el mercado mayoritario, es desconocida por el momento.

Sin embargo, es público que la planta de Jaguar Energy se interconectará a la subestación de Aguacapa, del INDE, por una red de 19 kilómetros de extensión, y quedará conectada al sistema de interconexión nacional. En El Salvador existe otra subsidiaria de AEI: Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A., potencial compradora de energía de Jaguar Energy.

El financiamiento de Jaguar Energy: un «oscuro» negocio

Oficialmente se sabe que el financiamiento aprobado para la construcción de la planta de Jaguar Energy, fue US$350 millones, aprobado en 2010, provenientes de un crédito sindicado otorgado por Banca de Inversión Bancolombia Corporación Financiera S.A. (BI Bancolombia) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El proceso de financiación para el Proyecto Jaguar, fue saludado en aquel momento debido a que se estructuró en sólo tres meses, en un momento de crisis financiera internacional desatada tras la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers Holdings en 2008. En el financiamiento sindicado a Jaguar Energy participaron bancos comerciales y organismos multilaterales de carácter regional e internacional de Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Colombia.

El grupo de bancos que intervino aportaron US$66.5 millones; el Banco Industrial de Guatemala, con US$30 millones; el Banco General de Panamá, la Oficina de Representación de HSBC en Guatemala que gestionó con HSBC Panamá, contribuyendo ambos bancos con US$40 millones cada uno; G&T Continental de Guatemala y Banco Agrícola Mercantil de Guatemala, con US$20 millones cada uno; Banco Reformador de Guatemala y BICSA de Costa Rica, con US$10 millones cada uno. También participaron el Fondo de Capital Privado Banca de Inversión y Biba Inversiones de Capital fondos de inversión administrados por Bancolombia, que otorgaron US$47 millones.

El crédito sindicado se logró además luego que Jaguar Energy fallara en lograr otro crédito sindicado de US$445 millones, el cual fue negociado desde 2008 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con dos créditos Tipo A de US$60 millones y Tipo B de US$245 millones. Para el resto del crédito se negoció con BNP Paribas de Brasil, Mizuho Bank de Japón y Scotiabank de Canadá.

La crisis financiera de 2008 y las restricciones cada vez mayores al financiamiento de proyectos de generación eléctrica a base de carbón, fueron los factores que influyeron para que no se otorgara este último crédito.

Puede observarse que en el crédito que sí se aprobó, el de 2010, participaron 4 de los 5 bancos más grandes de Guatemala (el quinto, Banrural, no participó) y que reúne a lo más granado de la elite económica y financiera del país. Por lo tanto, los intereses económicos detrás del proyecto de Jaguar Energy caen por su propio peso.

Hoy se sabe que el crédito del BCIE no habría sido usado por Jaguar Energy. En su Memoria de Labores de 2010, indicó que el préstamo aprobado sólo por el BCIE en febrero de 2010, fue por $70.0 millones. El valor total de la sindicación ascendía para ese entonces a $758.3 millones. El resto del financiamiento, además de lo aprobado en el crédito sindicado, provendría de negociaciones de AEI y de la empresa contratada para la construcción de la planta: CMNC, de la República Popular de China, que aportaría US$200 millones.

Todo ese financiamiento restante, está en la oscuridad. No es claro qué pasó con el crédito de BCIE, tampoco las fuentes de financiamiento ofrecidas por AEI, y qué pasará con el aporte de CMNC.

El contrato entre ambas empresas fue rescindido luego de una una batalla feroz con Jaguar Energy, tras supuestos incumplimientos de Jaguar que amenazaron a la transnacional AEI con perder sus activos en la planta generadora, debido a los términos contractuales. El conflicto se dirime aún en Singapur. Igual, el financiamiento internacional lleva la mancha de HSBS con su escándalo desatado en febrero de 2015, producto de hacerse pública la llamada “Lista Falciani”, que comprende miles de clientes del banco con cuentas en Suiza, señalados de evasión fiscal.

La estructura de Jaguar Energy es la siguiente:

Por su parte, según la estructura accionaria conocida, así se compone el conglomerado al que pertenece Jaguar Energy:

Los intereses locales de Jaguar Energy

El proyecto de Jaguar Energy se justificó a partir de la creciente demanda de electricidad en el país, el proceso de electrificación y el surgimiento de grandes proyectos de inversión que requerían electricidad bajo la garantía de un suministro continuo y de bajo precio.

Los agronegocios y la industria extractiva eran parte de esa demanda. Las plantas de generación eléctrica a base de carbón comenzaban a ganar terreno debido a que, junto a las hidroeléctricas, representan la generación de menor costo, de más rápido retorno de capital y de grandes márgenes de ganancias.

En el caso de Jaguar Energy, la planta operará con carbón y coque de petróleo. Inicialmente se planificó la importación del mineral desde Canadá o Estados Unidos. A la fecha se desconoce si provendrá de esos países o de otros como Colombia, que es el mayor exportador de carbón mineral a Guatemala.

Uno de los compromisos de Jaguar Energy con el gobierno de Guatemala y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es la reducción de emisión de CO2 (dióxido de carbono). El carbón está considerado la materia prima de generación eléctrica más contaminante en el mundo. Por eso, sigue estando en duda si bajo los actuales marcos jurídicos e institucionales débiles que rigen las regulaciones ambientales en Guatemala, eso se logrará.

El proyecto Jaguar Energy tiene muchas especificaciones técnicas al respecto, y se ha publicitado como “amigable” al ambiente. Uno de los aspectos promovidos es que las dos plantas carboneras de barcaza de la empresa Puerto Quetzal Power, S.A., la cual es propiedad de AEI, reduzcan su generación y las altas emisiones de CO2 que producen. Puerto Quetzal Power es una empresa fundada en 1992 por la estadounidense Enron, con un 50% de participación; la empresa de agronegocios y electricidad King Ranch Inc. de Estados Unidos, tuvo el otro 50%. En 2000, la inglesa Commonwealth Development Corp. (CDC) adquirió 25% de la participación.¹

En 1993 Puerto Quetzal Power firmó un contrato de suministro de electricidad a la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), por más de 200 MW. Fue el primer firmado y la primera empresa en instalarse en Guatemala en el marco del proceso de privatización del sector eléctrico iniciado por el gobierno de Jorge Serrano Elías. De esa manera, el control del mercado que tenía la estatal INDE, de 90% a 1992, se redujo a 30% actual.

Los asesores legales de Jaguar Energy son el bufete de abogados Asensio, Barrios, Andrade & Asociados, que representa a varias transnacionales en el país, entre ellas a las minera Montana Exploradora. En ese bufete destaca el abogado Jorge Ernesto Asencio Aguirre, presidente. Asencio Aguirre, además de ser representante legal de las mineras Montana Exploradora, Entre Mares, Minera San Rafael y Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), también fue el abogado y representante legal de la transnacional eléctrica ENRON Guatemala.

Asensio Aguirre ha sido gerente de la comercializadora Poliwatt, S.A., una subsidiaria de Puerto Quetzal Power, ambas propiedad de ENRON hasta 2003, cuando quebró. Tras la quiebra de ENRON, esas empresas fueron adquiridas por AEI a través de su subsidiaria AEI Guatemala, S.A., de la cual Asensio Aguirre también ha sido Gerente, y que suministra electricidad a EEGSA. AEI Guatemala fue registrada en Guatemala en 2000. Hasta donde se sabe, Puerto Quetzal Power actúa en calidad de socio en el proyecto de Jaguar Energy.

Visto así, son obvios los poderosos intereses económicos detrás de Jaguar Energy y el negocio de su proyecto generador. El descalabro que hubiera significado que la china CMNC se hiciera de los activos de Jaguar Energy fue, quizá, el motivo principal de lo que hoy la CICIG y el MP han destapado como el Caso Redes.

La CNEE sigue sin pronunciarse al respecto. Se supone que legalmente es la responsable de intervenir para dirimir los problemas como el que Jaguar Energy y CMNC manifestaron. Quizá su falta de acción condujo a que el conflicto se “resolviera” por “mecanismos” fuera de los órganos jurisdiccionales.

A la postre, la Presidencia de la República, vía Gustavo Martínez, ha sumado una mancha más al tigre.

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