Fotorreportaje: explotación petrolera en Livingston: Seguridad, Contaminación y Clientelismo
0Ana G. Aupi (CMI)
En los exclusivos círculos de las elites corporativas hay dos palabras mágicas que resuenan cuando se ponen a fantasear con la competitividad y la estabilidad macroeconómica. Se trata de dos conceptos que unidos persiguen el mismo fin y que no hay familia oligárquica que no las utilice, ya sean palmicultoras, azucareras, mineras, y en este caso, explotaciones petroleras:
Hablamos de la “Gobernabilidad” y la “Responsabilidad Social Empresarial”. La primera es una demanda que hacen las empresas al Estado para que les brinde seguridad a las inversiones del Gran Dinero a través del Ejército y la PNC, mientras que la segunda es una demanda que el Estado le hace a las empresas ante la incapacidad de exigirles que paguen sus impuestos, «por lo menos » que contribuyan con los programas asistenciales y clientelares en las regiones donde se cruzan los intereses de la clase política y económica.
Si bajo la Responsabilidad Social Empresarial no se consigue que la población acepte y apruebe las «bondades del proyecto», se pone a funcionar la gobernabilidad, una manera mas agresiva frenar la conflictividad social generada por la intromisión territorial de instituciónes y personas que de manera inconsulta deciden sobre “el desarrollo de la población”.
Debido a que el Estado no se da abasto para contener, neutralizar y desarticular a las organizaciones sociales y comunidades en resistencia, se detecta un incremento en la contratación de empresas de seguridad privada especializadas para tales fines.
Actualmente existen más agentes de seguridad en las empresas privadas que en la propia Policia Nacional Civil. Según el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, para finales de 2012 ninguna de las empresas de seguridad habia completado el proceso obligatorio de registro en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación. (A/HRC/22/17Add.1. Pág. 9)
Muchas de estas empresas son dirigidas y/o entrenadas por militares retirados, especialistas en seguridad ejecutiva y labores de inteligencia. La violencia e impunidad con la que han actuado estas empresas en San Rafael Las Flores, Santa María Xalapán, San Miguel Ixtahuacán, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc, San Juan Sacatepéquez, Santa Cruz Barillas y El Estor, pone en tela de juicio la autoridad del ministerio de Gobernación y su complicidad con el Gran Dinero.
La seguridad de la CPA goza además del acompañamiento policial en sus labores, de esa cuenta es que hablamos de una alianza público-privada no sólo en materia de financiamiento en infraestructura, sino también en actividades de Responsabilidad Social Empresarial y Gobernabilidad.
En paralelo, se desarrolla una campaña mediática permanente de estigmatización de las luchas y resistencias, que busca desde el discurso dominante deslegitimar a los liderazgos para justificar su persecución política.
En el caso de las organizaciones de raíz q’eqchi’, existe el mito por parte de las instituciones ambientalistas de que son depredadores de los recursos naturales. Utilizar un árbol caído para fabricar un cayuco o sembrar maíz en ciertas zonas parece más ofensivo que el peligro por la explotación minera o el posible derrame petrólero en las Áreas Protegidas.
La postura de varias organizaciones conservacionistas es permitir este tipo de actividades extractivas, contradiciendo así sus principios y mas aun en lo que respecta a la sobreposición de Áreas Protegidas sobre territorios indígenas. Una de ellas es Fundaeco, dirigida por Marco Vinicio Cerezo Blandón, ex candidato presidencial de la Democracia Cristiana (DC) en las elecciones 2007.