El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvo dos momentos en la reciente VII Cumbre de las Américas. Uno en el que se mostraba incómodo, intentando ser condescendiente y dispuesto (por sólo algunos minutos) a escuchar a sus pares en una Cumbre donde la oposición a su reciente sanción en contra de Venezuela fue varias veces explícita. Y el otro en las reuniones con los presidentes centroamericanos y del Caribe, y en la cumbre especial de empresarios: allí se le vio cómodo y como suele comportarse, con la batuta en la mano. Aunque en un segundo plano, el seguimiento en la cumbre de la relación entre Estados Unidos y los países centroamericanos es imprescindible para entender la dimensión del conflicto en la región luego de las reacciones a lo de Venezuela y el acercamiento a Cuba.

Por Rodrigo Véliz

¿Entra América Latina al conflicto global?

Que Obama se haya mostrado incómodo tiene sentido. Desde el inicio de su primera gestión buscó limar las asperezas que la presidencia de George Bush había provocado. En una gestión y media de dirigir el Departamento de Estado no le ha ido nada bien.

El primer plano de la Cumbre se lo llevó el avance en la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y aunque este último país quiso pasar por alto el tema de la sanción en contra de Venezuela, fue inevitable que fuera abordado. No sólo por las intervenciones de Ecuador, Cuba y Argentina, sino por la respuesta colectiva que ha tenido la sanción: tanto la Unión de Naciones Suramericanas (Unsasur) como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde Estados Unidos no tiene representación, se pronunció en contra.

Obama cedió y terminó afirmando que Venezuela no representaba una amenaza directa para Estados Unidos. Pero no dijo más. Y no lo hizo tal vez porque el conflicto parece ir, con un bajo perfil, en escalada.

A mediados de marzo comenzaron los rumores sobre la creación de una nueva Fuerza de Tarea norteamericana en la región. Esto se confirmó semanas después en el marco de la Conferencia de Seguridad Regional Centroamericana, realizada este año en Honduras.

La Conferencia es un intento de cohesionar el trabajo que durante 12 meses realiza el Comando Sur norteamericano con cada uno de los ejércitos de la región. Como pasa año tras año, el Comando Sur es el organizador y guía del evento, y el país anfitrión acompaña de cerca su logística.

En la Conferencia se confirmó que los marines estadounidenses crearían una nueva unidad, la Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aire-Tierra de Marines-Sur. La Fuerza de Tarea estaría a cargo del Comando Sur, contaría con 250 integrantes, y estaría ubicada de junio a noviembre en la base militar Soto Cano (conocida como Palmerola y creada por Estados Unidos), en Honduras.

Como parte de su arsenal, tendrá el buque (catamarán) de alta velocidad JHSV Spearhead y cuatro helicópteros pesados CH-53E Super Stallion. En una entrevista con la revista militar Diálogo, el teniente coronel Ignacio Soria, Jefe de Planificación de las Fuerzas Marinas del Sur, confirmó que a fines del próximo año podría unirse al Comando Sur el buque Burlington.

Y lo más importante: la Fuerza de Tarea es una unidad especializada en respuesta rápida a crisis, y posiblemente esté compuesta por la Fuerza Expedicionaria de Marines número II, con sede en Carolina del Norte.

El hecho pasaría desaparecido sino se diera en el contexto de las agresiones de Estados Unidos a Venezuela. Y de la respuesta venezolana: según informes, desde el 14 de marzo un total de 80 mil soldados y 20 mil civiles venezolanos realizaron ejercicios militares por dos semanas. Las tropas fueron acompañados por miembros del ejército ruso con el fin, según la postura oficial, de “promover la cooperación técnica y militar”. Aunque luego el gobierno bolivariano confirmó que los ejercicios respondían a la sanción que realizara Estados Unidos.

Uno de los temas que no se tocaron en la Cumbre fue la solicitud que realizara el presidente de Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, de cerrar todas las bases militares norteamericanas que se encuentran en territorio latinoamericano. Al respecto, solamente Ecuador se ha atrevido a no prorrogar la continuación del control estadounidense de la base militar en la ciudad costera de Malta.

Al finalizar la Conferencia de Seguridad, el general John Kelly, encargado del Comando Sur, recordó que Centroamérica es una de las cuatro prioridades de la administración Obama en el mundo. La presencia rusa y china en Venezuela, países con los que Estados Unidos tiene fuertes tensiones en otras partes del mundo, resulta por esto alarmante.

La creación de la nueva Fuerza de Tarea en Palmerola, junto al nuevo estatus que recibió hace algunos meses el ejército de Guatemala ante el Pentágono (encargada de la seguridad norteamericana), y el fuerte papel que tiene la ayuda militar en la región según el Plan para la Prosperidad, confirman lo dicho por Kelly y la tensión que se acerca en los próximos meses en una región que lleva décadas sin enfrentamientos armados entre países.

Un Plan con los consensos necesarios (y limitados)

Por las mismas semanas pero con otro nivel de tensión, el gobierno de Guatemala tuvo su primer acercamiento con la llamada sociedad civil guatemalteca. El fin era presentar el Plan Alianza para la Prosperidad y recibir, según dijo, ideas para incorporarlos. La respuesta de los asistentes no fue, digamos, la más esperada.

«El plan sólo puede legítimo y efectivo si su formulación y ejecución siguen rutas democráticas», dijo en el foro Ricardo Barrientos, del ICEFI, mientras inusualmente subía cada vez más su tono. «¿Nos están contando algo que ya está pactado y lo que esperan es que lo avalemos? Lo que se acuerde en estas mesas de trabajo, ¿es vinculante? ¿Cuál es el compromiso de los funcionarios públicos en aprobar lo que propongamos. Porque sino, como ya se dijo, venimos a perder el tiempo […] Yo quisiera preguntar al canciller, ¿por qué el Embajador de Guatemala en Washington hace mes y medio sostuvo presentaciones exclusivas para empresarios guatemaltecos sobre el Plan? ¿Esa es una embajada que representa al sector privado guatemalteco o a la población?».

Barrientos olvidó mencionar que las reuniones no sólo eran entre la Embajada guatemalteca y empresarios, sino que llegó a incluir al Comando Sur norteamericano, al que la organización empresarial Fundesa presentó su versión del Plan para la Prosperidad.

La postura de Barrientos se repitió en otras intervenciones, y se llegó a cuestionar no sólo el intento de legitimar un Plan poco incluyente, sino a criticar en concreto las propuestas del gobierno. Las críticas vinieron de distintos flancos: los cooperativistas señalaron que el Plan estaba diseñado sólo para los grandes inversionistas nacionales, y organizaciones de derechos humanos hicieron trizas la propuesta de salvar el sistema judicial a través de reducir la mora judicial, y no de una reformulación más abarcadora, recordando el viciado proceso de elección de magistrados del año pasado.

Se recordó también, una vez más, el tema de la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Si el gobierno quería resolver el problema de la impunidad y el sistema de justicia, ¿por qué no prorrogaba a la comisión de la ONU?

La CICIG en el centro de las negociaciones

Si el gobierno de Pérez Molina está teniendo problemas internos con el Plan Alianza para la Prosperidad, afuera se le está haciendo cada vez más difícil poder lidiar con las presiones. Su única salida ha sido un discurso poco coherente, por momentos patriótico y esquivo, y en otros sumiso y amigable.

Luego que Biden afirmara con contundencia que para que su país donara US$ 1 mil millones anuales Pérez Molina debía prorrogar a la CICIG, el mandatario guatemalteco afirmó que el Plan para la Prosperidad se realizaría “con o sin el apoyo de Estados Unidos”.

Ese discurso no fue el mismo que mantuvo la cancillería guatemalteca cuando presentó su propuesta de Plan, junto con El Salvador y Honduras, en el Congreso norteamericano. Allí el tono fue afable, de ruego, pero la respuesta norteamericana fue la misma.

El 24 de marzo la Oficina de Asuntos Externos del Congreso envió una carta a Pérez Molina pidiéndole que la CICIG recibiera una prórroga, ya que formaría parte central de la Alianza por la Prosperidad, cuya parte de los fondos ellos deben aprobar.

La respuesta de Guatemala fue casi inmediata. Desde el año pasado Pérez Molina formó una comisión para revisar el trabajo de la CICIG y hacer una valoración sobre sus casi 8 años de estadía. La comisión fue bastante ad hoc: se incluyó solamente a funcionarios públicos, todos escogidos por Pérez Molina (Ministerio de Gobernación, Fiscal General y Presidente Corte Suprema de Justicia), y se excluyó a miembros de la sociedad civil.

La comisión ya lanzó las primeras sugerencias: para poder seguir, la CICIG tendría que reformular su mandato. Dejaría de perseguir poderes paralelos y se enfocaría nada más en casos de corrupción.

Este el primer condicionamiento que parece aceptar el Estado de Guatemala a las presiones norteamericanas. De concretarse, lograría acercar que los casi US$300 millones que dona anualmente en términos militares Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador en su conjunto logren mantenerse como parte del más ambicioso Plan para la Prosperidad.

La reunión en la Cumbre de los tres países centroamericanos con Jeff Duncan, congresista republicano parte de la Comisión de Asuntos Externos, es un importante seguimiento a estos acuerdos. Mientras más se acerque septiembre (mes en el que Pérez Molina debe decidir sobre la CICIG, el Congreso norteamericano aprobar el presupuesto para el año fiscal 2016, y las negociaciones sobre los posibles ganadores de la primera vuelta electoral en Guatemala), más claro será el panorama de la región.

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