El poder tradicional que se resiste a ceder
0Por Diputado Walter Félix
Bancada de URNG-MAIZ
Tres hechos recientes en el Congreso de la República merecen hoy nuestra atención.
El veto presidencial al Decreto 13-2016. Con argumentación inconsistente y enredada, referida a la forma y no al fondo, a través del Acuerdo Gubernativo 49-2016, el Presidente de la República vetó el decreto 13-2016, que dispone agregar al código penal la figura delictiva de INCUMPLIMIENTO A CITAS LEGISLATIVAS, tanto para funcionarios y empleados públicos, como para particulares que por cualquier concepto administren, custodien o reciban fondos públicos. El Presidente Morales expresa en esta acción resistencia a la transparencia de su gobierno y da continuidad a la actitud de sus antecesores Alvaro Colom Caballeros y Otto Pérez Molina; el primero al romper la obligación de rendir informe anual al Congreso de la República; y el segundo, al ordenar la incomparecencia de sus ministros a las citas legislativas.
Estas acciones presidenciales expresan con claridad la evasión a la acción fiscalizadora del Congreso, aprovechando una laguna legal, que motivó a las Bancadas de URNG y Winaq, presentar la iniciativa de ley 4962 que, con enmiendas, fue aprobada de urgencia nacional por el Congreso de la República el 4 de febrero reciente, en el marco de las reformas a la ley orgánica del mismo, orientadas fundamentalmente a fortalecer la trasparencia de sus actos.
Tal iniciativa, no sólo se fundamenta en el artículo 168 Constitucional, sino que se orienta a corregir su incumplimiento actual. Dicho artículo, copiado en su parte conducente dice: “Asistencia de Ministros al Congreso”. Cuando para el efecto sean invitados, los Ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las Comisiones y de los Bloques Legislativos… Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso, cuanto éste, sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario”.
No aprobación de la paridad y alternabilidad. Con 30 votos en contra y 42 ausencias, el poder tradicional, de nuevo negó al país la posibilidad de enmendar su defecto histórico de exclusión política a los Pueblos Indígenas y las mujeres, al improbar el artículo 60 del proyecto de ley de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, aún contando éste, con el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. 86 votos, incluidas las bancadas de izquierda no fueron suficientes para alcanzar la mayoría calificada (105 votos) requerida por la ley. Dicho artículo, obligaba a los partidos políticos a incluir en las planillas para elección popular en forma igualitaria a mujeres indígenas y no indígenas y hombres indígenas y no indígenas en forma proporcional a la composición del distrito electoral correspondiente y alternar en los listados a hombres y mujeres. Saludamos la valentía de las compañeras mujeres congresistas que, en su mayoría, aún representando diferentes partidos políticos, hicieron cuerpo único para respaldar esta iniciativa.
El último transfuga. Con la suma del décimo primer tránsfuga, anunciado el pasado lunes 28, a la bancada FCN-Nación, el partido de gobierno triplica su número en el Congreso, empata a 32, en número de congresistas con la Bancada UNE, y logra su objetivo de constituirse en una de las dos principales fuerzas para respaldar la gestión del gobierno del Presidente Morales y los poderes tradicionales que lo sustentan. Todo esto, a costa del deterioro de su imagen, que evidencia su engañosa campaña electoral frente a la población y sus propios electores. Temporalmente, debido a la entrada en vigor del decreto 14-2016, ninguna bancada podrá aceptar más incorporaciones, sino hasta en el último año de cada período de gobierno, previo a las siguientes elecciones, en que sí lo podrán hacer, según este mismo decreto.
Tres hechos recientes para ilustrar la resistencia de los poderes tradicionales a ceder espacios políticos a los sectores más excluidos y marginados; a mantener los márgenes de maniobra política que burlan la voluntad popular expresadas en las urnas; y, a transparentar la administración pública.
