El nuevo juicio por genocidio de Rodríguez Sánchez: Se espera sentencia el 26 de septiembre
0Cinco años después del primer juicio por genocidio en 2013, y más de 30 años después de los hechos, el juicio contra Mauricio Rodríguez Sánchez por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad está por concluir. Se han escuchado las conclusiones y la audiencia final, durante la cual el acusado tendrá la oportunidad de dirigirse al tribunal, está programada para la mañana del 26 de septiembre. Se espera que el tribunal dicte su fallo ese mismo día.
Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
El Ministerio Público resumió la evidencia que dice que comprueba la responsabilidad penal de Rodríguez Sánchez por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad contra la población Maya Ixil, y pidió al tribunal que imponga la sentencia máxima de 50 años por genocidio y 30 años por crímenes de lesa humanidad.
A medida que se acerca la sentencia final, la tensión sobre el posible resultado aumenta. Las autoridades Maya Ixiles y mujeres Kaq’chikeles estuvieron presentes en las audiencias cuando el Ministerio Público y los querellantes adhesivos presentaron sus conclusiones el 31 de agosto y 7 de septiembre. Los querellantes adhesivos aparecieron en el tribunal vestido de traje ceremonial Maya Ixil, que retomó un tema que circuló ampliamente durante el primer juicio por genocidio: “Todos somos Ixiles.”
Mientras tanto, varios oficiales militares jubilados y comisionados militares estuvieron presentes en el tribunal cuando los abogados de Rodríguez Sánchez presentaron sus conclusiones el 12 de septiembre. Al final de la audiencia, algunos de ellos se involucraron en agresiones verbales hacía los representantes de las víctimas.
Para más información sobre el juicio hasta la fecha, vea El nuevo juicio por genocidio de Rodríguez Sánchez– Parte I: Aspectos destacados de los procesos.
Ministerio Público: Rodríguez Sánchez sabía sobre el genocidio y podría haberlo detenido, pero no lo hizo
Fiscal Erick de León comenzó por declarar que los documentos oficiales prueban que Rodríguez Sánchez era el jefe de la Segunda Sección (G2) del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, también conocido como inteligencia militar, entre el 23 de marzo de 1982 y el 31 de julio de 1983. Fue nombrado como jefe de inteligencia militar por el presidente de facto del periodo, Efraín Ríos Montt. Ríos Montt también estaba siendo reprocesado por segunda vez por el genocidio Maya Ixil, pero se cerró el caso luego de su muerte en abril de este año.
Como jefe de inteligencia militar, dijo De León, Rodríguez Sánchez fue el autor y encargado de la implementación de los planes militares que resultaron en masacres, desplazamiento forzado masivo, violencia sexual, y otras atrocidades contra la población Maya Ixil. De León destacó el papel fundamental que desempeñaba la inteligencia militar en el desarrollo de la estrategia militar, haciendo referencia a los documentos militares oficiales que otorgaban a la inteligencia militar el poder operar en todo el país para identificar elementos subversivos. Como jefe de inteligencia militar, Rodríguez Sánchez tenía conocimiento específico sobre los detenidos, las patrulla de auto-defensa civil, y los comisionados militares, que formaban parte de la cadena de información de la inteligencia militar que llegaba hasta él y de él al Jefe del Estado Mayor. Hizo referencia al testimonio del perito militar, Rodolfo Robles, quien le dijo a la corte que “la inteligencia militar representa los ojos y los oídos del ejército; sin la inteligencia militar, el ejército no tiene puntos de referencia.”
Como jefe de inteligencia militar, dijo De León, Rodríguez Sánchez fue el autor y encargado de la implementación de los planes militares que resultaron en masacres, desplazamiento forzado masivo, violencia sexual, y otras atrocidades contra la población Maya Ixil. De León destacó el papel fundamental que desempeñaba la inteligencia militar en el desarrollo de la estrategia militar, haciendo referencia a los documentos militares oficiales que otorgaban a la inteligencia militar el poder operar en todo el país para identificar elementos subversivos. Como jefe de inteligencia militar, Rodríguez Sánchez tenía conocimiento específico sobre los detenidos, las patrulla de auto-defensa civil, y los comisionados militares, que formaban parte de la cadena de información de la inteligencia militar que llegaba hasta él y de él al Jefe del Estado Mayor. Hizo referencia al testimonio del perito militar, Rodolfo Robles, quien le dijo a la corte que “la inteligencia militar representa los ojos y los oídos del ejército; sin la inteligencia militar, el ejército no tiene puntos de referencia.”
Según De León, Rodríguez Sánchez fue el responsable de determinar, en el contexto de la guerra contra-insurgente, quién era el “enemigo interno” e idear los planes para contrarrestar a estos grupos. Afirmó que una variedad de documentos militares, en particular el Plan de Campaña Victoria 82 y el Plan de Operaciones Sofía, demuestran que Rodríguez Sánchez había identificado prácticamente a toda la población Maya Ixil como colaboradores de la guerrilla y, por lo tanto, como “enemigo interno” que tenía que ser “aniquilado.” De León afirmó que durante los 17 meses que Rodríguez Sánchez fue jefe de inteligencia militar, al menos 90 aldeas en la región Ixil fueron parcialmente o completamente destruidas.
De León argumentó además que los militares persiguieron la población Maya Ixil que había huido a las montañas para escaparse de la violencia militar. Esto respondió al Plan de Campaña Firmeza 83, señaló De León, lo cual afirmó que la población desplazada estaba todavía clasificada como el enemigo, lo que justificaba la persecución contra ellos, incluyendo campañas de bombardeos, destrucción de cosechas, y hambruna como parte de la estrategia militar. Dijo que no guerrilleros, sino civiles no combatientes, entre ellos mujeres, niños, y ancianos. De León argumentó que la evidencia demuestra que los militares habían estudiado a la población desplazada, la habían identificado como el enemigo, y la habían atacado, revelando la intención de aniquilar el grupo en parte o en su totalidad.
De León dijo al tribunal que Rodríguez Sánchez sabía y podía haber detenido el genocidio contra los Maya Ixiles, pero no lo hizo.
Querellantes: Racismo y discriminación son las raíces del genocidio
Una semana después, el 7 de septiembre, el abogado de los querellantes, Edgar Pérez Archila, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, quien representa los sobrevivientes de la Asociación de Justicia y Reconciliación (AJR) y Héctor Reyes Chiquin, abogado del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), presentaron sus conclusiones. Pérez, Reyes, y los demás en el equipo de abogados portaron el traje ceremonial Maya Ixil por petición de sus clientes, para simbolizar su confianza en sus representantes a dar voz a su experiencia.
Pérez reafirmó el argumento de De León que el genocidio se cometió en Guatemala contra el pueblo Maya Ixil, enfatizando el racismo histórico y la discriminación contra las personas indígenas de Guatemala. Hizo referencia específica al peritaje de Marta Elena Casaús, escritora del libro exitoso Guatemala: linaje y racismo que también testificó en el juicio por genocidio en 2013. “Racismo y discriminación son las raíces del genocidio en Guatemala,” como explicó Marta Casaús en su peritaje. “La semilla del racismo ayudó a fabricar un enemigo que inspiraba miedo. No se habla ni se negocia con un enemigo así. Es un enemigo radical y la única solución es exterminarlo,” afirmó Pérez. También recordó el testimonio del perito militar Héctor Rosada Granados, quien dijo al tribunal que los militares consideraban los Ixiles como “problemáticos.” “Cuando los ladinos latifundistas vieron que los ixiles comenzaban a organizarse,” dijo, “le dijeron que el ejército que eran insurgentes.”
Además, Pérez destacó los testimonios de los testigos que se escucharon a lo largo del proceso para destacar las muchas formas en los militares intentaron destruir al pueblo Ixil, mediante masacres, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual, y esclavización. El Ejército intentó destruir al pueblo Maya Ixil no solo por matarlos, dijo Pérez, sino por destruir su modo de vida colectiva. Los Ixiles “fueron perseguidos, sus casas y sus milpas fueron destruidos, no tenían comida ni medicinas, fueron bombardeados…La gente murió de hambre, de balas, de susto. Los bebés murieron porque sus madres tenían que taparse las bocas [para que no lloraran]…Otros murieron debido a infecciones estomacales, falta de atención médica, o por el frio…” Rodríguez Sánchez era responsable de las órdenes que resultaron en estos ataques, y estaba al tanto de informes detallados de inteligencia de que sus órdenes eran llevados a cabo.
Héctor Reyes de CALDH presentó una breve linea de tiempo del caso por genocidio y señaló que la primera denuncia se presentó en 2000 contra el alto mando militar, que incluía Benedicto Lucas García, quien era Jefe del Estado Mayor, y los que llevaron a cabo el golpe de estado del 23 de marzo de 1982: Efraín Ríos Montt, José Humberto Mejía Víctores, Alejandro Maldonado Schaad, Francisco Luis Gordillo y Héctor Mario López Fuentes. La queja original, que documentó masacres en cinco regiones del país contra civiles y pueblos indígenas, no prosperó.
En 2007, buscando nuevas estrategias de litigio, CALDH demandó al gobierno, exigiendo la desclasificación de documentos militares. Al final lograr acceder a varios documentos, entre ellos Firmeza 82 y Plan Sofía, en 2009. Plan Victoria 83, que se hizo público más tarde, desarrolla la campaña final de contra-insurgencia militar, que se suma a las tácticas de tierra arrasada de los años de Lucas García los elementos de guerra psicológica que caracterizaba el programa “fusiles y frijoles” del gobierno de Ríos Montt. Por el análisis de estos documentos, se decidió separar los casos y enfocarse en el genocidio Maya Ixil.
El caso fue transferido al Juzgado de Mayor Riesgo en 2011, y finalmente, se abrió el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez en 2013. López Fuentes y Mejía Víctores fueron declarados mentalmente incapacitados y nunca enfrentaron juicio, y murieron en 2015 y 2016 respectivamente. El juzgado declaró a Ríos Montt culpable de genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad y lo sentenció a 80 años de prisión, mientras a Rodríguez Sánchez lo declararon inocente. Sin embargo, la Corte Constitucional emitió una decisión diez días después que parcialmente retrotrajo el proceso, dejando vacante la sentencia. Ríos Montt y Rodríguez Sánchez volvieron a arresto domiciliario, pero se demoró muchos años para comenzar el nuevo juicio. Ríos Montt murió en medio del segundo juicio, en abril de este año.
Para Reyes, el ejercito participó en actos criminales que constituyen genocidio, que fueron posibles por las acciones y omisiones de Rodríguez Sánchez. Reyes se juntó a Pérez y el Ministerio Público en pedir al tribunal que declare culpable a Rodríguez Sánchez y que lo sentencie a 50 años de prisión por genocidio y 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
La Defensa: Rodríguez Sánches es inocente
Los abogados defensores de Rodríguez Sánchez presentaron sus conclusiones el 12 de septiembre. Sus argumentos centrales se enfocaron en la afirmación que Rodríguez Sánchez no tenía mando sobre el ejército y que el caso presentado por el Ministerio Público carecía de consistencia y no demostraba su culpabilidad fuera de toda duda razonable. Mientras ponían en duda los peritajes presentados por los querellantes, a veces hacían referencia a aspectos de los peritajes para presentar su caso. Por ejemplo, se refirieron al peritaje del general Rodolfo Robles, quien señaló que los planes militares fueron “bien preparados” en el sentido de que no incluían órdenes específicas a matar.
Además, la defensa afirmó que los casos de violencia sexual eran casos aislados y de ninguna manera demostraban un patrón sistemático de abuso, y que en cualquier caso, eran responsabilidad de los soldados, no de sus oficiales. También, desafiaron la veracidad de los documentos oficiales, diciendo que son solo “copias,” y se refirieron a los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórica y de la Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI) como sesgados y excesivamente influenciados por los extranjeros.
La defensa concluyó por afirmar que el acusado no era el funcionario responsable por la caracterización del enemigo, que era la responsabilidad del Oficial de Asuntos Civiles del G5 y que cualquier “exceso” que ocurriera en la región Ixil es responsabilidad del Oficial de Operaciones G3, ambos miembros del Estado Mayor del Ejército.
Terminó por elogiar a Rodríguez Sánchez como un hombre de integridad y llamó al tribunal a declararlo inocente por todos los cargos.
Peticiones de las Organizaciones de Víctimas
La audiencia finalizó con breves comentario de los representantes de la AJR y del CALDH. Edwin Canil, presidente de la AJR; comenzó contándole al tribunal que la AJR se dedica a luchar por justicia para las víctimas, que eran civiles no-armados y que no eran miembros de la guerrilla. “Los socios de la AJR han sufrido amenaza, difamaciones, intimidaciones, y hostigamiento por parte de asociados del acusado,” afirmó. “Por lo tanto, solicito que el tribunal dicte medidas de seguridad para los testigos y para los demás acompañando este proceso.” Además pidió al tribunal que adopte medidas para garantizar que tales atrocidad no se repitan.
Francisco Soto, Director Ejecutivo del CALDH, dijo al tribunal que la búsqueda de justicia por las atrocidades históricas de derechos humanos no es una fuente de polarización de la población. Más bien, esta es una táctica usada por el acusado para deslegitimar a las víctimas y a la propia corte.
Tensión al final de la audiencia
A esta audiencia asistieron varios ex-oficiales militares, entre ellos miembros de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), así como comisionados militares y personas de la región Ixil en apoyo de Rodríguez Sánchez.
Al final de la audiencia, varios de los comisiones y algunos de los civiles Ixiles se acercaron a Edwin Canil de la AJR, agarrándolo del brazo y confrontándolo de una manera verbalmente agresiva. Al mismo tiempo, el coronel y miembro de AVEMILGUA Marco Antonio Orozco Cifuentes se enfrentó a Francisco Soto, diciendo que “se te va a acabar el dinero.”
Rodríguez Sánchez tendrá la oportunidad de dirigirse al tribunal el 26 de septiembre a las 8:30 a.m. La sentencia se espera más tarde del mismo día.
Original en inglés: https://www.ijmonitor.org/2018/09/the-rodriguez-sanchez-genocide-trial-verdict-expected-september-26/
Traducción: NISGUA https://nisgua.org
