El nuevo juicio por genocidio de Rodríguez Sánchez – Parte I: Aspectos destacados de los procesos
0La presente es la primera de tres publicaciones sobre el nuevo juicio del jefe de la inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, por genocidio y crímenes de lesa humanidad, en la cual brindamos una breve reseña del proceso que condujo al nuevo juicio y resaltamos aspectos clave de los procesos judiciales hasta la fecha. Una segunda publicación analizará la nueva evidencia presentada por los demandantes en el caso. La última publicación analizará el rol de la inteligencia militar y la supuesta responsabilidad de Rodríguez Sánchez en el genocidio maya Ixil. Se espera un veredicto a fines de agosto o septiembre.
Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
El juicio de Mauricio Rodríguez Sánchez por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad está llegando a su fin. Rodríguez Sánchez se desempeñó como jefe de inteligencia militar bajo la dictadura de Efraín Ríos Montt. Los dos fueron juzgados juntos en 2013; Rodríguez Sánchez fue absuelto y Ríos Montt fue condenado, pero una decisión polémica, e ilegal en opinión de algunos, de la Corte de Constitucionalidad dio como resultado la anulación de la sentencia. Después de muchos comienzos en falso y retrasos, el nuevo juicio finalmente se retomó en octubre de 2017. Mientras el caso contra Ríos Montt fue cerrado después de su muerte el pasado mes de abril, el nuevo juicio de Rodríguez Sánchez está en su etapa final, con un veredicto posible para fines de agosto o septiembre. Esta publicación proporciona una breve reseña del complejo proceso judicial, junto con algunos aspectos destacados del juicio de Rodríguez Sánchez hasta la fecha.
Antecedentes
Ríos Montt llegó al poder mediante un golpe de estado militar el 23 de marzo de 1982 y fue depuesto 17 meses después, el 7 de agosto de 1983, en un golpe militar orquestado por su Ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores. Rodríguez Sánchez se desempeñó como Director de Inteligencia Militar (G-2) bajo el régimen de Ríos Montt.
Esos cortos 17 meses en los que Ríos Montt gobernó Guatemala fueron los más brutales del conflicto. Las organizaciones de derechos humanos estiman que 10,000 personas fueron asesinadas solo en los primeros tres meses de su gobierno. Durante los primeros ocho meses de su gobierno, hubo 19 masacres por mes y fueron destruidas más de 400 comunidades indígenas. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), el 83 por ciento de las víctimas del conflicto fueron indígenas. Con base en estos y otros indicadores, la CEH determinó que la estrategia de la contrainsurgencia desplegada durante los años de Ríos Montt constituyó “actos de genocidio” contra la población indígena en cinco regiones del país.
El juicio de 2013 contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez marcó la primera vez que altos funcionarios militares enfrentaron un juicio por violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto. Con la decisión de la Corte de Constitucionalidad del 20 de mayo de 2013 que resultó en la anulación de la condena de Ríos Montt y la absolución de Rodríguez Sánchez, los tribunales determinaron que el caso volvería a juicio. Ríos Montt fue liberado de prisión y puesto en arresto domiciliario nuevamente; Rodríguez Sánchez, quien había sido liberado, fue devuelto al hospital militar.
El nuevo juicio de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez estaba programado para comenzar en enero de 2015, nuevamente en agosto de 2015 y luego en enero de 2016. Sin embargo, debido a los desafíos legales planteados por los abogados defensores, el proceso no se inició sino hasta marzo de 2016. Para ese momento, Ríos Montt había sido diagnosticado con demencia, lo que llevó al tribunal a aplicar medidas especiales al proceso: el tribunal determinó que el juicio contra ambos acusados no estaría abierto al público ni a la prensa; Ríos Montt no estaría obligado a estar presente; e incluso si se le declarase culpable, no se le impondría ningún castigo. Después de docenas de audiencias, esos procedimientos también se suspendieron después de que un tribunal determinara que Rodríguez Sánchez tenía derecho a un juicio abierto y público.
Finalmente en octubre de 2017, el nuevo juicio comenzó nuevamente. El tribunal que supervisa los procedimientos, el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, integrado por la jueza presidenta María Eugenia Castellanos Cruz y los jueces Sara Gricelda Yoc Yoc y Jaime Delmar González Marín, determinó que solo escucharía el caso un día a la semana. Los viernes por la mañana se llevaron a cabo procedimientos a puertas cerradas contra Ríos Montt, seguidos por los procesos públicos contra Rodríguez Sánchez por las tardes. Tras la muerte de Ríos Montt en abril, el tribunal programó audiencias de un día completo para Rodríguez Sánchez todos los viernes.
El juicio contra Mauricio Rodríguez Sánchez
El testimonio de varios sobrevivientes/testigos que testificaron en las audiencias celebradas durante marzo y abril de 2016 se incorporaron al proceso actual. Los testimonios de los sobrevivientes continuaron en octubre de 2017, como informó anteriormente el International Justice Monitor. Unos 100 sobrevivientes han testificado durante el nuevo juicio, según Edwin Canil, presidente de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), una asociación de sobrevivientes y familias de víctimas de las cinco regiones del país. Canil le dijo a IJ Monitor que virtualmente todos los sobrevivientes/testigos que testificaron en 2013 regresaron para testificar en el proceso del nuevo juicio, con excepción de cinco testigos que fallecieron y uno que se rehusó a testificar nuevamente.
En febrero de 2018, el tribunal convocó audiencias en el transcurso de tres días en Nebaj, Quiche (el corazón de la región Ixil) para que los testigos que tenían dificultades para viajar a la capital debido a enfermedades u otra incapacidad pudieran testificar. En las audiencias en Nebaj, también testificaron las victimas de violencia sexual. En una muestra de solidaridad con los sobrevivientes y las familias de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos que acompañaron a las víctimas organizaron exposiciones fotográficas del juicio de 2013 y exhumaciones, eventos públicos y ceremonias conmemorativas.
También estuvieron presentes varios excomisionados militares y oficiales militares retirados, miembros de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). En tonos amenazantes, gritaban con micrófonos conectados a altavoces, justificaban las masacres, atacaban a los testigos y negaban enérgicamente que el gobierno de Ríos Montt fuera responsable de genocidio. Por momentos, fue tan alto el volumen de sus gritos que era difícil escuchar el testimonio de las víctimas dentro del precario tribunal ubicado cerca de la plaza. Los miembros de Avemilgua también trataron de intimidar a las personas presentes en los procedimientos, tomando fotografías con sus teléfonos celulares y sus cámaras. Se llamó a la Policía Nacional para evitar cualquier confrontación.
El tribunal ha escuchado el testimonio de varios expertos, la mayoría de los cuales participaron en el primer juicio por genocidio. El general retirado del ejército peruano Rodolfo Robles habló del papel de la inteligencia militar en la caracterización del enemigo, y señaló que en el plan militar Victoria, la población maya Ixil está caracterizada como “enemigo interno”. El antropólogo forense y presidente de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Fredy Peccerelli, también testificó sobre el trabajo realizado por su organización en el área Ixil. El estadístico Patrick Ball presentó la investigación estadística que llevó a cabo para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que demostró que los pueblos indígenas tenían ocho veces más probabilidades de ser asesinados que las personas no indígenas durante 1982 y 1983. La geógrafa Liz Oglesby habló de su investigación sobre el desplazamiento forzado en la región Ixil durante los años de Ríos Montt-Rodríguez Sánchez. La historiadora Marta Elena Casaús habló de su investigación sobre el racismo y el genocidio.
Una serie de documentos, incluidos documentos militares, el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, entre otros, también se han presentado como evidencia. Erick de León, fiscal principal de la Procuraduría General de la Nación, también presentó nuevas pruebas y nuevos testigos en los procedimientos del nuevo juicio; incluida Jennifer Schirmer, autora de The Guatemalan Military Project: A Violence Called Democracy [Proyecto militar guatemalteco: una violencia llamada democracia], y Allan Nairn, que entrevistó al expresidente Otto Pérez Molina cuando era comandante en Nebaj en 1982. Esto se examinará más a fondo en una publicación futura.
La defensa ha ofrecido solo un puñado de testigos. El 22 de junio, el abogado de la defensa llamó a declarar a José Luis Quilo Ayuso. Él era un soldado de las fuerzas especiales Kaibil, entrenado en operaciones de contrainsurgencia, experto en demoliciones y operaciones psicológicas, y fundador y actual presidente de Avemilgua. Quilo Ayuso se desempeñó como viceministro de Defensa, comandante de zonas militares y fue miembro del Estado Mayor del Ejército. También es miembro fundador del partido gobernante, el Frente de Convergencia Nacional (FCN). Su testimonio experto se centró en la cadena de mando del ejército guatemalteco y en las funciones de los miembros del Estado Mayor del Ejército. Quilo Ayuso también testificó para la defensa en los procedimientos por genocidio de 2013; curiosamente, el tribunal de primera instancia se basó su testimonio para determinar que Ríos Montt, como jefe de estado de facto, “tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo en las aldeas ubicadas en el Quiché, de todas las masacres que se estaban cometiendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración.”
El 13 de julio, la defensa llamó a declarar al diputado Manuel Conde Orellana. Conde Orellana pertenece al Partido de Avanzada Nacional (PAN) de Fernando Linares Beltranena; Linares Beltranena es la fuerza detrás del proyecto de ley del Congreso para modificar la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 para permitir disposiciones de amnistía para el genocidio y otros crímenes internacionales. Conde Orellana fue presidente de la comisión gubernamental encargada de negociar los acuerdos de paz entre 1991 y 1993. Fue secretario general del presidente Jorge Serrano Elías, famoso por su fallido intento de “autogolpe” en 1993, y ha sido asesor de varios presidentes latinoamericanos, entre ellos Álvaro Uribe de Colombia, Arnoldo Alemán de Nicaragua y Alfredo Cristiani de El Salvador. Él testificó que su padre y su abuelo fueron asesinados por miembros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Además, negó que el conflicto armado interno se dirigiera contra un grupo étnico o religioso específico, y afirmó que los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) eran parciales e inexactos.
Creciente intimidación
Durante los procedimientos han ocurrido varios incidentes que podrían caracterizarse como intimidación. Por ejemplo, durante la audiencia en la que testificó Fredy Peccerelli, el abogado defensor de Rodríguez Sánchez interrumpió repetidamente al testigo experto, lo cual generó una amonestación del tribunal. Durante un receso, en el pasillo fuera de la sala del tribunal, el acusado se acercó de manera intimidante al fiscal De León y a algunos de los abogados de la parte civil, violando su espacio personal, lanzando insultos y comentarios peyorativos contra las organizaciones de derechos humanos. Cuando se reanudó la audiencia, el fiscal De León denunció esto ante el tribunal. El abogado de la parte civil Edgar Pérez le mencionó al tribunal que el acusado dijo: “Si pudiera llamarlos hijos de puta, lo haría”. En alusión al informe de expertos presentado por la FAFG, también afirmó que le “gustaría conformar una ONG de DDHH, porque esas daban dinero”. El juez que presidía el tribunal instó al acusado a abstenerse de tal comportamiento. En respuesta, su abogada afirmó que ella y el acusado fueron acosados por la prensa.
En varias ocasiones, Rodríguez Sánchez se ha acercado a los abogados de la parte civil para hacer comentarios sobre los testigos. En la audiencia del viernes 13 de abril, el acusado se acercó a una de las mujeres mayas que estaba con los abogados de la parte civil y la interrogó sobre el origen del vestido indígena que vestía. También se acercó a una periodista y le preguntó por qué no se despidió de él al final de la audiencia.
Particularmente desde la muerte de Ríos Montt, que resultó en una aceleración de los procesos judiciales de Rodríguez Sánchez, el clima de intimidación ha aumentado en la sala del tribunal. La defensa de Rodríguez Sánchez ha sido más agresiva en su interrogatorio a los testigos y los expertos convocados por los demandantes, y ha hecho comentarios dirigidos a desacreditar las calificaciones de los testigos, lo que le ha valido varias amonestaciones del tribunal.
Los oficiales militares retirados pertenecientes a AVEMILGUA también se convirtieron en visitantes más frecuentes de la sala del tribunal. Durante la audiencia del 25 de mayo, cuando la testigo experta Marta Elena Casaús estaba testificando, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, y Karen Ness, de la Liga Pro Patria, hicieron acto de presencia en la audiencia. Ness ha interrumpido las audiencias en varias ocasiones, gritando que los tribunales eran parciales. En un momento, Méndez Ruiz se acercó a la abogada defensora en medio de su contrainterrogatorio para corregirla, lo que llevó al juez a amonestar a Méndez Ruiz e informarle a él y a otros miembros del público que si no cumplían con las reglas del tribunal, serían expulsados de la sala del tribunal.
Durante algunas de estas audiencias, un grupo de personas vestidas con prendas maya Ixil llegaron para observar los procedimientos pero procedieron a confrontar a los miembros del pueblo maya Ixil relacionados con el caso. Los abogados de la parte civil denunciaron esta agresión ante el tribunal, señalando que algunos de los presentes no eran Ixiles y que eran conocidos en la región Ixil por su comportamiento agresivo. Mencionaron que algunos de ellos eran excomisionados militares.
Se espera que haya solo una o dos audiencias más en las que las partes presenten evidencia, después de lo cual el tribunal escuchará los alegatos finales y emitirá su veredicto.
Jo-Marie Burt es Profesora Asociada de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason. También es Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de arqueología en la Universidad de San Carlos y parte civil en el caso “Diario Militar”.