El Alcalde Capitalino Quiñónez, Protector de los Símbolos de la Oligarquía Guatemalteca

Por: Carlos Barrientos Aragón

Hay un gran simbolismo en lo que sucedió este 12 de octubre de 2021, cuando, con prepotencia y abuso de autoridad, sin que estuviera dentro de sus atribuciones y violando la ley, el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, le ordenó a la PNC que capturara a un participante de la manifestación que conmemoró el inicio de la Resistencia Indígena, Negra y Popular.

Es bien conocido que durante el período del alcalde Arzú y su continuidad con el alcalde Quiñonez, estas administraciones se dedicaron a ensalzar a dictadores, sátrapas y asesinos. Para todos es conocido que el Sr. Arzú, quien fue alcalde de la ciudad de Guatemala, solía recibir a sus visitas en un salón donde estaba ubicado un cuadro de Pedro de Alvarado, quien inició su trayectoria criminal en el Abya Yala, con la Matanza de Cholula en 1519, seguido por la Masacre del Templo Mayor en 1520, pasando por una serie de masacres en su incursión por los territorios mayas de lo que hoy conocemos como Guatemala; hasta llegar al asesinato por ahorcamiento, en 1540, de Kají’ Imox quien dirigió una guerra de resistencia de 16 años en contra los españoles.

Para comprender lo ofensivo que significa para los pueblos mayas, el tener a Pedro de Alvarado en la municipalidad de lo que hoy conocemos como Ciudad de Guatemala y que anteriormente fue territorio Poqomam, es como si los gobernantes alemanes tuvieran una fotografía de Hitler en su despacho y allí recibieran a sus visitantes.

En noviembre de 2017, en un artículo de Prensa Libre, se recogían las palabras del historiador Horacio Cabezas en las que expresaba: “Es triste ver cómo en el mundo caen estatuas por doquier, dedicadas a dictadores, y aquí se dedican construcciones a estas personas”, refiriéndose al viaducto Jorge Ubico, dictador militar que gobernó Guatemala por 14 años. De esa forma, la élite gobernante se ha dedicado a ensalzar, por medio de obras y monumentos dedicados Justo Rufino Barrios, Miguel García Granados, Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico y desde luego, el monumento derribado hoy: el del sobrino de Justo Rufino Barrios, José María Reina Barrios, quien favoreció a los terratenientes, contribuyó y participó en los despojos de tierras de los pueblos mayas, llegó a asumir los tres poderes del Estado, prolongó su mandato, dejó al país en bancarrota al grado que la educación se tuvo que suspender y nombró como su sucesor, a Estrada Cabrera quien gobernó Guatemala con mano de hierro, durante 22 años, hasta que una insurrección popular lo botó de la presidencia obligándole a renunciar.

Esta pléyade de dictadores, corruptos y asesinos no solo representan a las élites políticas y económicas, sino que simbolizan, para ellos, lo que debe preservarse en la memoria histórica. Quienes ahora alzan su voz diciendo que no se debe actuar contra “obras de arte” olvidan que al mantener esos “monumentos”, obligan a los Pueblos Mayas y a los pobres del país, a que contemplen día con día a sus verdugos. Eso es lo verdaderamente grotesco, insultante e indignante.

Es por esa razón que el actual alcalde de la Ciudad de Guatemala, quien ocupó altos cargos en la municipalidad desde el 2004, acusado por la CICIG de ser coparticipe en el delito de usar casi un millón de quetzales de fondos públicos para la campaña del Álvaro Arzú, continuador de su obra y que recibe Q91 mil 850 mensuales no podía aceptar que se “mancillara” a uno de sus héroes y por eso, con una agilidad que no le ha caracterizado, llegó al Parque Central y señaló a un campesino maya, proveniente de uno de los departamentos más pobres del país y exigió, sin orden de juez, que fuera capturado y llevado a los tribunales, violentando el Articulo 6º. de la Constitución que expresamente prohíbe que ninguna persona pueda “ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad competente”.

Para dimensionar la importancia que para ellos tienen esos símbolos debemos preguntarnos, ¿Cuántas veces, ante las inundaciones, la falta de agua en los barrios populares, los derrumbes que han causado muertes, hundimientos, incendios o el colapso del tráfico en la ciudad de Guatemala hemos visto involucrarse al Sr. Quiñónez con la misma agilidad que lo hizo para que se capturara ilegalmente a un campesino indígena? ¿Acaso el alcalde capitalino se indignó de la misma forma con los 8.5 millones de quetzales de sobre costos ocultos que totalizó el viaducto de La Cuchilla de San Antonio? ¿Acaso corrió con la misma celeridad ante la muerte de una niña de cinco años, en la zona 6, este 13 de septiembre pasado? ¿Vimos al Sr. Quiñónez, siendo concejal I, coordinar las acciones ante el derrumbe en el basurero de la zona 3, de la Ciudad de Guatemala, que dejó 12 lesionados, 5 personas muertas y 21 desaparecidos, en el año 2016? ¿Por qué entonces acudió personalmente al Parque Central a exigir la captura de un manifestante?

Cuando los defensores de las élites políticas y económicas se rasgan las vestiduras “rechazando” la aplicación de una “justicia selectiva”, al ser capturado algún empresario o político prominente corrupto, no se dan cuenta que implícitamente están diciendo que estos empresarios, operadores de justicia o políticos corruptos deben de tener un trato especial; que primero se debe de capturar a “otros” y no a estos “personajes”. Lo cierto es que la “justicia” siempre ha sido selectiva, por esa razón es muy cierto el refrán que dice “la justicia es una serpiente que sólo muerde a los de pies descalzos”. Eso lo veremos ahora, al constatar cómo se tratará a un campesino maya y sobre todo al comprobar que lo que dice el artículo 6º. de la Constitución, en su parte final no se cumplirá: “El funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente”. ¿Acaso, “de oficio” los tribunales iniciarán proceso en contra del alcalde Quiñones y los agentes de la PNC que, sin orden de juez apresaron y llevaron a la torre de tribunales a Amílcar López? ¿Actuarán los juzgados y el Ministerio Público avalando y cometiendo irregularidades en el proceso judicial? Ahora vamos a ver qué, en realidad, significa “justicia selectiva” en contra de las personas de escasos recursos.

Por eso, estos hechos tienen un alto simbolismo: el continuador de la obra de Arzú, protector de los símbolos de las élites, acusado de usar casi un millón de quetzales de fondos públicos para una campaña electoral y que en la actualidad recibe mensualmente casi 100 mil quetzales, dejó caer todo su odio contra un campesino indígena del altiplano, que además tuvo la osadía de llevar una playera del Che.

En esa misma dirección y de forma ágil se pronunciaron el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF- y la Cámara del Agro. El pronunciamiento del CACIF también es sumamente revelador. Empiezan diciendo que las autoridades no pueden dejar impunes delitos contra el patrimonio; sin embargo, cuando se buscan los pronunciamientos por el descarado y millonario robo en el Libramiento de Chimaltenango o ante el asesinato de niñas y adolescentes en el hogar Virgen de la Asunción u otro hecho que realmente afecta el patrimonio de las y los guatemaltecos, no encontramos nada. Finalizan diciendo que “la violencia y la conducta destructiva no pueden ser nunca los medios apropiados…”; sin embargo, al buscar qué dijo en CACIF ante el ecocidio del Río La Pasión, en el departamento de El Petén, en el año 2015 y que dejó decenas de comunidades y miles de personas damnificadas; o cuando sus agremiados, con lujo de violencia y muchas veces de forma ilegal queman las humildes viviendas y cultivos de comunidades campesinas o son asesinadas personas por integrantes de empresas de seguridad, todas estas acciones caracterizadas por “violencia y conducta destructiva”, el silencio del ente empresarial es más grande que el de un sepulcro.

Para constatar cómo las élites han manipulado y moldeado la mentalidad colectiva se puede ver cómo en las redes sociales hay quienes se expresaron por el “daño al patrimonio” y calificaron de “ignorantes” a quienes derribaron o intentaron derribar esos monumentos oprobiosos, agregando que eso “no cambiaba nada”. Uno de los primeros significados de la palabra “patrimonio” se define como el “conjunto de bienes y derechos…”; en esa línea, es más escandaloso y repudiable el que se haya atendado contra el derecho a no ser capturado por orden de un juez competente, derecho establecido en la Constitución, que el valor de una estatua hueca. Patrimonio son los 235 millones de quetzales anuales que se embolsaron Pérez Molina y Baldetti sólo en el Caso de La Línea y que hubieran servido para dotar de útiles escolares a todas las escuelas por dos años o abastecer a 2 hospitales públicos por un año, recursos que habrían sido muy útiles para la pandemia de COVID-19. Patrimonio son los 122 millones de quetzales que fueron encontrados en una casa en Antigua Guatemala o los más de 15 mil millones de quetzales que el Estado deja de percibir por perdonarles “legalmente” el pago de impuestos a los empresarios y con los cuales se hubieran podido construir 22 hospitales de 100 camas. Patrimonio son los más de 3 mil 600 millones de quetzales que fueron entregados al gobierno de Giammattei para combatir el COVID-19 y de los cuáles no se sabe dónde están y en qué se han usado.

Muchas personas que viven en el área metropolitana de Guatemala, en un acto de racismo soberbio, califican de ignorantes a la población del campo, mayoritariamente indígena, olvidan que los últimos presidentes nefastos, como Pérez Molina, Morales y Giammattei han sido electos gracias a que, quienes presumen de “inteligentes”, le dieron el voto a los peores gobernantes del presente siglo. Tampoco se dan cuenta que con su llamado a que con derribar monumentos “no se cambia nada”, en realidad están predicando el inmovilismo, la sumisión y la ausencia de indignación.

La tragedia histórica se vuelve a repetir: Quiñónez, hombre blanco, capitalino, rico, educado en Estados Unidos, se abalanza ilegalmente, violando la constitución y con abuso de autoridad en contra un campesino, maya del área rural y sus actos, en lugar de ser cuestionados, muy posiblemente serán refrendados por el sistema judicial y los medios de comunicación corporativos, sumando otras anomalías e ilegalidades a las primeras que ya se cometieron.

Quien todavía se pregunta el porqué de la Resistencia, éste es un hecho más, de los miles que ocurren cotidianamente en nuestro país; por eso, hay más dignidad y defensa del patrimonio en defender los derechos conculcados y rechazar el culto a los verdugos que pretenden “adornar” la ciudad capital, que en rasgarse las vestiduras por la caída de monumentos, literalmente, vacíos.