Lemus Orellana nació en el departamento de Escuintla, el 13 de octubre de 1953. Se graduó de Abogado y Notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala el 30 de octubre de 1984 y se colegió el 13 de noviembre del siguiente mes, estando activo con el número 3015. Es especialista en Derecho Penal.

Sobre su formación y principales puestos de trabajo es importante mencionar los siguientes:

• Tiene una maestría en Derecho Pluralista Público y Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona con grado de Cum Laude, egresado en 2004.

• Ha sido miembro del Consejo del Ministerio Público electo por el Congreso de la República en dos ocasiones: entre 1995 y 1998, y del 2006 al 2010, y a partir del 2012 a la actualidad.

• Asesor jurídico del Ministro de Gobernación adscrito al cuarto vice-ministerio de Apoyo al Sector Justicia, de febrero al 27 de junio de 2008.

• Asesor Jurídico del Claustro de Catedráticos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del año de 1988 a 1990.

• Asesor Penal y de Seguridad, Asociación de Azucareros de Guatemala de 2,009 a la fecha.

Lemus Orellana es un candidato que por meses pasó desapercibido. Un candidato gris, como suelen llamarle. Fue un error subestimar sus posibilidades. Tal vez porque se pensó que no tiene chances de ser Fiscal General. De hecho, son pocas las posibilidades reales que tiene. Pero en relación al Consejo del Ministerio Público son altas las razones para que sea elegido. Esa sería la cuarta vez que ocupa el puesto. Y los vínculos que ha establecido en los últimos quince años lo acercan a militares y a un sector bastante fuerte dentro de la retrógrada Cámara del Agro: los azucareros.

Pero sus relaciones no siempre estuvieron por esos rumbos. Su vida académica resalta en su CV. Durante 25 años se ha desempeñado como docente en la Universidad de San Carlos y actualmente es jefe de la División de Desarrollo Académico de dicha casa de estudios.

En sus inicios como abogado estuvo vinculado a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), donde apoyó con varios casos. También lo hizo a través de su bufete, “Lemus Orellana & Asociados”.ⁱ

En su bufete llevó casos de alto impacto, muchos relacionados a violaciones a los derechos humanos. En esa temática caben el asesinato a de Moisés Cisneros Rodríguez, un religioso marista, de origen español, ejecutado en 1991. Cisneros realizaba trabajo en Quiché y en poblaciones marginales. También llevó el caso de la monja estadounidense Diana Ortiz, secuestrada y torturada en 1989.

Importante también, llevó en litigio el proceso judicial que se llevó por el asesinato del estudiante Mario Alioto, asesinado en 1994. En el proceso se logró vincular en condena al ex subdirector de la Quinta Estación de la Policía Nacional (PN), al ministro y viceministro de Gobernación de entonces, y al ex director de la PN. Pero eso fue en la década de los noventa, y si ahora el sistema de justicia muestra graves falencias, en ese momento este problema era más agudo aún: el fallo fue revocado días después.ii

Por esos años Lemus Orellana comentó lo siguiente sobre los juicios a militares: «El tigre está herido. Y va a generar mucha violencia».iii

Para esta época se encuentra también una curiosa acción de inconstitucionalidad (expediente 537-93) presentada por Lemus Orellana junto a la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz, sobre un artículo del Código de Trabajo. También su primera labor como parte del Consejo del Ministerio Público, al llegar junto con el Fiscal General de entonces, Ramsés Cuesta Gómez, elegido por Ramiro de León Carpio.

Fuente: Corte de Constitucionalidad

Estas relaciones comenzaron a modificarse mientras la década de los noventa cruzaba su punto medio. A partir de ese momentos las relaciones con miliares y empresarios se acrecienta. Para 1996 se vuelve representante legal de la empresa Safari Seguridad, cuyo dueño es el ex militar teniente Sergio Barbales. Barbales es miembro de la Gremial de Empresas de Seguridad y en 2007 fue su vicepresidente. Dicha Gremial fue fundada en 1989, está adscrita a la Cámara de Industria y cuenta entre sus filas a militares dueños de empresas de seguridad y armerías, como el General Edgar Alfredo Trujillo (Corporación Privada de Seguridad), el Mayor Atila Santizo (Servisa), el capitán Oswald Aguirre (SOV) y el referido Barbales.^iv

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De manera breve, basta resaltar que las empresas de seguridad tuvieron un boom luego de la Firma de la Paz, al privatizar muchos de los servicios de inteligencia, seguridad, y dotación de armas que ejercían para un Estado militarizado como lo era, mucho más que ahora, el guatemalteco hace 20 años. Desde entonces, como consta en investigaciones especializadas, han sabido jugar un rol importante en mantener una demanda creciente de servicios de seguridad^v y se han opuesto constantemente a una mayor regulación estatal a la venta de armas y a los servicios que sus empresas ofrecen.

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Barbales y Safari Seguridad le ofrecen servicios a varios ingenios de la Costa Sur. De allí que comienza la relación de Lemus Orellana con este fuerte sector de la economía, y en general con el sector privado organizado.

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Después lo vemos como mandatario legal del Ingenio Magdalena, S.A., y del Banco Inmobiliario. Ese desvío es coronado en el 2009, cuando se vuelve el representante legal de la poderosa Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA).

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Es por estos años también que retoma su interés por formar parte del Consejo del Ministerio Público. En el 2006 se lanza para Fiscal General, es escogido por la Comisión de Postulación liderada por Beatriz de León Barreda y Bonerge Mejía para formar la lista de 6 candidatos. Finalmente el Congreso lo elige junto a José Velásquez Zárate y Sergio Lima Morales para formar parte del Consejo del Ministerio Público.

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Esto lo lleva a postularse en el 2009 para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero sus apoyos no llegan a esos niveles. La respectiva comisión postuladora le otorga la nota de 60 sobre 100. Casi 80 candidatos lograron una mejor puntuación que él, y para las votaciones finales se le dejó fuera de la lista de los 26 candidatos finales que se envió al Congreso.

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Para la siguiente convocatoria a Fiscal General, a inicios del 2010, Lemus Orellana vuelve a ingresar papelería. Y nuevamente es elegido para formar parte de la lista de seis candidatos. En esa ocasión ya es posible saber quiénes fueron los comisionados que lo apoyaron (hasta el 2009, todos los votos eran secretos).

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Fuente: Organismo Judicial

De la votación resalta el apoyo que obtuvo, pese a su calificación de 50 sobre 100, de parte de la Universidad de San Pablo, la Universidad Francisco Marroquín, la Universidad Rafael Landivar, la Universidad del Istmo, fuertemente ligados al CACIF, y del Tribunal de Honor (Artemio Tánchez) y del Presidente del CANG (Óscar Cruz Oliva), que llegaron a ese puesto luego de triunfar en el CANG con la agrupación Justicia por el Cambio, relacionada con el empresario de tenis Roberto López Villatoro.

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Luego de la anulación de la elección por parte de la CC, Lemus Orellana volvió a buscar ser elegido para la convocatoria de fines de ese mismo 2010. Nuevamente fue elegido con los mismos apoyos. Finalmente a fines del 2012 fue elegido por el Congreso como miembro del Consejo del Ministerio Público, puesto que ocupa en la actualidad.

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En la convocatoria del 2010, a Lemus se le presentaron tachas referentes a su falta de independencia, debido a las señaladas relaciones con los azucareros, empresas de seguridad y militares. En ese oportunidad, la CICIG presentó documentación en donde advertía esta relación y solicitaba a la Comisión de Postulación abstenerse de votar por Lemus Orellana.

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Se menciona en el informe de la CICIG que en Lemus Orellana & Asociados labora Ismar Yapur Estrada, relacionado a casos de adopción ilegal de infantes.

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Para el proceso que recién finalizó, no se le presentaron tachas. En la votación final fue parte de la llamada lista consensuada: obtuvo en la primera ronda los votos de todos los comisionados: 13 de 13, y con eso automáticamente pasó a la lista de seis candidatos que se envió a Pérez Molina.

El carácter gris del candidato Lemus Orellana no debe de sorprender. En otras elecciones a altos cargos públicos ha pasado lo mismo. personajes con bajo perfil que terminan siendo candidatos sin que nadie (públicamente) lo esperara.

Lemus Orellana tiene muy pocas posibiliades de ser Fiscal General. Como lo comentamos, tal vez no sea ese el objetivo de su candidatura. Su labor en tres consejos del Ministerio Público puede respaldar esta posición. En el Consejo se decide sobre temas importantes, y las personas dentro de él sirven de contrapesos a las decisiones que el Jefe del MP tome.

Son los apoyos de AZASGUA y posiblemente de las armerías/militares a quien representa lo que pesa en su candidatura a miembro del Consejo del MP.