Cuando sectores urbanos despertaron, los pueblos y comunidades estaban ahí

Por Andrés Cabanas

La coyuntura actual revela una amenaza y una oportunidad. La amenaza indica que sectores de poder pueden aprovechar la crisis para “sanear” un régimen político en descomposición y caída libre, debido a la pérdida de legitimidad, las encarnizadas disputas entre elites por el control de negocios y la persistencia de resistencias comunitarias, a lo que se añade el desmoronamiento como operador político del Partido Patriota.

Este saneamiento se concretaría en el tiempo electoral (sumido en la incertidumbre: puede ser suspendido y dar paso a un gobierno de transición, o encaminado a un vuelco en las preferencias electorales) y en medidas políticas que renueven el pacto de elites de 1985, a partir de la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, reforma de leyes fundamentales, ataque parcial a la corrupción y el contrabando, capturas y juicios ejemplarizantes (¿Juan Carlos Monzón, Roxana Baldetti?) y otras. Las medidas de fuerza (ruptura institucional) y una reconfiguración sumamente autoritaria y violenta del modelo político están vigentes: el PlanB si la crisis se agudiza sin control.

En ambos casos, se mantendrían inmutables las claves del modelo de acumulación, es decir, inversión privada irrestricta, instituciones y leyes construidas a favor de las empresas, régimen de derechos limitado, persecución y violencia contra defensores del territorio.

La oportunidad deviene de este hecho fundamental: la develación el 16 de abril de una red de corrupción que implica judicialmente al Secretario Privado de la Vicepresidenta, confronta otros liderazgos, políticas e instituciones, y debe llegar a cuestionar el ejercicio mismo del Poder.

Se abre la veda de la crítica estructural de este Estado y este sistema. El debate y las propuestas se destraban por vez primera en muchos años, con consecuencias imprecedibles, pero que con seguridad van más allá de la exigencia de juicio a la Vicepresidenta. La indignación y la propuesta se amplían: de sectores organizados a sectores urbanos hasta ahora apáticos o anuentes a la dominación autoritaria, con participación importante de jóvenes (lo que por sí mismo alude a un recambio ético y generacional).

La posibilidad de un parteaguas y un cambio en la correlación de fuerzas está presente, aunque de manera preliminar e incierta. El malestar expresado por vez primera por sectores urbanos contra el Presidente y la Vicepresidente (de carácter tan focalizado como trascendente, puesto que afecta a operadores políticos y articuladores de actores de poder fundamentales) podría crecer y profundizarse hasta convertirse en rechazo de la hegemonía autoritaria (racista, clasista, profundamente machista, individual, insolidaria, mercantilista) en la visión política de elites y sectores medios urbanos.

Consecuentemente, estos sectores deberían avanzar hacia reivindicaciones que van más allá de la renuncia del gobierno y la denuncia de una estructura de corrupción: la solicitud de transformar un Estado criminal corporativo y modificar un modelo de desarrollo excluyente y violento (modelo llevado a extremos de represión, restricción de derechos y enriquecimiento individual por el gobierno de Otto Pérez Molina).

Memoria histórica y genealogía de las luchas

En cualquier caso, las movilizaciones de jóvenes, sectores urbanos y clases medias, iniciadas con la masiva manifestación el 25 de abril (continuada el 1 y el 2 de mayo) tienen que construirse y fortalecerse con las manifestaciones y luchas “territoriales” (territorio referido a un espacio físico y a una identidad socio político y cultural que tiene a los pueblos, comunidades y organizaciones de defensa de la vida como referentes). 

La memoria histórica y la genealogía de las luchas nos ubica como herederos de reivindicaciones. El proceso actual no surge de cero sino de un acumulado de construcciones colectivas, aunque no siempre seamos conscientes de su impacto y trascendencia. “En Guatemala los pueblos originarios y su lucha llevan ya despiertos más de 500 años. Ciertamente en la ciudad capital, donde se concentra el voto conservador y el silencio fue cómplice clave del último genocidio, se dan esperanzadores pasos que cuestionan a la autoproclamada derecha popular que hoy nos gobierna” afirman las Comunidades de Población en Resistencia/CPR Urbana.

En el periodo reciente, tras la firma de la paz (a partir del periodo que Simona Yagenova conceptualiza como nuevo ciclo de movilizaciones sociales) identificamos esfuerzos significativos de movilización y articulación para la transformación.

Todos estos eventos se desarrollaron de forma masiva (en ocasiones, involucrando a toda la comunidad), articularon diferentes sectores sociales (parafraseando al semanario Contrapoder, gente de todos los colores), se construyeron desde la opinión de comunidades urbanas y rurales, se condujeron de forma “ordenada”, constituyeron fiestas ciudadanas y comunitarias, aunque no tuvieron repercusión en los medios de comunicación, que enfatizaron estas mismas características como distintivos de la marcha del 25 de abril. Reproduzco aquí una parte de estas movilizaciones, con su caracterización e impacto fundamental:

Movimiento Nosotras las mujeres, 2002 y 2003. Se opuso a la entronización del poder militar y genocida en la conducción del Estado. Fundamental para impedir el acceso del general Ríos Montt a la presidencia del gobierno en 2003. Se desarrolló en todo el territorio nacional, con una estrategia de comunicación y artística impactante.

Manifestación por la constitución de la Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waqib´Kej, noviembre 2003. Rearticulación de organizaciones indígenas, a partir del fracaso de las mesas paritarias y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz. La Convergencia Waqib´Kej apostó por la movilización social y la formación política, preparando la etapa de refundación del estado, búsqueda de la autonomía y libre determinación.

Manifestación solidaria de los pueblos de Sololá con pueblos de San Marcos afectados por la instalación de la minera Montana, enero de 2005. La solidaridad implicó el rechazo comunitario al paso de un cilindro por la carretera interamericana.

Luchas contra el Tratado de Libre Comercio, marzo de 2005, visibilizaron el papel de las empresas transnacionales y gobiernos en la construcción de un Estado excluyente y represor, construido para intereses de unos pocos.

Consultas comunitarias de Río Hondo, Zacapa, y Sipakapa, San Marcos, junio y julio de 2005, y más de 80 consultas comunitarias posteriores, con participación de población rural y urbana de las comunidades. Han involucrado a casi un millón de personas (de áreas urbanas y rurales) bajo los principios de democracia directa, reconstrucción de formas propias de organización comunitaria, defensa del territorio y de un modelo de vida propuesto por las comunidades y no por las empresas. 

Manifestación contra la minería y contra la privatización del agua y la energía eléctrica en Totonicapán, 2005 y octubre de 2012. Participación masiva de los 48 cantones de Totonicapán. En 2005 se calcularon más de 40,000 participantes.

Manifestación final del III Encuentro Continental de Pueblos Indígenas, marzo de 2007. Se articuló bajo el lema De la Resistencia al Poder: crítica radical al ejercicio del poder y propuesta de construcción de nuevos poderes desde los pueblos.

Movilización de comunidades de San Juan Sacatepéquez, julio 2010. Marcha desde San Juan hasta la capital y manifestaciones para exigir la cancelación del proyecto cementero en 12 comunidades. Contó con la solidaridad de organizaciones sociales ubicadas en la capital.

Huelga de hambre y cierre de la Universidad San Carlos, agosto 2010, por la recuperación de la educación y la universidad públicas.

Marcha indígena campesina (marzo 2012). Caminata desde Cobán y marcha en la capital, que logró articular a organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos, sindicales, sociales, etc.

Movimiento y manifestación Todas y todos somos Barillas, 15 de mayo de 2012, en rechazo al Estado de Excepción en Santa Cruz Barillas y la implantación violenta de un modelo de desarrollo. Involucró a organizaciones de Barillas, Huehuetenango y movimientos sociales (indígena, sindicatos, feminista, lésbico, comunicadores) de la capital.

Construcción de propuestas de sociedad alternativa, en el marco del Buen Vivir, desarrolladas de forma sistemática por movimiento de mujeres, feminista, social, indígenas, organizaciones y pueblos en resistencia, desde 2006 hasta la actualidad. Evidencian que existen propuestas para superar el actual modelo de Estado y desarrollo.

Movilizaciones para exigir la revocación de la Ley Monsanto (privatización de la biodiversidad), desarrolladas en agosto y septiembre de 2014 de forma simultánea en varios departamentos. Permearon a diputados y partidos opositores que dieron marcha en el apoyo a la ley. La demanda articuladora fue la defensa de los bienes y la vida frente al acaparamiento de las empresas.

Movilizaciones en Huehuetenango para acompañar y exigir la libertad de presos políticos y el fin de la persecución política. Desarrolladas desde 2012, con la consigna de la solidaridad humana y política. Involucran a un conjunto diverso de organizaciones y personas.

Cuando sectores urbanos despertaron, los pueblos y comunidades estaban ahí

La reflexión no va en la línea de confrontar movilizaciones ni organizaciones sino de complementarlas. La actual coyuntura (de continuidades y rupturas) obliga a la articulación de visiones y acciones, desde identidades y procesos propios.

Por parte de sectores urbanos, el reto es visibilizar los aportes de las luchas campesinas, indígenas, de comunidades y organizaciones. Estas luchas son fundamentales para develar la naturaleza corrupta, criminal, violenta y excluyente del modelo de estado (más allá de las personas); y para construir un nuevo modelo de organización, que modifique de raíz el Estado actual. La historia de la dignidad, contrario a lo que afirman algunos columnistas y líderes conservadores, pero también dirigentes políticos y sociales (despertar patriótico, la manifestación más masiva de la historia contemporánea, la primera y singular que convocó a todos los sectores), no empieza a escribirse el 25 de abril.

A algunos de los participantes en las marchas urbanas (medios de comunicación corporativos, líderes de opinión de grupos conservadores, miembros de organizaciones empresariales) es lícito preguntarles: ¿el apoyo expresado a las marchas se extiende a todos los movimientos en reclamo de sus derechos y de la decisión de las comunidades sobre sus territorios? ¿O se traza una línea insalvable: esta manifestación sí, las otras no?

Por parte de pueblos, comunidades y organizaciones tradicionales, es importante prestar atención a nuevos actores que en ocasiones cuestionan formas de organización donde no se sienten representados y construyen sus propias demandas y formas organizativas.  

En ambos casos, es primordial asumir críticamente que los esfuerzos desarrollados hasta ahora son todavía tímidos para incidir en los poderes constituidos: antes y después del 25 de abril, no estamos todos los que debemos estar en este proceso (¿creciente?) de indignación y propuesta, que pretende acabar con la corrupción, transformar el modelo político y construir una nueva sociedad basada en la solidaridad, el respeto, el consenso, los derechos de las colectividades.

Conducción estratégica de las diversidades

Los retos organizativos, de articulación, de diálogo, son muchos, acordes con la complejidad de la coyuntura. Se trata de proponer avances concretos al tiempo que se mantiene el proyecto estratégico; se impone crecer y acumular para cambiar la correlación de fuerzas.

Propongo estos puntos para el debate organizativo:

1) la posibilidad de una conducción política que no uniformice sino fortalezca diferentes expresiones de lucha a partir de un proyecto político ideológico;

2) la necesidad de que las clases medias y los sectores no se autoconstituyan como vanguardia de las luchas;

3) la constitución de un paradigma organizativo plural. 

Unidad en la diversidad

La propuesta de unidad en la diversidad garantiza la conducción política a partir de la claridad del proyecto que defendemos, y la capacidad de articular diferentes iniciativas para impulsar este proyecto. La conducción no es, como se ha entendido muchas veces, la centralización en la toma de decisiones ni la homogeneización de pensamientos. La socióloga argentina-cubana Isabel Rauber, que visitó Guatemala en enero de 2012, conceptualiza la unidad en la diversidad como un ejercicio de unidad sin univocidad, y diversidad sin dispersión. 

La conducción del movimiento no recae en los sectores urbanos 

La centralidad de las luchas urbanas y de clases medias se reflejó en otros momentos históricos: la revolución del 44, el movimiento revolucionario, la subordinación de luchas sociales a luchas político-partidarias, todavía vigente. Esta centralidad de elites urbanas y clases medias (implícita en algunos de los mensajes que llamaron a la marcha del 25) debe dar paso a una visión de luchas complementarias, articuladas alrededor de nuevos proyectos de vida construidos desde comunidades, pueblos, organizaciones y personas, con carácter amplio, articulador e incluyente.

Pluralidad de tiempos, espacios y sujetos

Los diferentes tiempos políticos e identidades históricas no deben ser obstáculo. Se trata de desarrollar el “arte del encuentro: la creación de vínculos, entre las situaciones, las herramientas, los dispositivos, los  tiempos, los saberes, los conceptos, las imágenes, las situaciones, las herramientas, afirma el filósofo Amador Fernández Savater. Para él, es válido reflexionar sobre el paradigma de “revolución multicapas y multicanales” lo que significa que “no hay un punto privilegiado que marque los ritmos, las posiciones y el sentido de la acción a los demás: los plazos electorales, la coyuntura…Lo que hay es una pluralidad de tiempos, espacios y sujetos, todos ellos preciosos y necesarios en tanto que plantean, con el cuerpo y en situación, nuevos regímenes de lo evidente y lo deseable”.

Para seguir construyendo

Los puntos anteriores tienden a cuestionar culturas políticas hegemonistas, impositivas, permanentemente descalificadoras, presentes tanto en las organizaciones sociales tradicionales como en algunas de las visiones planteadas en las redes sociales por los convocantes a la marcha del 25: la concepción de que existe una forma única o privilegiada de actuar (la mía), la imposición sobre el diálogo y el consenso, la carencia de debate y por tanto la masificación de eslóganes y consignas sin mayores fundamentos.

El futuro es, en cualquier caso, apasionante: conocernos, articularnos, discutir y compartir proyectos, converger y diferir, fomentar todas las creatividades. Cambiarnos nosotras y nosotros al mismo tiempo que cambiamos el país.
4 de mayo de 2015   

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