Continúa la criminalización en La Puya: 03/04/14

Por: Esta Tierra Es Nuestra (Red-CMI)

«Tenemos pruebas que la resistencia pacífica es funcional» Antonio Reyes. San Pedro Ayampuc

Mientras nos despertábamos con la noticia de que el juzgado segundo penal giraba orden de captura contra los alcaldes de Chinautla y San José del Golfo -debido a transacciones sospechosas- la población organizada pacíficamente en el plantón de La Puya, fueron llamados al 12vo. nivel del edificio del organismo judicial a declarar.

Actualmente existen dos procesos legales en contra de once hombres y una mujer por los supuestos delitos de secuestro, detenciones ilegales, lesiones, coacción y amenazas, de hechos ocurridos supuestamente entre el marzo y mayo del año 2012. El defensor de las supuestas víctimas, es el abogado Fernando Linares Beltranena.

Para mayor información sobre el abogado Linares Beltranena y su relación con la minería en la Puya, dale click acá.

Antonio Reyes representante de dicha resistencia, conversando con este medio, hace una revisión de las veces que la policía ha actuado de forma beligerante contra la población que permanece en La Puya y recuerda dos incursiones policiacas, una de ellas custodiando maquinaria de la empresa a la una de la mañana el 8 de mayo de 2012 y otra un intento de desalojo que duró todo el día 7 de diciembre del mismo año, en el que fueron detenidos 4 compañeros por obstrucción a la libre locomoción, quienes fueron liberados por falta de pruebas.

Antonio Reyes. Foto: Esta Tierra Es Nuestra

Reyes argumenta desde su experiencia:

Nosotros vemos absolutamente un trasfondo político, porque nosotros no aceptamos, rechazamos y nunca nos vamos a acoplar a las políticas de desarrollo que este sistema político económico nos quiere imponer

Libro: «Criminalización de la protesta Social». Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Según el sitio web de la Comisión Internacional de Juristas define la criminalización de la protesta social en Guatemala como:

un fenómeno recurrente, con el objeto de deslegitimar a sus actores y anular el impacto político de las organizaciones sociales a través del uso del Derecho Penal como un instrumento de represión.

Antonio lo argumenta de la siguiente forma:

Criminalizar liderazgos para atemorizar a la población, es una herramienta que utiliza la inteligencia militar y una táctica que han adoptado las empresas mineras transnacionales

 Continúa:

Nuestro plantón y resistencia, es pacífica, respetando todas las leyes y los derechos constitucionales y defendiendo nuestros derechos constitucionales.

“Tenemos pruebas que la resistencia pacífica es funcional”, indica el entrevistado ya que gracias a la presión social y la determinación de las comunidades de defender los derechos humanos, a vísperas del segundo aniversario de la resistencia, lograron sacar las maquinarias del lugar de explotación, sin la intervención del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, que lo califican como un fracaso y una estrategia para dividirlos, ya que a la fecha se encuentra engavetado por parte del gobierno. Para conocer más sobre el retiro de la maquinaria, dale click acá.

En el caso de los supuestos hechos acaecidos en el mes de marzo de 2012, el proceso se encuentra estancado, debido a la negligencia de una de las fiscalías del Ministerio Público -MP-  que no ha investigado en profundidad para formular una acusación seria y como estrategia evidente han dilatado el inicio del mismo en donde se encuentran acusados los liderazgos más visibles. Incluso acusan a una persona que falleció hace diez años. Nuevamente el 03 de abril de 2014 se suspendió la audiencia por una excusa presentada por el Ministerio Público.

Ahora, en el segundo caso de los supuestos hechos acaecidos en el mes de mayo de 2012, las contradicciones de los 3 querellantes son evidentes, ya que no son precisos en el lugar, hora, tiempos, nombre de las personas acusadas, nombre del su empleador, elementos probatorios, etc.

En la imagen aparecen dos de los tres querellantes en el proceso acusatorio contra liderazgos de la Puya. Foto: Esta Tierra Es Nuestra.

Uno de ellos inmediatamente después de ser juramentado por el señor juez, acusa directamente a la lideresa más reconocida de la resistencia, sin que ella se encuentre en dicho proceso, ya que los imputados son tres comunitarios varones, llamando la atención del juez y solicitándole al querellante que se remita a declarar únicamente los que indica en la parte procesal.

El tercer querellante acusó a Yolanda Oquelí, pese a que no forma parte del proceso acusatorio. Foto: Esta Tierra Es Nuestra.

Así mismo se encontraba esperando a las afueras de la sala de vista a declaración como testigo de los hechos la persona que los querellantes llama “el coronel”, Mario Figueroa Archila quien es el gerente de EXMINGUA y Servicios Mineros del Centro de América.

Coronel Figueroa Archila, a la espera de ser llamado por los querellantes. Foto: Esta Tierra Es Nuestra.

Poco a poco los abogados Vives y Cabrera, hicieron resaltar las contradicciones de las versiones que expresan los querellantes de este proceso. En horas de la tarde prosiguió la audiencia escuchando a los testigos.

Abogado Sergio Vives, defensor de defensores de derechos humanos

A esta audiencia asistieron defensores de los derechos humanos que le dan seguimiento a la problemática que vive San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, como garantes del debido proceso.