Comunidades y pueblos del norte del Quiché: En defensa de la Vida, la Paz y la Gobernabilidad

 Descargá acá el pronunciamiento del Foro, construido de común acuerdo y que como resultado se devuelve a las comunidades y opinión pública a nivel nacional: Foro En Defensa de la Vida, la Paz y la Gobernabilidad Quiché 20 MAYO 2015

Un ejemplo de gobernabilidad local

El municipio de Cunen está declarado por un informe del ministerio de Gobernación como ingobernable. ¿La razón? Allí no hay presencia de PNC ni juzgados. Lo que ignoró el informe de la cartera del interior es que la Policía se fue huyendo porque había sido denunciada por tráfico de menores y que el Juzgado decidió cerrar ante la ausencia policial.

A pesar de la llamada “ingobernabilidad”, el pasado miércoles 20 de mayo este mismo municipio fue la sede del foro público de comunidades y pueblos del norte del departamento de Quiché, en Defensa de la Vida, la Paz y la Gobernabilidad.

Vida que muchas personas han salvado después del genocidio que afectó a la región, los desplazamientos y las masacres; Paz que desde entonces buscan incansablemente; Gobernabilidad que ejercen mediante asambleas locales y regionales, consultas comunitarias y procesos de información-formación comunitaria.

Los pueblos han visto y recorrido muchos caminos, no saben realmente lo que el futuro les depara. Pero este 20 de mayo de 2015 citaron a funcionarios, candidatos y diputados por el departamento de Quiché, para hacer llegar a oídos suyos lo que realmente afecta a la población, su análisis y su entendimiento de las diferentes políticas y proyectos públicos y privados que afectan directamente la vida de los pueblos.

Al foro se hicieron presentes tres candidatos a la alcaldía de Cunén y dos candidatos a diputación por Quiché, Lolita Chávez y Benito Morales del Consejo de Pueblos de Occidentes (CPO), en alianza con la Convergencia por la Revolución Democrática (CRD). Ningún diputado asistió a pesar que se les enviaron cartas y fueron firmadas de recibido.

La postura política de las comunidades y pueblos de Ixcán, Cunén, Sacapulas, Uspantán, Nebaj, Chajul, Chicamán y Zona Reyna se detalla en las siguientes formulaciones del Foro:

Ratificación del derecho de consulta libre, previa e informada ante proyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros, mega-plantaciones, o cualquier otro que afecte a la vida de las comunidades y de los pueblos.

Expresar públicamente si a partir de estos proyectos las poblaciones están dispuestas a desplazar y desarraigarse.

Si los proyectos que dicen ser de “desarrollo” sirven para desarrollarnos como personas, comunidades o pueblos, o por el contrario traen robo, desposesión, empobrecimiento y sumisión. Es decir, nuestra desaparición como comunidades y pueblos.

Significado del robo, secuestro y transformación de nuestras semillas en nuestros modos de producir y reproducirnos como pueblos y comunidades.

Se nos roba y despoja de nuestras tierras y se nos niega la certeza jurídica sobre las mismas, mientras el Estado le regala esa certeza jurídica de nuestra tierra a las empresas.

Con la emisión de leyes sin consulta libre, previa e informada, sin debate, sin reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos colectivos de las comunidades y pueblos, los alcaldes, diputados, el Congreso y otras instituciones del Estado no pueden decir que nos representan, porque no representan nuestros intereses ni defienden nuestra vida.

Ante esta situación, ante estas peticiones y reivindicaciones legales y legítimas de las comunidades y pueblos ¿Qué están dispuestos o no a hacer los Diputados? ¿Hasta dónde asumen y se comprometen con nuestros planteamientos, con nuestras comunidades y pueblos?

 

 

Ingobernabilidad estatal

Las comunidades ven con desagrado que los tachen de ser un departamento conflictivo, cuando en muchas ocasiones la organización comunitaria ha sido efectiva para resolver conflictos internos.

Ha sido el conflicto derivado de agentes externos, lo que ha alterado la vida y la paz de las comunidades. Un discurso de gobernabilidad se maquila en la capital, donde solo cabe la voz de corporaciones transnacionales, así como políticos y empresarios que tienen intereses arraigados en dichos territorios y se sirven con la cuchara grande para sus propios beneficios y el de sus proyectos.

Han sido las incursiones y las presiones externas las que están provocando mayor división comunitaria, echando sal a las heridas de la guerra, envalentonando a los opresores locales para actuar con impunidad y maniatando voluntades con ofrecimientos de campañas políticas u ofrecimientos de infraestructura para el nuevo reordenamiento territorial, sin garantizar una vida digna con salud, educación y buen vivir.

Como ejemplos desestabilizadores o generadores de ingobernabilidad vale recordar el derribo de torres eléctricas como parte de un conflicto entre la empresa y el crimen organizado en febrero de 2011 y que se intentó hacer creer que había sido una acción “guerrillera”, cuando se logró constatar que se trataba de un grupo paramilitar.

O las presiones del Partido Patriota (PP) para repetir las elecciones en Nebaj, llegando a polarizar al pueblo durante casi todo el 2013. El esfuerzo del PP por agenciarse de la municipalidad no fue suficiente, ya que perdió las elecciones en enero de 2014 y solo provocó un desgaste en la población y en la gestión municipal.

Y qué decir del operativo policial y militar en Chajul para imponer el proyecto Hidroxacbal Delta en abril de 2015, en medio de la mayor crisis política que ha enfrentado Pérez Molina.

Es por ello que la manipulación del poder local, la desinformación, la falta de consulta, así como la impunidad con la que actúan grupos económicos transnacionales, son algunos de los problemas que tienen que enfrentar las comunidades para que se les reconozcan sus derechos individuales y colectivos.

En pleno 2015 existe una política de estigmatización de las organizaciones sociales y comunidades en defensa del territorio. Se criminalizan las reivindicaciones históricas de los pueblos. Se judicializa a los liderazgos visibles que se enfrentan a la impunidad.

Estas políticas de Estado tienen como objetivo desarticular el tejido social que la población ha ido recuperando alrededor de 20 años, después de los tiempos más duros de la dictadura guatemalteca.

Dictadura que no ha desaparecido y se refleja en represivas políticas de seguridad y judicial, que impiden la apertura de espacios de participación ciudadana y sean escuchadas, las voces silenciadas a lo largo del tiempo: los pueblos originarios y mestizos, hombres y mujeres que sostienen el verdadero desarrollo social.

 

 Desinformación y racismo

Existe una política sistemática de desinformación entre Medios Corporativos de Información, partidos políticos y funcionario públicos a nivel nacional y en cada municipio.

“Ingobernables”, “terroristas”, “analfabetas”, “que tienen muchos hijos”, “pobres”, “conflictivos”… Abiertamente argumentan que por negarse al desarrollo que ofrece el sistema, las comunidades están condenadas a vivir en la marginación y por eso no salen del círculo de la pobreza.

La falta de acceso a la información, la negación o el ocultamiento de la misma, agrava aún más esta situación.

Los agentes mediáticos no quieren entender el valor de uso comunitario de la tierra, ríos y bosques. Desconocen lo que encierra llevar un modo de vida y de producción que no implique saqueo, despojo y explotación de los bienes naturales a causa de una iniciativa privada energética y extractiva.

Los alcaldes pasados, presentes y futuros, montados en esta misma lógica clientelar que raya en la corrupción y desinformación, también son cómplices de la usurpación. Cada cuatro años, luego de ser electos para el gobierno local se olvidan que deben privilegiar el interés colectivo y se dedica a beneficiar el interés particular de grupos de poder arraigados en los territorios.

Ejemplo de ello es el alcalde de Cotzal, Baltazar Cruz, que se lava las manos diciendo que autorizaciones anteriores dieron el permiso de paso, de construcción y concesión de tierras y ríos a dos de los proyectos hidroeléctricos más grandes que la región ixil ha conocido sobre el río Xacbal.

Poco saben los ixiles que ahora la propiedad de su río está en manos de un banco en las islas Bahamas, de un fideicomiso que vendió uno de los dos bancos privados más grandes del país como capital estable, y que el Estado concesionó en usufructo vitalicio, es decir de por vida, a una empresa que genera 94 MW y otra con un nuevo proyecto de 90 MW a un precio de Q 750 por MW hora. Saquen sus cuentas.

Esto indigna porque los ixiles de Chajul, han perdido la propiedad ancestral del río Xacbal, desde 1524 a 2014. Son 490 años de que este despojo histórico se repite y se concreta hoy de forma directa y contuntende.

El acceso a luz eléctrica en la región ixil fue el ofrecimiento que dio el contratista encargado de la obra a cambio que los comunitarios dejaran pasar las torres de alta tensión de 230 KW por sus terrenos, sin saber que todo era un engaño.

Engaño que se repite ahora por el paso de Energuate en el tramo Quiché-Sacapulas y el tramo de FERSA Sacapulas-Uspantán, que “Ni el nombre la empresa constructora quisieron dar, solo tiraron los postes a la orilla de la carretera diciendo que la iban a ampliarla”, comenta un poblador k’iche’ afectado.

Una delegación de comunidades de Sacapulas, sostuvo hace algunas semanas una reunión con el INDE y FERSA solicitando que clarificaran el tema de los postes tirados a la orilla de la carretera. Los delegados vinieron a la capital con las manos llenas de pronunciamientos y manifiestos en representación de la población sacapulteca y se regresaron con las manos vacías al no obtener información de parte de los funcionarios públicos. Incluso fueron regañados porque según los funcionarios, las comunidades no entienden los tecnicismos, no saben la legislación del sector eléctrico y no conocen los beneficios que la electricidad trae de por sí.

Violación a la Consulta Comunitaria

Un mes antes que se desatara la represión contra la población de Sotzil en Chajul, en donde las fuerzas policiacas actuaron por órdenes del sector eléctrico, en Cotzal la Corte de Constitucionalidad mediante la resolución del 25 de marzo de 2015 (Exp. No. 156-2012), dictamina que se consulte por medio del Gabinete de Pueblos Indígenas del Organismo Ejecutivo, únicamente a la población que está en la “zona de incidencia del proyecto” determinada por el MARN, sin contar a los demás municipios por donde pasa dicho tramo de transmisión eléctrico.

La acción de amparo fue interpuesta por el Concejo de Autoridades Ancestrales de Cotzal en contra del MEM por el proyecto de transmisión eléctrica.

Revisando el procedimiento de “consulta” que propone la CC, en el inciso X en números romanos: “Ente estatal idóneo para hacerse cargo de la consulta a pueblos indígenas de Guatemala” dice en sus propias palabras que:

Después de todo proceso de implementación, coordinación y supervisión de la consulta, las partes llegarán un consenso y acomodo recíproco de los intereses legítimos de las partes.

Están llamados a formar a las comunidades mayas ixiles de Cotzal un panorama objetivo, pleno y transparente de las implicaciones del trasporte eléctrico, considerando tanto sus beneficios como sus repercusiones no deseadas, así como las posibilidades de mitigación, compensación o resarcimiento de estas.

Finalmente, una vez alcanzados los acuerdos, estos no deben contradecir a la Constitución, facultades de los órganos estatales, ni constituir derecho de veto a políticas de gobierno.

Definitivamente esta no es una consulta porque no respeta los mecanismos propios ya que únicamente da lineamientos para la intervención del Ejecutivo en decisiones locales, pasando por encima la autonomía municipal, buscando una mitigación económica y sin la posibilidad de decir que “NO” por ser una política de gobuernamental-empresarial.

Es decir, una consulta del Ejecutivo para los 3 actores interesados, de arriba hacia abajo, pasando por sobre la autonomía municipal, sin opción a oponerse a políticas o proyectos de gobierno, buscando el “diálogo” y solucionando el vacío legal con una compensación económica, sin mencionar de que dichas torres de transmisión eléctrica ya se encuentran instaladas.

El beneficio es directo para la hidroeléctrica Palo Viejo y a la empresa transmisora TRANSNOVA, S.A., filial de la italiana ENEL, tercera interesada en dicha resolución.

El tema es que las comunidades tienen una postura y una posición política como comunidades, expresado en las 75 consultas comunitarias y el millón de personas que se han pronunciado respecto al tema de megaproyectos. Este antecedente cívico no se toma en cuenta a la hora de imponer un nuevo mecanismo de consulta viciado y con serias críticas jurídicas y sociales.

A 10 años de estar siendo sujetos al bombardeo mediático que hace el sector privado y público al ofrecimiento de luz = desarrollo, las comunidades no cuentan con tal servicio y si cuentan con él, son cobros injustos por la especulación del mismo y el cobro de un servicio inexistente como lo es el del alumbrado público e ilegal como la tasa municipal.

Es de reconocer que las comunidades y pueblos con este pronunciamiento público tienen ya un análisis propio de la situación que enfrentan, sin ser indiferentes a los problemas a nivel nacional que son los mismos que a ellos y ellas les afecta.