Por Rodrigo Véliz

Los primeros frutos del nuevo testigo protegido del Caso La Línea, Juan Carlos Monzón, están pagando los primeros dividendos. A menos de un mes de pedir ser un informante privilegiado, Monzón colaboró con el Ministerio Público y la CICIG para transparentar otra estructura paralela activa durante el gobierno de Otto Pérez Molina, y hecha a partir de relaciones que fueron tejidas entre militares desde hace mucho tiempo.

Otra sorpresa fue la solicitud de antejuicio en contra de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal Ramos y Vladimir Aguilar. Ambos fueron señalados de ser apoyados por el Partido Patriota en las elecciones a magistrados para la Corte en 2014. Ahora se aclara su relación.

La estructura

Según información de la CICIG-MP,  el negocio comenzó desde que la Empresa Portuaria Quetzal firmara con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de Group Maritim TCB, un contrato por 25 años para la construcción de una nueva terminal. La inversión ascendería a los US$255 millones.

Desde enero de 2012 a abril de 2015 se formó una estructura criminal liderada por Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, y con roles definidos para Gustavo Martínez Luna (nuero de Pérez Molina y también ligado en caso Jaguar Energy), Guillermo Lozano Bauer, Allan Marroquín Castillo, William Scwank, Julio Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón (también ligado a caso La Línea), Ángel Pérez-Maura, Juan Suárez Messeguer, Mauricio Garim y Jhonatan Chevez.

El objetivo de la estructura era limpiar el camino para que TCQ obtuviera una porción del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción de la nueva terminal privada de contenedores. Con ese fin, los funcionarios realizaron actos para que el proyecto se lograra, del que toda la organización obtuvo beneficios y buscó blanquear el origen ilícito del dinero recibido.

Pérez Molina ubicó a Guillermo Lozano Bauer como operador de Puerto Quetzal en 2012. Lozano Bauer fue piloto de Pérez Molina en la campaña presidencial de 2011. Por recomendación de Lozano también fue contratado como interventor Allan Marroquín, y por Baldetti llegó en marzo de 2012 Julio Sandoval Cano como sub Interventor.

Entre otros cosas, resalta que la empresa TCQ entregó a Monzón un cuadro con detalles de pagos, donde resalta un pago de US$24.5 millones para «socio local». En marzo de 2013 Monzón informó a Pérez Molina de los cronogramas para los desembolsos ilegales de esos $24 millones. La distribución sería de 60% para el binomio presidencial ($14.7 millones) y el resto para Monzón, Marroquín, Sandoval y Schwank.

Para procurar impunidad, la estructura tenía vínculos con el abogado del Estado (PGN), Vladimir Aguilar, que nunca cuestionó el contrato, y el entonces juez Douglas Charchal. El alcalde Puerto de San José, Jorge Rizzo, quería que TCQ pagara una licencia de construcción por el coto de Q24 millones, por lo que la empresa interpuso un amparo.

Para resolver el problema, Monzón se reunió con Douglas Charchal (juez del  Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Escuintla), y su asistente, Mario Ruano San José. El acuerdo era gestionar una resolución favorable para todas las partes. Por esa gestión, el secretario del Juzgado recibe Q50 mil en efectivo y Ruano San José una camioneta Range Rover blindada.

Un año después, Charchal fue escogido por el Partido Patriota como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ese era uno de varios vínculos de la familia Charchal con Pérez Molina y los militares.

La familia Charchal

El magistrado de la Corte Suprema, Douglas Charchal, tampoco era ajeno a los puertos. Fue abogado Asesor de la Empresa Puerto Quetzal (EPQ) de 1995 a 2004. Al mismo tiempo, su hermano, Víctor Leonardo Charchal Ramos, trabajaba en el Archivo del Estado Mayor Presidencial (EMP).

Según una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Víctor Charchal Ramos es uno de los posibles asesinos de la antropóloga Myrna Mack. En esa sentencia, la CIDH detalla que Charchal junto con otros militares parte del EMP participaron en la desaparición de Mack.

Según una publicación de la organización Wola, titulada El Estado Cautivo, el 7 de septiembre de 2006, tres hombres asaltaron un carro blindado cuando estaba siendo descargado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala. Los ladrones se llevaron 8,6 millones de dólares de un total estimado de 11 millones de dólares en efectivo perteneciente a un grupo de instituciones financieras privadas, y destinado al depósito en la Reserva Federal de Estados Unidos.

El robo se hizo durante la administración de José Moreno Botrán, cuando se desempeñó como Director de Aeronáutica Civil. Los hermanos del ex Director, Alejandra y Diego, fueron señalados por CICIG de entorpecer las averiguaciones del caso Rosenberg.

El robo millonario tuvo lugar en un ‘punto ciego’, fuera del alcance de las más de 100 cámaras de seguridad del aeropuerto. Este detalle junto a otros, llevó a que el MP capturara en 2006 al arresto del jefe de seguridad del aeropuerto, Douglas Meneses Ayala, y de su jefe de vigilancia, Víctor Leonardo Charchal Ramos, hermano del actual magistrado.

La publicación de Wola continúa relatando que Leonardo Charchal subió a su cargo en el aeropuerto por recomendación del antiguo jefe de seguridad del aeropuerto, Rolando Augusto Díaz Barrios, un antiguo oficial de inteligencia militar que había sido despedido del ejército durante la administración del presidente Álvaro Arzú por sus vínculos con la famosa red de contrabando dirigida por Alfredo Moreno.

Charchal Ramos estuvo también relacionado con la agencia civil de inteligencia, la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), y había sido relevado de su cargo después de haber hecho varias visitas sin autorización al capitán Byron Lima Oliva.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, Leonardo Charchal Ramos recibió un contrato, según consta en Guatecompras, por más de Q149 mil por una asesoría en el Ministerio de Desarrollo Social.

Las elecciones de 2014 y 2016

Douglas Charchal Ramos y Vladimir Aguilar fueron escogidos seguidamente como magistrados de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2014, en un proceso señalado de espurio por la CICIG y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Varias organizaciones y medios señalaron a Gustavo Herrera y Juan de Dios Rodríguez (Preso por caso IGSS-Pisa) de maniobrar para obtener magistrados y fiscales afines al gobierno. El IGSS vendría a ser, según esos señalamientos, la “caja chica” que usaban para sobornar comisionados y diputados.

Los acompañaban, según esos mismos señalamientos, el decano de la facultad de derecho de la Universidad da Vinci, Freddy Cabrera, y de Derecho de la USAC, Avidán Ortíz. Ambos han negado su relación con Herrera y Rodríguez.

Entre los magistrados escogidos estaba la abogada Blanca Stalling, que estuvo en medio del ojo del huracán en las capturas del 2015. Su cuñada, la jueza Sierra de Stalling, es acusada por la CICIG de dejarse sobornar por el empresario y militante político de derecha Luis Mendizabal, que en grabaciones mencionó a la magistrada Stalling. El hijo de Stalling, Otto Molina Stalling, fue capturado por ser parte de la estructura que dio el contrato a Pisa. Y según los audios de Caso SAT, estuvo vinculado en el soborno a su tía política, la jueza Sierra de Stalling.

Charchal fue escogido junto a otros dos abogados que habían emitido resoluciones favorables a exfucionarios del FRG vinculados a la llamada «línea dura» de militares retirados, y a los casos que giran alrededor de Byron Lima. Los otros magistrados son José Pineda y Nery Medina.

Esta Corte Suprema de Justicia se encargó de designar a un titular y una suplente como magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. La magistrada suplente es Consuelo Porras Argueta, que tenía antes de ser escogida señalamientos en casos de adopciones, y de titular llegó Neftaly Aldana.

El día jueves 14 de abril de 2016, Aldana, ahora Presidente de la CC, dijo que los nuevos magistrados debían alejarse de las personas que las eligieron.

En caso se presenten amparos por las solicitudes de antejuicio en contra de Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, esa nueva CC, que también incluye a un abogado que recibió Q1.2 millones en contratos múltiples el PP, deberá demostrar su independencia. O quedarse en el mero discurso y respaldar a la gente que los escogió.

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