Carta a embajador Arreaga de parte de organizaciones nacionales e internacionales

11 de junio de 2018

Embajador Luis Arreaga

Embajada de los EEUU en Guatemala

CC: Mike Pompeo

Secretario del Estado de los EEUU

CC: Embajadora Deborah Chatsis

Embajada de Canadá en Guatemala

CC: Oficial de Programas, Jennifer Echeverría

Grupo Filtro

RE: Interferencia en tribunales guatemaltecos a favor de los recursos de Tahoe

Estimado Embajador Arreaga,

Las organizaciones abajo firmantes están profundamente preocupadas por la continua interferencia del gobierno de los EEUU y las amenazas de demandas internacionales, ya que un tribunal guatemalteco suspendió provisionalmente la mina de plata, El Escobal, de Tahoe Resources en el sureste de Guatemala. La mina ha sido suspendida por orden del tribunal desde julio de 2017 en respuesta a una demanda presentada contra el Ministerio de Energía y Minas por discriminación y por no haber obtenido el consentimiento previo del pueblo indígena Xinka. Un mes antes, en una iniciativa independiente liderada por la comunidad, los residentes de cinco municipalidades comenzaron una protesta pacífica en el camino que conduce a la mina por preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto. La protesta efectivamente detuvo la actividad minera y continúa hasta la fecha.

Desde entonces, congresistas estadounidenses, representantes del Departamento de Comercio de los EEUU y la Embajada de los EEUU en Guatemala han realizado esfuerzos extraordinarios para influir en el resultado de la demanda a favor de Tahoe Resources. En varias ocasiones, los funcionarios estadounidenses han reforzado y repetido el discurso problemático de la empresa a través de la comunicación directa con el presidente guatemalteco, en cartas internas escritas por el congresista estadounidenses Mark Amodei y senador estadounidense Dean Heller que la empresa hizo públicas, y en una carta del Congreso instando al gobierno a hacer más para mejorar el clima de inversión para las empresas de los EEUU.

El 21 de mayo de 2018, la Embajada de los EEUU en Guatemala emitió un comunicado de prensa destacando la importancia de la extracción de recursos naturales y pidiendo a la Corte de Constitucionalidad que «dictamine sin demora» la resolución final en el caso de Tahoe. Dada la abrumadora oposición a la minería en todo Guatemala y el patrón de conflicto y violencia asociado con el proyecto de Tahoe en particular, la declaración de la Embajada de los Estados Unidos es reprensible. El esfuerzo de la Embajada de los Estados Unidos por interferir con la independencia del poder judicial guatemalteco está fuera de lugar y pone a los defensores y las defensoras del medio ambiente y los líderes y las lideresas indígenas que se oponen legítima y pacíficamente a los proyectos mineros en mayor riesgo de represión.

Si bien la intervención de los EEUU en los procesos judiciales independientes de Guatemala es fundamentalmente errónea, Tahoe Resources ha hecho cabildeo para y afirmó que la intervención de los EEUU inclinará la decisión del tribunal a su favor. El 25 de septiembre de 2017, el CEO de Tahoe Ron Clayton comentó que, a pedido de Tahoe, el gobierno de los Estados Unidos «tuvo una gran influencia incluso en esta última decisión judicial», refiriéndose a la intervención estadounidense en el fallo del Corte Suprema de Justicia de Guatemala a principios de mes, que temporalmente restableció la licencia de explotación de la empresa.

Exacerbando el clima de conflicto y la presión sobre los tribunales es la amenaza del arbitraje internacional. El 8 de mayo de 2018, el International Law Institute, con sede en Washington, presentó un escrito a la Corte de Constitucionalidad indicando el riesgo de arbitraje internacional en caso de que la corte no le permita a Tahoe Resources continuar operando su mina plagada de conflictos. El escrito fue presentado por abogados guatemaltecos, cuya firma representa a la subsidiaria de total propiedad de Tahoe Resources en Guatemala, Minera San Rafael. Poco más de una semana después, el 16 de mayo, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), con sede en Nevada, notificó su intención de demandar al gobierno guatemalteco en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) por lo menos $300 millones. KCA funamenta su reclamo en la suspensión de la Corte de Constitucionalidad de su mina de oro, El Tambor, en 2016 por falta de consulta previa con las comunidades afectadas, por la suspensión de su licencia de exportación por parte del Ministerio de Energía y Minas y por una supuesta falta de protección estatal para la empresa contra las protestas comunitarias las cuales reclama que obstruyen trabajo de explotación a futuro.

Tal interferencia, a través del cabildeo hacia el gobierno de los EEUU y las amenazas de costosas demandas internacionales contra el gobierno guatemalteco, solo sirven para escalar las tensiones y arrojar dudas sobre la independencia judicial de Guatemala. Estas acciones aumentan la amenaza de violencia y represión contra las comunidades indígenas y no indígenas opuestas a la mina de Tahoe Resources, así como los riesgos de la resistencia pacífica en curso al proyecto Tambor de KCA.

Encontrar «una solución de beneficio para todos», como dice el comunicado de la Embajada de los EEUU, no debe ser la prioridad de la Corte de Constitucionalidad. Más bien, se debe garantizar a las comunidades afectadas el debido proceso relacionado con la discriminación y la violación de su derecho a la autodeterminación.

A medida que la Corte de Constitucionalidad evalúe este caso, la Embajada de los EEUU, las empresas mineras y sus asociados, deben detener la interferencia dirigida a presionar a la Corte para que falle a favor de Tahoe. Instamos a la Embajada a que se retracte de su comunicado más reciente y tome medidas concretas para apoyar a los defensores y las defensoras de los derechos humanos que actualmente están en mayor riesgo por defender legítima y pacíficamente su tierra, su agua y sus medios de subsistencia.

Por favor, contacte a Becky Kaump de Network in Solidarity with the People of Guatemala al becky(arroba)nisgua.org; esperamos con anticipación a su respuesta.

Atentamente:

GUATEMALA

Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala

Consejo Diocesano de Defensa de la Naturaleza – CODIDENA

Colectivo Vida Justicia

Consejo del Pueblo Maya (CPO)

Asociación Feminista La Cuerda

Asociación Para La Promoción Y El Desarrollo De La Comunidad «Ceiba»

Asociación Q’anil, Guatemala

Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA)

Libertad para las Mujeres, Huehuetenango

Plataforma Internacional contra la Impunidad

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)

ESTADOS UNIDOS

Amnesty International

Casa Baltimore/Limay

Earthworks

Guatemala Human Rights Commission (GHRC)

Guatemala Solidarity Project

Human Rights Defenders Project

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)

Oberlin Students in Solidarity with Guatemala (OSSGUA)

Rights Action (U.S. & Canada)

Rochester Committee on Latin America (ROCLA)

Santa Elena Project of Accompaniment (SEPA)

Students for Energy Justice (SEJ)

Swift Foundation

CANADÁ

Atlantic Regional Solidarity Network

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)

Education in Action Café Justicia Ottawa

Guatemala Research Group (GRG), at University of Northern British Columbia

Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network

Mining Injustice Solidarity Network (MISN)

Mining Justice Action Committee (MJAC)

Mining Justice Alliance

MiningWatch Canada

Projet accompagnement Québec-Guatemala

Socialist Project

Todos por Guatemala-Canada

Tzijolaj Guatemala-Canada

United for Mining Justice

University of British Columbia Social Justice Centre & Co-chair, Jacob Fischer-Schmidt

AMERICA LATINA

Procesos Integrales Para La Autogestión De Los Pueblos

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4)

The Oscar Romero Christian Network in Solidarity with the Peoples of Latin America (SICSAL)

EUROPA & AUSTRALASIA

Asociación Ambiental y Cultural Petón do Lobo

Asociación Ecologista Verdegaia

Asociación galega Cova Crea

ContraMINAcción, Rede contra a minaría destructiva na Galiza (20 organizaciones de Galicia)

Guatemala Solidarity Network (GSN)

Peace Watch Switzerland (Switzerland)

Protection International

Salva la Selva

Sí a la Vida No a la Minería/ Yes To Life No To Mining YLNM (64 organizaciones internacionales)

Swedish Fellowship of Reconciliation (SweFOR)

Wellinngton Zapatista Support Group

Antecedentes de la oposición a la mine “El Escobal” de Tahoe Resources, esfuerzos de cabildeo y la intervención del gobierno de los EEUU en nombre de la empresa

Junio 2018

«Los defensores y las defensoras de los derechos humanos, especialmente aquellos que protegen las tierras y los recursos de sus comunidades, sufren amenazas y ataques de manera constante …» Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas después de su misión a Guatemala en mayo de 2018

Tahoe Resources es una empresa minera canadiense con sede en Reno, Nevada que constantemente ha socavado el derecho a la consulta y el consentimiento de las comunidades afectadas, para imponer la mina de plata “El Escobal” en San Rafael Las Flores, en el sureste de Guatemala. Ha tergiversado repetidamente la amplia organización pacífica y apegado al derecho contra la minería entre los pueblos indígenas y no indígenas en la región, difamando y deslegitimándolos; lo cual expone a los defensores y las defensoras de los derechos humanos a mayor riesgo de represión y criminalización.

Tahoe Resources presionó al estado guatemalteco para la militarización del área en 2013 con el fin de avanzar el proyecto minero. Su presencia ha provocado violencia, conflicto y criminalización, incluyendo un ataque armado por agentes de la seguridad privada contra manifestantes pacíficos, lo cual llevó a la empresa ante los tribunales de Columbia Británica, donde se está siendo procesado por negligencia y agresión.

Tahoe intensificó los esfuerzos de cabildeo hacia los gobiernos de Canadá y los EEUU para tomar medidas en nombre de la empresa desde que la licencia de explotación de Tahoe se detuvo efectivamente en junio de 2017, primero como resultado de una acción directa comunitaria, y luego por orden del tribunal en julio de 2017.

A pesar de casos bien documentados de violencia, criminalización y falta de apoyo local, las embajadas de Canadá y los EEUU en Guatemala han utilizado su influencia diplomática para garantizar que las operaciones mineras en el proyecto “El Escobal” de Tahoe Resources hayan avanzado, desde la fase de concesión de licencias y construcción hasta la actual batalla legal ante la Corte de Constitucionalidad.

Un informe del Consejo de Asuntos Hemisféricos, con sede en Washington, observa que «el gobierno canadiense ayuda activamente a la industria extractiva sin exigir que sus empresas mineras respeten el medio ambiente y los derechos humanos». En el caso del proyecto “El Escobal”, en el punto culminante de la criminalización, violencia y militarización previo al inicio de operaciones mineras en abril de 2013, la Embajada de Canadá participó como invitado de honor en la firma de un pacto entre el gobierno guatemalteco y Tahoe para aumentar pagos de regalías voluntarias del 1 al 5%. El pacto tenía como objetivo de legitimar un proyecto no deseado; cinco alcaldes en los municipios aledaños de la mina se han negado a recibir cualquier beneficio de estos pagos de regalías.

Basado en el registro de cabildeo canadiense, después de que la mina “El Escobal” de Tahoe Resources fue suspendida por la Corte Suprema en julio de 2017, sabemos que la empresa contrató cabilderos para reunirse con al menos quince funcionarios electos y gubernamentales canadienses entre julio de 2017 y septiembre de 2017. Aún no se han revelado públicamente ninguno de los detalles acerca de las respuestas de estos u otros funcionarios canadienses. Las intervenciones de los funcionarios de los EE. UU. han sido menos discretas, como se detalla a continuación.

Según los gastos del cabildeo registrados en la Oficina del Senado Estadounidense de Registros Públicos, Tahoe pagó un total de $270,000 a Nossaman LLP, Crowell & Moring, LLP, Crowell & Moring International, LLC y Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP para cabildear en su nombre entre julio de 2017 y abril de 2018. Los informes de las empresas de cabildeo incluyen visitas al Departamento de Estado de los EEUU, la Cámara de Representantes y el Senado, la Casa Blanca y Representantes de Comercio de los Estados Unidos, así como la oficina del vicepresidente, Mike Pence.

Cronología de los esfuerzos de cabildeo de Tahoe Resources e intervención de los Estados Unidos en Guatemala:

5 de julio de 2017: la Corte Suprema de Justicia guatemalteca suspende provisionalmente la licencia de explotación de Tahoe.

Julio de 2017: Tahoe contracta cabilderos en los EEUU por primera vez. Nossaman LLP comienza cabildeo ante el Departamento de Estado, el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes en nombre de Tahoe Resources.

20 de julio de 2017: la Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Tahoe, Edie Hofmeister, insta al Subsecretario Asistente del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Creamer, a tomar medidas para proteger la inversión de Tahoe.

11 de agosto de 2017: el Representante de Nevada Mark Amodei envía una carta al Secretario de Comercio de los EE. UU., Wilbur Ross, instando a la intervención en nombre de Tahoe Resource.

23 de agosto de 2017: la Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Tahoe, Edie Hofmeister, solicita apoyo al Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, y busca asesoría sobre las acciones que la empresa podría tomar para proteger sus intereses en Guatemala. La carta presenta acusaciones infundadas de «impropiedad judicial» dentro de la Corte de Constitucionalidad.

24 de agosto de 2017: el Senador Heller escribe al Secretario de Estado, Rex Tillerson, expresando su apoyo a la mina y solicitando una actualización sobre las acciones tomadas para promover los intereses comerciales de los EEUU en la región.

22 de septiembre de 2017: en una carta al congresista estadounidense Amodei, el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, confirma que el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, intervino en nombre de Tahoe Resources hablando con el presidente guatemalteco, Presidente Jimmy Morales. Ross afirma que Robinson instó a Morales a resolver rápidamente el problema a fin de preservar un clima de inversión estable para las empresas estadounidenses.

25 de septiembre de 2017: el CEO de Tahoe, Ron Clayton, se jacta de la intervención del gobierno de los EEUU en los tribunales de Guatemala en apoyo de la empresa durante la sesión de preguntas y respuestas en el Denver Gold Forum. Clayton afirma que, a la solicitud de Tahoe, el gobierno de los EEUU “tuvo una gran influencia incluso en esta última decisión judicial”, refiriéndose al fallo de la Corte Suprema de Justicia guatemalteco a principios de septiembre, que reestableció temporalmente la licencia de explotación de la empresa.

Octubre 2017: Nossaman and Crowell & Moring informa cabildear en nombre de Tahoe. Cinco de seis informes entregados por Crowell & Moring and Crowell & Moring International entre octubre 2017 y abril 2017 incluyen cabildeo a la oficina del Vicepresidente, Mike Pence.

Enero 2018: Crowell & Moring and Moring International informa de cabildeo a la oficina del Vicepresidente, la Cámara de Representantes Estadounidenses y el Senado Estadounidense en nombre de Tahoe.

14 de febrero de 2018: Nueve miembros del Congreso de Estados Unidos escriben al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, instándolo que haga más para mejorar el clima de inversión para las empresas estadounidenses en el país, citando sentencias de la Corte de Constitucionalidad que «crean incertidumbre para las empresas estadounidenses que consideran invertir en Guatemala».

Abril de 2018: Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP, registra como cabildero para Tahoe. La empresa informa cabildear el Departamento de Estado de los EEUU, mientras Crowell & Moring informa la continuación de su cabildeo al Senado de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y la oficina del Vicepresidente.

25 de abril de 2018: Jim Nicholson, ex Secretario de Asuntos de Veteranos y Presidente del Partido Republicano, y Miriam Sapiro, ex funcionarios del Departamento de Estado de los EEUU y Representante de Comercio de los EEUU, visitaron Guatemala con la Cámara de Comercio Estadounidense y advirtieron que un clima institucional inestable desmotiva las inversiones internacionales, refiriéndose al caso de Tahoe.

8 de mayo de 2018: Don Wallace, presidente del International Law Institute, con sede en Washington, presenta un Amicus Curie a la Corte de Constitucionalidad, que advierte sobre las consecuencias, incluso el arbitraje internacional, si la licencia de Tahoe no se restituye. El escrito fue presentado por abogados guatemaltecos, cuya firma representa a Minera San Rafael, subsidiaria de total propiedad de Tahoe Resources.

16 de mayo de 2018: Kappes, Cassiday & Associates (KCA), con sede en Reno Nevada, notifica al gobierno guatemalteco su intención de demandar a Guatemala a través de CAFTA-DR por al menos $300 milliones. Previo al iniciar la demanda, la empresa busca negociar con autoridades guatemaltecos para intentar resolver sus quejas acerca de la suspensión de la mina “El Tambor” en 2016 por falta de consulta previa con las comunidades afectadas, la suspensión de su licencia de exportación por parte del Ministerio de Energía y Minas y una supuesta falta de protección estatal para la empresa contra las protestas comunitarias las cuales reclama que obstruyen trabajo de explotación a futuro.

21 de mayo de 2018: la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala publica un comunicado de prensa en español solicitando una resolución inmediata de la Corte de Constitucionalidad. léalo en su totalidad abajo:

« Un clima estable de inversión depende de un marco legal claro, del respeto al estado de derecho y de la transparencia en la aplicación de la ley. Estos componentes son esenciales para desarrollar los abundantes recursos naturales de Guatemala, lo cual impulsa el crecimiento económico, la creación de empleo, y la mejora del sustento de los guatemaltecos. Las inversiones deben adherirse a los requisitos legales, incluyendo el respeto a los derechos humanos y las leyes ambientales locales, y también deben cumplir con los convenios internacionales.

En este contexto, es importante que la Corte de Constitucionalidad dictamine sin demora sobre los casos como el de la Minera San Rafael. El Gobierno de los Estados Unidos alienta a todas las partes, a las autoridades pertinentes y a las comunidades locales a que trabajen juntas para lograr una solución transparente y de beneficio para todos».

Elaborado por: Earthworks, Guatemala Human Rights Commission (GHRC), MiningWatch Canada, and Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)