Cable no desclasificado de EEUU relata corrupción en IPM

La corrupción dentro del ejército no es nueva. A cuentagotas se ha ido conociendo cómo millones se roban por parte de los mismos oficiales del ejército. La sorpresa fue cuando un mismo miembro del ejército lo dijo sin ningún tapujo, como lo hizo en su ya famoso libro el coronel Rubio Castañeda. A continuación reproducimos una traducción de un cable filtrado por la organización Wikileaks que relata su visión sobre la corrupción en el Instituto de Previsión Militar. Está fechado para septiembre de 2003 y está firmado por el entonces embajador Hamilton.

C. GUATEMALA 01687 D. GUATEMALA 01909

E. USDAO IIR # 6 838 0042 02 DTG 042124Z

F. GUATEMALA 02331

Clasificado por: Econ Thomas A. Palaia por la razón 1.5 (d).

1. (S) Resumen: EmbOffs se reunió con el General Alfredo González para debatir la evolución reciente del robo y mal manejo del Instituto de Previsión Militar (IPM). González, quien ha participado en la investigación interna en cuestión, alegó que se dieron prestaciones a oficiales militares actuales y antiguos involucrados en la Junta Directiva de IPM. El fondo pudo haber perdido hasta 23 millones de dólares americanos en este escándalo particular y su salud financiera sigue siendo incierta. No se han presentado cargos contra ningún oficial militar de alto rango involucrado a pesar de presuntas pruebas implicando a muchos. El escándalo puede haber sido un factor en la renuncia forzada del Jefe de Estado Mayor Ríos Sosa, hijo del ex presidente de facto y actual candidato presidencial Ríos Montt, aunque González afirma que Ríos Sosa no era consciente del escándalo hasta después de que se habían perdido los fondos. Fin de Resumen.

Antecedentes

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 2. (SBU) El IPM es una organización cuasi-gubernamental responsable de la gestión de planes de pensiones basados en contribuciones de unos 12.000 militares retirados. Según se informa, el IPM, junto con su filial INVERMA, trasladó aproximadamente 37 millones de dólares americanos a la Caja de Pensiones de América (CPA) con sede en Miami. El dinero fue transferido al CPA en varias transacciones pequeñas desde agosto a noviembre de 2001 con la intención de invertir en acciones y bonos negociados en Nueva York. Según se informa, sólo se han recuperado 14 millones de dólares.

3. (S) EconOff, DATT y PolOff se reunieron con el General Alfredo

González para discutir el IPM, incluyendo el reciente escándalo y su posible papel en la renuncia del ex Jefe de Estado Mayor Militar, Ríos Sosa (Ref. A y F). González estaba en la junta directiva del IPM hasta hace unas tres semanas y ha estado involucrado en la investigación del escándalo y llevando a cabo una demanda en Florida en nombre del IPM y el Ministro de la Defensa. El no era un miembro del consejo en el momento del robo, pero, según fuentes del [DAO], puede tener sus propios intereses corruptos no relacionados con el IPM.

Sí hubo corrupción

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 4. (S) En esta conversación, González inmediatamente se retractó de reclamaciones que había hecho de que el FMP era simplemente víctima de malas decisiones financieras y un grupo de estafadores en Miami. Admitió que la Junta de Gobierno del IPM anterior recibió recompensas de la CPA por haber acordado transferir los fondos a través de cuentas de la CPA. Afirmó que varios miembros (no identificados) de esa junta directiva recibieron cheques por 50.000 dólares americanos. El ex ministro de la Defensa Arévalo Lacs enfrentó a miembros de la junta con fotocopias de estos cheques antes que el escándalo saliera a luz y pidió la devolución del dinero. González dijo que no sólo el dinero nunca volvió, si no que el IPM continuó utilizando a la CPA para gestionar sus inversiones.

Nota: Ningún paladín por la integridad, Arévalo Lacs se convirtió en millonario durante su período como ministro de la Defensa.

5. (S) González dijo que los miembros de la junta directiva consideraban las recompensas como comisiones e insistió en que no sabían que el fondo sería robado. No pudo explicar, sin embargo por qué alguien creía que la CPA estaría dispuesta a pagar «comisiones» tan altas por el privilegio de administrar el fondo. Tampoco pudo responder de qué manera el IPM justificaba el uso de lo que ahora sostienen ser un intermediario sin licencia (el IPM alega en una demanda presentada en Florida que la CPA no tiene licencia para gestionar inversiones o dar asesoramiento sobre inversiones) para abrir cuentas y fondos de depósito cuyos destinos finales eran supuestamente grandes empresas de inversión en Nueva York. Cuando se le preguntó porqué el dinero no se invirtió directamente con una casa de inversiones, admitió que los miembros de la junta simplemente buscaban sus «comisiones» y a regañadientes admitió que algunos pudieron haber sospechado que un robo más grande se estaba cometiendo. González continuó negando cualquier conexión entre el escándalo del IPM y el robo de al menos 45 millones de dólares americanos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)(Ref. B y C). González insistió que los tratos de los dos grupos con la CPA no tenían relación alguna.

6. (S) González especuló que un tecnócrata de bajo nivel podría haber ideado el robo. Los militares querían capacidades actuariales guatemaltecas internas para ahorrar los caros honorarios de consultoría pagados a las firmas españolas de contabilidad quienes les aconsejaron sobre la estructura de seguros del IPM. El Teniente Coronel Archila Grazales (fonética), en ese entonces Capitán, fue enviado a México por

cinco años de capacitación en ciencias actuariales. Regresó con el rango de Mayor y se le pidió que ayudara al IPM en la gestión de sus finanzas. González afirma que fue Grazales quien primero llamó a la atención de la junta directiva a la CPA e interesó a la junta en las oportunidades de inversión en los EE.UU. Según informes, Grazales organizó una presentación de la CPA para la junta donde falsificaron sus credenciales y lograron convencer a la junta de invertir a través de ellos.

7. (S) El escándalo no terminó después de que la junta del IPM cambió

y una nueva junta comenzó su investigación y solicitó la acción legal en Florida a finales de 2001. González afirma que el IPM abrió una cuenta en Miami y depositó un millón de dólares americanos adicionales, destinado a cubrir los gastos legales previstos involucrados en la recuperación de los 37 millones de dólares invertidos. Según González, el fondo legal fue equivocadamente invertido en seguros y no estaba disponible cuando intentaron iniciar los procedimientos legales. Este retraso le dio suficiente tiempo a la CPA para mover el dinero fuera del alcance de las autoridades de la Florida.

8. (S) EmbOffs le preguntó a González qué acciones legales se estaban tomando en Guatemala. González insistió en que los esfuerzos de investigación interna se centraron en la recuperación de las inversiones perdidas y que se preocuparían por colocar la culpa después de que el dinero fuera encontrado. El Ministerio Publico no estaba siendo involucrado porque el ministro de la defensa quería mantener interna esta investigación.

Participación de Ríos Sosa

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9. (S) EmbOffs preguntó sobre la participación del ex Jefe del Estado Mayor de Ríos en el IPM y el papel que podría haber desempeñado en su reciente renuncia forzada. Ríos Sosa fue miembro de la junta durante un breve período a finales de 2001. González afirmó que la reciente renuncia de Ríos Sosa tenia más que ver con evitar un percibido conflicto de interés con la campaña presidencial de su padre, Ríos Montt. Insistió en que la participación de Ríos Sosa en el IPM fue limitada y se produjo después de que la mayor parte del dinero ya estaba transferido a la CPA. Alegó que Ríos Sosa vio el estado financiero del IPM y, reconociendo el potencial escándalo, renunció inmediatamente a su puesto en la Junta Directiva. González prosiguió afirmando que, sin el blanco de Ríos Sosa, el escándalo del IPM desaparecería de los titulares.

La salud financiera de IPM – o la falta de ella

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10. (S) González le aseguró a Emboffs que el IPM está bien financiado y en ningún peligro de la bancarrota. Afirmó que el IPM esta recibiendo sustancialmente más cada mes de lo que está pagando en beneficios. El fondo posee inversiones generadoras de ingresos significativos en propiedades y empresas que complementan las contribuciones de nómina del personal militar. Explicó que el fondo posee aproximadamente el 60% de una gran variedad de empresas (el otro 40% siendo propiedad de actuales y ex oficiales militares de alto rango). Además, el IPM ha sido periódicamente el receptor de transferencias generosas del gobierno de Guatemala. Sin embargo, cuando presionado sobre la solvencia continua de IPM, admitió que sin una reforma sustancial, el Fondo probablemente enfrentará serios problemas financieros dentro de 10 años, dado al aumento en número de jubilados que se retiran del fondo y la disminución en el número contribuyendo debido a las reducciones militares.

11. (S) González no abordó la historia de la corrupción dentro del IPM y las instituciones relacionadas, como el Banco del Ejército, que ponen en duda la salud financiera del fondo (Ref E). Se sabe que el fondo otorga préstamos en términos favorables para los miembros de la junta directiva y los funcionarios militares de algo rango y del ministro de la Defensa sin ninguna intención de alguna vez recolectarlos. El fondo también ha participado en proyectos de bienes y raíces defectuosos donde propiedades de poco valor fueron compradas a amigos del fondo por sumas infladas. Es probable que la evaluación positiva de Gonzales de la salud a medio-plazo del IPM se basa en parte en bienes sobrevaluados y la confianza mal puesta en la gestión de fondos actuales y futuros.

12. (S) Una posible alza para las cuentas financieras del fondo es el 40% de la propiedad de muchas de sus inversiones por influyentes militares y militares retirados, que probablemente tienen los medios para asegurar la rentabilidad de sus inversiones. Las empresas con vínculos a militares actuales y militares retirados han sido conocidas por utilizar medios ilícitos para apoyar a sus empresas como el mantenimiento de monopolios mediante la intimidación y la manipulación del sistema jurídico, así como favores políticos y acuerdos contractuales anormalmente favorables financiados por el gobierno. Sin embargo, estas inversiones están sujetas a los mismos riesgos de fraude y robo que agotaron las inversiones de IPM en los Estados Unidos.

Podría ocurrir otra vez

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13. (S) No se ha desarrollado una supervisión sustantiva para supervisar las decisiones de la junta directiva del fondo. No hay razón para creer que la gerencia actual y futura del IPM no buscará sus propias oportunidades para meter las manos en la masa. Según González, la gerencia del IPM responde a nadie excepto al ministro de la Defensa, y el gobierno no tiene autoridad sobre este plan de pensión cuasi-gubernamental. Convocatorias del Congreso para la auditoría del Banco Central y una mayor transparencia parecen haberse ignorado en gran medida. El IPM es muy reservado sobre sus estatutos. González afirma que fue despedido de la junta directiva por apoyar las reformas que limitarían las nominaciones discrecionales y el control sobre el consejo del ministro de la defensa actual.

Comentario

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14. (S) Hay indudablemente más en la historia de lo que

González presentó. Los posibles vínculos con el escándalo del IGSS y quien estuvo involucrado fuera de la junta del IPM no están claros. Las afirmaciones de González sobre la inocencia de Ríos Sosa no fueron bien respaldadas. Su insistencia en que un tecnócrata de bajo nivel fue la única conexión real con la CPA fue conveniente pero improbable. Se esperaría que el Ministerio Público investigara dada la cantidad de alegaciones y de evidencia disponible públicamente, independientemente de la falta de una invitación del ministro de la Defensa. También existe el potencial que implicaba un lavado de dinero más extensivo, debido a la discreción de las relaciones financieras del IPM y los vínculos conocidos de los militares a la delincuencia organizada. La amplitud del fraude y el vinculo de la CPA con el escándalo del IGSS debería, lógicamente, traer corriendo al Ministerio Público. La falta de una investigación puede ser resultado de la renuencia del Ministerio Público a hacerse cargo de los militares. También puede ser el resultado de interferencia política desde niveles más altos.

15. (S) Continuación de comentario: El robo y la posterior falta de resolución de perseguir a los implicados reflejan la falta de transparencia y supervisión de las actividades y negocios financieros de militares de Guatemala. Muchos funcionarios de alto rango

son reacios a ir tras sus compañeros por temor a exponer sus propios intereses corruptos. Este escándalo corrompe aún más la imagen de los militares e indirectamente, Ríos Montt, a través de la posible participación de su hijo. Los potenciales problemas financieros para el IPM constituyen una amenaza para la moral de funcionarios de nivel medio y bajo que ya están cansados de la corrupción de muchos de sus superiores. Esto puede eventualmente tener graves implicaciones presupuestarias para el gobierno de Guatemala cuando otra vez se les llame para rescatar a la institución.

HAMILTON