Abelino Chub Caal: juicio y castigo a un promotor q´eqchí

La Jueza A de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez Guerrero, decidió enviar a debate oral y público a Abelino Chub Caal, en una resolución tomada durante la audiencia judicial del 8 de mayo de 2018. El controversial caso, en el que finqueros bananeros en El Estor han individualizado en su persona un conflicto histórico de tierras, tiene la intención de aplacar los derechos reclamados por comunidades q´eqchí en una de las zonas con más conflictos agrarios del país, y donde se han asentado grandes fincas bananeras y de palma africana.

Los bemoles de un caso y de una jueza controversial

La resolución de la jueza Claudette Domínguez Guerrero no fue del agrado de los abogados de la defensa del promotor social Abelino Chub Caal. Se había solicitado medida sustitutiva, pero la parte demandante, a cargo del abogado Carlos Manuel Ovalle Leranoz, se opuso. En consecuencia, Chub Caal deberá enfrentar juicio. Ligado a proceso, Chub Caal deberá esperar hasta el 29 de mayo, cuando será la audiencia de presentación u ofrecimiento de pruebas, y allí fijará la audiencia para inicio de debate por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita e incendio.

Chub Caal es un promotor social y comunitario de la Fundación Guillermo Toriello (FGT) que viene acompañando desde hace más de una década a las comunidades asentadas en las sierras cercanas al Lago Izabal y en la cuenca del Río Polochic en el municipio de El Estor, Izabal, de acuerdo con la FGT. Trabaja en el equipo territorial de la FGT como técnico y promotor social.

Chub Caal fue detenido el 4 de febrero de 2017, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, por orden del juez Edgar Aníbal Arteaga López. Fue acusado de haber cometido los delitos de “usurpación agravada, incendio, coacción, asociación ilícita y agrupación ilegal de gente armada”. Cinco cargos absurdos, dice la FGT, “sin fundamento ni prueba alguna, construidos por finqueros de la zona, obviamente con la intención de impedir su actividad de acompañamiento y defensa de las comunidades que luchan por el derecho a la tierra y los derechos del Pueblo Maya Q’eqchi. Tiene 33 años; es padre de dos niños y estudiante universitario próximo a graduarse.”

En aquel momento, la parte acusadora era representada por la abogada Gilda Aguilar, quien en ese momento era parte del bufete de Moisés Galindo, abogado que guarda prisión preventiva por lavado de dinero en el caso Caja de Pandora, que investiga el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según datos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) la dirección de ese bufete también es la misma de la Fundación contra el Terrorismo, que dirige Ricardo Méndez-Ruiz y de la cual forma parte Moisés Galindo.

Un artículo del medio digital Plaza Pública, indicó que la de Abelino Chub “es una acusación menguante pero que le mantiene en la cárcel. Cuando lo arrestaron, le cargaban con cinco delitos: usurpación agravada, incendio, coacción, asociación ilícita y agrupaciones ilegales de gente armada.”  En la audiencia de primera declaración, el juez Arteaga López le retiró los tres últimos. “Lo que se esconde detrás de letras tan gruesas es una imputación por “instigar” una ocupación de tierras y un incendio en la finca Plan Grande, en el municipio del Estor. Es decir, que el marco de toda esta operación es un conflicto por territorio, como otros tantos en los que Chub ha intervenido en sus acompañamientos a las comunidades en el Polochic.”

“Los finqueros acusan a los campesinos de tomar lo que no era suyo. Por si acaso, todavía no se han presentado los peritajes sobre el historial de registro de la propiedad de las tierras. Tampoco las empresas Inversiones Cobra S.A., CXI Sociedad Anónima, Agrícola Industrial Sociedad Anónima y Bananera Izabal Sociedad Anónima, que aparecen como damnificadas, el correspondiente certificado histórico de inscripción en el registro mercantil.”

Tras aquella resolución, el Juez Arteaga López trasladó el caso a Tribunal A de Mayor Riesgo, a cargo de Domínguez Guerrero. Controversial por resoluciones que involucran casos de militares, a Domínguez Guerrero se le separó del caso del general Erick Fernando Melgar Padilla, luego del amparo presentado por el MP y la CICIG, por retirarle la orden de captura por el caso que se investiga en relación con la muerte de su padre, donde los sospechosos principales son precisamente los hermanos Melgar Padilla, incluido el diputado Herber Melgar Padilla.

Previamente, Domínguez Guerrero había retirado el arraigo al hoy prófugo coronel y diputado (sin derecho a antejuicio) Edgar Justino Ovalle Maldonado, acusado de desapariciones forzadas en el caso Creompaz. La jueza también es conocida por tener como hermana a la Mayor Asimilada del Ejército, Klelia Xiomara Domínguez Guerrero.

Las empresas acusadoras

Dos son las empresas que acusan a Abelino Chub Caal: Inversiones Cobra, S.A. y CXI, S.A.. El abogado de la parte acusadora es Carlos Manuel Ovalle Leranoz. Ambas empresas pertenecen al Grupo Sion, una corporación de empresas bananeras, ganaderas, de palma africana y cañeras ubicadas en los departamentos de Izabal y Escuintla.

Las dos empresas están conectadas con la finca bananera El Murciélago (conocida también como Finca Cobra), en las orillas del Lago Izabal, en los límites municipales de El Estor y Livingston, en la que está asociado el terrateniente Miguel Ángel Arriaza Migoya, quien también aparece como Gerente General de la Bananera del Atlántico S.A., que tiene sede en la Finca San Juan La Selva, en La Gomera, Escuintla, de su propiedad. Bananera del Atlántico también pertenece al Grupo Sión.

Del Grupo Sion se ha identificado las siguientes empresas: Agro Atlantic, S.A.; Basan, S.A.; Bananera Izabal, S.A., Bananera del Atlántico, S.A., Mig, S.A.; Corporación Primavera, Banabat, S.A. … S.A., Agropecuaria Tunico (ya disuelta); Aloha, S.A.; Banabat, S.A.; Bananera del Norte, S.A.; Inmobiliaria Platino, S.A.; Agrícola Industrial, S.A.; Transportes Toto, S.A.; Finca San Juan La Selva; Agrícola Rax, S.A.; IAN, S.A.; y El Real, S.A.

De acuerdo con la página de Guatecompras, muchas de esas empresas tienen en común compartir direcciones, números de teléfono o tienen la representación legal o el haber sido constituidas por los mismos abogados: Erick Orlando Ovalle Martínez, cuyo bufete Ovalle y Ovalle y Procesos Legales, S.A., son dirigidos junto a su hijo Erick Alfonso Ovalle Lenaroz, hermano del abogado acusador de Chub Caal, Carlos Manuerl Ovalle Leranoz, quien integra otro bufete: Cordón, Ovalle & Asociados, pero quien estuvo asociado al bufete de su padre, en el Edificio Géminis 10, años atrás.

El nombre del terrateniente Miguel Ángel Arriaza Migoya, el de su esposa Patricia María Esquivel Font y de su hijo Alejandro Arriaza Esquivel, Consultor del Grupo Sion, son quienes aparecen detrás de esas empresas. Los hermanos del empresario también tienen importantes conexiones con poderosos agroexportadores e industriales, y empresarios inmobiliarios.

El terrateniente es reconocido dentro del sector bananero, y el mundo terrateniente de la costa sur. El apellido Arriaza Migoya aparece asociado a financieras y a poderosos empresarios industriales. Igualmente, a propiedades y fincas en El Estor.

En el caso de la esposa Esquivel Font, costarricense, preside la Asociación por el Derecho a Vivir, una organización religiosa de donde se presume surge la conexión del nombre Grupo Sion.

Los esposos Arriaza Migoya y Esquivel Font, arrastran un fuerte caso de estafa, donde el demandante fue el Banco de Desarrollo Rural (Banrural)