Represa hidroeléctrica ‘verde’ provoca acusaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos

Por Shreya Dasgupta
Traducción de Consuelo Cardozo

Tomado de la red Mongabay

Niñas y niños portan una pancarta en conmemoración a dos niños presuntamente asesinados en 2013 por un empleado de la empresa dueña de la represa de Santa Rita. Foto cortesía de: Ricard Busquets (Red-CMI).

Se proyecta ubicar la represa de Santa Rita de 24 megavatios en el Departamento de Alta Verapaz al centro del país; cuenta con el respaldo del Banco Mundial, de varios bancos europeos y del gobierno guatemalteco. Pese a las acusaciones de agresiones, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático otorgó su aprobación al propietario de la presa para que gane créditos compensatorios de carbono por la electricidad que generará la represa. Los créditos se podrán comercializar acorde al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea. En una nación hoy azotada por agitaciones políticas sobre corrupción gubernamental, el proyecto es uno entre varios esfuerzos por reformar MDL.

Desde que se asignó la construcción de la represa de Santa Rita a una empresa guatemalteca llamada Hidroeléctrica Santa Rita, S.A. en 2008, dicha construcción, actualmente suspendida, se vio empañada por la controversia. Los grupos de derechos humanos dicen que la presa fue aprobada pese a la falta del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas mayas q’eqchi y poqomchí que residen en el área en que se la proyecta construir. Dichos grupos mantienen que esta construcción les quitará a las comunidades sus tierras sin retribución alguna y les impedirá seguir usando el Río Icbolay, del cual dependen para tomar agua y para su agricultura. Aseveran que la mayoría de las comunidades carece de electricidad pero que el proyecto no se las brindará; en vez, alimentará de energía eléctrica a la red nacional.

«En la región, la empresa es la mayor vulneradora de los derechos humanos colectivos e individuales de la gente», le dijo a mongabay.com Máximo Ba Tiul, vocero del Consejo de Pueblos de Tezulutlán, un grupo indígena activista en Guatemala que se resiste a la represa.

Las protestas pacíficas y los bloqueos que realizaron las comunidades terminaron en violencia, inclusive en varios asesinatos, desalojos forzosos y el encarcelamiento ilegal de líderes y lideresas de la comunidad, según alegan el grupo de Tiul y otros.

En 2013, por ejemplo, un empleado de Hidroeléctrica Santa Rita, S.A., propietaria del proyecto, disparó y mató a dos niños mayas de 11 y 13 años de edad—en alegatos de activistas locales recogidos en las noticias. Se informó que el agresor estaba en busca de David Chen, tío de los niños y activista que se resiste a la presa de Santa Rita y que ya había escapado a un intento de rapto.

El asesinato de los niños generó un revuelo. Conforme a las noticias, 17 organizaciones locales emitieron una declaración conjunta de prensa el día de los asesinatos y responsabilizaron a «la Empresa Hidroeléctrica Santa Rita S.A. y al gobierno por violar los derechos de la población y provocar conflictos en el área».

Más tarde, en abril de 2014, un terrateniente local y sus guardias de seguridad, ligados a Hidroeléctrica Santa Rita S.A., dispararon a indígenas de comunidades que se hallaban en una ceremonia religiosa, mataron a una persona e hirieron a cinco, de acuerdo a grupos activistas. Unos meses después, en agosto, más de 1.500 oficiales de policía ingresaron a la región y asaltaron con gas lacrimógeno a 200 familias indígenas reunidas en una protesta pacífica contra la represa. Asimismo, los oficiales capturaron ilegalmente y humillaron a tres mujeres y dos hombres, de acuerdo a una carta enviada en octubre por más de dos docenas de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales a la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Según la carta, 7 personas murieron y 70 fueron heridas en enfrentamientos de este tipo. Además, 30 personas fueron ilegalmente arrestadas, 30 casas fueron reducidas a cenizas y varias familias se vieron obligadas a huir de sus casas y a buscar refugio.

Las represas, las minas y otros proyectos de marcada huella ecológica y que cuentan con respaldo gubernamental están en la mira pública en Guatemala, y se las está reexaminando a la luz de extendidas denuncias de violencia e intimidación en relación a los nuevos proyectos de infraestructura. En las últimas semanas, el país ha visto protestas masivas por una ola de escándalos de corrupción que llevaron a varias(os) de los principales funcionarias(os) de gobierno a renunciar, como la vicepresidenta Roxana Baldetti, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales Michelle Martínez, el ministro de Energía y Minas Edwin Rodas y el ministro del Interior Mauricio López Bonilla.

Un cartel demanda justicia en una procesión funeral por tres indígenas asesinados durante una operación del gobierno guatemalteco en agosto de 2014. Foto cortesía de: Consejo de Pueblos de Tezulutlán.

Un proceso de consulta de poco rigor

El Consejo de Pueblos de Tezulutlán y otros grupos activistas recalcan que la construcción de la represa de Santa Rita fue aprobada por el gobierno y el órgano MDL de NN. UU. sin consultar apropiadamente a las comunidades locales.

En 2014, mucho después de que empezaran a emerger las acusaciones de agresiones a los derechos humanos, la junta de MDL de NN. UU. registró la planta hidroeléctrica. Con ello confirió un aura verde al proyecto y permitió a Hidroeléctrica Santa Rita, S.A. ganar créditos compensatorios de carbono que pueden comercializarse en el mercado europeo de carbono, que habilita a los países reducir sus emisiones de carbono para lograr sus metas de emisiones.

El costo de la represa hidroeléctrica está proyectado en unos $67 millones, conforme a su Documento de diseño de proyecto. El proyecto está apoyado por un fondo de capital riesgo en el que han invertido el Banco Mundial y cuatro instituciones europeas de desarrollo — German Investment Corporation [Corporación alemana de inversión], Netherlands Development Finance Company [Empresa holandesa de financiamiento para el desarrollo], Agencia española de cooperación internacional y Swiss Investment Fund for Emerging Markets [Fondo suizo de inversiones en mercados emergentes]— según Carbon Market Watch, una organización con sede en Bélgica que vigila y analiza los mercados de carbono.

Las reglas de MDL requieren que las(los) funcionarias(os) del proyecto consulten con las comunidades locales afectadas y tomen en cuenta sus comentarios. Mas en el caso de la presa de Santa Rita, la consulta pública fue realizada descuidadamente, de acuerdo a grupos de derechos humanos.

En una carta de mayo de 2014 dirigida a la junta ejecutiva de MDL, el Consejo de Pueblos de Tezulutlán afirmó que el proceso oficial de consulta pública del proyecto sólo se comunicó con algunos miembros de la comunidad que, en su mayoría, ya apoyaban el proyecto. Es más, anotó el grupo, sólo se consultó a nueve de más de 30 comunidades que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico de Santa Rita. Según la carta, 24 de estas comunidades rechazaron el proyecto en reuniones comunitarias.

La junta ejecutiva de MDL revisó las denuncias hechas por los grupos locales de partes interesadas. De hecho, de acuerdo a Carbon Market Watch, ésta fue la primera vez que MDL revisaba formalmente un proyecto por alegatos de inapropiada consulta local. Sin embargo, en su carta de respuesta del 5 de junio de 2014, la junta ejecutiva concluyó que el proyecto «cumplía con los requisitos aplicables de MDL, inclusive con el proceso de consulta local a partes interesadas».

Eva Filzmoser, directora de Carbon Market Watch, consideró que la decisión de MDL de tomar la consulta local con seriedad fue un «hito», pero dijo a mongabay.com que la junta no explicó su forma de revisar los reclamos. Por ejemplo, dijo Filzmoser, el comunicado de la junta de MDL señaló que el proyecto cumplía con todos los requisitos de MDL porque la autoridad nacional designada así se lo aseguró a la junta. Aparentemente, la junta de MDL se limitó a respaldar su aprobación en su correspondencia con funcionarias(os) asociadas(os) al proyecto, tal cual anotaron Carbon Market Watch y otros grupos de derechos humanos en su carta de octubre a la Relatora especial de NN. UU.

En Guatemala no es común consultar sobre proyectos medioambientales grandes, dicen las(los) activistas. Cuando Dinah Shelton, en esa época Relatora especial de NN. UU. sobre los derechos de pueblos indígenas, visitó el país en 2013, expresó su preocupación en un comunicado de prensa Afirmó que «el estado otorgó las licencias actuales para minería y plantas hidroeléctricas sin consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas, tal cual obligan los tratados internacionales que firmó Guatemala».

Un problema aún más grande de los proyectos señalados como verdes

Sin embargo, Santa Rita no es un caso aislado de proyecto sellado como verde y envuelto en violaciones a los derechos humanos. Varios proyectos generadores de energía que MDL aprobó en Guatemala y en otros países también fueron implicados, conforme a a estudios de caso compilados en 2013 por Carbon Market Watch.

Para citar un caso, al menos dos proyectos hidroeléctricos en Guatemala registrados por MDL vulneraron derechos humanos al no obtener el consentimiento informado de comunidades indígenas afectadas y al usar la violencia y los desalojos forzosos contra comunidades que protestaron, según grupos de activistas e informes de prensa. Entre estos proyectos están la presa de Palo Viejo de 85 megavatios en la municipalidad de San Juan Cotzal y la presa Xacbal de 94 megavatios en la municipalidad de Chajul.

Un mes después de afirmar que la represa de Santa Rita había cumplido debidamente con las reglas de consulta local con partes interesadas, la junta de MDL acordó enmendar esas reglas en una reunión de su junta ejecutiva en julio de 2014. El cambio se dio conforme aumentaba la crítica sobre los procesos defectuosos de consulta en muchos proyectos aprobados por MDL. Las nuevas enmiendas redefinieron el alcance de las consultas locales a partes interesadas — por ejemplo, el grupo mínimo de partes interesadas que debe participar en las consultas, la forma de conducir las consultas y la información a ponerse a disposición de las partes interesadas.

«Este es, en principio, un gran paso adelante», dijo Filzmoser. «Lamentablemente, no considera necesario un mecanismo de cumplimiento ni un panel de investigación en los casos en que no se respetan las obligaciones nacionales o internacionales».

«Hasta ahora MDL no cuenta con un mecanismo de denuncias. Esperamos que esto cambie a la hora de reformar MDL como parte de las próximas negociaciones de CMNUCC en Bonn, Alemania, que empiezan el 1o de junio», agregó Filzmoser, refiriéndose a las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Tal vez en un statu quo guatemalteco alterado por la conmoción gubernamental y social, y en reglas de MDL que están por cambiar, las comunidades en Alta Verapaz hallen una oportunidad en su lucha por cancelar definitivamente la represa de Santa Rita