¿Qué piensan los empresarios del comercio sobre el gobierno de Guatemala?

Según la Cámara de Comercio existe una falencia a la hora de proteger sus ganancias frente a la “competencia ilegal” del narcotráfico.

por Juan Pablo Muñoz (Ceppas-CMI)

El 4 de febrero la Cámara de Comercio (CCG)convocó un desayuno bajo la consigna “Proyecciones Económicas para un año electoral”. Según el boletín oficial de la CCG asistieron unas 750 personas, incluyendo agremiados y ponentes, entre los cuales destacaban funcionarios públicos y analistas políticos. Además de centrarse en temas claves para este sector del CACIF, como son los aspectos macroeconómicos, se discutió del rumbo que tomaría el país en función de los proyectos políticos que se suceden para gobernarlo.

En la reunión se realizó una encuesta a 743 de los asistentes. Los resultados fueron interesantes para analizar cómo piensan determinados sectores del gremio patronal, en este caso los comerciantes. La primera pregunta fue en torno al tema de la violencia, dando como resultado que el 41% indica que con el gobierno de Otto Pérez Molina (ex general que prestó servicios castrenses durante los años más duros del Conflicto Armado Interno) se mantiene igual y el 51% indica que ha empeorado.

Al respecto, el presidente e la Cámara expuso que aproximadamente entre el 8% y el 15% de la planilla de gastos de una empresa se destina a seguridad privada. Este aspecto no sólo significa que el país vive con miedo sino sobre todo que el ámbito de la seguridad privada es una maravillosa beta de riqueza para las personas cuyas empresas prestan dicho servicio. Es decir, hay un sector del empresariado que se está enriqueciendo a costa del resto.

Se preguntó también cómo perciben la economía del país y es notorio que un 46% que indica que con este gobierno está igual que siempre y que el 41% considera que ha empeorado. Estos datos son contrarios al informe de gobierno que presentó generosos avances en el tema durante los últimos 3 años. Concuerda, también, con la oposición que gran parte del empresariado tiene a la idea de que se creen más impuestos (como sucedió con los artículos de la Ley del Presupuesto 2015, impugnados ante la Corte de Constitucionalidad) o de que se imponga un salario aún menor al precario salario mínimo en forma diferenciada (porque si bien los favorece al sector industrial esto hace mella sobre la capacidad de consumo de los habitantes de determinadas regiones).

La tercera pregunta se refirió al tema de la corrupción. Los empresarios señalaron en un 69% que este gobierno es más corrupto que los anteriores y 29% que se mantiene igual. En materia de lucha contra la corrupción, el país ha avanzado poco aún cuando existen leyes específicas para minarla. No se pueden cuantificar números elevados de investigaciones criminales o sentencias a políticos corruptos y a las personas que los corrompen.

La siguiente pregunta es importante porque pide que se hiciera una evaluación del actual gobierno, dando como resultado que el 31% cree que es regular, 35% que es malo y 29% que es muy malo. Estos datos claramente exponen que este sector empresarial no es afín al gobierno de turno y, sin duda, es negativo para el partido oficial en sus ansias de reelección.

La penúltima pregunta estaba orientada a averiguar si los encuestados consideraban que es importante que se prorrogue el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Un amplio 71% cree que esta debe permanecer. En las próximas semanas, el presidente tendrá que tomar una decisión final respecto de este tema y puede considerarse que las posturas más viables sobre ello. En orden serían: a) que ya no solicite la prórroga de su mandato, b) que la reduzca al mínimo posible (en cuanto a sus funciones).

Finalmente, se preguntó a los empresarios si ya habían decidido su voto para estas elecciones próximas y el 87% indicó que aún no sabe por quién votará.

En su conjunto, los anteriores datos son importantes porque reflejan el sentir y el pensar de una de las partes más dinámicas del empresariado. De hecho, este sector por lo que en general representa a esas cada vez más reducidas capas medias altas que lejos de cuestionarse la estructura del modelo de “desarrollo” que durante los últimos 25 años se ha impulsado en Guatemala, se sienten defraudadas de la forma inepta clmo se la conduce.

En pocas palabras, lo que los agremiados a la Cámara de Comercio encuestados están diciendo no es que urge una reforma estructural del Estado, sino un proyecto que mínimamente haga viable la posibilidad para los medianos capitales de subsistir y acrecentarse – a costa de la población – sin que tengan competencia “desleal” generada por el narcotráfico o por la corrupción de la clase política. Ello, y sólo ello, es lo que quieren decir estas cifras.

 

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