Población desarraigada y Restitución de la tierra de Tzalbal

Por: Esta Tierra es Nuestra

Acuerdos de Paz

Las poblaciones desarraigadas por el conflicto armado interno son aquellas que fueron forzadas a abandonar sus lugares de residencia habitual por causas de la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 – 1996, habiendo ocurrido el mayor desplazamiento forzado entre 1981 y 1984. Las poblaciones desarraigadas comprenden el refugio fuera del territorio nacional, su repatriación o retorno, su desplazamiento y reconcentración interna, la emergencia de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), la proliferación de viudas y huérfanos, así como la búsqueda incansable de los miles de desaparecidos y desaparecidas.

Distintas organizaciones no gubernamentales documentaron en la década de los 80’s el desplazamiento forzado de cerca de un millón de guatemaltecos. Una encuesta realizada en 1997 por la CTEAR-FNUAP-CEAR aportó el dato de 324,187 personas que se reconocen como desarraigadas por causas del conflicto armado en 17 departamentos del país.

Se recapitulan a continuación los compromisos relativos a la tierra contenidos en el Acuerdo para el Reasentamiento de la Población Desarraigada, firmado por el gobierno de Guatemala el 17 de junio de 1994.

Atención Especial: “Principios 3. Las poblaciones desarraigadas merecen una atención especial, por las consecuencias que el desarraigo tuvo en ellas, mediante la ejecución de una estrategia global de carácter excepcional que asegure, en el plazo más breve su ubicación en condiciones de seguridad y de dignidad y su libre y plena integración a la vida social, económica y política del país.”

Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra: “Garantías 8. Un elemento esencial para el reasentamiento es la seguridad jurídica en la tenencia (entre otros, uso, propiedad y posesión) de la tierra. Al respecto, las Partes reconocen la existencia de un problema general que afecta en particular a la población desarraigada. La inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra tiene una de sus manifestaciones principales en la dificultad para ofrecer los medios de prueba sobre los derechos correspondientes. Ello deriva, entre otros factores, de problemas registrales, de la desaparición de los archivos del Instituto Nacional de Transformación Agraria, de la debilidad institucional de los organismos especializados y de las municipalidades; de la vigencia de derechos sustentados en esquemas consuetudinarios de tenencia y medición; de la existencia de segundos ocupantes o de la cancelación de derechos sobre la base de la aplicación improcedente de las disposiciones relativas al abandono voluntario.”

Garantías 9. En el caso particular del abandono de tierras a causa del enfrentamiento armado, el Gobierno se compromete a revisar y promover las disposiciones legales que eviten considerarlo como abandono voluntario y ratifica la imprescriptibilidad de los derechos de tenencia de la tierra. En este contexto, promoverá la devolución de las tierras a los poseedores originarios y/o buscará soluciones compensatorias adecuadas.”

En el proceso de la Firma de la Paz el acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, profundiza y dispone sobre la temática de la tenencia de la tierra, dado que fue esta una de las causas del levantamiento insurreccional guatemalteco y sigue siendo hoy día uno de los principales problemas a resolver en el país.

Esta temática ha sido abordada recientemente por organizaciones campesinas en la Iniciativa 40-84 Ley de Desarrollo Rural Integral, que fue recientemente bloqueada en el Congreso a solicitud de la Cámara del Agro y en menor medida por la Cámara de Industria.

En el acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria se establece en el artículo sobre Resolución expedita de los conflictos de tierra (incisos f y g), lo siguiente:

f) Establecer y aplicar procedimientos judiciales o no judiciales ágiles para dirimir los litigios sobre tierra y otros recursos naturales

ii) Restituir o compensar, según el caso al Estado, las municipalidades, comunidades o personas cuyas tierras hayan sido usurpadas, o que con abuso de autoridad hayan sido adjudicadas de manera anómala o injustificada.

g) Regularizar la titulación de las tierras de las comunidades indígenas y de los beneficiarios del Instituto Nacional de Transformación Agraria que poseen legítimamente las tierras otorgadas;”

El inciso “g” apoya legal y políticamente la gestión del Fondo de Tierras quien asumió desde 1997 la regulación de todas las anomalías que dejó el militarizado Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA).

La regularización de las tierras de Nebaj motivó la visita del Fondo de Tierras a la aldea de Tzalbal y Acul.

Fue así como el 3 de mayo de 2011 llegó a la comunidad de Tzalbal el delegado del Fondo de Tierras Santos Guadalupe, con una notificación informándole a la población que: “Ustedes están viviendo de prestado, porque sus tierras están a nombre de La Nación”

El despojo

La desmembración de las tierras de Tzalbal del título ejidal de “Santa María Nebaj” finca número 3022, folio 260, libro 16 del departamento de Quiché fue realizada el 11 de mayo de 1984. Se desmembraron 33 caballerías conformando así la finca número 8694, folio 92, libro 29 en favor de “La Nación”.

El 2 de noviembre de 1983, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 771-83 el gobierno acordó la creación de la “Comisión Nacional de Desarrollo de San Juan Acul, Salquil, Amajchel, Tzalbal, Río Azul, Actzumbal, y las aldeas de la jurisdicción de Playa Grande en el departamento de El Quiché”. Acordando realizar un levantamiento topográfico del área, así como una identificación de los propietarios de tierras, levantamiento de planos, delimitación de las parcelas y su adjudicación, aunque en realidad nunca se las adjudicaron a nadie.

El alcalde de aquel entonces señor Jacinto de Paz, recuerda muy bien como el ejército lo presionó para que desmembrara en el año de 1983 la tierra de Acul y la tierra de Tzalbal en 1984. Esta presión se realizó en los contextos en donde el pueblo de Nebaj se encontraba casi deshabitado, ya que la población se había desplazado a las montañas y todas las instancias de gobierno se encontraban dirigidas por militares.

Me dieron un culatazo en la cabeza, luego vi como sacaban arrastrado al secretario municipal de aquel entonces. Me dijeron que me alistara para salir de viaje, yo creí que me iban a desaparecer.”

En este mismo día el señor Jacinto de Paz fue llevado en avión desde La Pista de Nebaj, rumbo hacia el aeropuerto La Aurora en Guatemala, Capital. En el mismo aeropuerto fue conducido a las oficinas del INTA llamadas “El Hangar”, que estaban bajo custodia del Agrupamiento Táctico Militar en donde se realizaban la mayoría de las gestiones de tierra de la Franja Transversal del Norte. Luego viajó rumbo a la pista de Quetzaltenango a la que le llevaron un libro del Segundo Registro de la Propiedad para que allí firmara la sesión de tierra a favor de La Nación.

Durante los años del conflicto armado diversas familias originarias de Tzalbal fueron capturadas, concentradas y reasentadas por el ejército en la aldea modelo de Tzalbal. Años más tarde también fueron regresando a sus comunidades de origen algunos grupos que se encontraban en situación de desplazamiento, como fue el caso de las familias que conformaban las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) que retornaron a su origen a pesar de la prohibición de la Organización Internacional de Migrantes (OIM) de las Naciones Unidas (ONU) y del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) quien en su momento era funcionario el ex presidente Álvaro Colom. Es indudable que estas organizaciones así como el gobierno de entonces conocían perfectamente que dicha tierra había sido nacionalizada, pero este hecho nunca fue informado o aclarado ante la población de Tzalbal y muchas otras comunidades en el departamento de Quiché.

Movilización Comunitaria

En diversos encuentros comunitarios, las comunidades de Tzalbal fueron reconstruyendo, recuperando y validando colectivamente en el espacio y en el tiempo, la historia de las mediciones de sus tierras por parte del ejército y del extinto INTA, el nombre de los oficiales que dieron las órdenes de medir, las masacres realizadas por ejército, el desplazamiento de casi la totalidad de su población, la tierra arrasada de las operaciones contrainsurgentes, así como la concentración militar forzosa en la llamada aldea modelo, la aldea modelo de Tzalbal.

Alarmada la población de Tzalbal por las noticias que dio el Fondo de Tierra el día 10 de mayo del año 2011 realizaron seguidamente tres encuentros intercomunitarios. El día 27 de mayo 2011 se realizó un cuarto encuentro masivo por parte de las comunidades, con el objetivo de buscar más información e información segura.

Catorce comunidades parecen ser las afectadas por la nacionalización de las tierras y en este día se formó una comisión representativa de estas catorce comunidades. Al mismo tiempo decidieron buscar asesoría política y acompañamiento jurídico que lo encontraron con el Licenciado Ramón Cadena director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Para el mes de agosto del mismo año se conoció por medio de un estudio registral catastral en el Segundo Registro de la Propiedad en Quetzaltenango, la existencia de 50 desmembraciones de la tierra ejidal de Nebaj, 35 de ellas en el 2011 efectuadas por el ex alcalde Virgilio Bernal Guzmán.

También se pudo obtener el título ejidal de Nebaj, inscrito en el Segundo Registro de la Propiedad en el año 1902 que asienta a la municipalidad y a los vecinos de Santa María de Nebaj como los copropietarios de los 608 kilómetros cuadrados que conforman el título ejidal y la totalidad del municipio.

Esta información alimentó el entendimiento de la población ixil, al comprender que la lucha de sus abuelos por la inscripción de la tierra en el registro de la propiedad no fue en vano y que había que luchar de la misma forma para recuperar la tierra e inscribirla nuevamente en el ejido, sin estar desprotegidos o apartados de los demás.

Basados en dicha información el 6 de noviembre de 2011 convocaron a una Asamblea General de las 14 comunidades que conforman Tzalbal, en orden a tomar decisiones colectivamente. El resultado de dicha asamblea intercomunitaria fue el de conformar la Comisión de Tierra integrada por 2 delegados por comunidad afectada, así como emitir un comunicado para dar a conocer a la comunidad nacional e internacional, la municipalidad y otras comunidades de Nebaj, el robo de las tierras de Tzabal que ejecutó el gobierno y el ejército en el año de 1984 por la fuerza de las armas.

También acordaron que iban a dialogar con el Estado en un tiempo definido y que no iban a negociar la tierra. Que la mejor figura jurídica para la devolución de la tierra es la llamada “RESTITUCIÓN”, ya que se encuentra contenida en los Acuerdos de Paz. Que en el proceso de restitución no haya intermediarios que dividan a la población, ni que tengan la intención maliciosa de medir la tierra, ya que los límites que establece el mapa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no corresponden al territorio de las 14 comunidades reasentadas, sino que excede al mismo.

Luego de esta importante asamblea intercomunitaria se acercaron a su municipalidad preocupados por este problema del tiempo de la guerra y que nunca se imaginaron que nuevamente surgiría para causar incertidumbres en la población.

La municipalidad en actual gestión del profesor Pedro Raymundo Cobo, llegó a Tzalbal a escuchar los planteamientos y a tomar una decisión en conjunto con la población. El alcalde acogió con buenos ojos la postura de las comunidades y declaró procedente dicha solicitud, emitiendo el Acuerdo Municipal número 042-2012 con fecha 12 de julio de 2012.

Instancias Gubernamentales

Juntamente con el abogado de la Municipalidad y el abogado de las comunidades concretaron una reunión con el Fondo de Tierras y Secretaría Agraria el 28 de febrero de 2013, en donde expusieron la situación y el Fondo de Tierras informó que la tierra si se asignó, pero nunca se adjudicó y ni mucho menos se entregó. Durante la misma, 29 años después, el Fondo de Tierras informó que el INTA emitió el 10 de mayo de 1984 el Acuerdo 08-84 que adjudica a 238 campesinos que conforman la comunidad de “Tzabal”, el terreno cedido a la Nación en calidad de Patrimonio Agrario Colectivo, pero esta nuca se llevó a cabo.

Ante esta nueva información, oculta a los ojos de las 14 comunidades de Tzalbal y la municipalidad les resulta anómalo que este acuerdo fuera emitido el 10 de mayo, un día antes de dicha desmembración. Es decir jurídicamente es imposible adjudicar una finca antes de que esta sea creada.

La nueva información alertó a los pobladores que nuevamente regresaron a las comunidades a consultar con el pleno y determinaron que este listado era un listado emitido por el ejército para controlar a todas las personas de la aldea modelo. Dicho listado se leía todas las mañanas y todas las tardes por los oficiales destacados en la base militar localizada en Tzalbal y el que no comparecía cuando era llamado después era acusado y asesinado extrajudicialmente.

Determinaron que de este listado había algunas personas fueron ejecutadas por el ejército, otros se murieron por enfermedad, otros se huyeron de la aldea modelo y muchos regresaron a vivir a sus lugares de origen en donde habían sido capturados y posteriormente concentrados por el ejército en la aldea modelo de Tzalbal. También determinaron que hay muchos nombres repetidos, todos ellos sin número de cédula y además no contiene la totalidad de las personas que regresaron a vivir nuevamente a sus tierras en Tzalbal años después.

Se reprogramó la próxima reunión el 4 de julio de 2013 en donde se definiría el proceso de diálogo con autoridades del Fondo de Tierras y Secretaría de Asuntos Agrarios al más alto nivel con capacidad de decisión sobre esta problemática.

Y fue así que se dieron una, dos, tres, cuatro y en la quinta reunión del 18 de febrero de 2014 se hicieron presentes el Registro de la Propiedad con su delegada Conchita Mazariegos, Escribanía de la Nación y la Procuraduría General de la Nación además de Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo de Tierras. La delegada Mazariegos informó que el presidente estaba anuente a dicho proceso y había voluntad política de que “la devolución de la tierra, fuera lo más pronto posible”.

Las comunidades expresaron nuevamente sus requerimientos para la restitución y que fuese “un proceso sin mediciones, sin intermediarios, sin condiciones y sin divisiones”. Continuaron “el robo de la tierra lo hicieron con violencia militar, no hubo consulta a la población como copropietaria del ejido y en situación de desplazamiento de la población originaria, ya que se encontraba huyendo de las masacres cometidas por el ejército en la región ixil”.

A pesar de las afirmaciones tan delicadas presentadas por la población ese día, el Fondo de Tierra y la Secretaria de Asuntos Agrarios mantuvieron su postura que no fue un robo, sino una “cesión a título gratuito” de la municipalidad hacia el Estado y que no se puede comprobar que fue hecha por la fuerza, ya que no hay testigos.

Luego la licenciada Conchita Mazariegos, expresó que no había forma de regresar la tierra, ya que la restitución como se pide actualmente no se puede hacer porque nunca se ha hecho un proceso similar de inscribir una desmembración, nuevamente al ejido municipal. También expuso que la figura de vecinos, no es una figura jurídica válida para el Registro de la Propiedad, por lo tanto, no reconocerían la copropiedad que existe en este título ejidal.

El licenciado Ramón Cadena argumentó en esta reunión que la decisión de las comunidades está amparada por convenios nacionales e internacionales y dijo:

…no existe voluntad política de los funcionarios de gobierno y que no quieran abocarse a los Acuerdos de Paz, al Código Municipal, al Convenio 169 de la OIT y otras leyes, eso ya se nota la malicia que existe por entorpecer este proceso al excluir al sujeto de derecho que es la municipalidad y los vecinos”.

Luego de un receso las partes se pronunciaron y Escribanía de la Nación expuso:

Si existen los mecanismos legales para realizar una Unificación por Absorción, donde esta finca que fue desmembrada, puede volver a formar parte del ejido por la vía contractual. Sin embargo ustedes están eligiendo una forma de tenencia de la tierra deficiente, ya que ustedes no pueden gravar, enajenar, ni disponer de forma individual es decir, hipotecar, heredar o vender. Guatemala no reconoce la copropiedad, es decir, o es de la municipalidad o es del Estado.”

Además de ello los funcionarios solicitaron la creación de una mesa jurídica-técnica, un borrador de Acuerdo Gubernativo y que de igual forma se podría hacer únicamente por medio de una escritura pública, tal y como fue desmembrada, sin necesidad de un Acuerdo Gubernativo para que no sufriese cambio alguno.

Los abogados, las comunidades y la municipalidad vieron con buenos ojos el camino planteado por los funcionarios, pero esto no duraría mucho tiempo, ya que en otras seguidas reuniones de la mesa jurídica-técnica una de las exigencias muy específicas planteada por el Fondo de Tierras era de que se tenía que hacer una visita in situ para verificar que los que aparecen en el listado del INTA rescindan de su derecho de propiedad.

Nuevamente se veía entorpecido el proceso y sabiamente el Alcalde Municipal celebró junto al Consejo Municipal una Asamblea Municipal junto a las 14 comunidades de Tzalbal en mayo de 2014. A esta reunión se les expuso nuevamente a Fondo de Tierras y Secretaría Agraria que lo que provocarían, si continuaban insistiendo sobre dicho listado es conflictividad, violencia y la re victimización de la población que vivió cautiva en dicha aldea modelo en aquellos años.

El Fondo de Tierras reaccionó tirando el proceso de “diálogo” y “voluntad” del ejecutivo, mediante una carta oficial indicándoles a las comunidades de Tzalbal y a la alcaldía de Nebaj que continuaran por la vía jurisdiccional competente.