Las visitas especiales: Estados Unidos y la elección a Fiscal General

Rodrigo Véliz (CMI-G)

El American Forces Press Service dio a conocer el pasado martes 22 la visita al país del Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Chuck Hagel. La llegada es parte de un pequeño viaje que Hagel realiza por Guatemala y México. Al mismo tiempo, se anunció la llegada del Senador demócrata Tom Carper. El senador, elegido desde hace ya algunos años como representante del Estado de Delaware, es del ala moderada del Partido Demócrata y un fiel bastión de las principales reformas que ha impulsado Barack Obama (como el polémico Obamacare) durante su administración.

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Hace casi un año, en un momento de igual incertidumbre en el sector justicia, también se dio la llegada de una figura importante del Estado norteamericano. En ese momento, Stephen J. Rapp, Ambassador at Large especializado en crímenes de guerra y negociador en otros procesos similares a los que en ese momento se vivían, hizo visitas a varias instancias, entre las que se incluyó la presidencia del país.

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La visita de Rapp se dio en un momento en que el juicio por genocidio parecía que retrocedía. Días luego de su partida el juicio se desentrampó y continuó su marcha hasta llegar a la ahora revocada sentencia por genocidio.

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La situación actual es un tanto distinta. En estas semanas se desatan serias pugnas por ver quién será la siguiente persona en dirigir las funciones del Ministerio Público. Estados Unidos ha sido explícito, en ya varias ocasiones, en afirmar su apoyo a Paz y Paz.

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Según entrevistas y lo que se ha visto hasta ahora en la Comisión de Postulación (CP-MP), la actual Fiscal General tiene un tumultoso camino para ser parte de la lista de seis aspirantes que llegará a las manos de Pérez Molina.

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Ya organizaciones de derechos humanos han hecho lo propio. Este jueves entregaron a la CP-MP, basándose en el artículo 12 de la Ley Orgánica del MP, una lista con casi 7 mil firmas para que se incluya a Paz y Paz en la lista de seis candidatos. No es difícil imaginar que las honorables visitas de los altos funcionarios norteamericanos tienen el mismo objetivo, aunque por otros medios.

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Una vez esa lista llegue a Pérez Molina la presión que varios grupos y sectores están ejerciendo en torno a la CP-MP, como hemos tratado de mostrar con varias publicaciones, se reducirá: en su círculo de influencia son menos los actores que pueden llegar. Estados Unidos es uno de ellos.

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La relación entre Estados Unidos y Pérez Molina ha tenido altibajos durante su actual gestión. No es nuevo afirmar que la gravitación de un país como Guatemala es bajo la esfera de influencia de Estados Unidos. La reciente afirmación de Pérez Molina sobre la poca amenaza que Guatemala representa para Estados Unidos (a diferencia de, digamos, Venezuela) lo confirma.

En el último año de la gestión de Colom el país recibió en ayuda militar y policial un total de US$29.36 millones, el más alto en años. Para el primer año de Pérez Molina ese monto tuvo una pequeña reducción, que para su segundo año llegó a casi US$17.6 millones, cantidad que no fue alterada para el presente año.

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En ese sentido debe verse también la integración del ejército guatemalteco en las Fuerzas Armadas Regionales, patrocinadas por el vecino del norte y con la República Dominicana a la cabeza. Y en esa misma línea debe tomarse en cuenta la presencia de marines en el sur de país, el papel regional del Comando Sur y su cuestionada Operación Martillo, la reciente llegada del barco Pathfinder y el continuo entrenamiento de oficiales estadounidenses a las fuerzas armadas y policiales guatemaltecas.

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Pese a eso, en el último año ciertas diferencias han saltado a la luz pública. El último Reporte de Derechos Humanos elaborado por el Departamento de Estado afirmó que durante la actual gestión el respeto a los derechos básicos no ha recibido un serio tratamiento, mientras se enumeraban numerosos casos para sustentar la crítica. El caso Chixoy y el del retraso por las adopciones son otro recordatorio.

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También lo es la tendencia a la baja del apoyo de Estados Unidos al país en materia de seguridad. Según el sitio Just the Facts, en el último año de la gestión de Colom el país recibió en ayuda militar y policial un total de US$29.36 millones, el más alto en años. Para el primer año de Pérez Molina ese monto tuvo una pequeña reducción, que para su segundo año llegó a casi US$17.6 millones, cantidad que no fue alterada para el presente año. El Salvador y Honduras, durante el mismo tiempo, han recibido un continuo aumento.

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En la reunión que tuvo Pérez Molina con el senador Carper, uno de los puntos que se discutieron fue el levantamiento del embargo de armas al ejército guatemalteco por parte del Senado norteamericano. Este ha sido uno de los pocos temas recurrentes por parte del gobierno actual. Y tanto el Departamento de Estado como Pérez Molina (y las redes de militares que lo apoyan) parecen estar de acuerdo en levantar el embargo.

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Ese podría ser un punto importante de negociación. El dos de mayo que viene la CP-MP se ha comprometido con entregar la lista con seis candidatos al presidente. Para el 30 de abril ya se sabrá quiénes están en la lista. El fin de semana largo que comienza el primero de mayo parece que será de negociaciones y acuerdos. Aunque sería iluso suponer que Estados Unidos no aceptaría otros/as candidatas para llevar las riendas del MP, allí los acercamientos que acabamos de describir podrían ser fundamentales. Eso podría aliviar o continuar con las distancias entre la actual gestión y Estados Unidos.

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Lo lamentable de la situación es cómo el futuro de la justicia del país depende de la decisión de actores que la valoran como un elemento táctico, subordinado dentro de su estrategia y más lejanos intereses.