Hostigamiento de la Familia Ponce Leal/Comunicado de Prensa. Consejo de Pueblos de Tezulutlán

COMUNICADO DE PRENSA

Los pueblos Q’eqchi, Poqomchi, Achi y Ladino. Las Organizaciones Sociales, ONG, Fundaciones, Asociaciones, Comités, Consejos Comunitarios de Desarrollo, personalidades, hombres y mujeres, ancianos y ancianas, niños y niñas del territorio de Tezulutlán. A la opinión pública nacional e internacional, a los organismos internacionales de derechos humanos (OACDHD, PNUD;,OEA); de financiamiento (BM, BID, BCIE). A la Cooperación Europea, a UNASUR; a las embajadas acreditadas en el país, al gobierno de Guatemala, al Sistema de Justicia del país, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a COPREDEH, a CODISRA, a la DEMI, al Organismo Legislativo. A las instituciones religiosas. A la sociedad en general:

COMUNICA

Que los pueblos originarios de la región (Q’eqchi, Poqomchi y Achi), desde la reforma liberal, ha estado bajo la opresión y represión de terratenientes alemanes, recrudeciéndose en estos últimos años, cuando los dueños del capital, nacionales y extranjeros, están queriendo cumplir con su proyecto extractivista, planificado desde la contrarrevolución de 1954. Todas las acciones de los dueños del capital en nuestro territorio, ha sido avalado por el sistema de justicia, por los cuerpos de seguridad (Ejército y PNC) y muchas veces por instituciones que tienen como función velar por los derechos humanos de los pueblos.

Como consecuencia del control que han ejercido los grupos de poder, sobre la tierra, los cuerpos y las mentes de los pueblos originarios, se ha generado una cultura del silencio y del miedo, que ha permitido que descendientes del poder económico, quieran retomar su poder, ejerciendo presión y represión, incluso recurriendo a utilizar fuerzas paramilitares, estos últimos, hoy ligados no solo a policías privadas, sino también al crimen organizado.

Hoy por hoy, a lo largo de nuestro territorio, es recurrente escuchar que tanto autoridades municipales como departamentales, así como terratenientes, dueños de hidroeléctricas, minerías, empresas de palma africana y otras, intimidan, criminalizan y reprimen a comunidades enteras, primero acusándolos ante las autoridades de gobierno como usurpadores, delincuentes, secuestradores, terroristas, etcétera y luego enviando grupos de policías y militares y otras veces grupos paramilitares y personal de seguridad privada, buscando todas las formas posibles, para que los pueblos dejen de resistir en contra del modelo de desarrollo extractivista.

Por esa razón, por el derecho que nos asiste como pueblos y organizaciones primero de organizarnos de todas las formas posibles, para resguardar nuestras vidas y luego amparados con las normas internacionales y nacionales de derechos humanos, manifestamos:

· Nuestro profundo rechazo a las constantes intimidaciones, amenazas, represiones y asesinatos, que el terrateniente Ponce Leal, su familia y sus guardaespaldas, han hecho en contra de las familias Q’eqchi de la comunidad 9 de febrero y que ha dejado como consecuencia varios hombres y mujeres heridos con armas de fuego y machete, sin que hasta el momento, el sistema de justicia haya iniciado una investigación profunda sobre el hecho.

· Por eso mismo, rechazamos la forma violenta como el terrateniente, su familia, principalmente su hijo Sandino Ponce Leal y sus guardaespaldas, actuaron en contra de la comunidad 9 de febrero el día lunes 8 de abril, cuando con armas de fuego, dispararon indiscriminadamente contra hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, dejando 7 heridos, una de ellas de gravedad.

· Nuestra indignación por el proceder los organismos de justicia de Alta Verapaz (ministerio público y organismo judicial) ya que esta la fecha no se ha avanzado en la investigación del Asesinato de los Niños David y Ageo, de la comunidad Monte Olivo de Cobán Alta Verapaz y que esta permita la captura de los autores intelectuales de los asesinatos.

Ante esto demandamos

· A la procuraduría de los derechos humanos para que rinda un informe objetivo sobre los hechos que se han suscitado en las comunidades sobre las márgenes del Río Dolores, a la que corresponde la comunidad 9 de febrero.

· A la fiscalía del ministerio público, a la corte suprema de justicia, para que emita órdenes a las fiscalías y juzgados de la región a investigar a profundidad los hechos de violencia que han sido perpetuados por el terrateniente Ponce Leal, contra la comunidad 9 de febrero, porque esta no ha sido la primera vez.

· Al Ministerio de Gobernación y a la PNC, a rendir informes exhaustivos sobre las acciones violentas que ha sido dirigido por dicho terrateniente y su familia en la región.

· A los diputados de la región, para que citen al MP; PDH; MG y otros ministerios involucrados en dichos problemas, para que rindan un informe sobre la realidad de nuestro territorio.

· A CODISRA Y DEMI, para que rindan un informe detallado sobre la violación al derecho a la no discriminación y racismo, que ha sido violado por terratenientes, empresarios y trajadores de las empresas que operan en la región de forma constante.

· Exigimos el esclarecimiento del asesinato de los niños David y Ageo de la comunidad Monte Olivo y que se determine si la empresa hidroeletrica Hidro Santa Rita tiene o no responsabilidad en este echo.

Por último hacemos un llamado a las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, organismos de derechos humanos como PDH, OACDH, PNUD; OEA, a formar una comisión de alto nivel para que verifique los hechos violencia que se están dando en la región, en contra de los pueblos indígenas, que resisten contra el modelo desarrollo extractivista.

A las iglesias cristianas, principalmente a la iglesia católica; para que ejerciendo su opción preferencial por los pobres, se pronuncie y condene enérgicamente los hechos de violencia en contra de los más pobres, desprotegidos y desposeídos de nuestra región.

A los centros de educación superior de la región, principalmente a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a que formen profesionales, que opten por los intereses de las comunidades y los pueblos, antes que por el capital y los grupos de poder.

A la sociedad en general a solidarizarse y a demandar justicia en todos los niveles, como primer paso para reconstruir una nueva humanidad en la región, sabiendo que toda acción del capital, es dañina para toda la población.