Sospechoso en caso de violencia sexual Maya Achi’ admite información clave en tribunal de Estados Unidos

En junio, reportamos que un hombre guatemalteco buscado en relación con la agresión sexual masiva cometida en contra de un grupo de mujeres Maya Achíes durante los años 1980s, Francisco Cuxum Alvarado, también llamado Francisco Cuxun-Alvarado, fue detenido el 30 de abril en Waltham, Massachusetts. Este lunes, la Fiscalía de Massachusetts emitió un comunicado de prensa informando que Cuxum Alvarado se declaró culpable de un cargo de reingreso ilegal a los Estados Unidos.

por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

El juzgado programó la audiencia de sentencia para diciembre de este año. Cuxum-Alvarado se enfrenta a un máximo de dos años en prisión.

Luego de cumplir con su sentencia, Cuxum Alvarado será enviado a Guatemala, donde se le acusa de crímenes contra la humanidad en el caso de violencia sexual Maya Achí. Además, Cuxum Alvarado fue mencionado como sospechoso en la masacre de mujeres y niños del Cerro Pacoxom, el 13 de marzo de 1982.

¿UN NUEVO CAPÍTULO PARA EL CASO MAYA ACHÍ?

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Fiscalía de los Estados Unidos del distrito de Massachusetts, Cuxum Alvarado admitió ante las autoridades haber sido miembro de las patrullas de autodefensa civil (PAC) de Guatemala. Su confesión y eventual condena abren potencialmente un nuevo capítulo en el caso de violencia sexual Maya Achí, que esta paralizado por la decisión de la jueza de primera instancia de liberar a los acusados bajo argumentos que los querellantes afirman son espurios.

En 2018, el gobierno de Guatemala acusó a Cuxum Alvarado, junto con otros nueve individuos, de crímenes contra la humanidad por hechos de violencia sexual varios mujeres Maya Achíes en Rabinal y sus alrededores. Según la Fiscalía, todos los acusados eran miembros de las patrullas de autodefensa civil (PAC) que se hallaban bajo el control del ejército.

A principios de los años 1980s, el ejército de Guatemala condujo una serie de ataques contra el pueblo indígena Maya Achí en Río Negro, municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapáz. Durante estas masacres, el ejército de Guatemala, con ayuda de las PAC, desplazó forzosamente al pueblo Maya Achí fuera de Río Negro. En este contexto, más de 400 personas Maya Achis fueron asesinados y cientos más fueron desplazados. Además de los asesinatos, se cometieron agresiones sexuales contra mujeres Maya Achíes.

Las autoridades arrestaron a siete hombres acusados por el caso. No fue posible localizar a tres acusados, incluyendo a Francisco Cuxum Alvarado.

En agosto de 2019, la jueza a cargo del juicio en su fase inicial, Claudette Domínguez, desestimó los cargos contra los seis acusados (uno de los acusados murió por causas naturales mientras estaba bajo custodia del gobierno) y ordenó su liberación. En el caso de tres de los acusados, incluyendo a Damian Cuxum Alvarado, hermano de Francisco Cuxum Alvarado, la jueza Domínguez justificó su decisión argumentando que el Ministerio Público no había probado que de hecho fueran miembros de las PAC.

Las querellantes se opusieron a este argumento diciendo que la jueza no tomó en cuenta la evidencia principal del caso: el testimonio ocular de las mismas mujeres sobrevivientes, que identificaron directamente a los acusados como autores materiales. El hecho de que Francisco Cuxum Alvarado haya admitido haber sido miembro de las PAC le da al caso nueva evidencia, así como un nuevo acusado.

A su vez, el 9 de septiembre Domínguez fue separada del caso, luego de que la Sala Primera de Mayor Riesgo concediera una moción de recusación presentada por las querellantes que cuestionaban la imparcialidad de la jueza. La corte le transfirió el caso el Juez Miguel Ángel Gálvez, del Tribunal de Alto Riesgo “B”. El Juez Gálvez es ampliamente conocido por ser un juez justo e imparcial pero, al igual que otros jueces en Guatemala, ha sufrido varias campañas de difamación y esfuerzos intimidatorios por parte de grupos que creen que la lucha contra la corrupción y en pro de la rendición de cuentas ha ido demasiado lejos en Guatemala.

Las Pistas que llevan a los Autores Intelectuales

Aunque ningún oficial retirado de alto rango ha sido acusado por el caso violencia sexual Maya Achí, la evidencia presentada por la fiscalía apunta a la responsabilidad penal de los altos oficiales destacados en la Zona Militar 21 (ZM21) en Cobán, Alta Verapaz. Entre 1981 y 1983, el destacamento militar de Rabinal, localizado en el departamento de Baja Verapáz se hallaba bajo la jurisdicción de la ZM21 de Cobán, Alta Verapáz. Luego de 1983 se creó la Zona Militar 4 de Salamá en Baja Verapáz, la cual tomó bajo su jurisdicción al destacamento de Rabinal.

Esta es la misma base militar en la que 565 cuerpos fueron exhumados en 2011 y 2012 y por la que ocho altos oficiales retirados del ejército esperan ser juzgados por el caso CREOMPAZ. Entre los implicados en el caso de violencia sexual Maya Achí se encuentran:

• El capitán José Antonio Solares González, que estaba a cargo de la tropa y de las PAC en el destacamento militar de Rabinal. Un testigo declaró que observó cómo este autorizaba la violación masiva de mujeres de Río Negro, incluyendo a dos sobrevivientes del caso Maya Achí. Los testigos también lo han implicado en varias masacres, incluyendo la masacre de Río Negro, cometida el 13 de marzo de 1982, en la que murieron más de 170 personas.

• El ex-mayor del ejército Luis Felipe Miranda Trejo, el oficial de inteligencia militar “S2” a cargo de la ZM21 entre el 1 de septiembre de 1981 y el 30 de abril de 1982. Miranda Trejo es uno de varios oficiales acusados en el caso CREOMPAZ que permanece prófugo. Éste es miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), que fundó el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que llevó al actual presidente Jimmy Morales al poder.

• El comandante de la ZM21 en esa época, el Coronel Ricardo Méndez Ruiz-Rohrmoser. El Ministerio Público trató de arrestar a Méndez Ruiz-Rohrmoser, que fungió como Ministro de Gobernación bajo el gobierno de Efraín Ríos Montt, en relación con el caso CREOMPAZ, pero se informó de su fallecimiento cinco días antes que se emitiera la orden de arresto en su contra, el 6 de enero de 2018.

• El Jefe de Estado del Ejército en esa época, Benedicto Lucas García, condenado en 2018 por el caso Molina Theissen y sentenciado a 58 años de prisión. El proceso legal en ese caso estableció que, bajo su liderazgo, el ejército autorizó la violencia sexual en contra de mujeres como parte de su estrategia contrainsurgente. Lucas García también aguarda juicio en el caso CREOMPAZ.

MIEMBROS DE PAC IDENTIFICADOS COMO AUTORES MATERIALES DE UNA DE CADA CUATRO MASACRES

A finales de los años 1970s, el ejército de Guatemala creó las PAC como un mecanismo de control social y para combatir a la guerrilla. El ejército nombró comisionados militares para organizar y controlar a las PAC, que se convirtieron en un elemento central de la estrategia contrainsurgente de Guatemala. En las áreas rurales, todos los hombres entre las edades de 15 y 60 años fueron obligados a participar en las PAC. Para 1984 el sistema de patrullas civiles tenía más de 900,000 miembros. El Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala descubrió que los comisionados militares y los miembros de las PAC fueron identificados como autores materiales en una de cada cuatro masacres.

Jo-Marie Burt es Profesora Asociada de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason. También es miembro Senior de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de arqueología y querellante adhesivo en el caso del Diario Militar. Esta nota fue publicado en inglés en Monitor de Justicia Internacional y fue traducido por José Alejandro Arriaza Ibarra.