Corte de Constitucionalidad Ordena al Congreso Suspender Debate sobre Propuesta de Ley de Amnistía
0El 18 de julio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional a víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan evitar la aprobación de una ley de amnistía general. Dicha ley busca la liberación inmediata de exoficiales del ejército condenados por violaciones de derechos humanos, y el cese de cualquier persecución penal futura para tales casos. La Corte ordenó la suspensión inmediata de las deliberaciones sobre la Propuesta Lesgislativa 5377.
por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
Según ha reportado Internacional Justice Monitor, la iniciativa de ley 5377 busca modificar la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, que concede amnistía por crímenes políticos cometidos durante el conflicto armado interno de 36 años de duración (1960-1996 en Guatemala, pero excluye explícitamente de la amnistía a los crímenes internacionales, incluyendo genocidio, tortura y crímenes contra la humanidad.
Los magistrados Boanerge Mejía, Gloria Porras y José De Mata votaron a favor de conceder el amparo provisional. Dos magistrados, Neftaly Aldana y Dina Ochoa, votaron en contra.
La iniciativa de ley fue presentada en el 2017 por el legislador Fernando Linares Beltranena, pero no fue sino hasta principios de este año que empezó a tomar impulso, en el contexto de un amplio esfuerzo por parte del gobierno de Jimmy Morales por acabar con todos los esfuerzos realizados a fin de investigar crímenes graves, desde la gran corrupción hasta violaciones de derechos humanos del pasado.
La controversial iniciativa fue aprobada en dos de las tres lecturas que se requieren para su transformación en ley, pero varios legisladores que se oponen a ella abandonaron el pleno en diversas ocasiones, evitando que hubiera quórum, para que la ley no fuera aprobada en tercera lectura. El 12 de marzo de 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que el Estado de Guatemala detuviera la discusión del proyecto de ley 5377 y lo archivara de inmediato. Aunque el congreso aún no ha revivido la discusión del proyecto, aún no lo ha archivado. Los activistas de derechos humanos temen que el Congreso saliente busque aprobar la iniciativa luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 11 de agosto de 2019. En respuesta al fallo de la Corte de Constitucionalidad, el diputado Linares Beltranena, un legislador vinculado a altos oficiales del ejército supuestamente vinculados con La Cofradía, una red del crimen organizado, dijo, “Nosotros no les decimos cómo fallar pero nos están diciendo cómo legislar, por la marcada fobia militar de los tres magistrados”.
El amparo fue presentado en febrero de este año por Paulina Ixpatá Alvarado de Osorio, Pedrina López de Paz de López y Sergio Fernando Escobar, quienes son víctimas del conflicto armado, con el apoyo del Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guatemala y varias organizaciones de derechos humanos. Su argumento es que la propuesta de ley busca beneficiar a un pequeño número de individuos, y hacían un llamado a la Corte a fin de que garantizara que Guatemala cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones de derechos humanos. También decían que las víctimas que han presentado demandas contra quienes están acusados de dichos abusos enfrentarían, además, un riesgo innecesario.
Dos de las personas que presentaron el amparo son mujeres Maya Achíes sobrevivientes de violencia sexual cometida por miembros del ejército de Guatemala y de las patrullas de autodefensa civil (PAC). Según reportó IJ Monitor, la juez que presidió la etapa intermedia del caso, Claudette Domínguez, desestimó los cargos contra los seis acusados, argumentando que las querellantes no habían demostrado que éstos eran miembros de las PAC, e ignorando el hecho de que las mujeres habían identificado a los seis como autores materiales de la violencia sexual que sufrieron. La Jueza Domínguez ordenó la liberación de los seis hombres unos días después de su fallo.
La Jueza Domínguez ha sido objeto de intenso escrutinio por varios fallos que benefician a altos ex oficiales del ejército y otros poderosos miembros de élites acusados de violaciones de derechos humanos, asesinato y corrupción. El 11 de julio, el Ministerio Público solicitó la recusación de la jueza, diciendo que su falta de imparcialidad constituye incumplimiento de sus deberes legales. Querellantes de al menos tres casos de crímenes graves (el caso de violencia sexual Maya Achí, el caso de desaparición forzada CREOMPAZ y el caso Mendoza García por genocidio) también han buscado recusar a la Jueza Domínguez.
Jo-Marie Burt es Profesora Asociada de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason. También es Asesora Principal de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos Latina (WOLA). Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de arqueología y querellante adhesivo en el caso del Diario Militar.
