Juicio Molina Theissen: Testigo experta evidencia el impacto del entrenamiento militar argentino en Guatemala
0Durante las séptima y octava audiencias celebradas en el juicio Molina Theissen, el Ministerio Público llamó a cuatro testigos. El lunes 26 de marzo, el fiscal del caso Erick de León llamó a la Dra. Julieta Carla Rostica, una socióloga argentina, especializada en estudios Centroamericanos y que ha investigado los entrenamientos militares que Guatemala recibió de Argentina, también a Ruth del Valle, compañera de estudios de Emma Molina Thissen y hermana de Julio César del Valle, quien fuera novio de Emma, asesinado en 1980. El martes 27 de marzo, dos peritas de la Fundación de Antropología Forense (FAFG) rindieron peritaje sobre la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente en Guatemala durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
El peritaje de la Dra. Rostica fue particularmente importante. Centrándose en los documentos militares desclasificados del gobierno de Argentina, testificó que el Ejército de Argentina comenzó a dar entrenamiento al Ejército de Guatemala, justo después que el gobierno de Estados Unidos suspendiera la ayuda debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Ambos ejércitos, Argentina y Guatemala actuaban bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, que identificaba la existencia de una “guerra total” en el mundo que enfrentaba al capitalismo y al comunismo, y además señalaba la existencia de “enemigos internos” que debían ser eliminados para contrarrestar la amenaza subversiva y garantizar la seguridad nacional.
Rostica describió las similitudes del uso de desaparición forzada entre ambos países, enfatizando en el entrenamiento que los militares argentinos dieron a los militares guatemaltecos, especialmente en métodos de detención, interrogación y desaparición de subversivos. Rostica enfatizó en los entrenamientos de interrogatorios destinados a obtener información para capturar y desmantelar el liderazgo de las organizaciones subversivas. También dijo que el manejo del caso de Emma Molina Theissen después de su arresto el 27 de septiembre de 1981 y la desaparición de su hermano Marco Antonio, posterior a que ella escapara de la detención militar, eran ejemplos claros del modus operandi militar. El escape de Emma significaba la pérdida de material de inteligencia sobre los dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT); y que la desaparición de Marco Antonio fue una estrategia militar para obligar a Emma a entregarse.
Grupos de derechos humanos estiman que alrededor de 30,000 personas fueron desaparecidos forzadamente durante la dictadura militar en Argentina 1976-1983, y que alrededor de 45,000 personas fueron desaparecidas forzadamente en Guatemala entre 1960-1996.
Cinco militares de alto rango enfrentan acusación por delitos contra los deberes de humanidad y violación sexual contra Emma Molina Theissen; tres de los militares también enfrentan acusación por la desaparición forzada de su hermano de 14 años Marco Antonio, en 1981. Los cinco militares fueron capturados el 6 de enero de 2016 y en marzo de 2017 el juez de primera instancia decidió que existía suficiente evidencia para abrir a juicio. El juicio oral y público dio inicio el 1 de marzo de 2018.
El Ejército de Argentina consideraba al comunismo como una amenaza mundial y daba entrenamiento a sus contrapartes en Guatemala
La audiencia del lunes inició con la fiscalía llamando a declarar a Julieta Rostica. Rostica presentó su peritaje “La colaboración argentina y sus consecuencias en la lucha armada contrasubversiva en Guatemala, 1976-1981” el cual se basa en documentos oficiales obtenidos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina y de documentos militares desclasificados. Ella dijo que su peritaje incluye una lista de militares guatemaltecos que asistieron a los cursos en Argentina, así como de los militares argentinos que sirvieron como militares adscritos en Guatemala. Rostica dijo que los militares de ambos países recibieron entrenamientos en inteligencia militar, así como en la Doctrina de Seguridad Nacional.
La perita explicó que Argentina se involucró en los asuntos militares de Guatemala después que el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter cesara la ayuda militar y de otro tipo para países acusados de violar los derechos humanos. En 1979, Otto Spiegeler Noriega, el ministro de defensa del expresidente Romeo Lucas García (1978-1982) llegó a Argentina, siendo designado como embajador de ese país, justo un año después. Esto permitió la creación y firma del acuerdo de colaboración técnico-científico, el cual finalizó cuando el entonces director de la sección de inteligencia militar, Manuel Callejas y Callejas, visitó Argentina en agosto de 1980. El acuerdo incluía becas para entrenamiento militar de inteligencia.
Al menos 14 miembros de las fuerzas armadas guatemaltecas fueron entrenados, dijo la perita, incluyendo al militar retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, ambos acusados dentro del actual juicio de genocidio de la región Ixil, siendo juzgados en dos juicios separados, también fue entrenado Byron Humberto Barrientos, quien espera juicio y es acusado de desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad en el caso CREOMPAZ. De la totalidad de militares extranjeros entrenados por el “Batallón 601” del sistema militar de inteligencia de Argentina, el quince por ciento eran guatemaltecos.
Los antecedentes de investigación señalaban que la base militar de operaciones de Argentina en Centro América estaba en Honduras, Rostica, sin embargo, indica que en base a los documentos desclasificados evaluados se puede concluir que de hecho estaba en Guatemala. Documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) demuestran que varios oficiales militares del “Batallón 601” vivieron en Guatemala usando falsas identidades. Según Rostica, los militares argentinos creían que peleaban una guerra ideológica contra el comunismo y que la misma trascendía fronteras, siendo que Centro América era foco del comunismo se requería su involucramiento. Rostica dijo que se creía que, Mario Antonio Sandoval Alarcón, líder el partido de extrema derecha Movimiento de Liberación Nacional (MLN), había organizado escuadrones de la muerte como la Mano Blanca y el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), había visitado a los líderes de las dictaduras del Cono sur en distintas ocasiones.
La experta también mencionó un documento desclasificado del gobierno estadounidense que demuestra la cooperación de inteligencia militar entre Argentina y Guatemala. El documento reporta la visita de un diplomático estadounidense a Callejas y Callejas, en el que se manifiesta la preocupación por las visitas a Argentina. El documento reporta que Callejas y Callejas le dijo al diplomático estadounidense que solamente tres personas estaban siendo entrenadas en inteligencia militar por el Ministerio de la Defensa Argentina.
Rostica declaró que el Ejército de Argentina se basó en la escuela contrasubversiva francesa para desarrollar métodos de combatir las presuntas organizaciones subversivas, y que el Manual de Guerra Contrasubversiva de Guatemala estaba basado en el conocimiento adquirido por Argentina. Como ejemplo, citó dos documentos militares argentinos incluidos en el Manual de Guerra Contrasubversiva de Guatemala, el folleto de 1982 titulado “Guerra Revolucionaria Comunista” y un reglamento del ejército argentino elaborado por la Escuela de Comando de dicha institución. La represión usada durante el gobierno de Romeo Lucas García, incluida la captura, detención y desaparición de supuestos subversivos, tenía el mismo modus operandi usado por el Ejército Argentino, dijo Rostica. El Ejército de Guatemala también utilizó métodos de interrogación perfeccionados por el Ejército Argentino, incluyendo el uso de terror psicológico y prisiones clandestinas, para obtener información que permitiera capturar a los líderes de los grupos subversivos.
El Modus Operandi de las desapariciones forzadas en Argentina y en Guatemala
Rostica explicó que el peritaje hace una comparación de las desapariciones forzadas en Argentina y en Guatemala para determinar el grado de similitudes o diferencias, particularmente en su uso en el contexto urbano. Sus conclusiones se basan en los reportes de desaparición forzada rendidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 1977, 1980 para Argentina y 1984 para el caso de Guatemala.
El objetivo de la desaparición forzada bajo los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional era la eliminación del “enemigo interno” y el mantenimiento del flujo constante de información que permitiera a los militares identificar y hacer nuevas capturas, incluyendo los líderes de las organizaciones subversivas. En las áreas urbanas, los militares definen como al enemigo interno a los miembros de las organizaciones político-militares, pero también a los miembros de sindicatos, maestros, estudiantes, miembros de organizaciones sociales, y otras personas que se presumiera que estuvieran desafiando el orden establecido.
De acuerdo a la experta, Emma Molina Theissen fue detenida ilegalmente y torturada porque los militares consideraban que era parte de una estructura subversiva clandestina. Mientras estaba detenida en la prisión clandestina de la Zona Militar No. 17 (ZM17), los oficiales de inteligencia usaron presión psicológica para forzarla a colaborar con el Ejército y darles información sobre los dirigentes de la Juventud del Partido de Trabajo (JPT) y de los líderes y casas de seguridad del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Sin embargo, los objetivos militares fueron truncados con el escape de Emma. Fue eso, dijo Rostica, lo que resulto en la operación que ejecutó la desaparición forzada de Marco Antonio justo el día posterior al escape, ellos creían que tal hecho convencería a Emma de entregarse, y así recuperar la valiosa fuente de información sobre la dirigencia del PGT, que veían en ella.
Rostica añadió que, en ambos países, Argentina y Guatemala, los niños y los ancianos eran utilizados para obtener información. En varios casos, los niños y niñas eran forzados a observar como sus familiares eran torturados presionándolos de esa manera para obtener más información.
Los abogados defensores pusieron en duda la experiencia de la perita y en protesta a tal extremo se negaron a hacerle preguntas.
Ruth del Valle, la hermana del novio de Emma, asesinado en 1980, rinde su declaración
En seguimiento la fiscalía llamó a Ruth del Valle a declarar. Del Valle dijo que conoció a Emma Molina Theissen y su hermana Ana Lucrecia en 1973 cuando eran estudiantes de educación media en el Instituto Belén. En ese entonces Emma era la primera presidenta de la asociación de estudiantes. Del Valle declaró que su hermano, Julio César del Valle, era el novio de Emma, y juntos participaban en actividades del movimiento estudiantil.
Declaró que las fuerzas de seguridad capturaron a su hermano y a Emma en 1976, en el barrio Niño Dormido, donde se encontraban haciendo trabajo comunitario. Ambos eran menores de edad, dijo, sin embargo, ambos permanecieron detenidos y fueron sometidos a tortura psicológica. Un mes después fueron puestos en libertad ya que no contaban con pruebas en su contra.
En 1980, según dijo en su declaración, su hermano Julio César fue asesinado, junto a dos personas más, Marco Tulio Pereira e Iván Alfonso Bravo. Junto a los tres cuerpos un grafiti decía “Ejercito Secreto Anticomunista ESA”, un escuadrón de la muerte ligado al partido de extrema derecha, MLN.
La testigo dijo que tuvo conocimiento de la detención de Emma porque no había llegado a su destino la noche del 27 de septiembre de 1981. Después que Emma escapara, del Valle dijo haberla visto meses después. “Ella me contó lo que había pasado, pero era algo muy doloroso, para mi como mujer saber lo que le habían hecho. Me hizo pendar que eso me pudo haber pasado a mi y alas compañeras que en ese entonces detenían y desaparecían”.
Del Valle declaró que consideraba el secuestro y desaparición de Marco Antonio como una represalia delos militares frente al escape de Emma. Dijo que la familia Molina Theissen se desintegró después de la desaparición de Marco Antonio. Aunque sus padres querían quedarse y buscarle, también temían por sus vidas en Guatemala.
Jorge Lucas Cerna, hijo y abogado defensor de Benedicto Lucas García interrogó a la testigo. Atacó su credibilidad como testigo debido a su trabajo previo dentro de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) durante el gobierno de Álvaro Colom. Los familiares de los acusados, especialmente de Gordillo Martínez y Zaldaña Rojas, hicieron ruido y se burlaron de la testigo durante su declaración testimonial.
Peritos forenses dicen que el Ejército de Guatemala debería proporcionar información para localizar las bases miliares y facilitar la búsqueda de los desaparecidos
Durante la octava sesión del juicio Molina Theissen, el 27 de marzo, dos expertas de la FAFG, Clauida Rivera y Mishel Marie Stephenson, rindieron su peritaje sobre la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. FAFG es una organización no gubernamental con experiencia en el área de trabajo de más de 20 años.
Rivera habló del proceso de toma de muestras de sangre y saliva para las comparaciones de ADN, así como el proceso para asegurar la cadena de custodia de esas muestras. Stephenson es la responsable del laboratorio de ADN de la FAFG y supervisa el proceso de comparación de muestras de ADN de entre las familias de las víctimas y los restos recobrados durante las exhumaciones. La perita señaló que a la fecha actual 1,510 restos humanos han sido exhumados de las bases militares en Guatemala, indicando que sería de gran ayuda en la búsqueda de los desaparecidos si el Ejército de Guatemala proporcionara información sobre la ubicación de las antiguas y actuales bases militares.
Respecto al caso Molina Theissen, la experta explicó que la FAFG ha evaluado los restos de 777 adolescentes, que constituyen el 15.5% del total de las muestras de restos humanos recolectadas. Ellas indicaron, sin embargo, que 19,319 muestras adicionales aún deben ser analizadas, pero a la FAFG le hace falta recursos para completar las pruebas de ADN con tales muestras. Dijeron que el esfuerzo realizado por la FAFG para identificar a Marco Antonio y a otras víctimas de desaparición forzada, es un esfuerzo independiente. También señalaron que la obligación de búsqueda de los desaparecidos es del Estado de Guatemala, tal como lo establece una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de ello la obligación sigue sin cumplirse.
Los abogados defensores cuestionaron la pertinencia de las expertas, así como el trabajo de la FAFG.
El tribunal suspendió la audiencia antes del almuerzo, programando la próxima audiencia para el lunes 2 de abril de 2018 a las 8:30 a.m.
Jo-Marie Burt es profesora asociada de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Mason. Es también asesora principal de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) Paulo Estrada es activista por los derechos humanos, estudiante de arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y querellante en el caso Diario Militar. Este artículo fue publicado por primera vez en el IJM y traducido por Evelyn Recinos Contreras.
