La voz de los testigos en nuevo Juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez

Petrona Raymundo Brito tenía ocho años cuando el ejército llegó a su comunidad ubicada de la Región Ixil de Quiché, al occidente de Guatemala, en octubre de 1982. “llegaron y quemaron nuestras cosas, quemaron la cosecha y mataron a los animales”, le dijo a la corte que está conociendo la acusación de genocidio contra al ex jefe de inteligencia militar Mauricio Rodríguez Sánchez. Ella también dio su testimonio a puerta cerrada dentro del juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, quien está siendo juzgado de forma separada de Rodríguez Sánchez.

Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

Mujeres Ixiles acompañan a los testigos sobrevivientes a testificar en debate en el Juicio de Genocidio Maya Ixil. El acusado Mauricio Rodríguez Sánchez está sentado a la derecha usando audífonos. Foto cortesía: Verdad y Justicia en Guatemala @VerdadyJusticiaG

“Mataron a mucha gente. Mi tío y mi tía murieron ahí. Mataron también a mi cuñado Jacinto Chen”, dijo Raymundo Brito. A causa de las masacres del ejército “huimos a las montañas,” dijo. Los helicópteros llenos de soldados volaban sobre nosotros. Nos disparaban y nos tiraban bombas”. Ella hace una pausa. Debido a la persecución del ejército, “no podíamos hacer refugios” contra la lluvia y el frío. La testigo explicó que mucha gente, incluidos recién nacidos y niños y niñas, murieron de frío y hambre.

Andrés Lainez Chávez tenía 16 años cuando el ejército llegó a su comunidad de la Región Ixil. Él describió masacres del ejército donde los soldados mataron con armas y machetes. Los que lograron escapar huyeron a la montaña. “Ahí nos tiraban bombas todos los días. Comimos hierbas. No podíamos prender fuego. Mis sobrinos y mi madre murieron en la montaña. Mucha gente murió por el hambre, por enfermedades o por los bombardeos que hacían los ejércitos”.

Él añadió: Le pido a la corte que haga justicia para que esto no suceda otra vez, para que los niños y niñas y aquellos que aún no han nacido no tengan nunca que pasar por lo que nosotros tuvimos que soportar… Es muy triste. Murió mucha gente, a algunos los dejaron tirados y los perros se los comieron, ellos mataron con fusiles y machetes. Fue muy doloroso”.

Tomás Chávez Brito le dijo al tribunal que él tenía dos años cuando el ejército llegó a su comunidad y comenzó a masacrar a los vecinos. “Cuando llego el ejército, tuvimos que huir a la montaña. Al llegar le prendieron fuego a las casas, los soldados le prendieron fuego en una casa, adentro había un bebe. Los soldados mataron a mi hermana”. Continuó diciendo: “Los soldados de [la base militar] ‘La Perla’ cortaron nuestra milpa… En la montaña estuve 2 años. No teníamos comida. No íbamos al pueblo por miedo.”

Chávez Brito dijo al tribunal que finalmente fue capturado por el ejército y llevado a la base militar La Perla, donde pudo ver aviones y una pista de aterrizaje. En la base militar pudo reencontrarse con varios familiares que habían sido capturados previamente. Algunos de sus familiares se los llevaron un día del destacamento y nunca más los volvió a ver.

María Cedillo, una mujer Ixil de Santa María Nebaj, municipio del departamento de El Quiché, una de las tres comunidades principales de la Región Ixil, junto a San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, también rindió su testimonio dentro del juicio de genocidio. Le dijo a la corte que los soldados cortaron la milta porque querían matar a toda la comunidad. “Querían desaparecer a Nebaj entero”, dijo.

“No queremos más violencia,” añadió Cedillo. “Solo queremos justicia para que nunca mas se repita”.

Estos cinco testigos representan algunos de los testimonios de sobrevivientes que han sido escuchados en el juicio oral y público contra Rodríguez Sánchez, quien, como Ríos Montt, es acusado de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. El juicio contra Ríos Montt se lleva a cabo de forma paralela al proceso de Rodríguez Sánchez, a puerta cerrada.

El Nuevo Juicio por Genocidio, Partido en Dos

Cada uno de estos testigos también testificaron en el juicio por genocidio celebrado en 2013, en el que Ríos Montt fue condenado por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad, mientras que Rodríguez Sánchez fue absuelto. La sentencia fue avalada internacinoalmente como un hito para la lucha contra la impunidad en Guatemala y para la afirmación de la justicia a nivel internacional. Sin embargo, bajo presión de las élites económicas y militares, diez días después, la Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia controversial que suspendió parcialmente el proceso y así vacó a la sentencia.

Después de varios intentos fallidos de realizar un nuevo juicio, el debate inició nuevamente el 13 de octubre. Sin embargo, el Tribunal “B” de Alto Impacto separó los casos en contra de los dos acusados, siguiendo lo establecido en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que determinó que el proceso iniciado en 2016, en cual se juzgaba a los dos acusados en un proceso a puerta cerrada, violaba el debido proceso y el derecho de Rodríguez Sánchez y de las víctimas a un juicio oral y público.

Por tanto, el debate en el proceso contra Ríos se realiza a puerta cerrada, debido a su situación de salud. Además, el acusado no es obligado a asistir el debate, y si se llegase a determinar su responsabilidad, no sufrirá prisión. A cambio, el juicio contra Rodríguez Sánchez es oral y público. Ya que no se permite a los observadores estar presentes en el debate contra Ríos Montt, el IJ Monitor no puede monitorear ese proceso directamente. Si participamos como observadores en el juicio de Rodríguez Sánchez.

En la mayoría de los debates orales, se llevan acabo audiencias todos los días, lo cual hace el proceso más ágil. En este caso, se está realizando audiencias sólo una vez por semana. Ello se debe a que el tribunal que está a cargo del caso está conformado por tres jueces ad hoc, ya que por lo menos un juez en cada uno de los tres tribunales de alto impacto ya han participado de alguna diligencia o procedimiento dentro del caso. Como el tribunal tomó la decisión de conocer ambos casos, el juicio contra Ríos Montt se realiza los viernes por la mañana, mientras el de Rodríguez Sánchez se lleva acabo los viernes por la tarde.

En el primer día del debate en el caso de Ríos Montt, dos de sus abogados defensores, Jaime Hernández y Luis Rosales, fueron removidos de la sala de audiencia después de insistir en recusar a los jueces del tribunal. Ganaron un amparo en contra de esta decisión por lo cual pudieron regresar a la sala de audiencias. Volvieron a insistir que los jueces se recusen, solicitud rechazada nuevamente por los jueces, indicando que el asunto estaba resuelto. En el juicio seguido contra Ródriguez Sánchez, se evidencia una estrategia de defensa más técnica que el en proceso anterior.

Desde el inicio de los procesos el 13 de octubre, se han celebrado siete audiencias paralelas. Hasta la fecha, una docena de testigos ha dado su testimonio en cada debate. En el inicio del proceso, los testigos dieron sus testimonios en el juicio contra Ríos Montt en la mañana, y tuvieron que repetir su testimonio en el proceso contra Rodríguez Sánchez en la tarde.

Los abogados de representantes de las víctimas explicaron al IJ Monitor que se dieron cuenta que eso fue revictimizante y solicitaron al tribunal que las víctimas declarasen solo en una de los debates, y regresen en otro momento para testificar en el otro debate. A partir el primero de diciembre, por lo tanto, diferentes testigos dan su testimonio en el proceso de la mañana y en el de la tarde. Se espera que al menos 100 testigos den su testimonio ante el tribunal y adicionalmente varios testigos expertos.

Maria Cedillo testificó en el nuevo juicio contra Rodríguez Sánchez. En este imagen se le ve dando su testimonio en 2013 en el juicio por genocidio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

Se Presentan Documentos Oficiales sobre la Política de Tierra Arrasada

Durante las audiencias, los fiscales y querellantes presentaron y dieron lectura a distintas partes de documentos oficiales y manuales militares que describen las operaciones contrainsurgentes, incluyendo fragmentos de “Apreciación de Asuntos Civiles”, “Operación Ixil” y “Manual de Guerra Contrasubversiva”. Según el Ministerio Público, estos documentos fueron preparados por la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército Guatemalteco, y fueron utilizados como lineamientos para la implementación de la guerra contrasubversiva.

Erick de León, fiscal del Ministerio Público, dio lectura a fragmentos de documentos que evidenciaban la importancia de las operaciones psicológicas en la región, así como el uso de técnicas empleadas en las en las experiencias de Argentina, Estados Unidos, Perú y Francia para combatir a organizaciones guerrilleras. Los documentos también describen técnicas para realizar la captura de personas para obtener información y contactos, así como para conocer el área donde había escondites, evidenciando el papel de la inteligencia militar en el área de operaciones y sobre todo su importancia fundamental para llevar a cabo las misiones y cumplimiento de los planes militares.

Algunos de estos documentos describen el desarrollo del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en 1977. Los documentos afirman que la EGP fue fundada por miembros de la Asociación de Estudiantes Universitario (AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presuntamente entrenados en la antigua Unión Soviética y en la Habana, Cuba. Los documentos también mencionan la importancia para el ejército de la zona. Describen como ha sido afectada la producción agrícola debido a la supuesta presencia de 1,200 combatientes guerrilleros, y delinea un plan para incrementar la producción en la zona.

La audiencia programada el 15 de diciembre fue suspendida. La próxima audiencia está programada para el 22 de diciembre. Luego de ello, el tribunal celebrará audiencias diariamente, con excepción de asuetos, hasta el 5 de enero de 2018, en un esfuerzo por acelerar el proceso.

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Jo-Marie Burt, politóloga, profesora de la Universidad George Mason y asesora principal de WOLA, monitorea los procesos de justicia transicional en Guatemala para el Monitor Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), un proyecto de Open Society Justice Initiative. Paulo Estrada es estudiante de Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y defensor de derechos humanos. Este artículo fue publicado por primera vez en el IJM y traducido por Evelyn Recinos Contreras.