¿Ha dado cumplimiento el Estado de Guatemala a la Sentencia de la Corte Interamericana del caso Molina Theissen?

En la audiencia del caso Molina Theissen celebrada el 25 de julio, el Ministerio Público propuso como prueba la sentencia de 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la resolución de Supervisión de Cumplimiento de la misma. Según un representante de la PGN, una institución distinta del Ministerio Público que actúa como abogado y representante de los intereses del Estado, la resolución de la Corte IDH establece que Guatemala ha cumplido a cabalidad con lo establecido en la Sentencia de 2004.

Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada*

Fuente: Verdad y Justicia en Guatemala

IJ Monitor habló con Marcela Martino, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quien representó a la familia Molina Theissen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según Martino, “es totalmente falsa la afirmación de que el Estado de Guatemala ha cumplido con todas las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana”.

La Sentencia de la Corte Interamericana y las Reparaciones Impuestas

La Corte Interamericana ha emitido dos resoluciones de Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia de 2004, una en el año 2009 y otra más en el 2015. La última emitida en el contexto de la supervisión conjunta de 12 Sentencias contra Guatemala.

En sentencia de 2004 del caso Molina Theissen la Corte Interamericana impone a Guatemala la satisfacción de las siguientes reparaciones:

1. Localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio Molina Theissen a sus familiares.

2. Investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y el resultado de este proceso debe ser públicamente divulgado

3. Publicar dentro del plazo de tres meses, al menos por una vez, la Sentencia de la Corte Interamericana (2004) en el Diario Oficial, y en otro diario de circulación nacional

4. Realizar acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso y en desagravio de Marco Antonio Molina Theissen y sus familiares.

5. Designar un centro educativo existente en la Ciudad de Guatemala con un nombre que aluda a los niños desaparecidos durante el conflicto armado interno, y colocar en dicho centro una placa en memoria de Marco Antonio Molina Theissen.

6. Crear un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada

7. Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para crear un sistema de información genética para facilitar la búsqueda de aproximadamente 4,000 niños desaparecidos forzadamente durante el conflicto armado interno en Guatemala.

8. Pagar indemnización por el daño intangible y material, así como daños y perjuicios a la familia.

“Cada una de las medidas es importante en sí misma” indica Martino. “Pero el objetivo es que el conjunto de medidas proporcione reparación a la familia Molina Theissen por las violaciones vividas y el sufrimiento causado”.

Fuente: Verdad y Justicia en Guatemala

En su más reciente resolución, la Corte Interamericana establece que Guatemala ha cumplido con algunas de las medidas impuestas. Guatemala ha pagado la indemnización a la familia (punto 8). Publicó la Sentencia de la Corte Interamericana de 2004 (punto 3). En 2006, el vicepresidente Eduardo Stein, en representación de Guatemala, realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal en caso Molina Theissen y pidió perdón a la familia (punto 4). También una escuela fue nombrada Marco Antonio Molina Theissen, y se colocó una placa en su memoria (punto 5).

Sin embargo, contradiciendo las afirmaciones de la PGN, la Corte determinó que Guatemala no ha satisfecho medidas claves y fundamentales para la familia: la importante localización y entrega de los restos mortales de Marco Antonio (punto 1) y la persecución y sanción a los autores materiales e intelectuales (punto 2). Los arrestos de enero de 2016, y la resolución de apertura a juicio para cinco imputados de marzo de 2017, fueron las primeras evidencias del avance de ese punto, indica Martino, pero también hace énfasis en que ha sucedido 35 años después de que se cometiera el delito. Ha existido un retraso significativo del caso, tal como lo ha documentado el IJ Monitor.

Además, señala Marino, Guatemala ha incumplido aquellas medidas encaminadas a establecer cambios estructurales que pudieran prevenir que atrocidades como esa vuelvan a repetirse, incluyendo la creación de un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada y la creación de un sistema de información genética (puntos 6 y 7). Martino dice que “con la excepción del proceso penal que dio inicio el año pasado, el Estado no ha dado ningún paso para cumplir con el resto de medidas. El Estado no ha incumplido solamente con las medidas impuestas, tampoco muestra evidencias de estar dispuesto a hacerlo”.

Destaca la lucha de los grupos de víctimas por la aprobación de la Iniciativa de ley 35-90, que establece la Comisión Nacional para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición. Esta fue una recomendación dada tanto por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico como por el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI).

Durante años, el Estado ha recurrido a la existencia de ese proyecto de ley como evidencia de cumplimiento de localización y entrega de los restos mortales de Marco Antonio, sin mencionar que, desde la presentación del proyecto de ley en 2006, el Congreso nunca lo ha aprobado. El único verdadero avance en la búsqueda de los desaparecidos ha sido asumido por la Fundación de Antropología Forense (FAFG), una ONG que trabaja en coordinación con el Ministerio Público en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada.

En el caso Molina Theissen, no existe evidencia alguna de que el Estado de Guatemala haya tomado medidas específicas para localizar y entregar los restos mortales de Marco Antonio tal como fue ordenado por la Corte.

* Jo-Marie Burt, politóloga, profesora de la Universidad George Mason y asesora principal de WOLA, monitorea los procesos de justicia transicional en Guatemala para el Monitor Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), un proyecto de Open Society Justice Initiative. Paulo Estrada es estudiante de Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y defensor de derechos humanos. Este artículo fue publicado por primera vez en el IJM y traducido por Evelyn Recinos Contreras.