Dirigente regional del CUC capturada por apoyar a trabajadores defraudados por familia Campollo
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Por Asamblea Social y Popular ((Información capturada de comunicados emitidos por Comité de Unidad Campesina, Marcha Indígena Campesina, Asamblea Social y Popular, Red de Litigio Estratégico, Alianza de Mujeres Rurales, Asociación Feminista La Cuerda))
Dalila Mérida fue capturada el sábado 24 de septiembre, a las 17:00 horas, en Coatepeque, Quetzaltenango, cuando se retiraba de recibir clases en la universidad. Dalila Mérida es defensora de los derechos humanos e integrante del Consejo Regional de Mujeres de la Costa Sur y el Consejo Nacional de Mujeres del Comité de Unidad Campesina, CUC.
Contexto de la persecución
La compañera Dalila Mérida es perseguida por su papel de dirigente regional del CUC (luchas por la tierra y por el agua, participación en diálogos y articulaciones con otros movimientos) y por acompañar la lucha de 300 extrabajadores de la Finca San Gregorio Piedra Parada, ubicada en Coatepeque, que exigen el respeto de sus derechos laborales.
La finca San Gregorio es actualmente propiedad de la familia Quintanal, quien la compró a la familia Campollo, una de las familias más ricas de Guatemala, con inversiones en producción de caña de azúcar, palma africana, etanol, electricidad, bienes raíces, bancos, además de invertir en Costa Rica y República Dominicana.
Durante décadas, la familia Campollo descontó la cuota del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social (IGSS) a los trabajadores, pero nunca la trasladó a la institución, convirtiéndose esta práctica en un robo. Esta información ha sido denunciada públicamente (manifestación de extrabajadores el 18 de marzo frente a las instalaciones de la empresa, entre otras) y presentada a la Fiscal General del Ministerio Público, las distintas instancias de justicia y los medios de comunicación. Pero en lugar de responder a la demanda, el Estado persigue y captura a nuestra compañera.
Criminalización de las demandas de las y los trabajadores
La captura de Dalila es la culminación de un proceso de persecución, ya que el 24 de agosto recién pasado la Policía Nacional Civil allanó su casa, con la falsa acusación buscar armas en su vivienda.
La empresa reacciona ante las demandas de las y los trabajadores acusando a Dalila y otros dirigentes de múltiples delitos (entre otros, usurpación agravada), a consecuencia de lo cual el Ministerio Público solicitó varias órdenes de aprehensión, sin investigar los antecedentes del caso.
La captura de Dalila y la persecución política
La noche del 24 de septiembre el Juez de Turno ordena el traslado de la compañera hacia la prisión de la ciudad de Quetzaltenango, haciendo más difícil a su familia el apoyo. Coincidentemente, el hecho represivo se produce en el momento en que el Comité de Unidad Campesina desarrolla su 11 Asamblea Nacional, lo que constituye un mensaje en contra de la dirigencia y de las comunidades en lucha.
Situación actual: solidaridad con Dalila Mérida y las luchas por la vida
Estemos pendientes para la Audiencia de Primera Declaración en un Tribunal de Coatepeque. Es necesaria la solidaridad y el apoyo de todas y todos.
Fotografía de Comité de Unidad Campesina y Ricard Busquets.
