Aniversario de la Constitución y reformas constitucionales
0Por: Movimiento Político Winaq
Foto: Archivo CMI/Ricard Busquets
Cuando se da un vistazo a la historia constitucional de Guatemala, de inmediato asoma una conclusión: las distintas constituciones que han existido no son más que el resultado de la hegemonía de los grupos de poder, económico y político oligárquico, sobre los procesos que la República ha atravesado a lo largo de su historia, excepto la Constitución de 1945, la cual pretendió dotar de hegemonía a los sectores populares e intelectuales democráticos, en aras de garantizar la incursión de los mismos al poder del Estado, y con ello también, las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que propugnó.
En 1984 el país no tenía opción, los militares en el poder habían sufrido un duro desgaste político, más no militar, que involucraba a quienes les sostuvieron económica y políticamente de manera continuada desde 1954: la oligarquía nacional y los Estados Unidos.
El escenario, marcado por las sanguinarias dictaduras, recogía el clamor ciudadano por la democracia y con ello la posibilidad de que a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente concurrieran, a la definición de un nuevo pacto social, los distintos sectores del país. El pacto social de 1985, si bien es cierto, no fue marcado por una anacrónica posición anticomunista, tal como fueron las constituciones posteriores a la de 1945, no alcanzó a recoger la aspiración popular para la democracia real, es decir democracia no solo en lo político, sino también en lo social, económico y cultural. Fue un pacto moldeado nuevamente y de manera sofisticada a la luz de la democracia liberal por los sectores económicos, políticos e intelectuales hegemónicos.
A la luz del contexto de aquel entonces y de los años anteriores a la firma de la paz, de manera generalizada se llegó a considerar que el país contaba y aún se dice, cuenta con una Constitución moderna, sin embargo, a juicio nuestro, una Constitución moderna sería aquella en la que se configurara al Estado a partir de la condición multicultural, multiétnica y multilingüe y de la existencia de pueblos marcadamente diferenciados en el territorio nacional, con todo lo que ello implica. Esa sería una constitución profundamente democrática y acercarse a ello, era lo que se pretendía en 1999, con las reformas a la Constitución recomendadas por el Acuerdo sobre Identidad y derechos de los pueblos indígenas que no cuajaron.
Se ha dicho siempre, y así es, que las constituciones no están escritas en piedra, por cuanto la realidad es cambiante. Cambiar las constituciones debe ser para adelante es así como se debería entender el avance de los pueblos. En el caso de nuestro país ha habido varios intentos por reformar la Constitución, de todos, uno es el que cuajó, el de 1993 en una coyuntura que nuevamente fue capitalizada por el sector económico que hizo retroceder al Estado en materia financiera; y el más importante, como ya se indicó, fracasó en 1999.
En la coyuntura política que ha marcado al país en el último año nuevamente aparece una propuesta de reforma constitucional enfocada al ámbito de la justicia, ya en discusión, sin embargo una como ésta o como la fallida del año 2012, o como la también fallida de 1999, para pueblos indígenas resulta insuficiente por cuanto las reivindicaciones de fondo han evolucionado sustantiva y significativamente a la luz de un Estado hasta ahora inamovible, permeado por el racismo y un modelo económico que otorga privilegios y ante la intensificación de políticas marcadamente neoliberales que profundizan la falta de reconocimiento a derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas y la negación de tales como sujetos de derecho.
Sin duda ante la presente coyuntura, hablar de una reforma integral del Estado y por lo mismo de la Constitución enfrenta grandes dificultades; por un lado el profundo conservadurismo y anacronismo de los sectores hegemónicos, y por otro, el temor de sectores de sociedad civil, de no alcanzar lo mínimo. Sin embargo, es desde pueblos indígenas que se levanta, de manera genuina, el tema de la construcción de un nuevo Estado, aunque en forma dispersa y desarticulada. De allí la importancia no solo de tomar el planteamiento, actual, mientras que de igual manera se pone la mirada en una reforma más integral, y para ello hoy hay que entrar al debate incidir en la propuesta, y colocar en la opinión pública nacional e internacional que no se ha renunciado a la necesidad de una reforma integral desde la perspectiva de pueblos indígenas,
