Una publicación de la revista Contrapoder revela al menos 5 posibles casos que podrían ser llevados por el Ministerio Público (MP) y la CICIG. Todos estarían basados en información que Juan Carlos Monzón, testigo protegido en el Caso La Línea, reveló como parte del acuerdo con el MP. Las declaraciones filtradas señalan a una constructora cercana al monopolio Cementos Progreso, a uno de los tres más grandes bancos del sistema, a una empresa de seguridad del ex subsecretario de la SAAS de Otto Pérez Molina, y a la empresa que llevaba el ahora magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Henry Comte.

Por Equipo de Análisis

La revista Contrapoder tuvo acceso a las grabaciones de las audiencias judiciales del ex Secretario de la Vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, en su nueva calidad de testigo protegido. Esa información permite al MP y CICIG, según esa publicación, abrir al menos cinco casos más en contra de la estructura paralela liderada por Baldetti y el ex presidente y general (r) Otto Pérez Molina.

Según esa información, la antes pareja presidencial sobornó a empresas y recibió financiamiento a cambio de contratos estatales de parte de varias empresas y personajes. De ser cierta la información que publicó Contrapoder, se estarían llevando por primera vez en la historia juicios de alto impacto en contra de figuras y empresas importantes de la cúpula empresarial, y se continuaría la persecución a empresas de militares retirados, algo ya usual en los últimos años.

Esta es la información importante a tener en cuenta para entender el peso de las empresas y personajes señalados de colaborar y financiar la estructura paralela de Pérez-Baldetti.

El magistrado Comte, entre azúcar y petróleo

Junto a otras empresas, la empresa Blue Oil donó, según la información de Contrapoder, Q9.5 millones a cambio de favores políticos al binomio del Partido Patriota. Blue Oil es una empresa internacional dedicada al comercio de productos petroleros creada por el empresario chileno-peruano Matías Rojas. Este empresario también es socio de la empresa de seguridad privada Yantarni, creada por oficiales retirados de las fuerzas especiales de Inglaterra.

El grupo fue establecido en Guatemala, y rápidamente se expandió en muchos de los países de Latinoamérica. El grupo actualmente está compuesto por al menos 16 compañías registradas en al menos 10 países, y sus instalaciones básicas están en Cheltenham, Inglaterra.

En Guatemala, el Grupo Blue Oil registró cuatro compañías, todas controladas por medio de una empresa llamada Guatemala Holdings, con base en Belice. Las empresas son Blue Oil SA, Arencillas Guatemala, Tecnología Azul Guatemala, y Navahermosa Guatemala. Estas dos últimas empresas controlan y operan las instalaciones de almacenamiento de gasolina en Puerto Quetzal.

Lo más importante es que el Director Ejecutivo de Blue Oil en Guatemala es el abogado Henry Philip Comte Velásquez, recientemente escogido por Jimmy Morales como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, en medio de un proceso opaco en donde el mandatario se negó a ceder a las exigencias de transparencia. Comte también representa otros vínculos.

Comte Velásquez es graduado en la Universidad Francisco Marroquín y miembro fiduciario de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), uno de los tanques de pensamiento de la cúpula empresarial en Guatemala. Es reconocido por ser fundador del bufete Comte & Font – Legalsa, y según Guatecompras, su representante legal es el abogado David Font Verdugo.

Entre los cargos que tiene Comte se encuentra el de ser integrante de la Junta Directiva del Ingenio Santa Ana, de la familia Botrán. Jimmy Morales nombró como Comisionado para la Seguridad Alimentaria y Nutricional al empresario José Andrés Botrán Briz, quien ya fue funcionario de gobierno en un cargo similar. Botrán es Presidente de la Junta Directiva de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, uno de los principales ingenios azucareros y de los mayores productores de electricidad.

Botrán Briz es una de las figuras más conocidas de la familia nacional que monopoliza la producción de ron y bebidas alcohólicas que lleva el mismo apellido familiar. Este grupo familiar posee los ingenios azucareros Tululá y Santa Ana. Además, fue fundador en su momento del canal de cable Latitud, que luego fue adquirido por Televisión Azteca de México -hoy Canal Azteca Guatemala-, así como fundador del Banco de la Exportación (BANEX), fusionado posteriormente con el Banco G&T Continental.

Y este banco es otro de los que se menciona en las escuchas de Juan Carlos Monzón.

Los bancos, por primera vez

El Banco G&T Continental y sus aseguradoras fueron mencionados también como parte de la red de empresas que financió al Partido Patriota a cambio de favores políticos.

Según una investigación de El Observador, el Banco G&T Continental surgió de una fusión celebrada en el año 2001, entre el Banco Granai & Townson y el Banco Continental. Este último fue fundado en 1990 por el comerciante de vehículos y miembro del Grupo Canella, Luis Canella Neutze; el industrial Jorge Castillo Love, quien fue Presidente de la Corporación Castillo Hermanos, grupo igualmente vinculado al Banco Industrial (BI); y el diplomático y empresario de hotelería, Walter Gándara Merkle.

El Banco Granai & Townson, por su parte, fue fundado en 1962 por Mario Granai Andrino, quien en la actualidad está ligado al grupo propietario de CEMACO y de las bodegas del mismo nombre ubicadas en la zona 5; Mario Asturias Arévalo y Ernesto Townson Pinto.

Tras conocer sobre los señalamientos y vinculaciones con el Partido Patriota, G&T rápidamente sacó un comunicado en donde se desligaba de los hechos y amenazaba con demandar a la revista por el delito de pánica financiero. Esta no sería la primera vez que el banco G&T Continental es señalado.

Según el desaparecido semanario Inforpress, los casos más importantes de campañas negras contra el G&T Continental son del 2006 y luego con el caso Rosenberg. Los señalamientos eran en contra del entonces gerente general de esa institución, Flavio Montenegro Castillo, quien destacó en su momento que “existen indicios de quiénes estarían detrás de los rumores de quiebra, y podría tratarse de algunas entidades bancarias” (Prensa Libre, 5/12/06).

Montenegro Castillo, conjuntamente con Gregorio Valdés O´Connell, eran considerados parte del bloque de amigos y consejeros de del exPresidente Álvaro Colom (Prensa Libre, 10/5/09). El hermano de Valdés O´Connell, José Luis, es el presidente del Banco Agromercantil, en cuya institución el Grupo Valdés está entre los principales accionistas.

La constructora de los Tejada y Mayorga

El señalamiento en contra de la empresa Constructora Nacional S.A. (Conasa), es tal vez el que más llama la atención. La empresa ha trabajado conjuntamente en varios proyectos con el grupo Cementos Progreso, que se vinculó de manera muy cercana al gobierno Patriota cuando quiso impulsar su proyecto cementero en San Juan Sacatepéquez.

Las familias detrás de Conasa son Tejada y Mayorga. La empresa, según el gerente general de CONASA, Jorge Tejada, inició en Guatemala, en 1960, primero como una asociación profesional fundada su padre y su socio, un ingeniero de apellido Mayorga.

La empresa Conasa es señalada de dar financiamiento a cambio de recibir favores en contratos públicos. Y eso es justamente lo que recibió. Según el portal de Guatecompras, durante los años del Partido Patriota, Conasa recibió más Q408.7 millones en construcción de carreteras y otros bienes nacionales.

Esta no sería la primera vez que Conasa sale señalado de tráfico de influencias a cambio de recibir favores políticos. Según un reportaje de la periodista Louisa Reynolds, en 2011 el entonces candidato a la alcaldía capitalina por el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Roberto González Díaz-Durán, denunció que Otto Ortiz, columnista de la revista C4, le exigió Q500 mil para evitar que publicara fotocopias de cheques a nombre del candidato

Entre las empresas que le dieron cheques estaba Conasa, la cual se apresuró a declarar que los documentos son falsos. Los cheques a González Díaz-Durán presuntamente le habían entregado empresas constructoras cuando él se desempeñaba como gerente de la Presidencia bajo el gobierno de Óscar Berger.

Conasa, según ese reportaje, recibió contratos por más de Q1.4 millardos entre 2005 y 2009. Solo en 2006 recibió 11 contratos por Q863.3 millones. Los contratos fueron dados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

En abril de 2009, según ese mismo reportaje, el Estado salvadoreño interpuso una demanda contra Conasa, responsable de construir el tramo de San Miguel a La Unión, aduciendo que presentaba deficiencias. Organizaciones ambientales también acusaron a Conasa de tirar miles de toneladas de tierra y ripio en las riberas del río El Garrobo durante la realización de la obra.

Otra empresa de seguridad de militares

Por último, fue señalada la empresa de seguridad Escorpión, propiedad de Miguel Martínez Solís, subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS) de Otto Pérez Molina. El capitán (retirado) Martínez Solís tuvo relaciones con empresas israelíes de seguridad desde fines de 1999, luego pasó a ser el gerente de Grupo Halcones, para formar en 2004 Escorpión. Actualmente es parte del Consejor Directivo de la Cámara de Seguridad.

Pero tal vez lo más importante de Martínez Solís es su relación con el ex Jefe de la SAAS, el coronel (r) Walter Zepeda, y la fidelidad de ambos a Pérez Molina: Zepeda fue su oficial subordinado en la Dirección de Inteligencia (G-2) durante los años de Serrano Elías, y Martínez Solís fue su subordinado cuando Pérez Molina llegó a la cabeza del Estado Mayor de Ramiro de León Carpio (1994-1996). Zepeda fue el Jefe de Seguridad de la familia de Pérez Molina durante la campaña presidencial de 2011.

No es sorpresa por esto que fueran parte de la SAAS, que da seguridad al Presidente, desde el inicio de su gestión.

Y tampoco es sorpresa por eso que la empresa de Martínez Solís, Escorpión, haya recibido beneficios del gobierno Patriota, como lo dice el señalamiento de Contrapoder. Según el portal Guatecompras, durante el gobierno de la GANA (2004-2008) la empresa recibió Q726,759. Con el gobierno Patriota esa cifra se abultó a Q78.8 millones.

Escorpión fue fundamental en el conflicto minero en La Puya, donde fue la empresa de seguridad de Exmingua, subsidiaria de la multinacional KCA. La población los señala de perseguir e intimidarlos, y resaltan que entre los servicios que vende la empresa está la investigación privada a personas, como lo resaltan en su página.

Escorpión terminó su contrato con Exmingua una vez se logró desalojar a la población de la entrada de la mina, en mayo de 2014. En ese momento, la mina pasó a contratar a otra empresa de seguridad, una relacionada con transporte de bienes, la multinacional Wackenhut (o G4S).

Esta sería la segunda semana consecutiva que empresas de seguridad de miembros de la SAAS salen salpicados en hechos ilegales. La semana pasada, guardias de seguridad de la empresa del jefe de la SAAS de Jimmy Morales, el coronel retirado Jorge Ignacio López Jiménez, fueron apresados cuando transportaban armas de la bodega de la empresa a pandillas en Villa Nueva.

Faltará por ver qué tanto tiempo llevan las investigaciones para las primeras capturas del MP-CICIG, o si la publicación de Contrapoder sólo ayudó a informar a los implicados y que estos tomen sus medidas de seguridad y de destrucción de pruebas.

En todo caso, la situación de tensión y de vínculos paralelos está planteada.

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