Defensa del Territorio y ampliación de la democracia desde la acción política en el legislativo

Por Sandra Morán

Diputada Bancada Convergencia

Instancia de Jefes de bloque, un primer espacio de negociación para el avance de las leyes.

Para la Bancada de la Dignidad de Convergencia, la Reforma Política, la agenda de Derechos Humanos de las personas y de los Pueblos, así como la Defensa del Territorio son parte sustancial de nuestro trabajo. Es por ello que como parte de nuestra labor hemos impulsado y/o apoyado propuestas de leyes que defiendan el territorio tierra y el territorio cuerpo, por ejemplo:

• Retomamos la Ley de búsqueda de mujeres desaparecidas
• Apoyamos la Ley para la constitución del Instituto de la Defensa de la Víctima, ambas leyes fueron aprobadas en el Congreso.
• En el marco de la reforma a la Ley orgánica del Organismo Legislativo, impulsamos que la comisión de asuntos de discapacidad quedara como una comisión permanente en el Congreso.
• En la instancia de Jefes de bloque, impulsamos la ley de Radios comunitarias y la Ley del mecanismo para la búsqueda de niñez desaparecida
• Apoyamos a las otras bancadas para la presentación de la Ley de Juventud y de Desarrollo Rural, impulsando su camino hacia la aprobación por el pleno del Congreso
• Junto a las mujeres diputadas de las otras bancadas, y con mucha fuerza, argumentamos a favor de la aprobación del artículo 60 de la ley electoral y de partidos políticos para lograr la equidad y alternabilidad en la participación política de las mujeres y de los pueblos.

Estas leyes, ahora en discusión en comisiones o en el pleno, han demostrado que aunque los diputados insisten que la Octava legislatura es diferente, escucha el clamor de la calle y quiere hacer las cosas bien, el aporte a cambiar las estructuras de la cultura patriarcal, racista, y clasista en la que estamos sumidos es aún muy difícil.

Un conjunto de factores son los que van afectando esta posibilidad. Por un lado, los intereses particulares de los diputados que se niegan a ceder sus espacios de poder porque implica recursos y reconocimiento; por otro lado, las confusiones conceptuales y la falta de comprensión que hay hacia propuestas emanadas desde las cosmovisiones de los pueblos que dan cuenta de una mirada etnocéntrica y racista que prevalece; también, las presiones de los grupos de poder económico que se presentan directa o indirectamente en el pleno y que hacen avanzar o parar las leyes. Y por último, el pensamiento conservador que existe en la mayoría de los diputados y diputadas que hacen que el miedo a lo diferente, a los cambios y al progreso se imponga y por tanto se convierta en un obstáculo muy grande para el avance en el reconocimiento y ejercicio de derechos.

Antes del 15 de mayo todas estas leyes tendrán que tener una resolución a favor o en contra, por lo que es necesario la movilización y presión de los movimientos para lograr hacer avanzar la agenda de las mujeres, de la juventud y de los pueblos, porque no es sólo el tema de la ley la que se discute, sino que es finalmente el cuestionamiento al sexismo, al racismo y a la discriminación de clase lo que se impulsa y con ello la posibilidad de la democratización de la democracia, del espectro radial, de lo rural y el futuro del país a través de la juventud.

El Pleno del Congreso

Pueblos y legisladores en Defensa del Territorio

Un ejemplo de lucha conjunta entre pueblos y comunidades en resistencia, y legisladores para la defensa del territorio es el caso de La Puya. El 17 de marzo por la mañana, después de la segunda citación al ministro de Energía y Minas, el sr. Pelayo, fuimos acompañados de mujeres y hombres comunitarios de la Resistencia la Puya, a interponer ante el Ministerio Público tres demandas penales: una en contra del ingeniero José Pelayo en su calidad de Ministro de Energía y Minas por incumplimiento de deberes, ante la falta de acciones dirigidas a la suspensión de la licencia minera del proyecto Progreso VII Derivada que se encuentra en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, según lo mandata la resolución provisional de la Corte Suprema de Justicia del 22 de febrero, como respuesta al amparo interpuesto por la población por incumplimiento al convenio 189 de la OIT por la falta de consulta.

La segunda demanda fue en contra del Lic. Rogelio Zarceño por el delito de representación ilegal, ya que él, en el año 2014 conoció el caso siendo magistrado vocal VI de la Corte Suprema de Justicia y hoy funge como director de la unidad de asesoría jurídica del Ministerio de Energía y Minas, el cual accionó con dos recursos legales uno en contra y otro para pedir aclaración a la Corte.

Y por último, la acción penal contra la empresa “Exploraciones Mineras de Guatemala Sociedad Anónima” por el delito de explotación ilegal de recursos naturales que según nuestro análisis está cometiendo a partir del 22 de febrero fecha en que fue informada de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Estas acciones se suman a las acciones de resistencia de las comunidades y hacemos uso de las herramientas que el Estado de Derecho nos da.  El reto sigue siendo que este Estado de Derecho actué y resuelva a favor de las comunidades y de la vida.