La justicia necesita recursos para funcionar. Eso piden todos los años el Organismo Judicial, el Inacif y el Ministerio Público. Ahora la CICIG exige más recursos para el MP, y poder continuar en su cruzada en contra de los cuerpos paralelos. Hay una necesidad de fondos, y también de no despilfarrar los ya existentes. El MP acumula una deuda multimillonaria con una empresa por la renta de equipo de cómputo. Sí, el MP renta sus computadoras. Todo se hubiera evitado con un mejor contrato en 2000 y una defensa más certera del ex fiscal General de Óscar Berger, Juan Luis Florido. Pero por negligencia ocurrió lo contrario.

Por Rodrigo Véliz

El Ministerio Público tiene muchas necesidades. En una conferencia, Thelma Aldana dijo que querían tener más cobertura en todos los departamentos del país. Recién abrieron una sede de la Fiscalía Especial del MP (la que trabaja con la CICIG) en Quetzaltenango, y necesitan dotarla de recursos. El MP es relativamente joven, apenas supera los 20 años. Y si hoy esas son sus necesidades, llegado 1999 eran más apremiantes: el Ministerio Público de Guatemala necesitaba computadoras para poder funcionar. Atrás debía quedar el papel y las máquinas de escribir.

Con esto en mente, el entonces fiscal General, Adolfo González Rodas, sacó una convocatoria internacional para que alguna empresa le arrendara computadoras. La ganadora fue Tres Torres S.A. Para el 12 de enero de 2000, González Rodas, ubicado allí por Álvaro Arzú, escribió una carta a Enrique Boesche Pedrero, gerente general de la compañía. El objetivo de la misiva era darle a Boesche seguridad jurídica de que el MP honraría el contrato firmado para arrendar computadoras.

“Lo que pasa es que de León Argueta era un gangster, y nosotros no queríamos entrar en un litigio legal con él”, asegura Boesche Pedrero

El documento fue suscrito en febrero de 2000 y tendría vigencia de tres años. De marzo de ese año hasta fines de febrero de 2003. En ese tiempo, el MP se comprometía a pagar a Tres Torres $4.58 millones (Q35.5 millones) por el equipo, además de US$132 mil (Q1.02 millones) por instalarlas y capacitar a los usuarios.

 

 

Pero el contrato tenía una opción de compra si el MP lo deseaba. Podía adquirir  a bajo precio o seguir pagando mes a mes el arrendamiento. Según este, si compraba pasado el primer año, pagaría US$4.28 millones (Q33.2 millones), si lo hacía en el segundo la cifra ascendía US$4.43 millones, y si lo hacía al finalizar el contrato tendría que pagar US$4.71 millones. De hecho, con lo pagado en los primeros 36 meses, solo tendría que pagar US$137 mil  más para tener propiedad de las computadoras y demás aparatos que rentaba. De acuerdo con Boesche, en entrevista para este reportaje, esas fueron las condiciones que el mismo MP explicitó.

Si compraba en el primer año se ahorraba más de US$400 mil, y en el segundo año todavía hubiera logrado ahorrar US$275 mil. Pero González Rodas no tenía eso en mente. No solo no compró, sino que decidió hacer una prórroga al contrato. A inicios de 2002 se firmó una entre el MP y Tres Torres, y así se continuaría pagando más de US$150 mil mensuales por el equipo.

Al menos eso creían González Rodas y Boesche Pedrero. El primero buscaba la reelección, pero el expresidente Alfonso Portillo tenía otras opciones en mente. Removió a González en 2002 y ubicó en su lugar a Carlos de León Argueta. El nuevo Fiscal General inauguró su gestión dejando de pagar el  nuevo contrato. El siguiente pago no vendría nunca.

El contrato decía textualmente en el artículo 18 que si el MP incumplía tres cuotas seguidas se veía obligado a comprar el equipo. Pero tenía también ambigüedades. En otra parte decía que la compra era una opción. Según un jurista consultado que ha estudiado el caso (y que habló en anónimo para no inmiscuirse en el tema), la obligación del MP de comprar era una “cláusula imperativa”, y la opción de compra era “facultativa”. La imperativa rige sobre la segunda. Es decir, si había duda entre las dos cláusulas, la obligación de compra tenía prioridad sobre la opción a compra.

En todo caso, Tres Torres demandó por el no pago. Y no quería que les compraran el equipo, quería rentas atrasadas por los cinco años en que se tardó en poner la demanda. ¿Pero por qué no pusieron la demanda de inmediato?  “Lo que pasa es que de León Argueta era un gangster, y nosotros no queríamos entrar en un litigio legal con él”, asegura Boesche Pedrero. “Con Florido era diferente, a lo más fue una gestión inestable”.

¿Una sentencia amañada?

La demanda se dio por Globalcorp International S.A., una empresa construida en el momento, cuyo principal capital inicial era la deuda que el MP tenía con Tres Torres. Era una de cartón, dedicada únicamente a la demanda. Esto lo confirmó Boesche Pedrera, y agregó que debido al no pago del MP, Tres Torres quebró. La demanda se dio en mayo de 2007 y desde un inicio hubo irregularidades importantes.

Globalcorp se enfocó en la opción de compra del MP, no en la obligación de compra. La razón tiene sentido, con la opción de compra estaba la posibilidad de demandar la cancelación de las rentas atrasadas. Mientras que con la obligación de compra Globalcorp recibiría el precio del equipo, y no más. La primera opción era más lucrativa que la segunda, y en una ampliación de su demanda (en junio de 2007) enfatizaron que querían la cancelación de las rentas y que devolvieran el equipo. Un negocio redondísimo y pensado de manera maliciosa para dañar las arcas del MP

“Al final eso no es importante, porque ninguna de las dos se hizo realidad”, dice con la voz un tanto alterada la abogada de Globalcorp, la exmagistrada de la Corte Suprema, Astrid Lemus.

¿Quiénes más auxiliaron a Globalcorp en el caso? Gloria Guillermo Lemus, sobrina de la exmagistrada; y Vernon González Portillo, luego abogado de Roxana Baldetti y hasta hace unos días preso por su papel en la compra de jueces y magistrados en las elecciones del Organismo Judicial en septiembre de 2014. Boesche Pedrero aclara que durante el tiempo que trabajó con ellos, González Portillo tuvo una actuación “decorosa”.

La sentencia llegó en noviembre de 2008, y la encargada fue la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La demanda buscaba que el MP pagara rentas atrasadas, sin comprar el equipo. Pero el contrato decía que lo importante era la obligación del MP de comprar el equipo, más allá de las rentas atrasadas. La sentencia de la Sala Primera dio la razón a Globalcorp: obligó al Ministerio Público a pagar US$7.19 millones (Q55.7 millones) de rentas atrasadas. Pero agregó que además de eso debía comenzar a pagar las rentas futuros, pese a que eso no estaba ni en el contrato ni en la demanda de Globalcorp. Fue un regalo del Tribunal.

Y  por si fuera poco, solamente se firmó la sentencia, sin sellarla con los nombres de los magistrados, como es usual.

Pero el MP también tuvo responsabilidad en la sentencia. Específicamente la defensa del ex Fiscal General Juan Luis Florido.

 La (casi) estrategia de Florido

La demanda de Globalcorp fue en 2007, pero el contrato dejó de cumplirse en 2002. ¿Qué pasó en medio? Según unas cartas entre Globalcorp y Juan Luis Florido, a las que se tuvo acceso para este reportaje, la empresa intentó negociar la deuda durante años, sin respuesta.

En una carta de diciembre de 2004 se le notificó a Florido que tenían el interés de renegociar la deuda o firmar un nuevo contrato para continuar con el arrendamiento de las computadoras. Sin respuesta, escribieron nuevamente en marzo de 2005, en donde increparon a Florido porque el MP había hecho una nueva convocatoria para arrendar computadoras (NOG-83852) con otras empresas, pese a que no había resuelto aún el problema con Globalcorp.

La convocatoria buscaba nuevamente arrendar computadoras, con opción a compra, y pagando una cantidad mayor a la que se le debía a Globalcorp. El mismo problema que les causó la demanda, era repetido en la convocatoria. Era como si el MP no había aprendido la lección.

Y finalmente, en una carta del 28 de marzo de 2005 Globalcorp notificó que Florido les pidió un descuento de 55% en enero de ese año. Pero que después no volvió a contestar las llamadas ni atender reuniones.

Cuando se dio finalmente la demanda, Florido contraatacó. O al menos hizo un intento. A través del abogado Putzeys Irigüen plantearon que la demanda de Globalcorp no debía proceder por dos razones: el equipo era de mala calidad y la compañía no podía heredar esa deuda. Ni una mención sobre la opción de compra versus la obligación de compra.

Con esa defensa, el MP perdió la demanda. El área de comunicación del MP aseguró que Putzeys Irigüen era un asesor externo al MP, y que no está empleado por esa institución.

 Las empresas detrás de Globalcorp

En una nota de Nómada en agosto de 2014, el gerente de Globalcorp, Ernesto Boesche Pedrero, dijo entre lágrimas que necesitaban el pago del MP para poder sobrevivir. La realidad tenía un dejo de verdad, y algunas cosas no dichas. Según se puede saber con el cruce de información que permite realizar el Registro Mercantil y Guatecompras, Boesche Pedrero es parte de más empresas que reciben contratos del Estado. No solo es Globalcorp International S.A., también está Tres Torres Uno S.A., Tres Torres S.A., Corporación Tres Torres S.A., Sistema Integrado Delta, S.A., Delta Ingeniería de Sistemas S.A., y Tech4mobile. Todos comparten abogados, las mismas direcciones y similares accionistas, aunque Boesche aseguró que no pertenece a las empresas Delta, solo aparece en la estructura inicial, aunque en la actualidad aparece todavía como representante legal.

Según el portal Guatecompras, estas empresas han recibido del Estado desde 2005 un total de Q11.92 millones. Desde el Congreso, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Universidad de San Carlos, etcétera. Todas instituciones que continúan comprando a las empresas de Boesche. Y con cada gobierno, la empresa beneficiada cambia.

 

¿Quién financiará la deuda?

La Corte de Constitucionalidad, como en otras ocasiones, intentó poner fin a una parte de la polémica en septiembre de 2015. Dijo que Claudia Paz y Paz, ex Fiscal General, no podía ser perseguida penalmente por la falta de pago, y no estaba obligada a pagar por la deuda. “La sentencia nos dejó fríos”, recuerda la exmagistrada Lemus, “la resolución es contraria al derecho y a la lógica”.

Boesche Pedrero y Lemus sí reconocen algo: la gestión de Claudia Paz y Paz intentó pagar la deuda. Apartó el espacio presupuestario para hacerlo y dejó el cheque listo. Pero en medio vino la elección a nueva Fiscal General, llegó Thelma Aldana y nuevamente se cerró la posibilidad de pago. Por la decisión de Aldana, el MP continúa acumulando Q1 millón mensuales por equipos de cómputo que ya su institución dejó de utilizar hace años.

Republicado de Nómada con licencias Creative Commons.

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