Las horas estaban contadas. Las presiones para que renunciara se intensificaron de sobremanera. Miles de ciudadanos, pacíficamente, derrumbaron a un gobierno que lo caracterizó la corrupción y sus alianzas con sectores económicamente poderosos para quienes gobernó. Las pruebas iniciales del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) demuestran los nexos de la Presidencia con estructuras de crimen organizado. Esto aceleró el fuego de la mecha encendida por las presiones populares y la contundencia de las pruebas. El 2 de septiembre, poco antes de la medianoche, el presidente Otto Pérez Molina presentó su renuncia al Congreso de la República, que la aceptó en unanimidad. Ahora será procesado legalmente.

Por Luis Solano

Pierde la investidura y se somete a la justicia

El presidente de la República y Comandante General del Ejército, Otto Pérez Molina, ya no lo es. Abandona el poder, en la soledad propia que impone momentos críticos como el vivido durante 2015. Un Congreso oportunista y temeroso, acorralado por la protesta popular, puso contra las cuerdas al hoy derrotado mandatario al quitarle la inmunidad. El juez Miguel Ángel Gálvez, tal como lo hizo con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, se encargó de ordenar la captura bajo los cargos de Asociación Ilícita, Cohecho Pasivo y Caso Especial de Defraudación Aduanera.

Denigrante manera de terminar su administración gubernamental. Traicionó el voto popular que lo llevó al poder. Y peor aún, criminalizó a un pueblo que se opuso a que sus territorios se volvieran propiedad privada.

De formación militar kaibil, Pérez Molina retrocedió, renunció. Su legado es muy amplio. Con implicaciones a distintos niveles. Como Comandante General del Ejército, deja a la institución castrense en su peor momento. Sus principales hombres que los acompañaron durante la gestión gubernamental renunciaron: su ministro de Gobernación, teniente coronel Héctor Mauricio López Bonilla y su secretario Técnico de Seguridad, el general Ricardo Bustamente. Kaibiles todos.

Pérez Molina se quedó solo, bueno, sólo con su abogado César Calderón. Con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en prisión, y con pruebas contundentes de las relaciones entre altos funcionarios de gobierno con la estructura criminal de defraudación aduanera, su caída era cuestión de tiempo. La Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Consejo de Seguridad Nacional (CNS) pusieron su parte en su sepultura al pedirle su renuncia.

La soledad la remarcó el millonario empresario Dionisio Gutiérrez quien también lo abandonó. En abril le había pedido la renuncia al momento que surgió el caso La Línea. Qué llevó a ese rompimiento entre dos grandes aliados, una pregunta con respuesta pendiente. Pérez Molina lo desafió en su última conferencia oficial al señalarlo de gran evasor fiscal. Recordó el viejo conflicto familiar de los Bosch-Gutiérrez de Corporación Multi Inversiones con Arturo Gutiérrez, padre del actual candidato presidencial del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Juan Gutiérrez, y tío de Dionisio Gutiérrez. Conflicto que salió a luz pública a finales de la década de 1990 y que derivó de serias denuncias de Arturo Gutiérrez contra sus millonarios familiares por evasores fiscales. Pérez Molina era miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Gobierno, un proyecto de Dionisio Gutiérrez, desde que se fundó en 2013 cuando Pérez Molina ya era presidente. Quizá esa confrontación lo terminó de sepultar.

Paralelamente, su discurso de confrontación de no renunciar, fue replicado con multitudinarias manifestaciones populares y múltiples llamados de renuncia proveniente de amplios sectores. Los empresarios, encabezado por CACIF, no respaldaron el Paro Nacional convocado y que fue fundamental para la renuncia. CACIF se encuentra en los sectores perdedores, incluso, aquellos empresarios que se unieron a última hora y que evitaban manifestarse abiertamente, y aunque pidieran la renuncia de Pérez Molina no presionaron más allá. La presión popular pudo más. La “Guatemala profunda” de Pérez Molina no apareció. Si lo hizo la Guatemala profunda, desde la Plaza de la Constitución y en todos los departamentos del país que exigió su salida inmediata del gobierno.

Pero no soportó. Renunció, no tenía otro camino. En su carta de renuncia, con un lenguaje menos confrontativo, mantiene su inocencia y su discurso de someterse al debido proceso. Lo sustituirá el vicepresidente Alejandro Maldonado, quien tomó juramento ante el Congreso en las últimas horas. Pero las pruebas contundentes lo esperan.

El 1, el mero mero, el dueño de la finca, el Presidente

Así se le identifica en la documentación y escuchas telefónicas que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) poseen y que dieron a conocer el 21 de agosto para solicitar el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

Y no era para menos. Iván Velásquez, jefe de la CICIG, ya había advertido en una conferencia de prensa que: “Hemos encontrado relaciones cercanas financieras entre el Presidente de la República y la estructura de La Línea”.

Y la Fiscal General, Thelma Aldana, le siguió en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense CNN: “Vamos a demostrar ante juez competente la culpabilidad y responsabilidad en el caso La Línea”. Al día siguiente, el mismo día que se emitió la orden de captura por parte del MP, Velásquez agregó en otra entrevista a la misma cadena televisiva: existe “prueba real” contra el presidente.

Al mismo tiempo que a Baldetti se le daba prisión preventiva, Pérez Molina vivía el principio del acabose. Las evidencias los incriminaban. Reiteradas ocasiones ambos eran nombrados con sus pseudónimos. Se advertía que “los de arriba” recibían el 61 por ciento de lo que se recaudaba en los sobornos aduaneros.

Incluso más. Aldana confirmó que pidió a la Fiscalía de Delitos de Lavado de Dinero y Extinción de Dominio la inmovilización de los bienes, inmuebles y cuentas bancarias del Presidente. Al mismo tiempo la Intendencia de Verificación Especial (IVE) investigaba las cuentas bancarias de Pérez Molina.

Hace un año, el 15 de septiembre, Pérez Molina y Baldetti, cual reyes, hacían gala de la impunidad que gozaban. La fotografía de portada de este artículo, era la evidencia. Un año después, sus cabezas estaban en la picota.

El absurdo de un gobierno entronizado por el crimen organizado; con un partido político, el PP, liquidado políticamente y varios miembros de su Comité Ejecutivo investigados por corruptos; gobierno que estuvo al servicio de intereses personales y empresariales, que criminalizó a la Guatemala profunda que Pérez Molina contribuyó a reprimir desde la guerra contrainsurgente y le negó sus derechos de defensa del territorio durante su administración gubernamental.

Las conexiones de Pérez Molina con los cabecillas de La Línea son los indicios de una investigación que apenas inicia. Es lo que indica el documento que el MP y la Cicig entregaron al Congreso para solicitar el antejuicio. Salvador Estuardo González Álvarez, alias Eco, es uno de ellos. Pérez Molina reconoció en conferencia de prensa oficial, haber tenido contacto con Eco más de una vez. González Álvarez, antes de su detención, era presidente de la Corporación de Noticias (diarios Siglo 21 y Al día) y es hijo del general Marco Antonio González Taracena, director de Inteligencia del Ejército en 1991 (luego cedió el cargo a Pérez Molina), y ministro de la Defensa entre 1995 y 1996, y a quien el mismo Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, capturado por ser parte de La Línea, lo vinculó con La Cofradía y la red de contrabando de Alfredo Moreno Molina, que operó en los años ochenta y noventa, cuando atestiguó en el juicio en su contra.

El general González Taracena fue jefe de Otto Pérez cuando este sirvió en el Estado Mayor Presidencial. González Taracena también colaboró, junto a otros militares, en la elaboración del plan de gobierno del PP en el tema de seguridad, como una muestra más de cómo se disiparon las diferencias entre ambos grupos militares (entre otros: Héctor Mauricio López Bonilla, Julio Balconi Turcios, Édgar Ricardo Bustamente Figueroa y Mario Mérida, todos funcionarios del actual gobierno).

Al igual que con González Álvarez, Pérez Molina también es ligado a Juan Carlos Monzón Rojas, otro de los líderes de La Línea, y prófugo de la justicia. Ambos, hijos de militares, crecieron en la Colonia Aurora, zona 13, sede de la Escuela de Inteligencia. Dice elPeriódico que desde niños forjaron una amistad que ha perdurado hasta la fecha. Economista de formación, González Álvarez fue gerente de una empresa de telefonía móvil, y cuando Monzón fue dado de baja del Ejército en 1998, le ayudó a montar una distribuidora de teléfonos celulares de la telefónica para la cual laboraba, recuerda una persona que los conoció.

Las escuchas telefónicas son las pruebas inmediatas que conducen a establecer que hay relaciones, referencias y evidencia documental que apuntan hacia la vinculación de Pérez Molina con La Línea. La comunicación con el ex titular de la SAT, Carlos Muñoz, ahora detenido, es contundente. En ella, es clara la orden del mandatario a Muñoz para que cambie al jefe de Recursos Humanos de la SAT por Sebastián Herrera Carrera, sindicado de ser miembro de La Línea.

La cuarta fue la vencida

Pero finalmente, la cuarta fue la vencida. Pérez Molina logró enfrentar tres grandes momentos en su historia político-militar, que le marcaron y fortalecieron: el primero, en los inicios del golpe de Estado que impuso a Efraín Ríos Montt como Jefe de Estado, donde se sentaron las bases para que Pérez Molina se convirtiera en el líder indiscutible de su promoción, la que de ahí en adelante sería una piedra en el zapato de las promociones militares anteriores que tenían la sartén por el mango en la contrainsurgencia.

El segundo, la contención del autogolpe de Jorge Serrano Elías, en 1993, como director de la D2, (ex mandatario que hoy señala a Pérez Molina de haber sido siempre el jefe de los contrabandistas) y poco después tras encabezar desde el EMP la recomposición dentro del Ejército y la cúpula militar, al enfrentar al líder de la denominada Cofradía, el general Luis Francisco Ortega Menaldo y su comunidad de inteligencia, a la cual ya se le vinculaba con el crimen organizado.

Y la última, en 2004, durante el gobierno de Berger, cuando es nombrado Comisionado de Seguridad y Defensa, desde donde guió una turbulenta reducción del Ejército, con la que no escapó a los señalamientos de traición. Pero la cuarta fue la vencida.

Ha caído la “punta del iceberg”. Décadas de corrupción aduanera aún esperan la investigación para llegar al núcleo de todo. Esa estructura histórica sigue vigente. Sigue entronizada en las instituciones clave del Estado, y no sólo en su forma de defraudación aduanera. Lo sigue en sus otras variantes, en esas donde los contratos con proveedores privados son parte de la expoliación del Estado; de las estructuras criminales de negocios ilícitos, como el narcotráfico; de los grandes evasores fiscales que apunta al gran empresariado; y más complejo aún, en la elaboración, diseño y ejecución de políticas públicas que ponen en bandeja de plata los recursos del Estado disfrazados de legalidad y que fortalecen aún más a los grandes capitales privados nacionales y extranjeros.

Todo eso aún no se desarticula. Las reformas institucional y política necesariamente deben contemplar ese desafío. Y tiene que ir más allá de todo el trabajo que ha hecho y hará la CICIG y el MP, en los próximos dos años. Esto apenas comienza.

Esta nota fue publicada en conjunto con Plaza Pública. Acá está el link.

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