La respuesta a “saber quién puso fuego ahí” en la embajada de España

Tuvieron que pasar tres décadas y media para que se hiciera justicia con un episodio horrendo de la historia del país. Las cámaras de televisión de entonces grabaron cómo se incendiaba la Embajada de España en Guatemala y la agonía de 37 personas que buscaban salir y no les permitieron. La versión oficial del Estado y algunos conservadores fue que un grupo de terroristas se había inmolado. Ayer un tribunal nacional sentenció al reponsable policial de dirigir la operación, que tenía como objetivo que no saliera ninguna persona viva de la toma de la sede diplomática.

Por Rodrigo Véliz

Nómada

Una organización campesina, el Comité de Unidad Campesina (CUC), y un grupo de estudiantes, el Frente Estudiantil Robin García (FERG), tomaron la embajada para llamar la atención sobre el comienzo de las masacres a poblados enteros en el altiplano guatemalteco.

Eran los años de las dictaduras militares, de las organizaciones guerrilleras, de las movilizaciones y marchas masivas, de los asesinatos políticos a la luz del día. Eran años de crisis, de grupos que, por las buenas o las malas, buscaban cambios; y de otros grupos que deseaban conservar, aunque fuera con terror, las cosas como estaban. Era el último día de enero de 1980.

Los vecinos y transeúntes de la zona 9 asediaban a policías y militares, preguntándoles por qué no movían un dedo para salvar a las víctimas de las llamas. La cara inmutable de policías, vestidos de civil y de uniforme. Los bomberos buscando romper el cerco que mantenían las fuerzas de seguridad. En el fondo de la escena, lo más fuerte, llamas saliendo de la planta alta de un edificio de dos pisos. Y gritos de agonía. Los ocupantes, campesinos, estudiantes, diplomáticos españoles y personalidades guatemaltecas, mientras se quemaban vivos, rogaban que se les dejara salir. Por minutos nadie pudo hacer nada. Unos por impotencia, otros porque tenían órdenes expresas de no hacerlo. La orden era una: que no quedara ni uno solo vivo.

Fue imposible por años saber quiénes eran los responsables de la masacre. La verdad oficial (de la dictadura) era una y tuvo el respaldo de autoridades intelectuales. Los ocupantes de la Embajada de España se inmolaron en un acto de protesta. Nada tuvo que ver el Estado y sus fuerzas de seguridad, dijeron los militares. Y el más prestigioso de los historiadores conservadores, Jorge Luján Muñoz, mantuvo por años (y lo expresó en libros y como testigo de la defensa en el juicio) la postura que Gregorio Yujá Xona (campesino sobreviviente de la quema, asesinado un día después y dejado muerto en el campus de la USAC) dijo mientras estaba en el hospital: “saber quién puso fuego ahí”. Una de las más grandes masacres urbanas de la historia de Latinoamérica quedó de ese modo en la oscuridad.

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La búsqueda de las 5 evidencias principales

El caso se abrió en el año 2001, hace casi quince años, con el trabajo diligente de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz y la hija de uno de los masacrados, el líder campesino Vicente Menchú. Pero su camino fue torpe y abultado: el sistema de justicia de Guatemala no permitió que nada avanzara.

Fue hasta el lunes 19 de enero del 2015 que finalmente se tuvo una respuesta convertida en una sentencia: la decisión de quemar la embajada vino del más alto mando, el entonces presidente, Romeo Lucas García; Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación; y Germán Chupina Barahona, director de la Policía Nacional; y Pedro García Arredondo, Jefe del Comando 6 de la Policía Nacional, ordenaron que nadie saliera vivo.

 

1. La toma era para denunciar masacres

En esos años la toma de las embajadas era una acción conocida y sobre todo efectiva. Las tomas se hacían para llamar la atención, nacional e internacionalmente. En 1980 no había redes sociales ni telecomunicaciones capaces de comunicar de manera rápida lo que pasaba en aldeas del occidente del país. Si mataban a alguien podía ser que nadie se enterara. Otras tomas de embajadas, apoyadas por las mismas organizaciones, fueron realizadas con éxito en su cometido, como la toma de la embajada de Suiza o la de Brasil, y los resultados fueron los mismos: ni un solo muerto. La toma del 31 de enero de 1980 fue la excepción.

Los campesinos llevaban días en la Ciudad en reuniones para que se publicara su denuncia. El actual director de La Hora, Óscar Clemente Marroquín, lo confirmó en el juicio: como director del diario El Impacto recibió la comitiva del Comité de Unidad Campesina (CUC), pero no pudo publicar nada por la censura. Una visita a la Organización de Estados Americanos (OEA) corrió la misma suerte. Nadie quería escuchar sobre masacres a comunidades enteras.

El único apoyo que recibieron fue de organizaciones urbanas, especialmente el de estudiantes universitarios aglutinados en el FERG. Fueron ellos los que los acompañaron en visitas, los alojaron en las aulas de la universidad nacional y finalmente los acompañaron en la toma.

De hecho, dos días después de la masacre, miles de estudiantes universitarios se reunieron en el Paraninfo Universitario, en el centro de la Ciudad, para realizar un sepelio a las víctimas. Un testigo del juicio y documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional dieron cuenta que un grupo de estudiantes que iban desde el Paraninfo hasta el Cementerio General fueron recibidos por el mismo García Arredondo y su Comando 6, y el resultado fue el asesinato de dos de los dirigentes estudiantiles.

2. El testigo de la reunión en la que se tomó la decisión

La reunión se dio alrededor del medio día en una sala especial del Palacio Nacional. En ella estaba el presidente, Romeo Lucas García (fallecido en Venezuela, asilado); su canciller, el coronel Rafael Castillo; su ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz (prófugo), y el jefe de la Policía Nacional, el coronel Germán Chupina (capturado pero fallecido antes de recibir juicio). Recién se habían enterado de la toma de la Embajada de España por campesinos y estudiantes, que sabían que estaba siendo planificada. Ahora tenían que decidir qué hacer al respecto.

En el gobierno de Lucas García se habían dado ya otras tomas de embajadas, pero la situación era diferente, con las organizaciones campesinas y las guerrillas creciendo en el Altiplano y la victoria de los sandinistas en Nicaragua en 1979. Por eso la contundencia de las órdenes que dio a Chupina para que las trasladara a Arredondo: ¡Sáquenlos de ahí a como dé lugar!

Eso es lo que refirió el periodista Elías Barahona cuando se presentó como testigo en el juicio que terminó ayer. Barahona era un agente infiltrado del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que poco a poco había logrado ganarse la confianza de Álvarez Ruiz hasta llegar a ser su más cercano colaborador. Él estaba allí cuando se decidió la muerte de casi cuatro decenas de personas.

La orden de Lucas García fue rápidamente trasladada por radio a García Arredondo, que con su Comando 6 era el encargado de terminar con la toma “sin dejar una sola persona viva”, según la sentencia del Tribunal.

Esta evidencia estuvo cerca de desaparecer. Días después de ser testigo, Elías Barahona murió a los 71 años de una enfermedad que llevaba años afectándolo.

3. La estructura de mando

El MP, por medio de la fiscal Hilda Pineda, y la sentencia del Tribunal B de Mayor Riego, conformado por Jeannette Valdés, María Eugenia Castellanos y Sara Yoc, dejaron clara la estructura de mando a la que pertenecía García Arredondo. El informe de documentos desclasificados de la vieja PN lo confirmó. También confirmaron las comunicaciones y el despliegue amplio que tuvo el Comando 6. Resultó innegable: este comando era el encargado de la operación. El empresario Adolfo Molina Sierra, hijo de Adolfo Molina Orantes, excanciller y uno de los quemados ese día en la Embajada, relató en el juicio que al cuestionar a García Arredondo sobre por qué no negociaban en vez de entrar a la embajada por la fuerza, éste contestó que las órdenes venían de “muy arriba”. García Arredondo actuaba bajo órdenes superiores dentro de una estructura jerárquica liderada por militares. Militares disciplinados. Esa fue la tercera prueba contundente.

El ex Jefe del Comando 6 usó buena parte de los 10 minutos en que dio su declaración a enfatizar eso. Lo que no agregó fue lo bien que ejecutó esas órdenes. De las 38 personas que estaban en la embajada ese día (incluido el campesino Yujá, asesinado días después), sólo uno, el embajador Máximo Cajal, quedó vivo. De sus cuatro jefes, Lucas García, Chupina Barahona y Castillo Valdés están muertos; Álvarez Ruiz lleva años de estar fugado. Sobre él caerá la responsabilidad de esa estructura.

Incluso sus antiguos ayudantes lo señalaron. El “testigo A”, subordinado suyo en el Comando 6, recalcó varias veces que García Arredondo era su jefe y se encontraba dirigiendo las operaciones el día de la masacre de la Embajada. Videos, fotografías y relatos presentados en el juicio lo confirmaron: Él dirigió el operativo. No quedó con qué excusarse.

4. El lanzallamas de la Policía Nacional

Bajo las órdenes de García Arredondo rodearon el lugar, cortaron todo tipo de comunicación, cortaron el acceso a luz eléctrica, negaron cualquier tipo de negociación y buscaron ingresar a la fuerza. No quedó claro, según el Tribunal, cómo comenzó el fuego. Lo que quedó claro es que mientras buscaban ingresar se escucharon varias detonaciones, que pudieron ser bombas molotov o disparos de la PN.

Lo que siguió fue una matanza. Una fuerte combustión de gasolina se escuchó, confirmaron varios testigos presenciales. Venía de un lanzallamas que el asistente de Arredondo llevaba, según consta en videos, fotografías y declaraciones.

Las pruebas fueron espeluznantes. La muerte de los 37 ocupantes no podía ser provocado por el fuego de bombas molotov que se les hubieran caído a los ocupantes: Todos los asesinados tenían quemado de las rodillas para arriba y sus pies estaban intactos. Esto confirmó el hecho: al ingresar al recinto, este miembro del Comando 6 descargó el lanzallamas contra todos ellos. En cuestión de minutos estaban muertos.

5. La Policía impidió que los bomberos apagaran el fuego

Uno de los bomberos que acudió a la toma de la embajada relató en el juicio cómo los policías le impidieron apagar el fuego para rescatar a los 37 que estaban dentro. La orden es que nadie podía salvarse, como reiteró la enfermera de la Cruz Roja y testigo, Odeth Arzú Castillo. Por eso, cuando se enteraron que había dos sobrevivientes, el embajador Máximo Cajal y el campesino Gregorio Yujá, agentes estatales fueron a buscarlos al hospital en el que se recuperaban. Al campesino lo asesinaron y dejaron frente a la USAC, y Cajal se salvó sólo porque fue llevado a la residencia del embajador estadounidense y sacado del país.

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La soledad de García Arredondo y el agua que apaga las llamas

Audiencia tras audiencia se podía ver al ex Jefe del Comando 6 solo, sin un familiar o amigo cercano. Engrilletado, esperaba rodeado de policías del Sistema Penitenciario a que las audiencias continuaran o que le llevaran comida.

Algunos reporteros pasaban a su lado sin percatarse de su identidad. Caían en cuenta hasta que recibían la noticia de colegas de que él, ese anciano de ancho cuerpo, pelo entrecanado y una extraña mirada de satisfacción, era efectivamente el autor operativo de prenderle fuego a 37 ocupantes de la Embajada de España. El militar retirado se daba cuenta de eso. Él lo sabía. Nadie está a su alrededor.

Tanta fue su soledad que el único apoyo que recibió fue el de una organización de extrema derecha, la Fundación contra el Terrorismo. En las audiencias no estaban militares retirados, figuras públicas, y seguramente el empresariado no pedirá a la Corte de Constitucionalidad que anule la sentencia, como hizo con la de genocidio a Ríos Montt.

Con una metáfora comenzó la jueza Jeannette Valdéz la audiencia de sentencia. Por 35 años, desde ese 31 de enero de 1980, había un fuego sin apagar. La sentencia condenatoria en contra de García Arredondo era el agua que venía a apagar ese fuego.

“He cumplido con mis difuntos”, dijo Rigoberta Menchú. “Estamos agotados, con audiencia tras audiencia; es algo muy difícil. Sin embargo, estamos muy contentos. Este es un ejemplo de que debemos acudir a la justicia y debemos de trabajar para ello. Los años (de la sentencia) no son los más importantes para nosotros; la importancia grande es la acreditación de la verdad”.

Guatemala es el segundo país de América Latina con más sentencias por crímenes del pasado después de Argentina, pese a no contar con un balance político favorable (la oposición expresa de muchos poderosos porque se terminen estos juicios y las sentencias). Pese a ese escenario, a contracorriente, una institución del Estado (el Ministerio Público) acusó a integrantes de dos instituciones del Estado (los Ministerio de Gobernación y de Defensa) de una de las peores masacres urbanas de la historia reciente. Otra institución, el Organismo Judicial, los condenó.

Así se puso luz a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Guatemala.