Ver los avances

Diana Vásquez Reyna.

Columna de Opinión para el CMI-Guatemala

América Latina ha recorrido un largo y tortuoso camino para que sus sistemas de justicia cumplan su función: ser eficientes de la manera más objetiva posible, pronta y para todos. En Guatemala el tener un Organismo Judicial que se precie de ser funcional es todavía utopía. Fue vergonzoso y descarado el uso que se les dio a las Comisiones de Postulación de funcionarios y magistrados para las instituciones y cortes más importantes, procesos que concluyeron a pesar de los señalamientos de varios sectores.

Aunque se cerraron espacios para condenar crímenes del pasado, que no han dejado de afectarnos como sociedad, muchos guatemaltecos creen en esa utopía y por eso continúan luchando para conseguir un atisbo de justicia, un atisbo de paz.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) organizaron el 17 de septiembre el seminario “El rol del poder judicial en la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales”, en la Ciudad de Guatemala. Esta actividad incluyó cuatro mesas-foro en las que expertos hablaron en forma breve sobre los procesos y los avances que han logrado los países en materia de derechos humanos, específicamente buscando sentencias contra crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión.

La presentación y comparación de estos procesos es fundamental para entablar debates serios y profundos sobre el Derecho Internacional, y el fortalecimiento de la justicia en unos países con el ejemplo de otros.

Se habló del importantísimo papel que tiene la voluntad política (la cual afecta directamente a las poblaciones) en la justicia transicional, para no caer en la trampa de los gobiernos que ofrecen solo seguridad y desarrollo socavando la justicia. Después de las dictaduras latinoamericanas y en otros países del mundo, la justicia debe estar acompañada del fomento de la verdad de los hechos, la reparación a las víctimas y la garantía de que no se repitan los crímenes y violaciones graves hacia la humanidad.

Existen muchos retos, entre estos uno de las más importantes quizá es la independencia del juzgador, al que no deben comprarlo o amenazarlo para que haga o no su trabajo. Muchos han visto el caso guatemalteco y se han dado cuenta de que la corrupción no es lo mismo que la intimidación, que subyace una relación cultural (colonial) para que ocurran constantes abusos en los sistemas jerárquicos (de jefe a subalterno, incluso en las cortes), y que hay intereses del statu quo que intervienen en el actuar de los jueces. Se ha detectado un fenómeno cultural en el que aparece la profunda esquizofrenia de las élites latinoamericanas para no desear cambios, en lugar de aprovechar las oportunidades para un desarrollo incluyente y así real de las sociedades.

Esta es la gran utopía: en la justicia debe prevalecer la independencia, la autonomía y la imparcialidad. Hasta ahora solo se tiene “justicia en la medida de lo posible”.

En este largo camino, Guatemala ya ha dado señales de que el espíritu de justicia aún late, gracias a fiscales, abogados y jueces que nadan contracorriente. Por la masacre perpetrada en Río Negro, donde murieron 177 personas, la mayoría mujeres y niños, por primera vez se logró justicia en uno de los 669 casos de masacres (626 fueron atribuidas a las fuerzas del estado guatemalteco, según investigaciones de la CEH) cometidas durante el conflicto armado interno. Fueron sentenciados tres miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), mientras los comisionados militares y el alto mando militar quedaron intocables.

Puede que sean pasos de hormiga, de esas que levantan diez veces su peso, para hacer cambios trascendentales que podrán ver las generaciones siguientes, porque sí “es posible horadar esos muros de impunidad”, eso es evolución.

En la actividad se concluyó que la jurisdicción internacional está siendo aplicada en todos los continentes, desde Senegal hasta Argentina, y con ello existe una relación de diálogo en las justicias nacionales y de otros países, a fin de articular espacios para contar con sistemas de justicia regionales, que reconozcan, por ejemplo, que en la interpretación de la Ley de Amnistía, esta no procede para un sindicado de crímenes internacionales.

En algunos países se han concretado políticas de Estado para contrarrestar prácticas de impunidad y se está llegando a sancionar las responsabilidades de sectores empresariales y civiles que han participado en crímenes internacionales, es decir, detener, investigar y juzgar a todos los implicados.

Además, se está logrando el empoderamiento de las víctimas, que con valor han roto políticas de intimidación. Gracias a ellas los casos continúan, aunque surjan obstáculos, amparos, retrotraimientos, manipulaciones burocráticas de la ley que se demoren décadas. A ellas, porque la mayoría son mujeres supervivientes, se les debe en Guatemala que hayan nombrado lo innombrable para poner sobre la mesa la reflexión de cuál es nuestra identidad y cómo se forjó nuestro presente.

Por otra parte, es fundamental que las sociedades se involucren para obtener organismos y operadores de justicia idóneos y eficientes, a fin de que la impunidad jurídica y la impunidad biológica (por la muerte de los victimarios y las víctimas) no ganen estas batallas. La política y la ley no les pertenecen solo a los políticos y abogados, es responsabilidad de los pueblos defender sus derechos y los derechos de los más vulnerables.