Tribunal Permanante de los Pueblos condena a 5 empresas mineras y se solidariza con la resistencia de La Puya
0Gustavo Illescas (CMI-G)
La semana pasada (29 mayo-01 junio) se llevó a cabo en Canadá la audiencia para América Latina del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). El TPP es un órgano independiente e internacional, creado en 1979 para sistematizar las violaciones a los derechos de los pueblos, opinar y promover el derecho a su autodeterminación en cualquier parte del mundo.
En esta ocasión, el TPP fue dedicado al impacto de la Industria Minera Canadiense sobre los pueblos -mayoritariamente indígenas- de América Latina.
El veredicto del jurado de 8 expertos del TPP (organizado por primera vez en América del Norte), declaró culpable a cinco compañías mineras por violaciones a los derechos humanos y al Estado canadiense por haber omitido la protección y facilitado estas violaciones.
Foto: Red-CMI
Durante cuatro días, el jurado escuchó numerosos testimonios de víctimas y de especialistas de Chile, Honduras, Guatemala, México, Ecuador y de comunidades indígenas en Canadá. Asimismo recibieron informes que denunciaban los impactos de las actividades mineras.
Las empresas canadienses acusadas fueron Barrick Gold, Goldcorp, Tahoe Resources, Blackfire Exploration y Excellon Resources. Este Tribunal insistió en la importancia de llevar a cabo este proceso ya que casi 50% de las actividades mineras en América Latina son realizadas por empresas canadienses.
Además se han registrado 200 conflictos locales, en donde se identificó que 90% de estos casos implican a las empresas canadienses. En el marco de estos conflictos, 85 casos evidencian el impacto negativo en comunidades indígenas.
El jurado seleccionó como uno de los caso emblemáticos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las actividades mineras canadienses en América Latina, el de la empresa Tahoe resources en San Rafael las Flores en Guatemala. El TPP contó con una delegación del Comité de Defensa por la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores.
Al respecto, el TPP reconoció la violación de los derechos a la autodeterminación de las comunidades de San Rafael Las Flores a la consulta, derechos a la tierra, derecho a la no discriminación, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. El jurado constató el irrespeto de las garantías de protección de los derechos mencionados por el gobierno de Guatemala y por la empresa canadiense, apoyada por el gobierno de Canadá.
También, se resaltó la violación al derecho del acceso a la justicia por varias víctimas de las empresas canadienses en América Latina. Se le pidió al Tribunal Permanente de los pueblos de considerar particularmente la negación de este derecho por el Estado Canadiense al no ofrecer mecanismos sencillos y breves para encarar violaciones perpetradas por las empresas en los países extranjeros.
Foto: Red-CMI
El Jurado realizó numerosas recomendaciones, primeramente al Estado Canadiense y a los Estados de América Latina que permiten la explotación minera por empresas canadienses, por no haber prevenido, impedido y por haber facilitado o encubierto las violaciones de los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas. También formuló una serie de recomendaciones directamente a las empresas mineras canadienses.
El jurado concluyó que estas últimas actúan como nuevos colonizadores. Ellas llegan al país, toman posesión de las tierras y violan los derechos de los pueblos a la autodeterminación.
En las próximas semanas, los miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos entregarán sus conclusiones y recomendaciones al gobierno de Harper (Canadá), así como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
