Suelto el nudo de Roxana Baldetti, ¿Qué nudos siguen tensos?

La sorpresiva decisión de la Corte Suprema de Justicia de pedirle al Congreso que quite el derecho de inmunidad a la vicepresidente Roxana Baldetti es resultado de dos semanas de movilizaciones, tensiones y reacomodamientos de fuerzas en la estructura de poder de Guatemala. Ahora los ojos se centran en el Congreso (y el determinante Manuel Baldizón), pero con esta decisión los grandes empresarios y el presidente Otto Pérez Molina quedan fuera de la palestra pública.

Por Rodrigo Véliz

¿Contra quién fue el golpe del Caso SAT?

La investigación sobre la red de defraudación aduanera en la SAT fue un golpe al centro de la alianza de gobierno. El Ministerio Público (MP) y la CICIG (también Estados Unidos) lograron su objetivo inmediato (prorrogar mandato CICIG) mediante un movimiento agresivo. El resultado, hasta el momento, es el quiebre de una histórica alianza.

¿Quiénes formaban parte de la alianza de gobierno? Dos grupos de militares y uno de empresarios.

Por un lado, un acercamiento entre dos líneas de militares de inteligencia que desde el golpe de 1993 estaba distanciada: los militares aglutinados en torno a la figura de Otto Pérez Molina (OPM) por un lado; y por el otro, los conocidos en la década de los 80 como la Línea Dura, o más comúnmente como La Cofradía, liderado por los generales retirados Manuel Callejas y Francisco Ortega Menaldo.

Estas dos agrupaciones pasaron en 2012 a repartirse los principales puestos del sistema de seguridad y las instituciones de derechos humanos. ¿El símbolo de la alianza? Roxana Baldetti Elías: la mancuerna de OPM desde el año 2000, y cercana a los militares de línea dura, con quienes hizo gobierno durante los años de Jorge Serrano Elías (1991-1993).

A esta alianza inédita de militares para la construcción del Partido Patriota se sumó desde 2002 otro actor de peso, simbolizado en cuatro figuras de grandes empresarios. Alejandro Sinibaldi Aparicio; su tío Ricardo Castillo Sinibaldi (de CBC, que es la Pepsi); y la familia Leal, azucareros dueños del Ingenio Magdalena (uno de los dos de mayor producción en el país) e inversionistas en etanol y en infraestructura, como Paseo Cayalá. Este apoyo de parte de la familia Castillo y los azucareros se completó, según dijo Otto Pérez al embajador estadounidense en 2007, con el financiamiento de las familias Gutiérrez (infraestructura) y Novella (cemento) a su candidatura.

¿Por qué CICIG y EEUU pelean con este gobierno?

La CICIG (el ente estrella de la ONU) y EEUU necesitan instituciones mínimas para gobernanza y estabilidad. En el caso de la CICIG, porque para eso fue inventada por la sociedad civil y el Estado de Guatemala, para desarticular mafias en el Estado. En el caso de EEUU, presiona al Estado para tener certeza de inversiones y evitar migraciones. Además, y para fines geopolíticos, busca una presencia militar efectiva y de bajo perfil en región (su Senado, que aprueba ayuda militar, desea un ejército guatemalteco libre de narcotraficantes).

El papel de la CICIG, por todo esto, es fundamental.

Desde que empezó este gobierno de militares y empresarios, Washington ha sido crítico con ambos. Con la administración de Pérez Molina y Baldetti por medio de sus informes de derechos humanos y con los empresarios por su demanda por violaciones laborales para competir deslealmente.

Cuando EE.UU. propuso apoyar la Alianza de la Prosperidad (los US$1 mil millones que ofrece EEUU a los tres países del Norte de Centroamérica) puso una condición: si Guatemala quería fondos, debía prorrogar a la CICIG. Pero OPM y Baldetti se negaron por meses. Y la respuesta fue el caso SAT: un golpe de fuerza. Hasta entonces OPM cedió.

El golpe fue dirigido a una pequeña banda que lideraba Juan Carlos Monzón, mano derecha de Baldetti.

Un personaje confirmó lo complejo de la situación y lo bien pensado del golpe: el “teniente Jérez” (Francisco Ortiz Arriaga) era el vínculo con una red más amplia, La Red Moreno, una estructura criminal relacionada con militares desde las dictaduras, que tenía tomada las aduanas y el aeropuerto desde finales de los años 70 y que sufrió un mediano golpe durante el gobierno de Álvaro Arzú en 1996.

El teniente Jérez fue capturado en ese golpe a la red Moreno, el mismo en el que se creó la SAT, y delató como testigo colaborador los principales nombres de la estructura. Allí salió el nombre de los generales Callejas y Ortega Menaldo. Con el gobierno de Alfonso Portillo en alianza con muchos militares (2000-2004), el caso se perdió y todos quedaron libres; es decir, la estructura continuó.

La presencia de Jérez en grupo La Línea confirmó los vínculos con ese grupo  de militares.

La investigación del MP y la CICIG desnudó a Monzón y a Baldetti, y esto obligó a reaccionar al resto de la alianza de gobierno.

 

¿Cómo reaccionaron los aliados al ataque del Caso SAT?

Los amigos del Presidente parecen haber logrado que la jueza Marta Sierra de Stalling –esposa de un militar– se corrompiera, y cometiera un delito y tres contradicciones para beneficiar a los jefes de la estructura liderada por la oficina de la Vicepresidencia. Dejó en libertad condicional a algunos jefes de la estructura, incluido el Teniente Jeréz.

Además, casualmente, desde el mismo 17 de abril (un día después del desmantelamiento de la estructura por el MP y la CICIG) empezaron a circular campañas negras de zozobra que apuntan a tener el sello de militares. “Apoye las protestas violentas”. “Encapuchados asaltan camioneta de manifestantes en Vista Hermosa”. O la campaña negra usando información de la Cámara del Agro y un reportaje de Nómada sobre 47 megaempresas que usan la ley de maquila para pagar menos impuestos, que aseguraba mostrar a los nombres de las empresas involucradas en la red de la mano derecha de Baldetti.

Según varios reportes, Julio Ligorría, Embajador de Guatemala en EEUU, y el ministro López Bonilla, ambos con un historial de desestabilización en la región, estarían detrás de la zozobra.

Estas parecen ser las primeras tácticas de un proyecto político y gubernamental de militares que está acorralado. Representan el peligro latente de la tradición autoritaria del país.

La patronal, el Cacif, liderado por su nuevo presidente, Jorge Briz, de la Cámara de Comercio, reaccionó como debía: sabe que entre sus filas existen grandes importadores, distribuidores, que (suponemos muchos) pasaron por esas aduanas del caso SAT, y la mejor manera de lidiar con eso era desligarse por completo de alianza. “No son empresarios, son delincuentes”, dijo ayer en una entrevista en Emisoras Unidas.

El sector privado rompió su alianza con el presidente Pérez Molina y la vicepresidente Baldetti, y quebró para siempre su relación con el Partido Patriota –salieron el presidenciable Sinibaldi y los diputados “empresariales” Pedro Muadi, Juan José Porras, Juan Alcázar y Antonio Ralda. Pero los grandes empresarios decidieron que, por el momento, se mantuvieran en el Gabinete sus representantes en el Gobierno (los ministros de Economía, Trabajo y Educación) “para que no se cayera el gobierno”, según dos fuentes empresariales.

Eso sí, ninguno va a financiar al PP, y los políticos que se quedaron a cargo del PP parecen no sólo resignados sino retadores. Dicen que cuentan con suficientes recursos y no necesitan del financiamiento empresarial.

Los empresarios fundadores del PP –Sinibaldi, Alcázar– se trasladaron a un partido que estaba inactivo, de cartón, el Movimiento Reformador. Este fue fundado hace doce años, casualidades de la vida, por Jorge Briz y la Cámara de Comercio.

Briz, el ahora presidente del Cacif, parece mantener un discurso táctico: que se persiga a todos, incluidos empresarios. Pero su objetivo es no salir señalados.

El Presidente parece haberse quedado solo. El militar parece incompetente para lidiar con una crisis en tiempos democráticos. Dijo a los manifestantes que “él también está indignado” con la corrupción y les dijo que eran un grupito. Después intentó llamar a técnicos e intelectuales con prestigio entre la élite económica y entre la sociedad civil para una comisión para la reforma de la SAT. Los cercanos a los empresarios aceptaron –“hay que llevar al gobierno en andas hasta el 14 de enero para que esto no se vuelva una anarquía”, dicen algunos de la patronal–, pero el intelectual y político Juan Alberto Fuentes Knight, el experto fiscal del país y fundador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi),  rechazó públicamente la invitación del presidente. Tras sus declaraciones, la idea de la comisión se desplomó por completo.

Baldetti como piñata

El Cacif le ha tendido la mano a OPM en varias ocasiones desde que se supo del caso SAT: primero, el martes 28 de abril comunicó que hacía una petición para que OPM investigue y dé nombres y estados patrimoniales de principales funcionarios.

Les está diciendo algo claro: negociemos el listado, los dos salimos limpios ynos legitimamos. Hasta el momento, Otto Pérez no ha reaccionado a la petición. Entonces esta semana dieron una vuelta de tuerca y pidieron la renuncia de Baldetti y amenazaron con un paro nacional como el que lideró Briz en 2001 contra el FRG y Alfonso Portillo.

Baldetti fue desde un inicio la piedra en el zapato. Al Cacif nunca le gustó, más por los ademanes que hacía dentro del PP en contra de su gente. Y EEUU la tiene vista por el caso Reina del Sur, de Marllory Chacón, y todo el mundo político sospecha que la señalará de cómplice.

Los empresarios y los estadounidenses la tienen entre ceja y ceja y era cuestión de tiempo para que Baldetti quedara aislada por completo. Sus apoyos de fuerza se reducen, en lo público, al Presidente, pero eso parece estar llegando a su final.

Otto Pérez tiene la presión de los empresarios por dar la cabeza política de su mancuerna, Baldetti. Los grandes empresarios no sólo se la pidieron en público. También en privado por medio de sus ministros. Y la respuesta que aseguran haber tenido por parte del Presidente fue: “denme tiempo”. La decisión de ayer de la Corte Suprema de Justicia de pedir al Congreso quitar el antejuicio a Baldetti bien podría ser esa respuesta de Otto Pérez: quitar, discretamente, el apoyo a Roxana Baldetti.

La decisión se dio un día después de la sentencia en EEUU en contra de la narcotraficante Marllory Chacón, donde llamó la atención que el caso se manejó con total reserva (se mantendrá así por cinco años, mientras siguen las investigaciones) y que el abogado en Guatemala de Chacón dijo que se venían tiempos difíciles para varios guatemaltecos.

¿Se acaba o se profundiza?

A pesar de la diferencia sobre Baldetti, los exaliados militares y empresarios tienen dos objetivos comunes: que el caso SAT no signifique la caída del Gobierno y que tampoco los salpique directamente.

A estos grupos de poder –y también a los estadounidenses– les preocupa profundamente la movilización ciudadana en la capital y las reacciones en el interior del país, personificadas en la protesta de 48 cantones de Totonicapán y organizaciones de resistencia contra la minería o proyectos de energía.

Pero, a diferencia de los años 70 y 80, ya no controlan todo el Estado. El Ministerio Público reactivó el caso de la defraudación al Congreso entre 2006 y 2008, el caso MDF de los Q82 millones, en el que está involucrado Otto Pérez Molina. Esta semana, además, la Fiscalía capturó a 19 policías por la muerte de tres comunitarios de Semococh, Chisec, en agosto de 2014, donde saldría cuestionado el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla,. Un hecho insólito luego de más de una década de represión estatal a líderes comunitarios.

Distanciados pero cercanos, el Presidente y los empresarios quisieran controlar el rumbo de la crisis. Parte de los ciudadanos y organizaciones parecen tener otra visión, la de estar hartos con un sistema corrupto que incluye a políticos, militares retirados y a empresarios.

El Presidente y el Cacif, parte de la alianza del gobierno, no obstante, han logrado de momento salir del ojo del huracán. Está por verse por cuánto tiempo.

En estos momentos, el Ministerio Público y la CICIG están capturando a abogados y personajes cercanos a los militares por el caso SAT.