Ayer lunes 23 se dio a conocer el deseo de la Corte Suprema de Justicia de reactivar el famoso caso Bámaca, siguiendo la demanda que recibiera el Estado de Guatemala por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso no podía venir en una coyuntura más propicia para uno de los principales señalados, el general Otto Pérez Molina, que guarda prisión preventiva por el caso La Línea. La desaparición de Bámaca se dio cuando Pérez Molina era Jefe de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial, y existen varios documentos oficiales y desclasificados que lo señalan de ordenar la desaparición. Por esto decidimos  volver a publicar un artículo que salió el 9 de abril de 2010 en el desaparecido medio Inforpress (1841). Los datos que ahí se consignan guardan total relevancia para la actual coyuntura. 

Hoy martes 24 varios de los señalados (mencionados en este documento) recusaron (señalaron de parciales) a toda la Cámara Penal, frenando el proceso. Al final reproducimos el documento de la recusación.

Por Luis Solano

De acuerdo con medios de comunicación, Jennifer Harbury se encuentra en Guatemala desde hace algunas semanas para apoyar la investigación que fiscales asignados al caso de Efraín Bámaca – conocido también con el pseudónimo de Everardo- se encuentran realizando desde enero.

“Estoy aquí por el caso de mi esposo, Efraín Bámaca, para llevar testimonios anteriores, documentos que puedan servir y contestar cualquier pregunta de los fiscales. Estoy prestando mi respaldo porque precisamente estamos en la etapa de investigación, y todo lo que tengo lo voy a compartir con los fiscales.”, declaró Harbury en una entrevista de prensa (elPeriódico, 26/3/10).

El caso Bámaca recobró importancia, luego que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció a finales de 2009, la reapertura del caso en el que se considera que Bámaca fue ejecutado extrajudicialmente el 12 de marzo de 1992.

La decisión de la CSJ deriva de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 25 de noviembre de 2000, que en sus incisos 8 y 9 establece: “8. decide que el Estado debe ordenar una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables. 9. decide que el Estado debe reparar los daños causados por las violaciones señaladas en los puntos resolutivos 1 a 7, a cuyo efecto comisiona a su Presidente para que, oportunamente, disponga la apertura de la etapa de reparaciones.”

Con respecto al inciso 9, la CIDH condenó al Estado al pago de US$498 mil como parte de las reparaciones a favor de Harbury y los familiares directos de Bámaca, en una resolución dictada el 12 de marzo de 2002. El pago fue realizado hace algunos años.

Sin embargo, el inciso 8 sigue sin cumplirse. Al respecto, César Barrientos (+), presidente de la citada cámara, indicó a finales de 2009, que: “Estamos expeditando el trámite; es la aplicación de la sentencia de la CIDH” (Siglo Veintiuno, 29/12/10). De acuerdo con lo informado por Barrientos en aquel momento, el caso Bámaca sería enviado a un juzgado de Primera Instancia como una denuncia: “como que fuera una forma de un inicio de proceso penal. Se citará a las partes para ser escuchadas y declarar en el Ministerio Público para que investigue”.

Varios oficiales y especialistas del Ejército están señalados de haber capturado al guerrillero después de un enfrentamiento armado, de torturarlo en instalaciones militares y finalmente asesinarlo. Por esa razón Harbury, esposa de Bámaca, reclama la entrega del cadáver y pide a organizaciones internacionales que el caso no quede en la impunidad.

Caso Bámaca se politiza

En la sentencia de la CIDH, basada en las declaraciones de varios funcionarios públicos, militares, testigos, etc., contenidas en el documento, quedaron plasmados los nombres de varios oficiales y especialistas militares que habrían participado en la captura, tortura y muerte de Bámaca. Entre éstos, destacan los oficiales Julio Roberto Alpírez, Mario Ernesto Soto Orellana y Julio Alberto Soto Bilbao.

De los dos primeros se desconoce su paradero. En el caso de Alpírez se presume fue el responsable directo de la muerte de Bámaca, y al momento de la ejecución extrajudicial se desempeñaba como un oficial de inteligencia militar con estrechos vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) –Inforpress 6/4/95; 11/7/96).

En el caso de Soto Bilbao, ostenta el grado de general de brigada, y desempeñó como presidente del Consejo Directivo de la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA). Soto Bilbao es señalado de ser parte de la estructura del crimen organizado montada por el general Francisco Ortega Menaldo.

La ejecución extrajudicial habría sido decidida desde la Dirección de Inteligencia Militar (D2). Por ello, el nombre del general (r) Otto Pérez Molina ha sido el foco de atención desde 1992, debido a que él se desempeñaba como director de la D2 en ese momento, y luego, con el desarrollo del caso en esa década, pasó a ser el jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, desde donde continuó ejerciendo influencias en el caso.

Debido a que Pérez Molina es líder del Partido Patriota (PP), la secretaria general del PP, Roxana Baldetti, denunció que la presencia de Harbury en Guatemala se debe a un plan del gobierno denominado “Plan Victoria 2012”, para “desprestigiar a la agrupación política” y al ex presidenciable Pérez Molina, vinculándolo al caso.

En lo que parece ser el inicio de una batalla política, Baldetti señaló al actual encargado de la Secretaría de la Paz, Orlando Blanco, de ser el autor intelectual del plan. Roces y enfrentamientos entre ambos han comenzado a tener lugar, en este año que se considera preelectoral. Pérez Molina se proyecta de nuevo como candidato presidencial del PP para las elecciones generales de 2011.

No obstante, la vinculación de Pérez Molina al caso se origina en lo que establecen documentos de inteligencia desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. El más significativo es el que dio a conocer Intelligence Oversight Board (IOA), la oficina de inteligencia supeditada a la oficina de inteligencia presidencial estadounidense The President’s Intelligence Advisory Board (PIAB)

Pérez Molina y otros militares

Entre la información que citó el informe de IOA, está un documento que en 1996 hizo circular un grupo de militares desafectos autodenominado “Por la Reivindicación del Ejército de Guatemala” (PREGUA). Entre los múltiples señalamientos, se encuentra uno en contra Pérez Molina como el que ordenó la muerte de Bámaca, llevada a cabo por agentes de la D2 (Inforpress, 25/1/96).

El informe de la IOA también dio a conocer que entre los posibles autores del documento de PREGUA, se encontraban los entonces coroneles Mario Alfredo Mérida González, ex director de la D2 y actualmente columnista del diario elPeriódico; Julio Alpírez, ya citado; y Juan Guillermo Oliva Carrera, señalado en el caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack.

Con el curso de los años, otros militares cobraron importancia en el contexto de las presiones políticas por el caso Bámaca y las negociaciones para la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Entre esos castrenses se encontraban el coronel José Luis Fernández Ligorría y el general Francisco Ortega Menaldo.

El 5 de enero de 1996, el abogado de Harbury, José Pertierra, sufrió un atentado en su residencia en Washington D.C., cuando a su vehículo le fue colocada una bomba incendiaria. Pertierra y Harbury acusaron a militares guatemaltecos de ser los autores del hecho. Al mismo tiempo se especuló que Fernández Ligorría y Ortega Menaldo, habrían sido los artífices del atentado.

El caso, interpretado como uno destinado a acallar a Harbury, ocurrió mientras el gobierno de Ramiro de León Carpio impulsaba una millonaria campaña de relaciones públicas en Washington, con el objetivo de demostrar las reformas que realizaba en el país, en el contexto del proceso de democratización que estaba en marcha con las negociaciones con la guerrilla.

En abril de 1995, el gobierno había contratado al bufete de abogados R. Thompson & Company, con sede en Washington, para manejar la campaña, lo cual ocurrió poco después que se diera a conocer que Alpírez tenía plena responsabilidad en la muerte de Bámaca y del estadounidense Michael Devine. La firma, supuestamente, fue contactada por un guatemalteco-estadounidense radicado en esa ciudad, Federico Baechli (fallecido en 2009), quien tenía estrechos lazos con el Ejército guatemalteco, específicamente con Fernández Ligorría (IPS, 31/10/95; The Washington Post, 3/3/96).

Junto a la firma de abogados, los militares Fernández Ligorría y Ortega Menaldo fueron las principales figuras en la campaña para tratar de mejorar la imagen del gobierno. Fernández Ligorría, quien había sido el jefe del Estado Mayor del entonces Ministro de la Defensa, general Mario Enríquez, se encontraba en Washington desde principios de 1995, como estudiante del Colegio Interamericano de Defensa, a donde llegó en el contexto de serios señalamientos que se le hicieron en Guatemala de estar involucrado en el crimen organizado (Infopress, 25/3/10).

En el caso de Ortega Menaldo, llegó a Washington poco después del autogolpe de Estado realizado en mayo de 1993, por el gobierno de Jorge Serrano Elías, en el que Ortega Menaldo ejerció como jefe del Estado Mayor Presidencial. En 1995, Ortega Menaldo era director de personal del Colegio Interamericano de Defensa, y ese mismo año ocupó un cargo representativo del gobierno de Guatemala en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A la fecha, a Fernández Ligorría se le señala de ser el jefe en Guatemala, del grupo narcotraficante mexicano Zetas/La Compañía, en la región de la Franja Transversal del Norte (FTN). El militar retirado es dueño de varios hoteles y empresas turísticas en Cobán, Alta Verapaz. Su esposa, copropietaria de los negocios, es sobrina del diputado Oliverio García Rodas, quien es diputado del Partido Patriota (PP). Un hermano de Fernández Ligorría, el coronel Horacio Fernández Ligorría, fue asesinado en 2008, en su vivienda (elPeriódico, 4/6/08).

Finalmente, a Ortega Menaldo se le señala actualmente su supuesto liderazgo en el crimen organizado y narcotráfico en Guatemala, de lo cual se ha escrito ampliamente.

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