¿Quién quiere acabar (realmente) con el trabajo infantil?

Por Rodrigo Véliz (CMI-G) y Elsa Cabria

Fuente: Nómada

El Estado dice que cada vez hay más niños que trabajan. Son casi un millón, concentrados en las principales empresas agrícolas, donde labora el 60%. El Ministerio de Trabajo registró en 2013 sólo a 10 niños. La cámara que concentra a estas empresas es la artífice de una iniciativa contra el trabajo infantil. La iniciativa, con avances como subir la edad permitida de 14 a 16 años, deja lugar a una interpretación respecto a quién sancionar: ¿empleador o empleador, padres y niños?

El trabajo infantil es una rueda fundamental de la economía del país. Para el 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Informe Nacional sobre Trabajo Infantil, se encontraban más de 850 mil niños trabajando. La Cámara del Agro considera que en la actualidad el número llega al millón. Es decir, más de un 17% de la Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta por niños y niñas menores de 17 años.

«Que un niño entre al mercado laboral, antes de ser mayor, limita sus oportunidades de educación, y por lo tanto las oportunidades de que tanto ellos como sus familias salgan de la pobreza», opina Carla Caballeros, directora de la Cámara del Agro (Camagro).

El Estado acepta este problema. En el informe que presentó el Estado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2012 en su Examen Periódico no dudó en decir que los problemas son serios. En 2006, Guatemala suscribió el compromiso de eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2015, y acabar con este tipo de empleo en 2020.

En julio de este año, ocho años después, la Camagro presentó la iniciativa 4849, que pretende la armonización y erradicación de este tipo de trabajo según esos plazos. A tres meses de que concluya 2014, la iniciativa finalmente está en la agenda del Congreso y tiene los consensos suficientes para ser aprobada, junto a otras reformas al Código de Trabajo.

¿Cuál es la situación del trabajo infantil en el país? ¿Qué se logrará con esta iniciativa de ley? ¿Qué agujeros mantiene? ¿Quién debería ser el responsable penal del trabajo infantil? ¿Están todos los empresarios agrícolas de acuerdo con la ley?

Más niños trabajando

El trabajo infantil va en aumento. Lo que registra el INE en el 2011 es el doble del que registró en 2006. Según sus encuestas, el trabajo infantil se concentra en la Costa y el Altiplano, en el café, cardamomo y azúcar (como lo denunció un reportaje de Alberto Arce y Martín Rodríguez en Plaza Pública sobre trabajo infantil en la finca del entonces presidente de la Cámara del Agro). Fuentes cercanas al sector privado aseguran que esa denuncia periodística hizo que las cámaras agilizaran sus esfuerzos contra el trabajo infantil.

La institución encargada de revisar el cumplimiento de las regulaciones laborales (incluida la ausencia de trabajo infantil), la Inspectoría General de Trabajo (IGT), no tiene registro de esta actividad. Según datos de la IGT del 2013, de 1,561 empresas grandes y 121 mil empleados visitados en todo el país, solamente se encontraron a 10 niños empleados. En la región Suroccidenal no se encontraba ninguno. Y en las empresas que llama agropecuarias solamente a 6.

Mientras el INE habla de 850 mil niños trabajando, el Ministerio de Trabajo sólo pudo registrar 10 casos.

En los juzgados ha pasado algo similar. Según el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (CIDEJ), desde el 2011 han sido ingresados 20 casos en contra de empresarios que emplean a niños, de los cuales 8 han recibido una sentencia condenatoria.

El trabajo infantil se da principalmente de dos formas: apoyo al padre o madre asalariada, o por cuenta propia. Si son ayudantes de sus papás, no tienen salario porque el patrono paga el monto total al padre. (Sí existen casos en los que la mujer o el niño reciben un sueldo: entre 20 y 30 quetzales por día, 60% menos por el mismo trabajo que el hombre adulto, según el INE).

La otra opción común es que los menores lleguen a las plantaciones por su cuenta y riesgo, por lo que van a cobrar cada día entre Q30 y Q45 diarios, menos de la mitad del salario mínimo, que es Q74.97 o Q2,280 mensuales en el sector agrícola, menor que la canasta básica, que en septiembre alcanzó los Q5,700.

«No puede erradicarse la explotación de niños si no se garantiza el trato digno en el empleo de los adultos», opina Carlos Pereira, secretario general de la Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad (STCC), que engloba a 150 sindicatos con 35,000 personas.

¿Multar al empleador, al padre o ambos?

Caballeros, de la Camagro, afirma que es muy importante cumplir con los plazas firmados por el Estado. «Los éxitos serán que de manera efectiva el Estado cumpla con las metas de eliminación», opina sobre la hoja de ruta adoptada también por Centroamérica (en el primer documento, de Copredeh). ¿Pero cómo se comprometerán en la práctica las empresas del sector? «No es un asunto de compromisos de las empresas, es un asunto de respeto irrestricto y cumplimiento de la Ley», zanja Caballeros.

La ley presenta tres ideas novedosas: aumenta de 14 a 16 años la edad mínima de inserción en el mercado laboral; garantiza el compromiso del Estado para no contratar proveedores que utilicen mano de obra de trabajo infantil a través de su cadena de proveedores; y prohibe los trabajos que resulten peligrosos o que conlleven actividades ilícitas, entre una larga lista de empleos que van desde el trabajo doméstico, y el sicariato, laborar bajo el agua o en la vía pública.

Pero la iniciativa tiene problemas de coordinación. A pesar de que en Guatemala existe desde 2002 la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Conapeti), representada por la vicepresidenta, ministro y viceministro de Trabajo, que se reúne una vez al mes, no tuvo ninguna participación en la elaboración de la iniciativa, según confirma Carlos Urban, viceministro de Trabajo.

La oficina de la OIT en el país no ha sido consultada aún. Y acá una polémica con la iniciativa. El Código Penal sostiene que las personas que empleen a menores de edad serán sancionados penalmente, gracias a una iniciativa propuesta por la diputada Zury Ríos, aprobada en 2009. La iniciativa presentada por la Camagro propone un cambio de fondo: Los empleadores no deben ser los acusados, lo que se debe prohibir es el trabajo en sí.

Este es el punto de debate para sindicalistas y laboralistas (no consultados para la iniciativa): la iniciativa habla de prohibir los trabajos, pero no explícitamente las contrataciones o relaciones de trabajo. Se habla de la acción, pero no del contratante.

El presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Armando Boesche, consultado para esta nota, prefiere que sea Caballeros quien hable en su nombre: «El término de trabajo incluye a patronos y trabajadores involucrados en la relación laboral, es la actividad como tal; eso está establecido tanto en el Decreto 14-41 Código de Trabajo de Guatemala, como en los convenios internacionales».

Los sindicatos se oponen. «No es viable y no es prudente sancionar al trabajador porque trabaje, se debería sancionar al empleador por no pagar el salario mínimo. En el trabajo a destajo, no hay salario directo para el niño, salvo que vaya por su cuenta, normalmente va con sus padres», afirma el sindicalista Pereira.

En todo caso, los sindicalistas y abogados laboralistas consultados creen que pasará como en otras ocasiones. Se emitirán acuerdos para cumplir con plazos fijados por presiones internacionales, pero no se resolverán los problemas. Como ejemplo citan la debilidad de la Inspectoría del Ministerio de Trabajo.

Pequeñas asperezas, limadas

La propuesta recibió en un inicio el impulso de una veintena de diputados de diez partidos políticos. «Sí hay una conciencia social de parte del sector agrícola, un interés en modernizar, y también un interés de no estar vetados por Estado Unidos», opina Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala e integrante de la Comisión del Menor, en referencia al juicio que entabló Estados Unidos contra Guatemala.

La iniciativa debía de aprobarse la semana pasada, pero no ocurrió. Según dos fuentes, una empresarial y una legislativa, la aprobación se frenó por discrepancias entre las gremiales. Carla Caballeros niega las tensiones y mantiene que nada ha cambiado desde que Camagro presentó la iniciativa al Congreso el 2 de julio por medio de varios diputados. Si no se aprobó la semana pasada, señala a los diputados para que expliquen el motivo.

Roberto Alejos, jefe de bancada de Todos, dice que no hubo veto de los finqueros: «No pasó porque no alcanzó la mayoría, porque estos días el Congreso está muy convulsionado con otros temas». Alejos dice estar muy seguro de que se aprobará en breve. «A diferencia de la Ley de Inversión y Empleo y la reforma al código laboral, esta es una de las leyes que tiene más consenso».

Eso sí, cuando se apruebe la ley, consensuada entre empresarios y presentada desde hace medio año, todavía habrá un plazo de seis meses para que puedan contratar más niños de menos de 16 años.

El tiempo suficiente para la última zafra o cosecha de otros monocultivos.