Por Rodrigo Véliz Estrada (CMI-Guatemala)

Porosidad estatal

Una característica vital del Estado guatemalteco es su incapacidad histórica para poder responder de manera democrática a las exigencias y demandas de amplias capas de la población. Mientras unos pocos grupos tienen acceso efectivo al Estado, amplias mayorías gozan sólo formalmente de derechos y no encuentran mecanismos para hacer valer sus intereses. Y es hasta que esos derechos se ven confrontados que finalmente resulta claro el panorama.

Esta arbitrariedad de la que se nutre la falta de democratización del Estado puede observarse, por poner un ejemplo, en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que por ley deben presentar las empresas mineras. Es en este aspecto donde más agujeros se ha visto en las concesiones presentadas al Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Según un reportaje sobre minería en el oriente del país, las prácticas se dan desde la presentación por fragmentos del EIA, evitando la visión en conjunto de los daños al ecosistema, hasta la copia literal de otros estudios. Evadir estos aspectos fundamentales y no consultar con la población adyacente a los proyectos mineros es lo que genera la dimensión de las problemáticas.

El caso de La Puya es un perfecto ejemplo al respecto.

El proyecto Progreso VII Derivada es parte de una serie de planes por explotar varias regiones en municipios que se sitúan al nor-oriente del departamento central de Guatemala. El proyecto minero se halla entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, cuya entrada se encuentra en un área que entre los vecinos se conoce como La Puya.

Para Progreso VII Derivada se desea extraer oro y plata, dos de los metales mejor valuados en la actualidad.

El proyecto nunca se consultó con ninguna de las comunidades, éstas se enteraron incluso tiempo después que el Estado aceptara la licencia de exploración. El EIA presentado al MEM por parte Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA), subsidiaria en ese momento de la multinacional canadiense Radius Gold Inc., contiene grandes agujeros en aspectos básicos para la salud de la población de los municipios mencionados, como lo muestra un estudio evaluador realizado por los ingenieros norteamericanos Robert Robinson y Steve Laudeman.ⁱ

Según este estudio, el EIA presentado por EXMINGUA contiene varias omisiones de importancia, entre las que resaltamos la falta de detalle sobre el uso y la descarga del agua que realizará la mina y los controles sobre arsénico.

El agua es vital para la población, por tratarse de la región donde inicia el llamado Corredor Seco del país. Un área cada vez más amplia en donde la capa fértil de la tierra está sumamente deteriorada y las lluvias y el agua en general son escasas. Al agua que obtendrá la mina al cavar su propio pozo, se le suma la que utiliza un parque acuático local, cuyo dueño es el alcalde de San José del Golfo. En estas condiciones, la población teme que el agua llegue a ser aún más escasa.

Por otro lado, la manera de explotación en Progreso VII Derivada será por dos vías, una con túneles y otra a cielo abierto. Es con esta segunda técnica que se encuentran más problemas. En condiciones naturales, la tierra de lugares importantes donde se van a realizar explotaciones para la extracción cuentan entre ocho y once veces más del arsénico normal para la salud humana.

Con las explotaciones esa tierra con exceso de arsénico será dispersada al aire con lo que llegará a las plantaciones sembradas para la subsistencia de las familias de los alrededores del lugar. Al absorber los cultivos el arsénico, la población estará mucho más vulnerable de enfermarse con este elemento tóxico.

El 31 de agosto del 2012, Radius Gold Inc. anunció la venta del total de sus activos a Kappes, Cassiday & Associates (KCA), que pagó por ellos alrededor de US$ 400 mil. Radius Gold Inc., afirmó: «La venta de nuestra participación […] es parte de nuestra estrategia corporativa para vender activos problemáticos, permitiendo a la compañía concentrar capital y experiencia en las áreas menos conflictivas».

Pese a estos significativos agujeros, el MEM decidió otorgarle a la minera la licencia de explotación en noviembre del 2011. Fue hasta inicios del siguiente año que la población comenzó a reunirse y las primeras marchas se realizaron. Tanto reuniones con el juzgado municipal, autoridades municipales y el Congreso de la República no lograron presionar para que la licencia fuera revocada, o al menos suspendida.

Lo que sí provocaron fue que la población comenzara un proceso de organización interna, en donde las valoraciones en torno al qué hacer ante la inminencia de la construcción de la mina, con las secuelas que podía traer según la información que habían logrado recabar, tenía que ser resuelta.

Mientras la minera continuaba el proceso de construcción, el dos de marzo del 2012 la población cerró la entrada a la mina y se declaró en resistencia pacífica, según lo permite el artículo 45 de la vigente Constitución de 1985.

Allí comenzó la toma de La Puya.

Los caminos de la estrategia pacífica

De la mano de la toma vinieron los primeros ataques e intimidaciones a la población. Estos no se dieron de manera explícita de parte de la transnacional minera, sino a través de su subsidiaria en el país, EXMINGUA. Si tomamos en cuenta lo dicho acerca del carácter “tomador de precios” del mercado minero, y los distintos circuitos de la actividad minera (plantas de concentración, de fundición, de refinación, manufacturas a consumidores industriales), la subsidiaria local que se encarga de la administración y la producción de la materia prima se encuentra en los puntos más bajos de la cadena.

En estas circunstancias, las transnacionales se ven en posición de ventaja y es parte de su estrategia proponer, usualmente, contratos establecidos vía intrafirma, con cuotas/precios previamente establecidos.

Esta situación minoritaria de la subsidiaria le concede, además, el papel de administrador y ejecutor del proceso de producción. La toma de la mina, en estas circunstancias, entorpece toda esta dinámica, y demanda un tipo de mediación bastante hábil e inteligente.

EXMINGUA, sin embargo, está dirigida por militares guatemaltecos retirados, lo que hace que el entorpecimiento de labores encuentre soluciones comunes al sentido común militar del país: la represión y la intimidación.

Al frente de EXMINGUA se encuentra Mario Figueroa Archila, ex coronel y antiguo comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y actual gerente de EXMINGUA y Servicios Mineros del Centro de América (que también opera en el área). Además se encuentra el teniente retirado Pablo Silas Orozco, que se encarga de la administración de EXMINGUA, y el coronel retirado José Arias Méndez.

En los primeros días después de la toma varios miembros del equipo de seguridad de la mina realizaron disparos al aire frente a la población, a los que siguieron actos de provocación por parte de supuestos mineros y de los militares aludidos. Para mayo del año pasado la empresa intentó ingresar con un convoy de 26 camiones y 35 patrullas de la PNC, pero no lo lograron hacer.

Meses de roces, en donde cabe el mencionado atentado en contra de Yolanda Oquelí, provocaron un cambio en las tácticas de la empresa. En la escuela municipal se intentó entregar computadoras para los estudiantes, pero la población no lo permitió.

Según la Ley Minera, si un año después del otorgamiento de la licencia de explotación no se ha empezado la producción, la licencia queda anulada, a menos que se presenten razones que validen la tardanza.

A tres meses de que esto ocurriera, el 31 de agosto del 2012, Radius Gold Inc. a través de un comunicado anunció la venta del total de sus activos a Kappes, Cassiday & Associates (KCA), que pagó por ellos alrededor de US$ 400 mil. Radius Gold Inc., afirmó: «La venta de nuestra participación […] es parte de nuestra estrategia corporativa para vender activos problemáticos, permitiendo a la compañía concentrar capital y experiencia en las áreas menos conflictivas».ⁱⁱ

A la decisión de venta siguieron campañas de difamación y un continuo hostigamiento, que culminó en momentos de aguda tensión, como el ocurrido el 22 de noviembre, a días de que se venciera la licencia.

Ese día varios supuestos trabajadores de la mina fueron llevados a pocos metros de la toma y a cargo de Pablo Silas Orozco comenzaron las provocaciones en contra de la población y de los medios independientes que cubrían el evento, como puede observarse en el siguiente video proveído por la Marcha Indígena, Campesina y Popular.

Por lo demás, los ademanes violentos de Silas Orozco y de otras personas les valieron un arresto domiciliario por una demanda en su contra por coacción y amenaza. Pese a que existen imágenes y videos que prueban la violenta actitud de Silas Orozco, EXMINGUA decidió apoyarlo en el proceso judicial y como abogado contrató al abogado Fernando Linares Beltranena, conocido por la defensa de personajes vinculados al narcotráfico y estructuras de tráfico de niños, como lo mostró el Centro de Medios Independientes en una reciente publicación.

Tras lograr el aval para aplazar la cancelación de la licencia de explotación, el siete de diciembre del año pasado se presentaron las Fuerzas Especiales de PNC (FEP) para desalojar a la población. A las seis de la mañana aparecieron los vehículos que transportaban a las FEP en la cabecera de San José del Golfo, a cargo del comisario Telémaco Pérez García, quien posteriormente sería investido como director de la PNC. Una hora después de su llegada se hallaban a unos metros de la toma.

Las primeras interacciones entre las FEP y la población fueron orientadas de parte de éstos a exigir la orden judicial que avalaba el desalojo. El comisario Pérez García afirmó que no la necesitaban, ya que la protesta estaba impidiendo la libre locomoción en un espacio público; la orden de desalojo sólo era necesaria en casos de invasión a la propiedad privada.

Yolanda Oquelí, que discutía con el comisario de las FEP, afirmó que eso no era cierto, ya que la toma de la entrada de la mina no impedía el paso de los carros, camiones y personas. La discusión, en estos mismos términos, comenzó a subir de tono y Pérez García, con una notable incapacidad para negociar, amenazó con comenzar el desalojo, ya que había una orden y él debía cumplirla.

Las replicas de la población en cuanto a la orden de desalojo no encontraron oídos donde alojarse. Las FEP tenían una orden clara. Cuando la situación llegó a una tensión con cierto grado de agudez, las mujeres de la localidad, frente a frente con las FEP, comenzaron a realizar oraciones y cantos de contenido religioso, a lo que las fuerzas de gobierno reaccionaron con algunos pasos hacia atrás.

Mientras tanto, algunas liderezas y líderes comunitarios intentaban localizar a un juez para que llegara a mediar la situación. En lo que esto ocurría uno de los oficiales de las FEP lanzó gas pimienta a las mujeres, que pasaron momentaneamente a dispersarse.

La reacción espontánea que siguió fue dejar la línea que los ponía de frente con las FEP, para pasar a retirarse a la entrada de la mina. Allí se tumbaron sobre el piso.

La respuesta de las FEP fue un momentáneo alejamiento, el lanzamiento de bombas lacrimógenas, para luego comenzar a golpear sus macanas contra los escudos, mientras iniciaban a marchar al unísono hacia la población.

La tensión de esta acción, unido a los cantos religiosos, algunos gritos de desconsuelo y llanto y otros de enojo, hacía de la situación una al borde de un estallido. Las FEP frenaron al encontrarse de frente a las mujeres y el resto de la población, que yacía en el suelo, e hicieron un medio círculo de protección. El momento había llegado a su punto más tenso.

En ese momento, un anciano presente, con total claridad de lo que decía, afirmó contundentemente: «No hay poder humano que pueda con el poder de Dios, somos un pueblo no violento, por lo mismo Dios nos ha acompañado. Y ese es el mensaje de esperanza, que esta no es una derrota para nosotros, sino que es un momento de prueba. Tengamos la certeza que Dios nos va a dar la victoria, porque estamos luchando por la vida, por los derechos humanos, tenemos a la otra parte que no respeta nuestros derechos, pero Dios está de nuestra parte».

Para entonces ya habían arribado los diferentes medios de prensa, así como representantes de organizaciones sociales, de la ONU, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y el juez del juzgado local. Los cabildeos para presionar a Pérez García de frenar el desalojo habían comenzado.

Consecuentemente, las posibilidades efectivas de lograrlo, sin que se volviera en otro escándalo político para el actual gobierno, se habían reducido. La estrategia pacífica de la población había dado resultado.

Lo que siguió fue una pequeña mesa de diálogo, que sirvió de antesala para la invitación del gobierno para agendar una serie de reuniones con el Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP). La primera reunión se realizó casi dos semanas después del intento de desalojo, y en ella estuvieron presentes los y las principales representantes de las comunidades que se encuentran en resistencia pacífica, las autoridades de gobierno representadas por el MEM, el Ministerio de Gobernación (MGOB), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el director del SNDP, Miguel Ángel Valcárcel.

De parte de las comunidades el énfasis en las reuniones fue el tema de seguridad. Varias fueron las intervenciones en que se exigía al representante del MGOB, el primer viceministro de Seguridad, Edi Byron Juárez, que aclarara el comportamiento de la PNC durante sus intromisiones a la localidad y el uso arbitrario de la fuerza, así como las declaraciones del Ministro de Gobernación, el ex teniente coronel retirado Mauricio López Bonilla, quien ha afirmado que existen grupos paralelos que manipulan a las personas movilizadas.

Las respuestas de los representantes del gabinete del gobierno fueron evasivas y puntuales. Solamente Valcárcel fue el que detalló la postura del gobierno. En sus intervenciones, trataba de dejar claro que la minera estaba en regla, que había cumplido todos los procedimientos legales, y que estaba teniendo gastos innecesarios al tener guardada su maquinaria sin darle su debido uso. Una de las posturas principales de parte del gobierno para la resolución del conflicto, afirmó, era que las comunidades permitieran que la empresa sacara su maquinaria.

A la población ya se le había planteado esa solicitud con anterioridad. Para esta ocasión afirmaron que si sólo eso querían hacer, se permitiría que la retiraran.

Fue una sorpresa entonces cuando uno de los representantes legales de KCA en Guatemala, Rodrigo Maegli, afirmara ante la consulta de uno de los representantes del SNDP que la empresa no tenía ningún interés en sacar su maquinaria. Eso no estaba en discusión.

La afirmación de Maegli se dio en la reunión de Alto Nivel programada por el gabinete de gobierno, invitando a la empresa KCA y representantes de la toma.

Este tipo de instancias han recibido múltiples críticas de organizaciones sociales desde la pasada gestión de Álvaro Colom (2008-2012), ya que se conciben como espacios de diálogo y consenso, pero en la práctica los principales puntos de demanda son obviados y el resultado es solamente el pasar del tiempo y la desmovilización.

Los últimos dos gobiernos han manifestado su deseo de hacer que estas instancias funcionen. La respuesta de Maegli sobre la negativa de la empresa en sacar su maquinaria, mientras en las mesas del SND se decía que eso era lo que querían hacer, muestra de manera clara la ausencia de un genuino interés por efectivamente lograr acuerdos que logren solucionar problemáticas.

Vea también:

¿Qué pasa en La Puya? Sobre el mercado minero (1 de 3)

¿Qué pasa en La Puya? ¿A quién representa el Estado? (3 de 3)

 

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