¿Qué hacen tres líderes comunitarios de Barillas en el Preventivo de la Zona 18?

El jueves 26 de febrero del presente año tres líderes del movimiento de sociedad civil barillense fueron acusados por el MP por los delitos de detención ilegal, instigación a delinquir, amenazas, reuniones y manifestaciones ilícitas.

Sin embargo el juez de Primera Instancia Penal de Huehuetenango decidió que lo más prudente era cambiar el delito de detención ilegal por el de plagio y secuestro, a la vez que desmeritó los alegatos de la defensa que giraban en torno a lo infundado de la acusación en términos técnico-jurídicos.

El nuevo delito no goza de medida sustitutiva y por tal razón fueron enviados a prisión preventiva tres hombres reconocidos y respetados en sus comunidades por su quehacer humano.

El Juez Cano Villatoro citó a los presos políticos a una audiencia el 12 de marzo de 2015 para escuchar el acto conclusivo del MP y fijó para el 30 de marzo el inicio de la fase de etapa intermedia, mientras tanto, pasarían sus días en la cárcel de Huehuetenango.

Por su parte, el abogado defensor Benito Morales, miembro del Consejo del Pueblo Maya -CPO-, no pudo solicitar una audiencia de revisión de medida de coerción para cambiar el delito nuevamente a detención ilegal, ya que el juez Cano Villatoro renunció al caso de manera sorpresiva, aludiendo que tenía un informe de la PNC donde decía que la población de barillas se estaba organizando para liberar a los presos.

La justificación del juez es coincidente con la decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Josué Felipe Baquiax Baquiax, de cerrar el Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia el 20 de enero de 2015, afectando así a 8 municipios del norte de Huehuetenango y generando las condiciones para justificar su intervención policial y militar ante la ausencia de «uno de los tres poderes del Estado».

Antecedentes viciados

El MP llevaba más de año y medio investigando a los tres líderes por detención ilegal tal como lo demuestra la  acusación presentada en su contra en enero de 2014 ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Eulalia.

En esa ocasión la empresa Hidro Santa Cruz, querellante adhesivo en el caso, no compareció a la audiencia y posteriormente presentó una acción de amparo ante Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal del departamento de Huehuetenango, quien falló a favor de repetir la audiencia.

Esta decisión fue ratificada por la Corte de Constitucionalidad quien dictaminó que era anómala la no participación de la parte querellante en la audiencia y ordenó subsanar el hecho, sin embargo el juez anuló la sentencia anterior y corrigió la plana del MP.

La Sala Séptima fue creada en 2012 luego del Estado de Sitio en Barillas y estaba presidida por Flor de María García Villatoro, prima de Julio Roberto López Villatoro (el rey del tenis) y de Julio César López Villatoro diputado por huehuetenango por la UNE, ambos vinculados a la empresa hidro Santa Cruz.

Asimismo, el suegro del alcalde de Huehuetenango Augusto Gómez Sosa de nombre Agustin Palacios Rivas trabajaba en la Sala Séptima. García Villatoro resultó electa en noviembre de 2014 como magistrada suplente de esa Sala.

Cada vez más lejos de casa

Antes de renunciar el juez Cano Villatoro ordenó el traslado de Arturo, Francisco y Adalberto al preventivo de la zona 18 de la ciudad capital, el cual se efectuó la tarde noche del 03 de marzo de 2015.

Desde entonces familiares y amistades recorren en bus más de 400 kilómetros; desde Barillas a Huehuetenango de 7 a 8 horas de camino y de huehuetenango a la ciudad capital de 5 a 6 horas.

Cesia Juarez, hija del preso Francisco Juan, manifiesta su situación

La cárcel de mi padre nos esta afectando a nosotros como familia, puesto que mi mamá se encuentra también enferma y ambos son personas mayores y a nosotros se nos cargan las deudas, todos los gastos familiares y médicos, y encima de todo eso, pues tener que ver la situación de mi padre aquí en la capital, sólo en viáticos son Q500.00 por persona.

En el caso de Arturo Pablo Juan es hijo de Pablo Antonio Pablo, líder comunitario q’anjob’al que fue herido de bala en el brazo el 1 de mayo de 2012 durante el atentado que sufrieron cuando murió Andres Francisco Miguel a manos de trabajadores vinculados a Hidro Santa Cruz. La herida en su brazo derecho lo imposibilita de realizar sus labores, por lo que bajo el encarcelamiento de Arturo Pablo, se agudizó la crisis económica familiar.

La criminalización sistemática

El día del encarcelamiento de los tres presos políticos, llovía a cántaros en Barillas, pero eso no impidió que las comunidades se concentraran en el parque central a manifestar su rechazo. A partir de entonces múltiples organizaciones se han pronunciado ante la criminalización de las comunidades y pueblos indígenas, así como la acción negociada de la empresa con el sistema de justicia.

Mario Itzep manifiestó en conferencia de prensa ((Conferencia de Prensa de la Alianza por la Vida el 23 de marzo en solidaridad con los presos políticos de Barillas))

 

en los últimos tres años hay un alto índice de criminalización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y no solo es el caso de Barillas (…) son acciones afirmativas de este gobierno contra los pueblos indígenas, también pasa en la región Ixil y pasa en la zona de los pueblos q’eqchi’.

El desarrollo de las áreas estratégicas de inversión del sector privado en la Franja Transversal del Norte (megaproyectos, industria extractiva y monocultivos), implica la apropiación de bienes naturales comunes y el desplazamiento poblacional en territorios indígenas, provocando escenarios de conflictividad cargados de racismo, compra de voluntades y desconfianzas que conducen a la división comunitaria, aprovechandose en muchas ocasiones de las heridas de la guerra.

Benito Morales señala que

al final de cuentas, este tipo de reacciones que los pueblos están tomando, que los lideres están tomando, es ante la inacción del Estado, de esa reiterada negación a los derechos colectivos de los pueblos, entonces la gente está reivindicando cada día más la defensa del territorio. Es decir, la responsabilidad de este tipo de conflictos en realidad es del Estado.

 

La decisión del Juez Cano Villatoro de trasladar a Arturo Pablo, Francisco Juan y Adalberto Villatoro a la ciudad capital y dejar sin juez el caso, se enmarca en el contexto de la llegada a Guatemala del presidente de España Mariano Rajoy el 09 de marzo de 2015 a tratar temas de inversión en seguridad e infraestructura en hidroeléctricas, puertos y carreteras.

Lejos de disminuir la conflictividad, el aislamiento carcelario de líderes comunitarios, representan una provocación a las comunidades de Barillas, que llevan 9 años en resistencia al proyecto privado de capital español y nacional.

Dos presos más

Ayer por la tarde fue detenido el líder q’anjob’al del Gobierno Plurinacional, Rigoberto Juárez de Santa Eulalia, precandidato a diputado por el partido Winaq, así como Domingo Baltazar candidato a la alcaldía de dicho municipio. La orden fue girada el 15 de enero de 2015  y se les acusa de los delitos de detención ilegal, coacción y amenazas por los hechos ocurridos en la Finca San Luis en diciembre de 2013.

Con estas acciones, el gobierno del General de Brigada (r) Pérez Molina suma 8 presos políticos en el norte de huehuetenango.