Tras haber sido claves en evitar que las guerrillas y los movimientos sociales en la ciudad lograran cuajar en un frente que desafiara el poder al Estado militar, el grupo de oficiales de inteligencia dirigido por el general Manuel Antonio Callejas y Callejas se enfrentará a una serie de graves señalamientos. Tras ataques durante los años de Arzú, el gobierno del FRG les proveerá el mejor escudo para cualquier ataque. De todos saldrán librados. Sería hasta más de 10 años después que finalmente enfrentarían un juicio.

Este es un resumen de una investigación más amplia: al finalizar este artículo puede descargarse en versión pdf.

Por Luis Solano

El caso de Beverly Sandoval Richardson

El parcial desmantelamiento de la Red Moreno, había expuesto a la principal estructura de crimen organizado, encabezada por militares, y señalado directamente a sus principales cabecillas. La red, con orígenes desde el gobierno de Arana Osorio, era sólo una parte de los señalamientos que Callejas comenzaba a cargar tras su larga trayectoria en la inteligencia militar.

En 1997, vendría otro señalamiento igual de fuerte. El secuestro y asesinato de la joven universitaria Beverly Sandoval Richardson. El secuestro ocurrió el 30 de mayo de 1996, su cuerpo fue encontrado en noviembre de ese año, pero sólo fue identificado hasta octubre de 1997.

Prensa Libre, en su edición del 5 de noviembre de 1997, ligó al coronel Hugo Tulio Búcaro (antiguo Ministro de Finanzas de Lucas García) al secuestro de Beverly Sandoval. Según la noticia, una finca de su propiedad fue uno de los 11 lugares donde aparentemente estuvo cautiva la joven.

Previamente, trascendió que el gobierno había lanzado un operativo el 31 de octubre de 1997, que condujo a la captura de 21 sospechosos (Cerigua, 6-11-1997). Según el Fiscal General de entonces, Héctor Pérez Aguilera (luego magistrado de la Corte de Constitucionalidad y firmante de anulación sentencia por genocidio a Ríos Montt), el 90 por ciento de los arrestados eran ex miembros del Ejército. Citando al diario elPeriódico, esa fuente noticiosa indicó que oficiales del Ministerio Público indicaban que los militares José Horacio Soto Salán, Hugo Tulio Búcaro y al ex diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN) Gonzalo Roberto Salguero Escamilla eran investigados en relación con el crimen. Además, fuentes de inteligencia militar que permanecieron en el anonimato, según diversos medios, indicaban que el general Callejas y el coronel retirado José Luis Fernández Ligorría eran parte de esa red criminal.

Privatizar la Inteligencia

Los casos de la Red Moreno y Beverly Sandoval ocurrieron cuando Callejas ya estaba retirado como militar activo, y se dedicaba a sus negocios de servicios de seguridad privada, constituidos a principios de la década de 1990. Las empresa las constituyó mientras desempeñaba la dirección de Aduanas en el primero año de gobierno de Jorge Serrano Elías.

posteriormente aparece como abogada y notaria de la empresa Mayra Yojana Véliz López, actual Secretaria General del Ministerio Público, y ex subdirectora Ejecutiva de la Dirección General de Migración

Entre 1990 y 1991, cuando se retira de cargos gubernamentales, funda dos empresas de servicios de seguridad privada. Acá comienza una nueva fase donde su experiencia en inteligencia militar y su paso por instituciones estatales y militares donde tuvo acceso a información personal de los guatemaltecos, le permitirá vender sus servicios y, al mismo tiempo, hacer de sus empresas una especie de “inteligencia militar privatizada”.

En esa época, militares del alto mando, en situación de retiro, comienzan a fundar empresas de servicios de seguridad (inteligencia, telecomunicaciones, etc.), retomando el reconocido modelo sudafricano de seguridad privada construido por militares de inteligencia de Sudáfrica, según la investigadora Jennifer Shrimer^.

Las empresas se mantuvieron vigentes hasta mediados de la década pasada. Una fue registrada bajo la razón social de Servicios Profesionales Generales, S.A. (SPG), en 1990; y la otra, como Servicios Especiales de Seguridad, S.A. (SES, con el nombre comercial de Control 2000), en 1991. La empresa tomó su nombre de la unidad de inteligencia Servicios Especiales de Comunicaciones de la Presidencia de la República, el nombre que adoptó El Archivo o La Regional, durante el gobierno de Lucas García, cuando Callejas dirigía la S2.

La primera fue inscrita por el abogado Gustavo Adolfo Monroy España, quien en las décadas de 1980 y 1990 se desempeñó como Asesor Legal del Directorio de Inteligencia de la D2. De acuerdo con la Cámara de Comercio y archivos desclasificados de Estados Unidos, su representante legal es Gustavo Adolfo Oliva Blanco, mayor de infantería, Jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) entre 1982 y 1984, y subdirector de la PNC en 1990.

Según esa información desclasificada, Oliva Blanco, el entonces jefe del DIT, mantenía estrecho contacto con el jefe del Archivo General y Servicios de Apoyo (AGSA) de la Jefatura de Estado y Ministerio de la Defensa Nacional. AGSA era la instancia conocida también como “La Regional” o “El Archivo”.

La segunda empresa fue originalmente inscrita por el abogado Roberto Mancilla Polanco, pero posteriormente aparece como abogada y notaria de la empresa Mayra Yojana Véliz López, actual Secretaria General del Ministerio Público, y ex subdirectora Ejecutiva de la Dirección General de Migración. Véliz López proviene del bufete de Conrado Reyes, electo de manera anómala como Fiscal General en 2010 y defenestrado menos de un mes de haber asumido el cargo, luego de que la CICIG y grupos fiscalizadores de la sociedad civil lo acusaran de tener vínculos con la delincuencia organizada.

Sin duda, en el registro y la constitución de sus empresas Callejas recurría a personas de su entera confianza.

Según el Registro Mercantil, SES-Control 2000 fue constituida por Olga Marina Fernández Ríos de Portilla y Rafael Ángel Zamora Suárez. La primera, fallecida en 2013, es reconocida como la primera mujer en presidir la Cofradía o Hermandad de la Virgen del Rosario, de la Iglesia de Santo Domingo, según una tesis reciente.

En el caso de Zamora Suárez, fue jefe de la Sección de Transmisiones del EMP, en 1981, es decir un experto en telecomunicaciones, con estrechas conexiones al Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas cuando Callejas era Director de la S2.

Un hijo de Callejas laboró en esas empresas de seguridad. Experto en telecomunicaciones, Manuel Antonio Callejas Herrera, tiene una larga trayectoria en ese ramo que dio inicio en Control 2000.

EEUU cancela visas a Callejas y Ortega Menaldo

En marzo de 2002, la embajada de Estados Unidos, a cargo en ese entonces de Prudence Bushnell, canceló las visas de varios militares y civiles, bajo la sospecha de estar vinculados al narcotráfico. Ortega Menaldo y su abogado, Fernando Linares Beltranena, actual diputado y principal opositor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estaban entre quienes les fue cancelada la visa. Ochos meses después, corrió igual suerte el general retirado Manuel Callejas. Incluso, Ortega Menaldo escribió una carta publicada en elPeriódico, en la que anotaba: “Emplazo a la embajadora Bushnell, jefa de misión, a que pruebe el cargo de ‘tráfico de sustancias controladas’, remitiendo las pruebas pertinentes a los tribunales, y la exhorto a que evite ser manipulada por intereses políticos e ideológicos” (elPeriódico, 20/3/02). Callejas, en cambio, no se pronunció.

Meses después, el 23 de octubre de 2002, quien estaba al frente del Ministerio Público, el Fiscal General, Carlos David de León Argueta, anunció que investigaría a cinco militares cercanos al entonces presidente de la República, Alfonso Portillo. Para el efecto, el 5 de diciembre de ese año, De León Argueta, designó a cinco fiscales especiales que investigarían a los altos oficiales militares retirados, algunos allegados al presidente Alfonso Portillo, por su “supuesta participación en organizaciones al margen de la ley”.

“He tomado la decisión de investigar a los generales Francisco Ortega (Menaldo), Manuel Callejas y Roberto García (Catalán), y a los coroneles Jacobo Salán y Napoleón Rojas (…) en virtud de denuncias que han efectuado diversos medios de comunicación”, aseguró en aquel momento. A todos se les había retirado la visa estadounidense. Tanto Salán y Rojas habían sido mencionados en el Caso Moreno. García Catalán, por su parte, es un alto directivo del polémico proyecto del Corredor Interoceánico. Se encuentra actualmente prófugo por el caso Creompaz.

Los fiscales

Los fiscales designados eran Tatiana Morales (investigaría a Salán), Karen Fischer (García Catalán), Mynor Melgar (Napoleón Rojas), Rosario Acevedo (Callejas) y el abogado Claudio Porres (Ortega Menaldo), quienes fueron seleccionados de entre un grupo de nueve aspirantes por “una comisión especial”, cuyos integrantes De León declinó identificar al hacer el anuncio en rueda de prensa.

Todos tenían vínculos con militares. Solo Porres era abogado litigante: fungió como fiscal en 1994, pero renunció para asumir la defensa de los acusados, un grupo de paramilitares, por el asesinato de un ex candidato presidencial, Jorge Carpio Nicolle. Entre tanto, Fischer era la Fiscal contra la Corrupción, y luego fue abogada de Otto Pérez Molina.

Morales era de la Fiscalía de los Derechos Humanos. Melgar, por su parte, de la unidad de delitos económicos. Melgar participó como abogado de la Iglesia Católica en el juicio donde fueron condenados tres militares y un sacerdote por el asesinato del obispo Juan Gerardi, cometido en abril de 1998. Las investigaciones nunca tuvieron resultados concretos. Los casos pasaron al olvido, aunque cabe la posibilidad que los expedientes estén archivados en el MP.

Por último, Acevedo, la jefa de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, es la actual abogada del ex presidente y general Otto Pérez Molina. Era reconocida por sus estrechos vínculos con la llamada “Oficinita”, un aparato paralelo al desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), -la sección de inteligencia militar del EMP- que operó en la década de 1990, y que fue dirigido conjuntamente por el general Marco Tulio Espinosa Contreras y Luis Mendizábal, según varias notas de prensa. Espinosa Contreras fue jefe del EMP, Jefe del Estado Mayor de la Defensa y Ministro de la Defensa en el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000).

Para 2003, algunos de los fiscales investigadores habían cambiado: el fiscal Mynor Melgar seguía a cargo de investigar a Napoleón Rojas en caso Red Moreno; Lea de León, asesinada en 2015, a García Catalán por narcotráfico, y Lili Chinchilla a Callejas y Callejas.

Un MP lleno de agujeros

En el marco de las investigaciones, el 22 de agosto de 2003, el Ministerio Público allanó oficinas y residencias de los dos principales militares encartados: Callejas y Ortega Menaldo. En el caso de Callejas, fueron allanadas las oficinas de sus empresas de seguridad privada, localizadas en Avenida Las Américas, 21-69, zona 10. Edificio Médico Obelisco, Nivel 10.

De acuerdo con una nota del vespertino La Hora, del 22 de agosto de 2003, no hubo orden judicial para allanamientos. El primer allanamiento fue en una residencia propiedad de Patricia del Rosario Arana España, esposa de Ortega Menaldo e hija del ex presidente Carlos Arana Osorio, localizada en la 5 avenida 14-65 zona 9. La casa estaba deshabitada. Luego fueron a los niveles 3 y 9 del Edificio Clínicas Médicas Obelisco en la zona 10, buscando empresas de seguridad de Callejas, las que encontraron en el nivel 11, según la nota de prensa, aunque legalmente se localizan en el nivel 10.

Según la información los fiscales, tocaron el timbre, y les abrió Callejas. Los dejó entrar pese a que no había orden de allanamiento. Ya en el lugar, entró una llamada al MP sobre una bomba en el edificio de Callejas. Era una falsa alarma. No encontraron ni armas y el equipo que había no correspondía al que buscaban. Destacó la noticia que Ortega Menaldo había extendido en 1993, el carné 2902 del EMP a Alfredo Moreno.

Un cable de la agencia de prensa francesa AFP (22-08-2003) confirmó otra amenaza de bomba en la sede del Ministerio Público. El entonces Fiscal General, Carlos de León Argueta, señaló que “Las amenazas son debido a la lucha frontal que tenemos contra los nuevos cuatro jinetes del apocalipsis, que son el narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y crimen organizado”.

La amenaza de bomba, informó AFP, ocurrió pocas horas después que ocurrieran los allanamientos en las propiedades de los dos generales retirados investigados por la Fiscalía junto a otros tres ex oficiales, acusados de dirigir una red dedicada al narcotráfico y otros delitos.

De León informó que “nosotros recibimos un anónimo donde se manifestaba que en una vivienda propiedad de Patricia Arana, hija del ex presidente Carlos Arana (1970-74) y esposa del general (r) Francisco Ortega, se tendría un arsenal de armas y aparatos para escuchar teléfonos e intervenir celulares…Hicimos el allanamiento y no se encontró nada de la denuncia en la vivienda, al sur de la capital que según el guardián está abandonada desde hace tres años”, explicó De León.

También indicó que fueron allanadas tres oficinas del general Callejas, pero tampoco se localizó nada. En declaraciones que reprodujo AFP, Callejas dijo que “fue muy oportuno porque tengo muchos años de estar sufriendo el acoso principalmente de los medios de comunicación. Para mí esto representa una gran oportunidad, porque en una acción voluntaria permití que los fiscales determinaran que todo lo dicho es completamente falso”.

Infiltrado como estaba, el MP y sus investigaciones quedaron en duda.

El negocio de las empresas de seguridad

Un año después, en noviembre de 2004, se publicó una investigación sobre Empresas Privadas de Seguridad, elaborado por la Coalición de Derechos Humanos contra las Estructuras Clandestinas, instancia creada por organizaciones de derechos humanos. Según el estudio, “En el 2003, en una investigación del Ministerio Público sobre las actividades ilícitas del General Manuel Antonio Callejas, un allanamiento a las oficinas de su Empresa Privada de Seguridad METROPOL 2000 constató la existencia de un equipo para escuchas telefónicas. Vale recordar que las escuchas telefónicas de cualquier tipo son ilegales en Guatemala por inconstitucionales.”

Si bien el estudio identifica con el nombre de Metropol 2000 a una empresa de seguridad de Callejas, hay que hacer notar que Metropol 2000 no se encuentra inscrita en el Registro Mercantil ni en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sea con esa razón social o como nombre comercial. Aunque sí se encuentra registrada una de sus empresas bajo el nombre comercial Control 2000, como se anotó anteriormente, y con la razón social de Servicios Especiales de Seguridad, S.A..

Sin embargo, unos años antes, una nota de prensa de elPeriódico (3-04-2000) relacionada con empresas privadas en manos de militares, identificó a Metropol 2000 como una empresa constituida por el general Edgar Augusto Godoy Gaitán, oficial de inteligencia, quien fuera secretario del EMP cuando fue comandado por el coronel Montalván, y señalado de integrar La Cofradía. En esa misma nota se señala a Ortega Menaldo como socio fundador, aunque el militar aseguró que se desvinculó del proyecto antes que se inscribiera en el Registro Mercantil.

A Ortega Menaldo no le aparecen empresas inscritas a su nombre en el Registro Mercantil, pero sí a su esposa Patricia del Rosario Arana España. Se trata de las empresas Inkerman, Foasa, Goasa y Gorizia. La sede de esas empresas es el bufete del abogado y actual diputado Fernando Linares Beltranena, abogado de Ortega Menaldo. Poco tiempo después, algunas investigaciones periodísticas documentaron los supuestos nexos de Ortega Menaldo con el crimen organizado.

La representante legal de esas empresas, de acuerdo con Guatecompras, es Claudia Verónica España Aguilar de Cruz, quien actualmente está contratada en el Congreso de la República, como secretaria del diputado Linares Beltranena.

En esas investigaciones se documenta el desvío de fondos que José Armando Llort Quiteño, ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), hizo a favor de varios empresarios, entre ellos Ortega Menaldo y las empresas de su esposa Patricia Arana. También se relatan parte de las declaraciones de Llort Quiteño, dadas a una fiscalía en New York, luego que en 2002 se fugó a Estados Unidos, y se convirtió en testigo protegido de la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas (DEA) (elPeriódico 21-06-2001; Siglo 21, 27-02-2004 y 1-03-2004).

Pero tanto en el Registro Mercantil como en la SAT, sí aparece registrada una empresa bajo el nombre comercial de Metropol, y con la razón social de Central de Monitoreo, S.A, una empresa de servicios de investigación y seguridad, fundada en 1991, perteneciente a una corporación de empresas de seguridad, considerada la más grande del país: Corporación Almo, a la cual pertenecen empresas de seguridad como El Ébano (de las más antiguas), Alarmas de Guatemala, El Correo e Inmobiliaria La Luz. Almo es presidida por Carlos Zachrisson, cuya familia está muy conectada con la Corporación y vinculada políticamente con el alcalde capitalino Álvaro Arzú.

Miembros de esa familia también se vincularon a la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) por medio del directorio del Registro Nacional de Personas (RENAP), como el caso de Mario Jerez Zachrisson, y señalado hace pocos años de robo y comercialización ilegal de la información personal de los guatemaltecos (Prensa Libre, 12-08-2014).

El prófugo Luis Mendizábal fue director de la empresa Corporación Inmobiliaria La Luz, S.A. la cual mantuvo por muchos años la emisión de Pasaportes para la Dirección de Migración, y en la cual el fallecido abogado Rodrigo Rosenberg lo representaba en los asuntos jurídicos.

En el caso de El Correo, S.A., tuvo la concesión del manejo del correo nacional hasta el año pasado cuando venció, y ya no se renovó.

Ortega Menaldo y Callejas siempre han negado cualquier participación en hechos delictivos. El gobierno de Estados Unidos, si bien les retiró la visa, nunca ha solicitado su extradición. Ambos tuvieron estrechas conexiones con la inteligencia estadounidense.

Nunca han sido procesados por delitos vinculados a crimen organizado.

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