Níquel: Minería, Militares y Muerte en Guatemala.

CPR-Urbana / Red CMI Guatemala

La explotación del Níquel tiene historia en Guatemala. Llegó con los militares, cuando se entronizaron en el poder en los años 60-70 en alianza con el capital extranjero y diseñaron en contubernio su proyecto económico y político para el país. Esta coalición marcó de manera negativa la vida de las poblaciones asentadas en El Estor, Izabal, pues profundizó la desigualdad que ya se encarnaba desde tiempos históricos en las relaciones sociales y económicas de la región.

Décadas de explotación de Níquel no han mejorado la situación económica de las comunidades, al contrario, pues son ellas las que cargan con los costes sociales y ambientales del proyecto minero que les disputa su territorio. Por ello celebran que su constancia en la lucha contra la impunidad por fin se cristalice en el juicio que, para el próximo 4 de abril, se abrirá en contra del ex militar encargado de la seguridad de la Mina CGN / Hudbay Minerals: es tiempo de que la empresa pague por años de violencia.

Según Rafael Piedrasanta Arandi ((Maestría en Administración Pública en Harvard University y autor del libro Introducción a los problemas económicos de Guatemala.)), autor del libro Exmibal contra Guatemala y miembro de la comisión que estudió de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974), creada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos CSU-USAC, el Código de Minería (Ley 342) emitido por el gobierno Enrique Peralta Azurdia en 1965, fue redactado en base a los intereses de EXMIBAL (Exploraciones y Explotaciones Mineras Izabal S.A.) quien recibió concesiones de exploración y explotación minera por 150 millas cuadradas, por un periodo de 40 años (1965-2005), prorrogable por 20 años más en alta Verapaz e Izabal, donde se explotaría níquel, cobalto, hierro y cromo ((Unidad de Estudio y Análisis, Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- La Minería y los Derechos Humanos.)).

El historial de represión y muerte para los q’eqchi’ llegó con la Minera de la mano de los militares. La presencia de EXMIBAL ha dejado un historial de violencia que no se limita a la zona donde opera la empresa. Las comunidades q’eqchi’ que se han opuesto al despojo de su territorio han pagado con creces el atrevimiento de defender su vida.

En 1978, en la lotificación Agraria Chichipate, El Estor; finqueros abrieron fuego desde carros de EXMIBAL contra la comunidad, resultando heridos José Che Pop y Miguel Sub ((Caso Ilustrativo No.1149. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala Memoria del Silencio)). Ese mismo año en el caserío Santa María, departamento de Alta Verapaz, cuatro personas fueron ejecutadas por comisionados militares y empleados de la compañía, Francisco Salan Ical ((Caso Ilustrativo No. 9401. Ídem.)) es uno de los que se pudo identificar. En 1981, Pablo Bac Caal ((Caso Ilustrativo No. 1145. Ídem.)), Catequista, cooperativista y miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo -PGT-, fue ejecutado por agentes de la Policía Judicial que se conducían abordo de carros de EXMIBAL.

La campaña contrainsurgente de muerte y represión a causa de la minería, también llego a la ciudad; algunos intelectuales y políticos de oposición corrieron la misma suerte de las comunidades, quienes por denunciar perdieron su vida: Adolfo Mijangos Lopez y Julio Camey Herrera fueron asesinados; Alfonso Bauer Paiz sufrió un atentado en contra de su vida y junto a Rafael Piedra Santa Arandi ((http://es.scribd.com/doc/22294483/Informe-Circunstanciados-Por-Los-Hechos-de-27-09-09-Anexos-Final)) fueron obligados al exilio por su trabajo en contra de la concesión del territorio y por declarar lesivo el contrato minero.

En la década de los 80 y como resultado de los bajos precios del Níquel en el mercado internacional y el alto costo del combustible, la empresa se retiró del país. No fue hasta el 2003 que en Agua Caliente “Lote 9” la comunidad manifestó preocupación ((Caso Ilustrativo No. 100. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala Memoria del Silencio)) ante la Defensoría Q’eqchi’ (programa de la Asociación Estoreña Para el Desarrollo Integral –AEPDI–, a favor de las comunidades rurales del departamento de Izabal) pues EXMIBAL estaba sobrepasando los linderos en Agua Caliente y las Nubes, aparentemente por que allí se encuentran ricos yacimientos de níquel de interés para la empresa.

«(…) La Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN-, subsidiaria de la compañía canadiense Hudbay Minerals, se instaló en el municipio de El Estor departamento de Izabal, con el proyecto de explotación minera Fénix en el año 2004, para continuar con las licencias mineras que obtuvo la EXMIBAL, subsidiaria de la compañía canadiense INCO, desde los años de 1960, mismas que fueron prorrogadas por el Ministerio de Energía y Minas a favor de CGN/Hudbay en el año 2005…» ((Comunicado de conferencia de prensa del día 4 de Marzo de 2013. Comunidades afectadas de la Unión , Chupón y las Nubes, Estor, Izabal.))

En el 2005 los derechos de EXMIBAL son adquiridos por Sky Resources y su subsidiaria la Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN-. En agosto de 2008 Skye Resources es comprada por HudBay Minerals y aunque hasta en el 2013, con el Gobierno Patriota, son otorgadas las licencias de explotación minera, desde el 2006 se incrementan los intentos de desalojo y persecución a las comunidades.

 

 

La demanda para la telefonía y otras industrias favorece los precios internacionales y la CGN logra » (…)…dos Licencias de Exploración Minera en el departamento de Izabal, otorgadas para los proyectos FeNix y Montúfar. El proyecto FeNix, ubicado en el Municipio de El Estor, posee ya Licencia de Explotación y estudios ambientales aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente; la Licencia de Explotación para Montúfar, ubicado en el Municipio de Amates, está en trámite actualmente» ((Pagina CGN: http://www.cgn.com.gt/)).

 

Desde 2006 la CGN inicio su campaña de cabildeo con ONG’s, comunidades, autoridades, etc, para lograr la aceptación del agresivo contrato minero «…que en los primeros 18 meses, espera alcanzar una producción de 35 mil toneladas anuales de ferroníquel (12 mil toneladas de níquel), luego de 30 meses, la producción se estima en 75 mil toneladas de ferroníquel (25 mil toneladas de níquel) y para el cuarto/quinto año de operaciones la cifra sería de 150 mil toneladas (50 mil toneladas de níquel)» ((Ibid)).

 

El 27 de septiembre del mismo 2006 empleados de la CGN / Hudbay Minerals intentaron desalojar violenta y extrajudicialmente a los pobladores de las Nubes ((A mediados de los años 60, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-, otorgó a los pobladores de las Nubes, la finca identificada como el “Lote 16″.)), la empresa aduce que los habitantes ocupan terrenos del proyecto. Ese día, un fuerte contingente de Policía Nacional Civil, miembros del Ejército y Policía Privada, bajo las ordenes del Teniente Coronel retirado Mynor Ronaldo Padilla González, movilizándose en carros de la empresa, acompañados por la gobernadora departamental Luz Maribel Ramos Peña ((Según la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral – AEPDI – en el Informe presentado por la Empresa Minera CGN, se confirma la participación de la gobernadora Departamental el domingo 27 de septiembre 2009, presentándose en nombre del gobierno de Guatemala con las comunidades en un día inhábil.)), intentaron inútilmente desalojar a los pobladores. Al retirarse la gobernadora, los pobladores se encaminaron a la carretera, donde empleados de la mina los esperaban. Hirieron a por lo menos 8 personas y asesinaron al profesor Adolfo Ich Chaman, que según su hijo fue impactado por armas de fuego a quema ropa y rematado a machetazos por guardias privados y el propio Mynor Ronaldo Padilla González.

 

El patrón en la actuación violenta de las mineras ha sido una constante en la historia reciente del país. La presencia de EXMIBAL ha dejado docenas de comunidades desplazadas y despojadas, destrucción de cultivos y casas, se reportan violaciones sexuales y un número indeterminado de heridos y muertos. La región Q’eqchi’ es una zona rica en recursos naturales que la convierte en objetivo apatecido para el desarrollo de actividades mineras, hidroeléctricas, turismo, monocultivos, etc. Todo esto sin que se traduzca en mejoras para las comunidades, quienes son las que verdaderamente cargan el peso de un proyecto económico que los excluye y les disputa el territorio.

El Teniente Coronel retirado Mynor Ronaldo Padilla González, prófugo por tres años y capturado en septiembre de 2012, enfrentará a los tribunales este cuatro de abril. Algunos de los testigos y heridos en los hechos violentos ((Cometidos el día 27 de septiembre de 2009 en horas de la tarde, en la carretera que dirige al municipio de Panzos , Alta Verapaz, frente al Barrio el Chupón, en los linderos que dan al Barrio la Unión.)), los señores Ricardo Acte Coc, Alfredo Tzi Ich, Luciano Choc, Oscar Anibal Cac Caal, Samuel Coc Chub, el señor Haroldo Cucul Cucul ((Comunitario del Barrio la Unión quien sufrió el delito de Lesiones Gravísimas.)) y el joven Germán Chub Choc ((Actualmente se encuentra en silla de ruedas.)), esperan que el proceso se lleve con transparencia, pues el Agente Fiscal del Ministerio Público de Puerto Barrios, Marco Tulio Escobar Orrego, solicitó al Juez Contralor el sobreseimiento de este proceso a favor del acusado, argumentando que las lesiones que sufrieron las personas no ameritaron mayor tiempo de recuperación y no provocaron mayores daños a las personas lesionadas.

En los últimos años es recurrente que empresas beneficiadas por el otorgamiento de grandes proyectos, contraten a ex militares. La estrategia de los militares, es muy parecida a las utilizadas en campañas de inteligencia contrasubversiva: en un primer momento entran en contacto con la población para hacerse de aliados «estratégicos» y/o comprar voluntades o bien filtrar información a favor de la empresa. Si las comunidades se resisten al desplazamiento forzado por la amenaza o perdida de los recursos naturales del entorno, sufren hostigamiento, ataques y desgaste ante la opinión pública que justifica la criminalización y la persecución legal, mientras los militares (y sus patrones) responsables de estos hechos salen libres e impunes.

 

En el proceso judicial que iniciará a inicios de abril, comparecen como querellantes adhesivos Angélica Choc, esposa del profesor Adolfo Ich Chaman y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-. La investigación que ha realizado el Ministerio Público cuenta con suficientes evidencias y elementos de prueba, con los que puede evidenciarse la responsabilidad penal del imputado en estos hechos criminales. Sin embargo, la solicitud del MP para sobreseimiento del proceso causa sospechas. Tanto los heridos, como las comunidades afectadas esperan que el juicio no se limite al ex militar, pues éste respondía a las ordenes de la empresa y sus funcionarios.

 

Por ello este proceso judicial debería servirnos para abrir el debate acerca del acostumbrado y rutinario actuar de las empresas extranjeras extractivas y su relacionamiento violento con las comunidades indígenas y campesinas. «…La empresa es la responsable intelectual de la muerte y desplazamiento de docenas de comunidades», expresó una lideresa que pidió el acompañamiento nacional e internacional para que este caso no quede impune.

 

 

Actualmente también se ventila en un tribunal de Canadá, un proceso de orden civil, en contra de la Hudbay Minerals y de la CGN, por demanda presentada por 11 mujeres ((Q’eqchi’es que fueron víctimas de violaciones sexuales masivas y múltiples durante los intentos de desalojo cometidos por agentes de la seguridad privada de la CGN, la Policía Nacional Civil -PNC- y el miembros del Ejército de Guatemala, hechos cometidos el 17 de enero del 2007, en la comunidad Lote 8, en el Estor Izabal.)) que sufrieron violencia sexual durante el intento de desalojo en el año 2007; por la muerte de Adolfo Ich Chaman y las heridas graves que dejaron parapléjico a German Chub Choc.

 

El proceso nacional e internacional, llena de esperanzas a las víctimas de los atropellos, pues por primera vez se abre la posibilidad de perseguir la responsabilidad corporativa empresarial en los abusos. ((Comunicado de conferencia de prensa del día 4 de Marzo de 2013. Comunidades afectadas de la Unión y las Nubes, Estor, Izabal.))

 

Para los q’eqchi’ este juicio representa un hito histórico, por tal razón están dispuestos a movilizarse e impedir que la impunidad se imponga de la mano de los militares y empresas extranjeras. Ante el resto de la población este proceso judicial legitima y visibiliza las demandas del pueblo Q’eqchi’ afectado en este caso. Su importancia histórica radica en que fortalece las luchas de la población que defiende su territorio frente al expolio violento, y sirve de eslabón en la larga lucha por el derecho de los pueblos originarios a una vida digna.