Una serie de allanamientos realizados por el Ministerio Público (MP) el 6 de junio, confirman las continuas denuncias e investigaciones sobre la explotación ilegal de minerales metálicos en la mina Progreso Derivada VII, en La Puya, entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Al mismo tiempo, se estableció un posible saqueo arqueológico por las decenas de piezas arqueológicas encontradas. La Secretaria General del MP, Mayra Véliz, la fiscal se Sección, Aura Marina López, y el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán Loyo, dieron una conferencia de prensa con información detallada del caso.

Por Equipo de Análisis

Explotación ilegal de minerales y saqueo de patrimonio cultural

En la presentación del Ministerio Público (MP) se dieron a conocer los tres allanamientos en propiedades vinculadas con la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), subsidiaria de la multinacional norteamericana KCA. Dos de esos allanamientos fueron en bodegas ubicadas en la cabecera municipal de San José del Golfo, y un tercero en la finca Soprana, la cual también es conocida como Pranatura. En los allanamientos se descubrieron decenas de sacos, varios de ellos conteniendo concentrado de oro y plata lo cual se estableció que es explotación ilegal. El resto de material encontrado está siendo analizado en un laboratorio.

En total fueron confiscados 182 sacos que contienen mineral concentrado. Según una publicación anterior del MP, cada saco equivale aproximadamente a 1 mil kilogramos. Un kilogramo equivale a 35.2 onzas, lo que quiere decir que se encontraron alrededor de 6.4 millones de onzas de mineral concentrado. Si fuera unicamente de oro, y cada onza de oro está cotizada al 6 de junio de 2016 en US$1245, estaríamos hablando de mas de US$ 7 mil millones. Todo de manera ilegal.

Además, se localizaron en la Finca Soprana o Pranatura piezas arqueológicas supuestamente extraídas cuando se inició este proyecto minero, y serán analizadas por arqueólogos, lo que supondría la existencia de un saqueo arqueológico que data desde principios de proyecto arqueológico.

La finca que vincula al piloto de Pérez Molina

Las autoridades no indicaron quién o quienes son los dueños de la finca. Pero se pudo establecer que la Pranatura o Soprana pertenece a la madre de los Suhr Castellanos, quienes son sus herederos. La dirección que Pranatura da su sede industrial es la misma de Pranasuhr, S.A.: 3 AV A 6-76 Zona 14, Colonia El Campo.

Pranasuhr es representanda por Prana Denisse Suhr Castellanos (ecologista y soprano), de quien se sabe mantiene relaciones muy cercanas con Fernando Linares Beltranena, diputado del PAN, y quien fue el abogado defensor de varios empleados de la minera Exmingua, entre ellos el teniente retirado Pablo Silas Orozco, condenado a dos años de cárcel por los delitos de coacción y amenazas contra periodistas independientes y comunicadores del Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej.

Un hermano de Prana Suhr es Haward Gilbert Suhr Castellanos, el piloto de helicópteros que volaba para el ex presidente Otto Pérez Molina, y cofundador junto a Guillermo Lozano Bauer de la empresa aérea Aerocentro o Aereoservicios Centroamericanos, S.A., como se estableció en un reportaje anterior. La esposa de Lozano Bauer es Ingrid María Gertrud Kretzchmar Walter de Lozano, quien aparece como representante legal junto a Gustav Alfred Feucht Tylor de la empresa Sky Services, una de las empresas dueñas de los helicópteros que trasladaron sacos con minerales desde La Puya en meses recientes y cuyo fundador principal es Raul Osoy Penados, este ultimo, dueño de Topsa e implicado en el caso TCQ.

Aerocentro -de donde proviene Suhr Castellanos y Lozano Bauer-, ahora llamada comercialmente como Aeroservicios, se encuentra en una disputa legal con Sky Services. Aeroservicios es representada por el piloto aviador Cesar Augusto Dávila Figueroa, que también estuvo cercano al Partido Patriota cuando gobernaba. ((Cesar Augusto Dávila Figueroa es piloto aviador. Apoyó la campaña electoral del Partido Patriota en 2011 y pasó a convertirse en concejal de la Municipalidad de Fraijanes por el PP (2012-2016), a la vez que fue contratado como asesor técnico operativo del Director General de Aeronáutica Civil, su padre es el capitán retirado Cesar Augusto Dávila Menéndez, de la Promoción 52 de la Escuela Politécnica, egresada en 1951. En 1954 formó parte del movimiento de cadetes que se insubordinaron al gobierno contrarrevolucionario del general Carlos Castillo Armas. Dávila Menéndez fue compañero de promoción de Ricardo Mendez-Ruiz Rohsmoser, así como diputado al congreso durante la década de 1970. Cuando el gobierno del PP se vino a pique, Dávila Figueroa se convirtió en financista de la campana del Partido Fuerza y su candidato presidencial Alejandro Giamattei))

Denuncias de la resistencia y acciones de CALAS eje de los allanamientos

Se recuerda que el 6 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó la apelación de la empresa Exploraciones Mineras, S.A. (Exmingua) y del ministerio de Energía y Minas (MEM), la cual buscaba dejar sin efecto la resolución de la CC de noviembre de 2015, que suspendió el proyecto minero hasta que que no hubiera consulta comunitaria a las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

Esa resolución se dio a conocer en febrero de 2016, por lo cual la fiscalía a cargo entiende que no puede haber operaciones mineras. Sin embargo, se estableció que aunque la mina está cerrada por orden constitucional, empleados de la empresa extraían el material y lo almacenaban en otros lugares. Esto se puso en evidencia el 9 de mayo, cuando ocurrieron cuatro capturas de empleados que en un picop transportaban el material minero con rumbo desconocido.

Posteriormente, el juez a cargo liberó a los capturados y el MP apeló, proceso que aún continúa. En esa oportunidad, la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), que ha venido trabajando en el caso conjuntamente con el MP, estuvo a cargo de las capturas. Según el juzgado responsable, dictaminó que no había méritos para prisión preventiva porque lo que trasladaban era tierra, sin embargo, “En una primera muestra realizada al producto de los sacos reveló alto concentrado de oro, en menor cantidad plata”, dijo la secretaria general del MP, Mayra Veliz. Para Veliz, la prioridad de la fiscalía en este momento es que cese la explotación en La Puya, cumpliendo así la resolución judicial.

Más empresas en saqueo de oro en La Puya: los Archila Marroquín y Lozano del Pinal