Los primeros, los últimos y los próximos muertos de San Juan Sacatepéquez
0A días del hecho, el ejército encontró cerca de la vivienda un túnel que (aseguraron) podría servir de almacenaje de armas.
Fuente: Carlos Sebastián (Nómada)
La masacre de ocho personas en San Juan Sacatepéquez en septiembre es el punto más alto (y sangriento) de un problema de siete años. Las raíces del conflicto van más allá de la cementera, su carretera y la oposición de productores de flores. Comienza con grupos armados con la excusa de defenderse de las extorsiones. Y desde el inicio el Estado ha jugado un papel: el de la permisión.
Por Rodrigo Véliz Estrada
Corrían los últimos meses de 2006. En el grupo iban más de 500 personas armadas. Al inicio de la noche se organizaron en el centro de San Juan Sacatepéquez para ir a la colonia Cañadas, al este del parque central. Una masa de gente fue poco a poco tomando la forma de las delgadas calles que los llevarían a su destino. Todos sabían a lo que iban.
Cuando finalmente llegaron al lugar, a eso de las nueve de la noche, el vocero tomó su altavoz y comenzó a pedir que los vecinos salieran de sus casas para hablar con ellos. Uno que otro se asomó por la ventana, pero pocos hicieron caso al llamado. Eran cientos de personas armadas con palos, machetes, pistolas, y por ahí se dejaban ver algunas AK-47. Era una locura salir.
“¡Salgan de sus casas, no vamos a hacerles daño!”, gritó el vocero.
Cañadas es un asentamiento formado en los noventa, constituido principalmente por migrantes centroamericanos y desplazados de otras partes de la Ciudad de Guatemala. En San Juan la llaman “La Centroamérica”. Y también la conocieron en el 2006 como el lugar desde donde se planificaban las extorsiones al mercado central del municipio.
Los extorsionistas fueron rastreados durante meses por grupos de personas autoconvocadas, oriundos de San Juan, que decidieron que no pagarían ni un centavo de extorsión. Tenían la venia del gobierno de entonces, el de Óscar Berger (2004-2008), que promocionaba a las Juntas Locales de Seguridad para solucionar al aumento que la violencia tenía desde 2002 (y que llegaría a su peor año en 2009).
Para 2007, cada aldea rural y el centro urbano del municipio tenía su propia Junta de Seguridad. Se les llama ronderos y patrullan por la noche encapuchados. En 2014 todavía hay rótulos en la carretera que advierten sobre su presencia en San Juan y amenaza con medidas de peso para ladrones y extorsionadores.
Los vecinos se armaron, y un contacto con una importadora de armas les facilitó el acceso a cuatro AK-47 (una de las armas automáticas más letales en el siglo XX, y la más vendida en el mundo) por el precio de Q2 mil por pieza. Una ganga que daba peso a sus amenazas en contra de los extorsionistas.
Luego de detallarle a los vecinos de La Centroamérica la razón de su llegada, dieron los nombres de las personas a las que no querían volver a ver, en caso quisieran seguir con vida. Era por el bien de la comunidad, dijeron. En los siguientes días, las familias nombradas por los ronderos huyeron del asentamiento. Otros fueron asesinados por los ronderos. Así “limpiaron” a San Juan de las extorsiones.
La oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) confirma la situación. Las denuncias anuales por extorsiones descendieron de 26 a 8 del 2006 a 2011. En contraparte, los asesinatos colectivos crecieron: 30 personas fueron asesinadas en 16 linchamientos desde 2006 hasta 2011, fecha del informe. Y desde ese año hay por lo menos ocho casos de ataques a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Con la PNC el trato es claro. Ellos vigilan durante el día y nos dejan el trabajo de la noche. Y si uno de los agentes no cumple con nuestras reglas, se tiene que ir”, dice uno de los ronderos que accedió a hablar a cambio de anonimato. Él está entre los principales organizadores de las Juntas de Seguridad en el centro del municipio. “Yo creo que para estar así, libre de ladrones y extorsiones como estamos, tal vez nos costó unos 15 o 20 muertos. Aunque ahora hay más abusos que en un inicio. Se nos salió de las manos y ahora por cualquier cosa ya quieren matar a la gente”.
A esta situación se sumó otra: en 2008 comenzó a instalarse una fábrica de Cementos Progreso en una de las aldeas de San Juan, que fue seguida por la construcción de una carretera (una cuarta parte de la reciclada idea del Anillo Metropolitano), que unirá esta planta con otra de la empresa, en el departamento oriental de El Progreso.
Los ronderos, armados, sobre todo en las aldeas afectadas, se dividieron entre los que apoyaban la llegada de la empresa y los que se oponían. Buena parte de las familias en San Juan son productoras de flores, y abastecen diariamente a la Ciudad de Guatemala. La cementera, afirman, los dejará sin agua. Voces desde la empresa lo niegan y piden pruebas científicas.
A la fecha hay más de 35 personas muertas por este conflicto. El último hecho fue la masacre de ocho personas de la familia Pajoq, que apoyaba a la empresa, en la madrugada del 20 de septiembre de este año. Un incidente que lleva a preguntarse cómo esta situación pudo salirse de las manos de las autoridades estatales, y cómo la herencia de las patrullas hace más complejo entender lo que pasa en San Juan.
Desplazados en el año 2014
El lugar debía quedar lejos y aislado. Y si no se mencionaba su ubicación exacta, mejor. Con esas condiciones, Cementos Progreso buscó un terreno para alojar a los familiares de sus trabajadores cercanos a la aldea Los Pajoques. En el terreno que consiguieron, rodeado de monte silvestre y cultivos, se encuentra una galera que hace de casa a 82 personas, familiares de trabajadores de la empresa, que están escondiéndose desde entonces; son en su mayoría niños y mujeres. Cementos Progreso habla de refugiados, aunque lo más preciso tal vez sea hablar de desplazados, según las definiciones de la ONU.
Los menores juegan sin parar, corren entre las más de 15 literas y en el amplio terreno que rodea su temporal hogar. No ponen reparo a la llegada de extraños. Los adultos sí. La desconfianza y el miedo es palpable en cada mirada.
“Así tranquilos, tranquilos, no estamos”, cuenta un trabajador de la empresa que por temor prefiere no decir su nombre. Él trabaja de “alerta temprana” en su comunidad y ahora, luego que sus vehículos fueran quemados, se ve obligado a vivir en el albergue.
La familia de Marcelo Pajoq, el trabajador de la empresa asesinado junto a parte de su familia, llegó al albergue sólo el día que los periodistas que hicieron esta nota llegaron. Son testigos protegidos del Ministerio Público y sólo llegaron para dar su versión para este reportaje.
“Hubo amenazas pero nunca pensamos que fuera a pasar eso”, recuerda la viuda de Marcelo. Como ella, su cuñada y su prima cuentan una historia sin acentos. La han contado tantas veces que ya no hay lágrimas en sus ojos ni lamentos. Son palabras pesadas, sin sobresaltos.
La historia, uniendo relatos y los documentos disponibles, puede caber en esta síntesis insuficiente: El viernes 19 de septiembre por la mañana, el PDH lanzó una alerta de exhibición personal por dos comunitarios de San Juan que apoyaban a la cementera. La oficina del PDH dice que fueron retenidos por pobladores opositores y señalados de traidores por vender sus tierras para el paso de la carretera regional. A la tarde dio la noticia que fueron encontrados en sus respectivas casas. El comunicado de la cementera confirmó las amenazas a personas afines.
El informe de la Oficina en Derechos Humanos de la ONU (Oacnudh) y el de la Convergencia en Derechos Humanos (CDH) (el más detallado) obvian la denuncia de la PDH.
Esa noche, un joven opositor a la cementera regresaba de trabajar junto a dos hermanos pequeños y en un callejón se encontró con un grupo de hombres encapuchados. Sin mediar palabra le dispararon varias veces. Los informes de Oacnudh y la Convergencia son los que mencionan esto, mientras que el comunicado de la cementera no lo registra.
Se congregó la población tras escuchar los disparos y un nombre salió como el responsable: Felipe Patzán, supuesto trabajador de la empresa.
Corrió de boca en boca la pregunta sobre su paradero y en cuestión de minutos se sabía dónde estaba. Se dirigieron, enojados y agresivos por el asesinato, a la casa de Marcelo Pajoq, que resguardaba a Patzán. Ninguna autoridad estatal respondió a los llamados de ninguna parte: la de los opositores que buscaban mediación, la de los acechados que llamaron por protección, y las de Cementos Progreso, que intentó que sus trabajadores fueran resguardados.
Una fuente de primera mano asegura que el mismo presidente Otto Pérez Molina recibió algunas de las llamadas de Cementos Progreso y decidió que la fuerza pública no interviniera.
Luego de horas de tensión y un muerto opositor por un fuego cruzado, a las 6 de la mañana del sábado 20 los opositores lograron ingresar a la vivienda y lincharon a ocho personas cercanas a la cementera, incluido Marcelo. Felipe Patzán logró escapar con ayuda de un conocido entre los opositores.
A días del hecho, el ejército encontró cerca de la vivienda un túnel que (aseguraron) podría servir de almacenaje de armas.
Tras la masacre de los familiares de sus trabajadores, Cementos Progreso hizo un comunicado. “Estas inocentes personas se integran a una larga lista de víctimas de la violencia por el único “pecado” de apoyar el desarrollo económico de su comunidad”. Señalan a Amílcar Pop, diputado de Winaq, de alentar y manipular a los comunitarios.
Lo mismo dicen las personas que están en el albergue. Acusan a Pop de conseguir armamento para la población. Al ser cuestionado en su despacho, Pop responde: “yo tuve relación con San Juan a través de la Asociación de Abogados Mayas, pero eso fue hace años. Ahora estoy más alejado. En cualquier caso, soy el único diputado que ha tratado que las demandas comunitarias tengan oídos en un Congreso dominado por los grandes poderes. Pero de eso a estar armando población, por favor”.
De todos los relatos y señalamientos, de opositores como de simpatizantes, un nombre es el que se repite siempre: el coronel retirado Hugo Tulio Búcaro, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (1974-1975) y ex ministro de Finanzas en tiempos de Romeo Lucas García (1978-1982).
Un reportaje de elPeriódico de 2007 acusa Búcaro de organizar militarmente a los opositores, y lo relaciona con la Asociación de Abogados Mayas, que respondieron con un comunicado negando cualquier vínculo.
Pero del coronel retirado Búcaro nadie sabe detalles. Se sabe que nunca llegó a un acuerdo con Cementos Progreso para que le compraran una de sus fincas en el muncipio, El Pilar. Primero él se negó, luego se arrepintió y quiso vender. Desde entonces, se le acusa de ser un agitador en el conflicto. Este periodista buscó su versión en su propiedad. La finca El Pilar es grande, cuenta con una iglesia, varios nacimientos de agua, mozos colonos trabajando, pero por ninguna parte se encuentra a Búcaro. Sus trabajadores dicen que lleva mucho tiempo de no llegar y que ellos se relacionan por medio del capataz, a quien no supieron ubicar.
Amílcar Pop y la Asociación de Abogados Mayas también señalan a Búcaro, y diferencian entre grupos armados opositores de una oposición legítima, desarmada, de productores de flores. Niegan que haya grupos armados en la oposición de productores de flores.
Mario Orellana, gerente de operaciones de Cementos Progreso, es firme sobre el mismo cuestionamiento: “De ninguna manera armamos a nuestros trabajadores”. Afectado por el tema, responde en la planta La Pedrera, en la zona 6 capitalina. «Nadie está armado. No hay ninguna evidencia».
El diputado Carlos Herrera, de la agrupación del próximo presidente legislativo Luis Rabbé, hizo una visita a San Juan unas semanas antes de la masacre, acompañando a Pop como parte de la Comisión de Probidad del Congreso. “Nuestro objetivo era crear consensos, la gente pidió la intervención del gobierno en el conflicto”, dice Herrera, y agrega una impresión: “Acá hay grupos paralelos de un lado y de otro. Si se quiere hacer un diálogo real, lo mejor es quitarse las máscaras y llegar a acuerdos. Y el gobierno no aparece por ningún lado”.
¿El Estado es el árbitro del conflicto?
Miguel Ángel Barcárcel dirige el Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), una instancia creada en tiempos de Álvaro Colom (2008-2012) y anexada al Ejecutivo por la actual administración. Tiene el fin de prevenir la conflictividad social que ocurre en lugares como San Juan Sacatepéquez.
En la citación oficial del 16 de octubre que recibió de parte del diputado Amílcar Pop, Barcárcel inició su presentación con los logros del Sistema Nacional de Diálogo y las medidas que habían tomado para prevenir el conflicto en San Juan.
En su intervención Pop leyó un comunicado apócrifo en donde era señalado de provocar el conflicto. En los datos de origen del documento aparecía el número de computadora y las instalaciones donde había sido producido: el Sistema de Diálogo que dirige Barcárcel. Es decir, el apócrifo fue producido desde una computadora de del Sistema Nacional de Diálogo. Desde ese momento al final de la reunión, Balcárcel sólo pudo pronunciar monosílabos.
Para explicar el apócrifo en su contra desde una oficina estatal, Pop acusa a Cementos Progreso y al gobierno de tener una relación muy estrecha. En 2007, Pérez Molina dijo a Estados Unidos que los dueños de la cementera eran unos de sus cuatro principales financistas. Cementos Progreso ha recibido Q157 millones durante la actual administración, según Guatecompras. 151 de 170 en licitaciones sin concurso.
El trato amable desde este gobierno fue similar al que recibieron de administraciones anteriores. El expresidente Álvaro Colom fue varias veces a inaugurar la planta cementera en San Juan y durante el de Óscar Berger se inauguró la primera carretera de cemento en vez de asfalto, a Antigua Guatemala.
Mario Orellana, de Cementos Progreso, responde que son tratados como cualquier otro sector de la sociedad. En una ocasión, al menos, le asiste la razón. “La prueba que no influimos sobre el gobierno es que no pudimos hacer nada por esas personas [masacradas el 20 de septiembre]”, dice en referencia a la ausencia de la PNC, el MP, el PDH o la brigada militar que se instaló desde 2008 en San Juan, pese a las llamadas de la cementera a funcionarios del Gobierno.
En otras ocasiones, las más, parecieran actuar en alianza. Cuando el gobierno de Otto Pérez Molina se pronunció sobre la masacre que no evitó, usó dos elementos de la versión de la empresa: la población está manipulada por “agentes externos” y estos agentes los están armando. ”Ese fue un acto hecho por grupos delictivos. Se usaron armas de alto calibre donde hay gente vinculada en el Congreso”, dijo el ministro de Gobernación en referencia a Pop, en el programa De frente con el Presidente.
Hasta el momento no se ha presentado ninguna evidencia contra Pop. Y ni el Ministerio de Gobernación, el Sistema Nacional de Diálogo o el Ministerio Público, que capturó a varios opositores durante el Estado de Prevención que siguió a la masacre, quiere hablar sobre el tema.
Tampoco quiso responder a preguntas sobre este tema José Raúl González Merlo, gerente de Cementos Progreso, durante los más de dos meses que se le pidió una entrevista para este reportaje.
La violencia en San Juan no terminó con el Estado de Prevención de septiembre. Ahora son los opositores a la cementera los amenazados. Los productores de flores recibieron un nuevo comunicado con amenazas de muerte.
El rondero que habló dice que el acuerdo al que llegaron entre ronderos es que ya no saldrán con capuchas. Muchos estuvieron de acuerdo. El Estado no fue parte de las negociaciones. No se habló de armas ni de frenar las arbitrariedades. Tampoco de prevenir este tipo de conflictos. Eso tal vez se debata si vuelve a ocurrir una masacre
Foto: Hugo Alvarado. Propiedad de Nómada.
Lea también:
Fuente: Carlos Sebastián (Nómada)
