¿La violencia se combate con violencia? Los resultados de la “mano dura”

El Centro de Medios Independientes (CMI-G) ofrece una serie de artículos que intentan aclarar la compleja problemática que gira en torno a la justicia desde el 2009, centrándonos en el tema de la política por reducir la violencia en los últimos años.

a. ¿A qué se deben los recientes ataques al Ministerio Público? Política de seguridad y la gestión de Paz y Paz

b. ¿La violencia se combate con violencia? Los resultados de la “mano dura”

c. ¿Quiénes se benefician de la violencia? Élites militares y el Estado

d. ¿Quiénes se oponen a que las reformas en el sistema de justicia continúen? 2014: La encrucijada en el aparato de justicia

Por Rodrigo Véliz Estrada (CMI-G)

Uno de los lastres de más peso en la historia del Estado de Guatemala es el sector justicia. Una vez comenzaron las dictaduras militares, con el golpe de Estado de marzo de 1963 (donde a la sazón se evitó que Juan José Arévalo compitiera por una segunda presidencia en un momento de profunda agitación y crisis), el Ministerio Público pasó poco a poco a la sombra, hasta que en la práctica desapareció. La independencia de los juzgados corrieron la misma suerte, ya que los dictadores de turno pasaron a nombrar, a su discreción, a los jueces de todo el país.

Es en fecha tan temprana como 1994 que el Ministerio Público (MP) comienza a funcionar desligado de la Procuradora General de la Nación (PGN). Y según vimos en la pasada entrega, es hasta hace unos años que finalmente el MP, con una vital ayuda de la CICIG, comenzó a trabajar seriamente y, como consecuencia, mostrar resultados satisfactorios al reducir las muertes violentas en el país y el departamento de Guatemala. La violencia se redujo atacando, con investigaciones de calidad y altos juzgados sólidos, a las organizaciones criminales que la desataban.

El gobierno que se estrenó en el 2012, el del Partido Patriota (PP), con Otto Pérez Molina (OPM) a la cabeza, había utilizado por años un discurso que privilegiaba la fuerza como principal manera de resolución de la violencia. De llevar a cabo esta estrategia, ya probada en gobiernos de Portillo y Berger con una escalada de violencia como resultado, ¿cuál sería la relación que se establecería con el trabajo que venía realizando el MP y la CICIG?

Los resultados del trabajo del MP y la CICIG no son eternos ni absolutos. Requieren ser complementados con otras reformas, además de tener que repensarse a partir de los cambios que se vayan a dar dentro de los organizaciones criminales. No podía ser diferente, ¿o acaso creemos que estas organizaciones se irían a quedar de brazos cruzados contemplando cómo sus cuantiosas ganancias se iban por la borda?

Había, pues, varios problemas que se tenían que revisar en materia de seguridad y violencia. Comencemos por el sistema penitenciario, que tan ligado está a los resultados de reducción de la violencia.

El aumento de la eficiencia de los juzgados, proveído por un cambio en la estrategia del MP, provocó lo lógico: un mayor número de sentencias, lo que significó un mayor número de personas enviadas a las prisiones.

Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el 2010, el año en que comienzan a darse con fuerza el cambio en la estrategia del MP y el acompañamiento de la CICIG, la población carcelaria ascendía a 11,238 reclusos. A partir de ese momento comienza a darse un aumento claro de reclusos, que desde el 2001 se había mantenido más o menos estable. Para el 2013 la población carcelaria había aumentado a 16,877, como puede observarse en el siguiente cuadro.

Este aumento también fue propiciado por lo que es una política de Estado en materia de seguridad: la cárcel preventiva. Según un reportaje al respecto, el Estado prefiere reprimir el crimen en vez de prevenirlo, lo que en este caso ocasiona un aumento en el número de personas ubicadas en los presidios.i El problema es que muchas de las personas que guardan prisión preventiva se quedan en esa posición ambivalente por años, sin que llegue en algún momento su juicio.

Los reclusos sin juicio eran 6,307 en el 2010 y pasaron a 9,035 en el 2013. Esto quiere decir que alrededor de un 53% de los reclusos en las cárceles del país están allí sin que se haya probado que son culpables. Además, alrededor de 1,500 reclusos ya cumplieron con su condena pero permanecen allí por la letanía del trámite.

Mientras están guardando prisión, el número de reclusos sigue aumentando. El problema es que las cárceles no crecen al mismo ritmo que los reclusos. Para el 2013 la capacidad oficial de alojamiento de reclusos era de 8,674 personas. Esto quiere decir por cada espacio de alojamiento, conviven dos reos. O para los que gustan de las estadísticas, la tasa de hacinamiento es de 195. Si bien más baja que en países como Brasil, Honduras y México, aún alta para estándares mundiales.

Las cosas parecerían no cambiar en el tiempo próximo, cuando se anunció desde el Gabinete de gobierno la intención de dar cárcel preventiva a los reincidentes en uso ilegal de armas. Es cierto, es un crimen el cometido, pero ¿cómo no pensar, siendo autoridad estatal, en el problema carcelario y lo que eso alimenta?

En estas condiciones sólo la crisis puede esperarse. Este es un problema de casi todos los países latinoamericanos, donde la respuesta ha sido el asesinato de reos a través de incendios provocados. Uno de los sobrevivientes de una masacre de este tipo en Honduras se lo sintentizó de la siguiente manera al Global Post: «Ahora la cárcel está más vacía… pero se siente más pesada».ii

Otro de los problemas que ha ocasionado el encarcelamiento de bandas y organizaciones criminales ha sido el que ahora los centros carcelarios se han vuelto el centro de sus operaciones. La extorsión es uno de los negocios más lucrativos, como lo expresó un reo en una reciente entrevista.iii Aunque las extorsiones no han ido en aumento en los últimos años (en el primer semestre del 2012 se emitieron 2,739 denuncias, mientras que en el primer semestre del 2013 se han contabilizado 2,678), lo importante de resaltar es la facilidad con que se manejan los criminales en las cárceles del sistema penitenciario. ¿No sería, en estas circunstancias, importante tomar cartas en el asunto? La respuesta es a todas luces afirmativa.

Más allá de algunos ofrecimientos de construir nuevas cárceles, que fueron denegados por rastros de posibles actos de corrupción, el partido de gobierno no ha tenido ningún interés en solucionar los problemas del sistema carcelario, hacerse de su control y cumplir efectivamente su objetivo.iv

El caso del ex-oficial Byron Lima Oliva es bastante ilustrador al respecto. Antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa en los gobierno de Ramiro de León Carpo y Álvaro Arzú, Lima Oliva fue sentenciado a 20 años de prisión por su participación en el asesinato de monseñor Gerardi. Pero dentro de prisión ha hecho, básicamente, lo que quiere.

Según investigaciones al respectov, Lima Oliva ha salido decenas de veces de la prisión, realiza constantemente actividades y fiestas, y es el mandamás en la “cooperativa” de la prisión (que es básicamente una maquila que ha recibido denuncias por explotaciónvi). Y lo más importante, cuenta con la valiosa amistad del Presidente de la República y muchos de sus diputados, como fue expuesto en un reciente reportaje de elPeriódico.vii

Las prisiones, en fin, no han sido la prioridad del gobierno de OPM. ¿Cuál ha sido entonces su énfasis? Según los expertos en el tema: la Policía Nacional Civil (PNC) y la ocupación territorial.

La PNC ha sido de las instituciones que menos pasos sólidos ha hecho desde su creación luego de la pacificación en 1996. Tomando en cuenta que de los primeros 19 mil reclutas, 11 mil provenían de la corrupta Policía Nacional (PN), es fácil afirmar que la PNC nació con serios daños internos. El poco apoyo que ha recibido en cada gobierno que siguió ayudó a mantener este estado.

Si se le compara con gestiones anteriores, el trabajo que el Ministro de Gobernación (MGOB), el ex-oficial del ejército Mauricio López Bonilla, ha realizado con la PNC dista de ser catalogado como pésimo. El anuncio de su reorganización territorial privilegiando su ubicación por la cantidad de violencia de la región, fue aplaudida por los expertos en seguridad.viii De la misma manera fue tratado el intento de ubicar en las comisarías regionales a agentes locales, mejor aún si conocen el idioma de la región.

Según noticias, a febrero del 2013, el MGOB había destituido a más de 200 agentes policiales considerados corruptos, y se habían comenzado campañas internas para ampliar el control de ese tan conocido problema en la PNC. Para suplir a estos agentes corruptos se inició también la creación de una Academia de la PNC, que busca graduar a varias nuevas generaciones de policías en los próximos meses y darles una educación de calidad con la opción a graduarse con una licenciatura en criminalística. El país cuenta con una tasa de 174 policías por cada cien mil habitantes, y el MGOB anunció sus intenciones de llegar a una tasa de 370 policías.

Estudios muestran, sin embargo, que no hay una relación directa entre el aumento de policías y el descenso de la violencia. Sin otras medidas de peso, es poco lo que se puede lograr.ix

El presupuesto para integrar a los cientos de policías nuevos es, además, escaso. Según el International Crisis Group, pese a que la región ha visto un aumento en el gasto en seguridad pública como porcentaje del ingreso nacional, en Guatemala cayó de 2.31 a 2.16% del 2006 al 2010.x Y las noticias de la reducción de presupuesto 2014 al MGOB parecen ser un freno para cualquier intento de aumentar el número de policías.xi Los cambios en la cúpula de la PNC en los pasados meses también fueron criticados, ya que se hicieron a los días que el director saliente, Gerson Oliva, criticó el abandono que tiene la PNC por el actual gobierno.xii

Gerson Oliva fue reemplazado por Telémaco Pérez, que hasta ese momento se había hecho fama por su papel como subdirector de Operaciones en violentos desalojos a organizaciones sociales y comunidades campesinas.

El tema de la fuerza en puestos clave, y en general en las características de la política de seguridad, es sustancial del actual gobierno. Eso quedó claramente ejemplificado con el anuncio de crear Fuerzas de Tareas (FT) especializadas. La evaluación de las FT es difícil, ya que sólo se cuenta con noticias, esporádicas y sin comparación, publicadas por el mismo MGOB.

Se sabe, gracias a algunas investigaciones, que la ubicación de FT en áreas catalogadas como “zonas rojas” ha ocasionado efectivamente un desplazamiento de los grupos y organizaciones criminales.xiii Pero son los barrios adyacentes al área intervenida donde se han vuelto a alojar estos grupos. Y el mismo López Bonilla ha afirmado que de retirarse de esos lugares, las organizaciones criminales regresarían. ¿Qué otra cosa se podía esperar de una estrategia con tan pobre horizonte?

Se ha criticado esta medida de ocupación territorial en lo urbano ya que desplazó otras medidas preventivas que habían tenido éxito, como las Escuelas Abiertas de la pasada gestión gubernamental.

Si bien las Escuelas Abiertas eran parte, junto a otros programas sociales, de una estrategia clientelar para ganar votos para las elecciones del 2011, localmente fueron muy bien aceptadas, y según Carmen Rosa de León de IEPADES lograron integrar a muchos y muchas jóvenes que lo vieron como una opción alternativa a la salida criminal. Pero todas estas medidas fueron anuladas y las FT fueron la prioridad.

¿Tuvieron resultados estos cambios en la reducción de la violencia? En términos nacionales, la respuesta es negativa. Luego de cuatro años en que la violencia bajó, en el 2013 esta tendencia se estancó. Según datos del CABI, la tasa de necropsias fue en el 2012 de 40.0, mientras que el año pasado esa tasa se ubicó en 39.6.xiv

En el primer semestre del 2013 incluso se revirtió. Según el INACIF, si se compara el primer semestre del 2012 con el del 2013 se tiene que las muertes pasaron de 2,896 muertes violentas a 3,122 en cuanto a todo el país.xv Para el mismo periodo, el departamento de Guatemala sigue siendo el más violento del país, con 1,118 muertes violentas, o casi el 36% de las muertes totales. De una tasa de homicidios de 54 en el 2012 pasó a una de 64 en este primer semestre. Y en la zona 18, donde se han instalado dos FT por el actual gobierno de la “mano dura”, se registra un aumento del 53% de las muertes violentas.

 

Pero los datos del aumento de la violencia en el país muestran otro aspecto importante: la violencia no sólo está aumentando en el centro del país, ahora es también en las regiones fronterizas con Honduras. OPM informó a inicio del 2013 que el 80% de la violencia del país se concentraba solamente en 25 municipios del país.xvi Y posteriores investigaciones han mostrado que Petén (50), Izabal (59), Zacapa (74), Chiquimula (89), Escuintla (78), y Santa Rosa (65) son los más violentos del país y que este es un cambio de los últimos años.xvii

Entre las razones que se dan para este aumento de la violencia está el descabezamiento que ha realizado el MP y la CICIG de las principales organizaciones del narcotráfico, con especial énfasis en Los Zetas.xviii Esto ha ocasionado una fragmentación de los grupos ahora acéfalos, y una continua pugna violenta por establecer liderazgos o nuevas alianzas con otros grupos criminales.

En este juego de intereses es poco lo que el gobierno ha realizado. Es sabido que armó FT en puntos clave de trasiego de drogas a lo largo del país, pero hasta el momento han sido pocos los resultados concretos. Es más, según una investigación de elPeriódico, las incautaciones han descendido, lo que ha recibido fuertes presiones de parte de Estados Unidos al actual gobierno.xix

La situación del aumento de la violencia, en estas condiciones, parecería que no mejorará en un cercano próximo. ¿Quiénes son los que se benefician de este estancamiento en el ataque de la violencia? ¿Quiénes lucran con la violencia? Esas preguntas intentarán de ser contestadas en la siguiente entrega.