La OEA, el nuevo enemigo interno y los militares en Guatemala

La OEA, el nuevo enemigo interno y los militares en Guatemala

Silvina M. Romano

LA OEA se reunió esta semana en la ciudad de La Antigua Guatemala, para debatir sobre la amenaza del narcotráfico en la región. La prensa guatemalteca ha preferido analizar el encuentro desde el ángulo de la oposición entre la postura de Otto Pérez Molina y el gobierno estadounidense en lo relativo a la despenalización del consumo de marihuana, queriendo mostrar que en realidad, ambos gobiernos no estarían “tan unidos”. Prefieren citar al actual presidente guatemalteco en frases heroicas como “Este es un triunfo de todos los jefes de Estado sobre un tabú, ahora se debe discutir con franqueza”, resaltando la nueva orientación de “soft-power”¹ de la OEA al asumir el “tema de las drogas como un asunto de salud pública y no solo como un tema de seguridad, y que sugiere la despenalización gradual de algunas substancias, como la marihuana” (Prensa Libre, 4 Junio 2013).

Pero desde una perspectiva que apunta a profundizar en las condiciones actuales de Guatemala desde una visión de proceso histórico, nos interesa señalar otras cuestiones que atraviesan la historia de este país y de América Latina. La primera se refiere al rol de la OEA en la dinámica entre democracia y seguridad en los gobiernos de la región, asunto que nos lleva a tiempos (supuestamente) remotos como el derrocamiento de Jacobo Arbenz y la X Conferencia Interamericana de Caracas de 1954. Esta vuelta al pasado no puede ser más que desde un presente donde una vez más se vuelve a imponer la “inmunidad” (impunidad) de los militares frente a la justicia civil (haciendo referencia no solo al fallo de la Corte de Constitucionalidad a favor de Ríos Montt, sino cuestionando la misma investidura presidencial de Otto Pérez Molina).

En segundo lugar, nos referiremos a la construcción del “nuevo enemigo” regional e interno cristalizado en la amenaza del narcotráfico, de igual alcance y ambigüedad de la que gozó el término de “comunismo” durante la guerra fía.

Con respecto al rol histórico de la OEA en el derrocamiento de gobiernos que se opusieran de uno u otro modo a los intereses privados y públicos locales y estadounidenses, es irrefutable que la reunión realizada en Caracas en Marzo de 1954 fue una de las estrategias utilizadas por el gobierno y las empresas estadounidenses para desestabilizar y deslegitimar el gobierno de Jacobo Arbenz a nivel regional, a la vez que sirvió de fachada democrática para legalizar y justificar su derrocamiento. Esto era parte de la política de “dos vías” planteada por el Departamento de Estado y la CIA para cambiar el rumbo de la democracia guatemalteca (es decir, lograr que se apartara de las premisas de justicia social como la reforma agraria).

Para dimensionar el rol de la OEA en Guatemala y el resto de América Latina, vale recordar que su carta fundacional se firmó en 1948, un año después a la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), acuerdo de seguridad mutua en contra de la “intervención” de poderes extra-hemisféricos (léase, comunismo internacional). En la Carta que le dio origen a la OEA², los primeros párrafos desarrollan lo relativo a la democracia representativa, al principio de la no intervención (cap. I, art. 1) y a la paz y seguridad del continente (cap. I, art.2). A continuación, y en consonancia con las dos primeras afirmaciones, se enfatiza en la libertad de cada Estado para elegir su sistema político, económico y social (cap. II, art.3). Más adelante, a modo de reforzar la idea de democracia representativa, se plantea que cualquier Estado que posea un gobierno que haya accedido al poder por la fuerza destituyendo un régimen democrático anterior, podrá ser expulsado de la OEA, comprometiéndose este mismo organismo a restituir el orden anterior (cap. III, art. 9). En el artículo 13 del capítulo IV, se apuntala el principio de la no intervención haciendo mención nuevamente a la autonomía de los Estados, lo cual se repite en el artículo 15 del mismo capítulo, que asegura el derecho de cada Estado de proteger su existencia y desarrollo, meta que no lo habilita a ejercer actos injustos contra otros países. En la Carta queda claramente expreso que ningún Estado puede intervenir directa o indirectamente en los asuntos de otro Estado (cap. IV, art.19), así como tampoco podrá aplicar medidas coercitivas a nivel económico o político para forzar la voluntad de otro Estado (cap. IV, art.20). En síntesis, ningún Estado debía tomar decisiones o implementar acciones que perjudiquen a otros Estados (cap. VII, art.34). Se observa, entonces, que la democracia representativa, la seguridad y la autonomía de los Estados se presentan como los principios básicos para el desarrollo de relaciones interamericanas pacíficas.

Sin embargo, en la Décima Conferencia Panamericana, celebrada en Caracas (1954), los gobiernos de América Latina aceptaron la propuesta de los representantes norteamericanos que consistía en que cualquier Estado bajo influencia del comunismo internacional se considerara como una amenaza para los demás países del continente, lo que permitiría llevar a cabo acciones de “defensa”.

En dicha ocasión, el Secretario de Estado estadounidense, John Foster Dulles declaró: “La dominación o el control de las instituciones políticas de cualquier estado americano por parte del movimiento comunista internacional… constituiría una amenaza a la soberanía y la independencia política de los Estados Americanos, poniendo en peligro el lugar de América, y [por lo tanto] exigirá un llamado a implementar las acciones apropiadas de acuerdo con los tratados existentes”³. Por su parte, el en aquel entonces Ministro de Relaciones exteriores guatemalteco, Guillermo Torriello (posteriormente bautizado como “el canciller de la dignidad”) dejó poco a la imaginación de los oyentes: “Es doloroso que se clasifique de comunista a todo movimiento nacionalista o independentista, lo mismo que a toda acción anti-imperialista o antimonopolista de los países que por mucho tiempo han tenido al cuello la soga de la explotación económica. Y lo más grave es que, quienes así califican a la democracia, lo hacen para destruir la propia democracia. Esos mismos privilegiados también han recurrido al fomento y alimentación de complots y actos subversivos para derribar por la fuerza a un gobierno que cuenta con el verdadero respaldo de su pueblo y que no necesita de compadrazgos externos para mantenerse en el poder”⁴

Esta fue una de las primeras actuaciones de la OEA en América Latina, donde se pasaron por alto los principios de soberanía y autodeterminación que desde 1889 (primera reunión Interamericana) constituyeron el eje de las discusiones (y de la tensión) entre Estados Unidos y los países latinoamericanos hasta la conformación de la OEA. Desde aquel momento, cualquier argumento se tornó válido en nombre de la defensa de los valores “occidentales y cristianos” como conjuro contra el comunismo internacional y como barrera para cualquier tipo de reforma que pusiera en peligro el sistema de dominación.

El nuevo enemigo común

El motivo de la reunión de la OEA en la ciudad de La Antigua es discutir sobre las posibles soluciones frente al hostigamiento del narcotráfico. Sin desconocer la existencia de este negocio en la región, podemos decir que ha sido creado como “nuevo enemigo común” que constituye la base sobre la cual se erige la justificación de la militarización y la presencia de tropas de elite en Guatemala y toda Centroamérica, cuestión sobresaliente en el marco de la injusticia histórica implicada en el fallo a favor del ex General Efraím Ríos Montt.

Esto mantiene una continuidad con los cambios en el paradigma de seguridad posteriores a la desarticulación de la Unión Soviética, momento celebrado como el inicio de una etapa completamente distinta en las relaciones internacionales, el “fin de la historia”, el comienzo de una era de menos conflictos en el marco del capitalismo liberal⁵, visión simplista que fue criticada incluso por algunos liberales (Hoffman, 1995).

En el caso de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, el (supuesto) fin de la guerra fría estuvo acompañado por el ascenso del neoliberalismo desde finales de los ‘70, la firma de los Acuerdos de Paz en Centroamérica y las transiciones a democracias de mercado. Si bien el enemigo ya no es el comunismo, este lugar lo ocupan la “inestabilidad” (Loveman, 2006), el narcotráfico, el terrorismo y más recientemente el “narcoterrorismo” y la “narcoinsurgencia”. Estas “amenazas” a la seguridad de los Estados de América Latina (y por ello, amenaza para los Estados Unidos) han generado diferentes lineamientos para la acción, centrados especialmente en la necesidad de enfrentar tales amenazas de modo colectivo.

No está de más recordar que el principal motivo de Estados Unidos para organizar la Cuarta reunión de ministros de relaciones exteriores apenas iniciada la Guerra Fría (Washington marzo-abril 1951, “la previa” de Caracas, 1954), fue el conjuro contra un enemigo externo e interno que había que enfrentar también de modo colectivo: “La agresiva política del comunismo internacional llevada a cabo por medio de sus satélites, condujo a una situación en la que el mundo libre entero está bajo amenaza (…) Los Estados Unidos habiéndose embarcado en una movilización urgente para la defensa mutua, desea consultar a sus colegas de las repúblicas americanas sobre el problema común que enfrentamos” (FRUS, 1951. The United Nations; the Western Hemisphere, 928-929).

La actual (re)construcción del “enemigo interno” se lleva a cabo en un proceso de crisis del modo de producción capitalista, en el que se agudiza la lucha por el acceso a aquellas materias primas y recursos que permiten que el “sistema funcione” (en especial para los países centrales). En este escenario, se consolida el rol histórico de América Latina como espacio de producción de materias primas y extracción de recursos minerales y combustibles, como plataforma de exportación y mercado para productos elaborados⁶ (y de realización y extracción de excedentes). Esta situación ha contribuido a consolidar los movimientos de protesta en diversas regiones del país, la mayoría encabezados por pueblos indígenas que basan su lucha en la defensa del territorio, oponiéndose en particular a los proyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustria para biocombustibles. Esto no ha sido sin costos, pues en los últimos años, han sido perseguidos, torturados y asesinados numerosos líderes de movimientos sociales y defensores de Derechos Humanos.

De este modo, cobra importancia fundamental la pregunta de quién/es es/son el enemigo interno y la seguridad de quiénes se ve amenazada. Buscar respuesta a esta pregunta ayuda a otorgar materialidad a la ambigua noción de “la amenaza del narcotráfico” y el modo en que se interpreta la seguridad, así como la función de las fuerzas armadas. Nada de esto se encuentra lejos de la represión sistemática de la protesta, a pesar de ser un derecho democrático por excelencia.

Estados Unidos y su continua influencia en Guatemala

En una sesión del Comité Anticomunista del Congreso estadounidense septiembre-octubre de 1954 (organizada como propaganda a favor del gobierno de Castillo Armas, surgido del golpe de Estado de junio de 1954 contra Jacobo Arbenz) el presidente de la sesión dejaba muy clara la importancia de Guatemala para los Estados Unidos: “En la paz y en la guerra, Estados Unidos ha dependido del sudeste asiático para obtener numerosas materas primas indispensables para nuestra producción industrial. Casi todas estas materias primas pueden ser obtenidas también de América Latina. Por eso es mi convicción que América Latina no es solo importante por su posición geoestratégica (a nuestras puertas), sino como una importante fuente de materias primas vitales” (Comité sobre la agresión comunista de la cámara de diputados del congreso estadounidense, subcomité sobre América Latina, septiembre octubre 1954: 1-2).

Poco han cambiado los intereses ocultos detrás del cambio del discurso. La actual gestión Obama intenta darle un tinte más democrático y amable a la postura del Departamento de Estado con respecto a la región, apelando a un discurso que se remite a la democracia y al desarrollo⁷. Así, el Secretario de Estado John Kerry, aseguró en una reunión con el presidente Pérez Molina que “Nadie quiere que una relación binacional sea definida por los esfuerzos policiales o contra las drogas, sino por otros asuntos económicos y de beneficio a los pueblos” además de prometer “reforzar la cooperación con Guatemala en varios ámbitos, como el comercial y planes contra la desnutrición, en los que deben intensificarse las relaciones de los países, más que los de seguridad y lucha contra el narcotráfico” (Prensa Libre, 5 Junio 2013).

Una retórica similar sobre asistencia para el desarrollo era la postulada por la Alianza para el Progreso impulsada por John F. Kennedy a principios de los ’60 (ante el éxito inminente de la Revolución Cubana) y que fue materializada a través de organizaciones como la USAID. Lamentablemente, en particular en el caso de Guatemala, tanto la Alianza para el Progreso como la USAID, en los hechos, se ocuparon más bien de articular la Doctrina de Seguridad Nacional contrainsurgente, contribuyendo a la militarización del país y a la espiral de violencia en los ’60 (National Security Archive, US policy in Guatemala, 1966-1996, Doc.5; Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, 2011: 160; Romano, 2011).

Esto nos lleva a reflexionar sobre la posible y probable relación entre un discurso a favor de la mejora en la calidad de vida del pueblo guatemalteco, y las fuerzas represivas que operan de hecho para evitar que se concreten cambios a favor de una mayor justicia social. Es difícil de creer en las promesas de Kerry cuando proliferan los operativos anti-narcóticos, se aumenta la asistencia para defensa destinada a Centroamérica, y los países de esta región propician un “laissez faire” que da luz verde a la intervención directa del gobierno y las empresas privadas estadounidenses de seguridad (léase: Fuerzas de Operación Especiales, DEA, FBI, etc.).

Parece entonces que las palabras más adecuadas a la realidad, a los hechos, son las del ex jefe del Comando Sur estadounidense, Douglas Fraser “Aunque no vemos una amenaza militar tradicional que emane de la región, las naciones de nuestro hemisferio están luchando con una amenaza asimétrica a la seguridad nacional e internacional: el Crimen Organizado Transnacional (COT) (…) En muchas partes de nuestro hemisferio -aunque más gravemente en América Central- el crimen organizado ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza volátil y potencialmente desestabilizadora para la seguridad ciudadana y nacional (…) En consecuencia, estos países ven a sus militares como las únicas entidades capaces de responder a estas amenazas” (Fraser, 2012: 2-3). Sobra decir, que entre otras cuestiones, esta militarización anula por completo los objetivos de los Acuerdos de Paz firmados en la región y enciende nuevamente la alarma de la relación entre el poder civil y militar en el marco de las democracias y del (supuesto) Estado de Derecho. Como sostenía Cardoza y Aragón: “Es más fácil militarizar a un civil que civilizar a un militar” (Cardoza y Aragón, 1955: 51).

Retornando al punto inicial de este escrito, es decir, el rol de la OEA, también conviene recordar las palabras del presidente Juan José Arévalo: “Las grandes naciones sudamericanas que están atadas por discutibles compromisos jurídicos internacionales para asistir ‘sin excusa’ a las llamadas Conferencias Panamericanas, corren el peligro de que de hoy en adelante, con base en los gobiernos títeres que los Estados Unidos han sabido colocar en los países del Caribe, tengan que someterse a la triquiñuela de las votaciones ‘mayoritarias’ que por lo visto jamás estarán en contra de los intereses de Estados Unidos ¿No habrá llegado ya la hora de poner a discusión en los Parlamentos latinoamericanos esa tramposa “unidad panamericana”, que no es ni mucho menos la que soñó Bolívar? ¿No es este el momento en que los gobiernos todavía celosos de su soberanía, disuelvan la maquinita que los Estados Unidos mantienen aceitada? (Arévalo, 1954: 86)

Ante este escenario, debe renovarse la fuerza del pueblo para hacerse escuchar y legitimar sus reivindicaciones frente a organismos que ya hace tiempo no representan los intereses de las mayorías, instituciones que siguen apostando a soluciones coyunturales y a discursos “políticamente correctos”, que nada tienen que ver con reformas radicales para cambiar la estructura desigual, la dinámica de explotación y de dependencia de Guatemala y América Latina.

Bibliografía

Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (2011) Del silencio a la memoria. Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional, Guatemala: Foto Publicaciones.

Arévalo, José (1954) Guatemala, la democracia y el imperio [lugar de publicación no identificado]

Cardoza y Aragón, Luis (1955) La revolución guatemalteca. México: Cuadernos Americanos

Comisión Trilateral, Working Group Papers, New York, 1991-1992 y Trilateral Commission Annual Meeting, Lisboa.

Comité sobre la agresión comunista de la cámara de diputados del congreso estadounidense, subcomité sobre América Latina, septiembre octubre 1954: 1-2

Fraser, Douglas (2012) Declaración de Postura del General (USAF) Douglas M. Fraser, Comandante, Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM), ante el 112avo Congreso, Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, 6 de marzo, 2012.

FRUS, (Foreign relations of the United States) 1951. The United Nations; the Western Hemisphere.

Gunder Frank, Andre, (1970), “El desarrollo del subdesarrollo” en Guder Frank, Andre; Cockroft, James y Johnson, Dale, Economía política del subdesarrollo en América Latina. Buenos Aires: Signos, pp. 27-42.

Gunder Frank André (1965) Capitalismo y subdesarrollo en América Latina. Capítulo 1. C. “América Latina colonial y capitalista”

http://www.eumed.net/cursecon/textos/Frank/index.htm

Hoffmann, Stanley (1995) “The crisis of liberal internationalism”. Foreign Policy, primavera, Número 98. Estados Unidos.

Loveman, Brian (comp.) (2006) Adicted to failure U.S. security policy in Latin America and the Andean Region, Estados Unidos: Rowman & Littlefield

National Security Archive, US policy in Guatemala, 1966-1996, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 11. Doc. 5, “Guatemala ¿una contrainsurgencia descontrolada?” Departamento de Estados Unidos, Nota de Inteligencia, 23 octubre 1967

Nye, Joseph (2004) The decline of American Power. ForeignAffairs, mayo-junio. Nueva York.http://www.foreignaffairs.com/articles/59888/joseph-s-nye-jr/the-decline-of-americas-soft-power

Prensa Libre, 5 Junio 2013 “Kerry ofrece más respaldo al país” http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Kerry-ofrece-respaldo-pais_0_932306805.html

Prensa Libre, 2 Junio 2013 “Sin consensos, OEA discutirá en Antigua rutas contra el narcotráfico” http://www.prensalibre.com/noticias/politica/consensos-OEA-debatira-Guatemala-narcotrafico_0_930507106.html.

Romano, Silvina M. (2011) “Obama y la Alianza para el Progreso: La retórica del desarrollo y la práctica de la ‘seguridad interna’” Revista Izquierda, nº 16 pp 62-69.http://www.laboratoriodeproduccion.com/?p=224