La declaración de la Fiscal y las primeras tensiones en la Comisión de Postulación para MP

Fotografía: Roderico Díaz

Audio: Radio K’astajib’al

Texto: Rodrigo Véliz

Dentro del Estado lo común es la incertidumbre. Lo otro, la certeza de lo que va a pasar, lo que algunos llaman institucionalidad, le es ajena. La elección para Fiscal General está siendo parte de esta dinámica. El mismo día en que la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, fue citada por la Corte de Constitucionalidad (CC) para rendir argumentos sobre la posible reducción a su periodo al frente del Ministerio Público (MP), la Comisión de Postulación (CP) celebró en la Sala de Vistas del Palacio de la Justicia su tercera sesión. Dos procesos paralelos sobre un mismo problema. Se prepara la CP para recibir los expedientes de los candidatos a Jefe del MP, mientras aún está en debate la duración del periodo de la actual fiscal.

Ambos procesos, eso sí es claro, son parte de una serie de pugnas por el control del ente encargado de realizar las pesquisas necesarias para hacer valer el respeto pleno de la ley, el MP. La justicia y los avances en contra de la impunidad, en estas circunstancias, están en juego en estos tácitos enfrentamientos.

Según ha quedado demostrado en las últimas semanas, varios grupos y tendencias políticas están dispuestas a realizar fuertes presiones para hacerse de la cabeza del Ministerio Público. El día 26 de febrero dejó ver cierto panorama que se comienza a dilucidar, y que en los siguientes meses se estará desplegando de forma cada vez más transparente.

En la sede de la Corte de Constitucionalidad…

En medio de un fuerte calor, producto de un vistoso pero letal techo de madera refinada, unas cien personas esperaban desde hacía varios minutos la declaración de parte de la Fiscal General. Ya su llegada había sido aclamada con aplausos, a los que Paz y Paz sólo pudo escuchar. Todo alrededor de su vista era obstruido por un círculo móvil de una mezcla de reporteros, fotógrafos y miembros de su equipo de seguridad. Así desde el parqueo de la CC hasta la sala donde se realizaría la audiencia, dos pisos arriba.

Cuando finalmente el Presidente de la CC, el magistrado Héctor Pérez Aguilera, la llamó a presentar sus argumentos, un silencio expectante se hizo de la sala. Instantes después ese vacío fue llenado por una voz suave, incluso dulce, bastante mesurada y con un lento y bien estructurado argumento legal. Por un corto espacio de 15 minutos Paz y Paz se dedicó a plantear a los cinco magistrados de la CC las razones por las que el amparo provisional concedido al abogado Ricardo Sagastume Vidaurre no estaba jurídicamente sustentado.

Al terminar sus argumentos legales, vino una advertencia con un claro tono político; era al mismo tiempo un tono fuerte y decidido. Lo que está en estos momentos en juego, concluyó la Fiscal General, es la Constitución de 1985. En el minuto 15:29 comienza su sentencia

Si bien las tensiones en torno al papel renovado del Ministerio Público son transparentes desde el juicio por genocidio, fue hasta inicios de este año que los movimientos comenzaron a ser contundentes. La polémica sucitada gira alrededor de la fecha en que la Fiscal debe dejar su cargo. Si tomó posesión en diciembre del 2010, debe hacerlo en diciembre del 2014. Pero si lo que se toma en cuenta es la fecha en que su antecesor tomó el cargo (mayo 2010), aunque días después haya sido expulsado por la misma CC, la fecha sería mayo del 2014. Y si este último fuera el argumento válido, para mediados de enero tuvo que haber convocado el Congreso a la CP.

Para fines de enero el Congreso estaba dividido en cuanto a la necesidad de convocar a la CP para elegir a la persona que tomaría el cargo de Paz y Paz. El Presidente del Congreso, el maestro y abogado Arístides Crespo, históricamente ligado a redes de militares, dijo que se debía consultar a la CC.ⁱ Eso era lo claro, pero sin embargo nadie procedía a realizarlo. Falta de consenso, argumentaban los legisladores.

Pasada la fecha límite para convocar, Sagastume Vidaurre, con apoyo de Norma Palacios Colindres, quien en el 2010 recibió amplias tachas al intentar ser directora del Instituto de la Defensa Público Penalⁱⁱ, presentó un amparo en contra del Congreso por ese retardo. Por ley, en este caso la CC se convierte automáticamente en Tribunal Extraordinario de Amparo.

Para el cinco de febrero la CC notificó que el amparo había sido concedido de manera provisional, y que el Congreso debía convocar a la CP de manera inmediata:

La decisión de la CC, un tribunal con un historial lleno de polémica, causó fuerte revuelo. Días después Paz y Paz exigió revocar el amparo provisional. La CC le negó la solicitud. La misma suerte corrió la solicitud de Paz y Paz para una ampliación, ya que el dictamen había sido tan corto (dos páginas) que dejaba muchas cosas sueltas. Según la CC el argumento que había establecido era claro y conciso, en este caso, y basado en preceptos constitucionales (aunque transitorios), en el primero, por lo que el amparo seguía en pie.

Pese a que era todavía un amparo provisional, y por eso aún de carácter frágil, el proceso de la CP debía continuar.

Fue hasta este miércoles 25 de febrero que se permitió la descarga de pruebas y argumentos por parte de la Fiscal y otros interesados. El primero en presentar sus argumentos fue Sagastume Vidaurre. Citó varios casos anteriores en donde la CC tomó decisiones semejantes, como con el golpe de Estado de 1993 y la presidencia limitada de Ramiro de León Carpio. Luego buscó criticar los argumentos que desde el cinco de febrero se han hecho en contra de la decisión de la CC. Entre ellos resaltamos el énfasis que puso en el error del ex-presidente Colom en nombrar a Paz y Paz por cuatro años, y por otro lado cómo la Ley de Comisiones de Postulación es superior, en cuanto a la fecha para convocar, a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Pero aún más importante fue su argumento base: la convocatoria en que participó Paz y Paz a fines del 2010 es parte del mismo proceso en que fue escogido el anterior Jefe del MP en mayo de ese mismo año. Los cuatro años que establece la Constitución comienzan entonces en mayo. Por esto, su periodo debe terminar en ese mes de este año, y no en diciembre. En el audio es posible escuchar esta parte de su argumento a partir del minuto 23:55.

Luego de una tímida y nerviosa intervención del mandatario legal del Congreso, llegó el turno de Paz y Paz. En el cuarto de hora que utilizó para esgrimir sus argumentos se centró en dos preceptos base: la vulnerabilidad a la división de poderes y al principio de legalidad.

De manera sintética, sus argumentos fueron los siguiente: 1) el artículo 251 de la Constitución del país establece de manera clara que:

2) El periodo del Fiscal General que la precedió, Conrado Sagastume, fue frenado por la CC, explicitando que todo lo actuado debía ser anulado. El proceso en el que ella participó, entonces, era uno nuevo; 3) Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, solamente en caso de remoción o renuncia, un Fiscal General completará un periodo anterior

4) El abogado Sagastume no agotó todos los mecanismos que tenía a la mano: lo que debía hacer era primero ir al Congreso; además, argumentó Paz y Paz, Sagastume no tiene legitimación activa en el proceso, es decir, él no tiene las facultades para plantear un amparo de esa naturaleza; 5) la CC sustenta el amparo provisional en artículos transitorios, que por ley sólo son válidos en su momento (en este caso, en 1994, cuando se crea el Ministerio Público), y no después.

Luego vino su citada advertencia y la siguieron, pese al intento de Pérez Aguilera de acallar, segundos de aplausos.

Al terminar fue el turno del representante del Bufete de Derechos Humanos quien resaltó, entre otras cosas, que a la Marcha Indígena y Campesina no se le había dejado participar como terceros interesados; y para finalizar la audiencia, la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, que en las afueras reproducía lo que adentro ocurría en medio de consignas y banderas, hizo ver las labores de Paz y Paz en sus tres años bajo el cargo.

La audiencia no tuvo resultado: ahora la CC tiene tres días para dar una sentencia definitiva al tema.

…y por la tarde en el Palacio de la Justicia

Parte de esta incertidumbre, dos horas después de finalizada la audiencia en la CC se abría la sesión número tres de la Comisión de Postulación para Ministerio Público (CP-MP). En las primeras dos sesiones, la CP-MP no había hecho más que algunas formalidades iniciales: presentación de los comisionados, dejar claras las características del perfil esperado para Fiscal General, establecimiento de un calendario preliminar de trabajo, etc.

Hubo algunos momentos de incertidumbre, claro. La magistrada de apelación y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Rural, Jisela Reynoso Trujillo, recibió dos intentos de ser removida de su labor como comisionada. José Ángel Lee, supuesto rector de dicha universidad, presentó un acta en donde se consta que en diciembre fue elegido como decano Ragde Rivera. En ese caso Reynoso debería de quedar fuera de la CP-MP. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) también hizo lo suyo: presentó a la comisión un acta en donde argumentaba que la jueza había caído en retardo malicioso cuando llegó a su Sala el caso de la desaparición forzada de Fernando García. A decir del GAM, una jueza con esos antecedentes no tiene la probidad ética de ser comisionada.

Los argumentos no impactaron en la CP-MP, que a través de su presidente, el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Sierra González, afirmó que la comisión no tenía facultades suficientes para evaluar a los comisionados. Su labor era elegir a los candidatos para Fiscal General. Nada más allá de eso.

Afuera de estos pequeños incidentes, todo había corrido en orden y sin sobresaltos. Y en lo que a nosotros nos interesa, no se habían hecho explícitos aún los intereses que están detrás de los comisionados.

 

Un camino más turbulento se deparaba para esta sesión. Aunque primero vino la conciliación. A debate estaba la tabla de gradación para medir los méritos de los y las candidatas. Según la Ley de Comisión de Postulación, promulgada en el 2009 para ofrecer mayor transparencia a estos procesos, se deben de tomar en cuenta los aspectos éticos, de recorrido académico, de trayectoria profesional y de proyección humana. Y a cada uno de estos aspectos asignarle un valor para un puntaje sobre 100.

Uno de los comisionados hizo recordar que en el 2009, mientras se escogían magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, se levantó un amparo sobre el tema de la honorabilidad y la ética. La resolución de la CC estableció:

Es decir, lo que las CP deben hacer es decir, simplemente, si hay o no hay méritos éticos. En ningún caso podrá asignarle un puntaje. Sierra González resaltó que la resolución de la CC contradecía la Ley de Comisiones de Postulación, pero que por ser la CC se debía acatar.

Eso obligaba entonces a que los otros tres aspectos restantes (académico, profesional y proyección humana) tuvieran que ser graduados sobre cien.

Y allí comenzaron las pugnas.

Tras el primero intento de votación, rápidamente se hizo notar que había dos grupos bien definidos en la mesa de la CP-MP. Por un lado (grupo A) estaba el Presidente del Colegio de Abogados (JD-CANG), el Presidente de la CSJ, y los decanos de la Universidad de San Carlos (USAC), la Universidad Mariano Gálvez (UMG), la Universidad Rural (UR), la Universidad Panamericana (UP), la Universidad de Occidente (UO), la Universidad da Vinci (UV). Juntos lograban 8 votos.

Por otro lado, estaban el Presidente del Tribunal de Honor del CANG (TH-CANG), y los decanos de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), de la Universidad Mesoamericana (UM), de la Universidad del Istmo (UNIS) de la Universidad Rafael Landívar (URL), y de la Universidad San Pablo (USP). Juntos lograban 6 votos.

Las propuestas eran las siguientes:

 

Si se ve, las diferencias entre las dos propuestas son mínimas. Las dos le asignan 10% a la proyección humana; la pugna es de un 5%: el grupo B lo quiere en Trayectoria Profesional, mientras que el A lo desea en Recorrido Académico. Cabe resaltar, siquiera como pequeña observación, que los decanos de las facultades de derecho valoran muy poco el aspecto académico.

Tras tres intentos de votación, en donde ningún bando mostraba ceder, no se logró conseguir más de los dos tercios que exige la ley. Un voto haría la diferencia hacia uno de los lados, ya que según la ley dos tercerios (2/3) de los comisionados deben votar a favor para aprobar cualquier moción. En este caso, se necesitarían 9 de los 14 votos, aunque en realidad no se llegue a un 66%.

Entonces el presidente de la CP-MP dio un oportuno receso “para consensuar”. Y comenzaron entonces las pláticas entre abogados de distinto bando. Incluso hubo acercamientos con el público, en donde se encontraban miembros reconocidos de la sociedad civil, como el Movimiento Pro Justicia, muy vinculado al gobierno norteamericano, y la Fundación Sobrevivientes, con Norma Cruz.

Las negociaciones duraron alrededor de diez minutos. Luego todos regresaron a sus asientos y se pasó a votar de nuevo, no sin antes advertir Sierra González que de no llegar a un consenso (eran ya las 19 horas) se corría el riesgo de atrasar todo el cronograma. Llamó luego a levantar la mano por la primera propuesta: y los mismos que habían levantado la mano lo hicieron de nuevo, con la diferencia del Presidente del Tribunal de Honor del CANG, que cambió de propuesta. Y entonces la propuesta del Grupo A fue la elegida.

Del proceso surgen varias preguntas importantes. Previo es necesario tener claro que en estos procesos los comisionados juegan un único papel: defender a los candidatos que se les ha propuesto tras bastidores. El tráfico de influencias es fundamental en la dinámica de estos procesos. Perdería sentido sino fuera así. Lo que hace el carácter público, simplemente, es obligar que los comisionados guarden cierta forma para no delatarse.

¿Por qué las posiciones tan radicales por un mísero 5%? Según un informado observador presente en la sala, por dos o tres puntos es posible que uno de los candidatos afines a uno de los grupos pierda. Dos o tres puntos, entonces, pueden ser fundamentales. Cada punto, cada voto, cada apoyo de un comisionado es importante. Nada se desecha.

Luego, ¿a qué respondía la peculiar alineación? Creemos que por un lado se encontraban las universidades más cercanas al sector privado: con la UFM no hay duda, al igual que con la URL, sobre todo tomando en cuenta a su decano. La USP es la universidad fundada por Harold Caballeros, del partido VIVA, que como se vio en las elecciones del 2011 tiene la venia del sector empresarial. La UM tiene tradición salesiana, pero recordemos que hasta hace unos años era parte de la UFM.

Y por último el caso peculiar pero decisivo del TH-CANG. Según fuentes en el CANG, el presidente del TH-CANG entró en pugnas con el presidente de la JD-CANG luego de la elección que los llevó en el 2013. Desde entonces apoyan a planillas distintas en las diferentes elecciones del CANG. Lo que se sabe es que no es un comisionado adicto al sector empresarial, por eso su posición era más flexible, y por eso también su voto luego de las negociaciones mudó de grupo.

El otro grupo, el que hemos denominado A, es más heterogéneo. El peso del Rector de la USAC se hace presente en el decano Avidán Ortiz, pese a pequeñas rencillas entre ellos. Según las últimas elecciones en el CANG, el Presidente de la JD-CANG ha contado con el apoyo del partido en el gobierno, el Partido Patriota (PP), y el resto de los decanos de ese grupo son parte de facultades que los abogados llaman despectivamente “facultades de cartón”. Facultades que se dedican solamente a graduar a estudiantes, como la UMG, o que tienen muy pocos estudiantes inscritos. Una función más política que académica.

El mejor ejemplo lo representa la Universidad da Vinci. Universidad de reciente formación, la UV para diciembre no contaba con un decano en su facultad, ni siquiera contaba con alumnos inscritos. Pero a inicios de año fue nombrado para el cargo Freddy Cabrera, antiguo presidente de la JD-CANG. Y por ley, todo decano debe participar en las CP que lo exijan, tenga o no estudiantes, o cursos abiertos.

De esta manera se hicieron visibles algunos rasgos de las tendencias que están en juego en la CP-MP. Estas alianzas son cambiantes y no deben verse de manera estática. Según el interés puede que cambien las posiciones. El ojo crítico, eso sí, debe saber ubicar a cada uno de los comisionados con los intereses que están atrás, que lo empujan a votar de x ó y manera.

Las pugnas en torno a la elección para Fiscal General, podemos decir sin temor a equivocarnos, están ya comenzando a desatarse. Sólo el tiempo dirá la forma acabada que tomen.

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Las declaraciones completas en la Corte de Constitucionalidad pueden escucharse acá:

ii Prensa Libre, 18/06/2010. “Presentan vetos contra cuatro aspirantes a director del IDPP”. http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Presentan-vetos-aspirantes-director-IDPP_0_282572020.html