Jueza libera a seis acusados en el caso Violencia Sexual Maya Achí sin dictaminar medidas de seguridad para las víctimas

Seis hombres acusados de violencia sexual contra mujeres Maya Achíes en Rabinal, Baja Verapaz, a principios de los años 1980s en el contexto del conflicto armado interno de Guatemala, fueron liberados por órdenes de la jueza que preside la fase preliminar del proceso legal del caso.

Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

La jueza Claudette Domínguez, del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, ordenó la liberación el martes 25 de junio, apenas dos días hábiles después de su dictamen del 21 de junio, en el cual desestimaba los cargos contra tres de los acusados, y clausuró provisionalmente los cargos contra otros tres. El dictamen fue duramente criticado por utilizar argumentos técnicos espurios a fin de excluir los medios de prueba claves en el caso, entre ellos los testimonios directos de las sobrevivientes, en los cuales identificaban a los seis hombres como los perpetradores directos de violencia sexual en su contra.

En el dictamen del 21 de junio, la jueza ordenó la liberación de los hombres siempre y cuando se presentaran pruebas de que no residirían en el mismo municipio y departamento que las víctimas. Los abogados de la defensa presentaron direcciones fuera de Baja Verapaz para cada uno de los acusados, por lo que la jueza ordenó su libertad inmediata el 25 de junio.

A pesar de ordenar la libertad inmediata de los seis acusados luego de proporcionar sus nuevos domicilios, la juez le dio al Ministerio Público un mes adicional para presentar nuevas evidencias contra tres de los acusados. Si se permite que el caso contra los tres hombres prosiga luego de la presentación de la evidencia adicional, no está claro si las autoridades podrán volver a detenerlos. Es de resaltar que tres hombres buscados en conexión con este caso se encuentran prófugos. Uno de ellos fue arrestado en abril en los Estados Unidos, y se desconoce el paradero de los otros dos. Los hombres fueron miembros de las patrullas de autodefensa civil (PACs), estructuras paramilitares creadas por el ejército de Guatemala para controlar a la población local, y que cometieron graves abusos a los derechos humanos durante el conflicto armado.

Las querellantes presentaron seis recursos de apelación y una recusación contra la jueza Domínguez el 26 de junio. Ellas no estaban al tanto de que la jueza ya había ordenado la liberación de los seis hombres acusados por el caso.

La jueza elevó las seis apelaciones presentadas por las querellantes a la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, pero aún no ha resuelto la moción de recusación en su contra. Según las leyes de Guatemala, cuando un juez es recusado, debe aceptar o rechazar la recusación y luego elevar la moción a una sala de apelaciones, que luego convocará a una audiencia para que las partes presenten sus argumentos.

La recusación presentada indica que la decisión de la jueza de desestimar los cargos fue arbitraria, y deja a las mujeres víctimas en una situación de total vulnerabilidad dejo en libertad a sus agresores, quienes fueron plenamente reconocidos. Según Carmen Lucrecia Morales, fiscal que representa al Ministerio Público en el caso, el dictamen del 21 de junio de la jueza Domínguez violenta la tutela efectiva de las víctimas y no toma en cuenta todos los medios de prueba presentados por su fiscalía, lo que constituye una grave violación a los derechos de las víctimas.

La Oficina de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala viajó a Rabinal para evaluar la situación. Un representante de esta oficina nos comentó que pudieron verificar que no se ha tomado medida alguna para garantizar la seguridad de las sobrevivientes que presentaron los cargos contra los expatrulleros civiles. Según la OACNUDH, las autoridades judiciales no han informado a la subestación de la Policía Nacional en Rabinal respecto a las medidas dictadas por la jueza a fin de evitar que los ex patrulleros vivan en Rabinal o en Baja Verapaz. Las mujeres le dijeron a OACNUDH que temen que hayan represalias.

Ministerio Público Presenta Antejuicio contra Jueza Domínguez

Ayer, el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio en contra de la Jueza Domínguez. Según Hilda Pineda, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, la decisión del 21 de junio constituye prevaricato (incumplimiento de los deberes legales de la jueza) y denegación de justicia para las mujeres Maya Achíes. La jueza basó su decisión exclusivamente en su determinación de que los acusados no eran miembros de las PAC, una decisión que, según Pineda, va en contra de la evidencia presentada por las querellantes. Pineda también dijo que, en su dictamen, la jueza no examinó, ni tomó en cuenta, los crímenes de los que se acusaba a los hombres o el hecho de que estos fueran identificados por las mujeres sobrevivientes como los perpetradores directos de los crímenes en su contra.

La jueza Domínguez ha sido seriamente cuestionada por decisiones que han favorecido a ex militares acusados de graves violaciones de derechos humanos, así como a figuras poderosas acusadas de otros crímenes, incluyendo corrupción y homicidio. En las últimas semanas, los querellantes de tres casos por crímenes graves –el caso de violencia sexual Maya Achí, el caso Mendoza García por genocidio, y el caso CREOMPAZ por desapariciones forzadas- han recusado a la jueza.