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    Jefe de Operaciones de Ríos Montt Fugitivo desde 2011, arrestado mientras votaba

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    • por CMI-G
    • en Destacadas · Genocidio
    • — 21 Jun, 2019

    En medio de las elecciones generales en Guatemala, que han sido controversiales y con un alto grado de incertidumbre, un alto oficial del ejército y ex Ministro de la Defensa, a quien las autoridades trataron de arrestar en el año 2011 en el marco del caso del genocidio Maya Ixil, fue arrestado y puesto en custodia.

    Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

    El oficial, el general retirado Luis Enrique Mendoza García, fue capturado cuando emitía su voto durante las elecciones generales. Fue arrestado frente a una escuela que servía como centro de votación en la localidad de Unión Barrios, Salamá, Baja Verapáz.

    Mendoza García fue Jefe de Operaciones (G3) del Estado Mayor del Ejército de Guatemala de abril de 1982 a julio de 1983, cuando Ríos Montt fue presidente de facto. Durante este período, estuvo a cargo de las operaciones de contrainsurgencia militar a nivel nacional.

    Presuntamente, Mendoza García es responsable de implementar el Plan Victoria 82, que sirvió como base para la estrategia contrainsurgente del ejército. También se le acusa de poner en acción el Plan Sofía, específico para la región Maya Ixil, y que ocasionó que miles de civiles fueran masacrados.

    El oficial retirado se encontraba prófugo desde el 2011, luego de que el Ministerio Público emitiera órdenes de arresto contra miembros del alto mando militar de Ríos Montt. Mendoza García logró escapar, y evadió la justicia durante los últimos años.

    En septiembre del año pasado, el Tribunal de Alto Riesgo “B” emitió una sentencia en el caso por el genocidio Maya Ixil contra el Jefe de Inteligencia Militar (G2) del Estado Mayor del Ejército de Guatemala durante el gobierno de Ríos Montt. El Tribunal determinó por unanimidad que el Ejército de Guatemala cometió genocidio contra la población Maya Ixil entre 1982 y 1983. Mendoza García estuvo a cargo de las operaciones militares en dicha región durante esos años.

    El general retirado enfrentará cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante su período como Jefe de Operaciones del Ejército de Guatemala.

    Todo Queda en Familia

    El general retirado tiene conexiones familiares con Estuardo Galdámez, un diputado que compitió sin éxito por la presidencia representando al partido en el poder, FCN-Nación. En 1996 Galdámez se casó con la hija de Mendoza García, Bárbara Elizabeth Mendoza Rodríguez, con quien tiene tres hijos.

    Galdámez es uno de los líderes del llamado “pacto de corruptos,” que hace referencia a un bloque de miembros del Congreso que han unido fuerzas a fin de aprobar una serie de leyes regresivas.

    También fue uno de los principales impulsores de la propuesta legislativa 5377, que buscaba modificar la Ley de Reconciliación Nacional e imponer una amnistía general para todos aquellos acusados de crímenes de guerra y otros crímenes contra la humanidad. Como candidato presidencial, prometió eliminar la Corte de Constitucionalidad, que ha sido un fuerte frente de contención contra las leyes regresivas que ha impulsado.

    Por ahora, la iniciativa de ley está en espera, porque la Corte Interamericana ordenó al Estado de Guatemala detener las discusiones sobre ésta ya que, según dice la Corte, viola los derechos de las víctimas y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la iniciativa no ha sido retirada, y los observadores creen que es posible que los diputados salientes del Congreso, que seguirán en ejercicio de sus cargos hasta el 11 de enero del 2020, podrían tratar de aprobarla en las próximas semanas o meses.

    Los Sobrevivientes Esperan Justicia

    La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), una organización que aglutina a los sobrevivientes de genocidio de varias regiones del país, expresó su satisfacción ante el arresto de Mendoza García. A través de Twitter, la organización reiteró su exigencia por obtener justicia, e hizo un llamado para que las autoridades garanticen un proceso judicial imparcial.

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    Etiquetas: genocidioJusticia transicional

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